CE - Sentencia 25000233600020150203503 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Reparación directa Radicación: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Edificio Suite Crown Building y Armando Escobar Arango

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Instituto de Desarrollo Urbano y el Edificio Suite Crown Building en contra de la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la entidad demandante.

La Sala es competente para proferir esta providencia porque decide recursos de apelación interpuesto s contra una sentencia dictada por un tribunal administrativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en primera instancia en razón a la cuantía estimada en la demanda.

SÍNTESIS

El Instituto de Desarrollo Urbano solicita la declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual del Edificio Suite Crown Building PH y del señor Armando Escobar Arango, copropietario de esa propiedad horizontal, porque obstaculizaron la realización de obras públicas en un área que había sido expropiada para la ejecución de las obras del deprimido de la calle 94 en la ciudad de Bogotá D .C. La Sala revoca la decisión de primera instancia que negó las

obstaculizaron la realización de obras públicas en un área que había sido expropiada para la ejecución de las obras del deprimido de la calle 94 en la ciudad de Bogotá D .C. La Sala revoca la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, conden a al señor Armando Escobar Arango, puesto que está acreditada su responsabilidad civil extracontractual por impedir las obras referidas, circunstancia que generó sobrecostos al consorcio contratista del contrato de obra, los cuales finalmente fueron asumidos por el IDU con ocasión de un fallo arbitral.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El Instituto de Desarrollo Urbano , en adelante “IDU”, formuló, el 26 de agosto de 2015 , demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del Edificio Suite Crown Building PH y del señor Armando Escobar Arango, de acuerdo con las siguientes pretensiones:Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

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2.1. Que se declare que la copropiedad del EDIFICIO SUITE CROWN BUILDING, son responsables extracontractualmente de los perjuicios materiales ocasionados al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU—, y el señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO, con ocasión a la perturbación e imposibilidad de ejecución de la obra civil denominada construcción de la intersección a desnivel de la Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94 y su conexión con la Avenida Santa Bárbara (AK 19) en Bogotá, D.C., correspondiente al proyecto con código de obra

de la obra civil denominada construcción de la intersección a desnivel de la Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94 y su conexión con la Avenida Santa Bárbara (AK 19) en Bogotá, D.C., correspondiente al proyecto con código de obra 104 del Acuerdo de Valorización 180 de 2005 "proyecto del Deprimido de la Calle 94".

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las demandadas EDIFICIO SUITE CROWN BUILDING , son responsables extracontractualmente de los perjuicios materiales ocasionados al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU—, y el señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO, a pagar la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL ($2.448'047.517.oo) , correspondiente al daño o perjuicio material emergente de los costos directos e indirectos causados por no permitir el desarrollo de la obra mencionada en la pretensión anterior "proyecto del Deprimido de la Calle 94".

2.3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las demandadas EDIFICIO SUITE CROWN BUILDING , son responsables extracontractualmente de; los perjuicios materiales ocasionados al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU—, y el señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO, a pagar la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($400'000.000.oo), correspondiente al daño o perjuicio material emergente presente de los costos por concepto de mayor permanencia de obra causados al no permitir el desarrollo de la obra en comento "proyecto del Deprimido de la Calle 94".

($400'000.000.oo), correspondiente al daño o perjuicio material emergente presente de los costos por concepto de mayor permanencia de obra causados al no permitir el desarrollo de la obra en comento "proyecto del Deprimido de la Calle 94".

2.4. Que la suma a que se refiere la condena solicitada se actualice

monetariamente tomando como base el Índice de Precios al Consumidor -IPC, de manera que representen el valor adquisitivo equivalente a la fecha en que se realice el pago de la sentencia que as í lo ordene, de acuerdo con la disposición contenida en el inciso 4° del art. 187 de C.P.A.C.A.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

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2.7. Que se condene en costas a las sociedades comerciales y las personas naturales demandadas.1. (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2. La parte demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo

siguiente:

2.1. El IDU inició , en diciembre de 2009 , una actuación administrativa para la adquisición por enajenación voluntaria o por expropiación de 47.39 m2 de terreno de propiedad del Edificio Suite Crown Building PH. La referida área era necesaria para la ejecución de obras de la intersección a desnivel de la avenida Laureano Gómez (AK 9) por la calle 94 y su conexión con la avenida Santa Bárbara (AK

1. en la ciudad de Bogotá D.C.; obra conocida como el deprimido de la calle 94.

2.2. El IDU, por Resolución 2304 del 22 de julio de 2010, realizó una oferta de compra por la suma de ciento setenta y nueve millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos ($179.294.511) ; pero, el Edificio Suite Crown Building PH informó en oficio del 23 de agosto de 2010 que en el área se

compra por la suma de ciento setenta y nueve millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos once pesos ($179.294.511) ; pero, el Edificio Suite Crown Building PH informó en oficio del 23 de agosto de 2010 que en el área se encontraba el tanque de reserva de agua de la copropiedad . El IDU le solicitó al edificio que aportara una cotización para el traslado del tanque, lo cual no ocurrió y, por ello, modificó la oferta de compra e incluyó el valor del tanque.

2.3. El Edificio Suite Crown Building PH no se pronunció sobre la oferta de compra, por lo que el IDU, a través de la Resolución 2383 del 18 de mayo de 2011, ordenó la expropiación del área por un valor total de ciento noventa y cuatro millones cuatrocientos no venta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos ($194.496.754).

2.4. El Edificio Suite Crown Building PH solicitó, vía reposición, que se revocara la resolución expropiatoria o que se desafectara el área de terreno de la copropiedad para la obra pública . N o obstante, el IDU confirmó la decisión mediante la Resolución 3397 del 21 de julio de 2011.

2.5. El IDU pagó el área expropiada mediante orden de pago 3649 del 4 de octubre de 2011. Posteriormente se programó una diligencia de entrega para el 29 de febrero de 2012, pero, se suspendió debido a que se instauró una acción de tutela; el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá negó el amparo mediante sentencia del 7 de marzo de 2012, y finalmente, la entrega del área se materializó el 23 de marzo de 2012.

tutela; el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá negó el amparo mediante sentencia del 7 de marzo de 2012, y finalmente, la entrega del área se materializó el 23 de marzo de 2012.

2.6. La construcción del tanque de reserva de agua por parte del Edificio Suite Crown Building PH fue ilegal, razón por la que el IDU presentó en el año 2013 una querella policiva por infracción del régimen urbanístico, que cursó en la Alcaldía Local de Chapinero . L a existencia de dicho tanque constituye un obstáculo que impide la adecuación del espacio público que se debe ejecutar

1 Folios 4 a 37 cuaderno 1.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

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según el contrato de obra número 05 de 2012 suscrito entre el IDU y el consorcio AIA-CONCAY para la ejecución de las obras del deprimido de la 94.

2.7. Los demandados retrasaron la obra y afectaron el presupuesto de la entidad por los sobrecostos que se han generado en su desarrollo ; “algunos de los copropietarios como es el caso particular del señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO, el cual siempre que se va a empezar a realizar trabajos atraviesa su automóvil, lanzando palabras injuriosas y de grueso calibre en contra de algunos funcionarios del IDU”.

2.8. La canalización de las redes de las empresas de servicios públicos en el espacio público frente al Edificio Suite Crown Building PH, que era obstaculizado por la comunidad, solo pudo ejecutarse el 22 de junio de 2015 gracias al

funcionarios del IDU”.

2.8. La canalización de las redes de las empresas de servicios públicos en el espacio público frente al Edificio Suite Crown Building PH, que era obstaculizado por la comunidad, solo pudo ejecutarse el 22 de junio de 2015 gracias al acompañamiento de la Alcaldía de Chapinero y de la Policía Metropolitana de Bogotá.

2.9. “La obstrucción del espacio público por parte de los demandados ocasionó un retraso de cuatro (4) meses en la ruta crítica del proyecto del Deprimido de la calle 94; concretamente en las actividades de: construcción de canalizaciones y traslado de redes de las Empresas de Servicios Públicos; hincado de tablestaca metálica, pilotes y estructuras box piles, vigas y placas en concreto; la excavación de la rotonda deprimida; la instalación de pasos provisionales en la línea férrea y la construcción del box culvert para la red matriz de acueducto Tibitoc”.

2.10. Existe una relación de causalidad entre el daño y la conducta de los demandados quienes deben indemnizar los sobrecostos estimados por el consorcio AIA-CONCAY, contratista del contrato de obra número 5 de 2012, que eventualmente le reclamaría al IDU, así : i) dos mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos ( $2.440.000.000) correspondientes a los costos directos e indirectos causados por no permitir el desarrollo de la obra; ii) cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) por concepto de mayor permanencia de obra, y iii) ochocientos cuarenta millones de pesos ($840.000.000) por el costo de la maquinaria en “stand by”2.

millones de pesos ($400.000.000) por concepto de mayor permanencia de obra, y iii) ochocientos cuarenta millones de pesos ($840.000.000) por el costo de la maquinaria en “stand by”2.

B. Inadmisión y subsanación de la demanda

3. El tribunal, por auto del 21 de septiembre de 20153, inadmitió la demanda para que la entidad demandante precisara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los copropietarios del Edificio Suite Crown Buiding PH obstaculizaron la realización de las obras públicas . El IDU en el escrito de subsanación de la

demanda manifestó lo siguiente:

2 Según lo explicado en el juramento estimatorio de la demanda. 3 Folio 40 cuaderno 1.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

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En relación a precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los copropietarios del EDIFICIO SUITE CROWN BUIDING PH, han impedido la realización de las obras se aporta con el presente escrito las pruebas documentales que soportan los actos tend ientes a la obstaculización tanto en cabeza de la Representante Legal de la Copropiedad, quien actúa conforme a la delegación de funciones y responsabilidades que en cabeza de la misma se han encomendado conforme a la designación realizada en la asamblea d e copropietarios donde fue designada. Es así que las circunstancias de tiempo datan desde marzo 25 de 2015, tal y como consta en la [ prueba] documental aportada con el presente escrito. (…).

copropietarios donde fue designada. Es así que las circunstancias de tiempo datan desde marzo 25 de 2015, tal y como consta en la [ prueba] documental aportada con el presente escrito. (…).

Adicionalmente y como se indicó en el texto de la demanda, lo que se persigue con la presente acción administrativa, es el resarcimiento patrimonial a la Entidad, con ocasión a los actos de obstaculización en el desarrollo de la ejecución de la obra denominada Construcción de la intersección a desnivel de la Avenida Laureano Gómez (AK9) por Calle 94 y su conexión con la Avenida Santa Bárbara (AK19) en Bogotá D.C. 4 (negrillas de la Sala).

C. Posición de la parte demandada

4. El Edificio Suite Crown Building PH se opuso a las pretensiones de la demanda, por estimar que 5: i) no hay prueba de la obstaculización, pues de haberse bloqueado el espacio público por un lapso de cuatro (4) meses debió adelantarse un procedimiento de contravención policial, lo cual nunca ocurrió; ii) actuaron legítimamente a través de estudios técnicos que desaconsejaban el traslado del tanque de reserva de agua por riesgo estructural al edificio, y de derechos de petición para advertir sobre el peligro que implicaba la realización de trabajos en el tanque, gestiones que finalmente permitieron la canalización de las redes de las empresas de servicios públicos sin la necesidad de intervenir el tanque.

5. Adicionalmente, propuso las excepciones de previas de falta de jurisdicción y de caducidad de la acción , y las excepciones de mérito de: i) “daño hipotético”, porque no se demostró ningún egreso o pago relacionado con los perjuicios

5. Adicionalmente, propuso las excepciones de previas de falta de jurisdicción y de caducidad de la acción , y las excepciones de mérito de: i) “daño hipotético”, porque no se demostró ningún egreso o pago relacionado con los perjuicios reclamados; ii) “inexistencia de vínculo causal ” entre las acciones que se le atribuyen y el retraso de la obra del deprimido de la 94, y iii) “ausencia de culpa”, pues el edificio no actuó de forma imprudente ni violó alguna norma.

6. El señor Armando Escobar Arango contestó la demanda en términos similares al documento de respuesta del edificio . No obstante, una diferencia significativa corresponde a la respuesta que dio al hecho número 17 relacionado con los actos

de obstrucción, en la que expuso lo siguiente:

No se puede afirmar que siempre que se iban a empezar a realizar los trabajos sobre la fachada del Edificio SUITE CROWN BUILDING y por 4 meses las 24 horas del día, mi poderdante ARMANDO ESCOBAR ARANGO atravesaba su

4 Folios 45 a 47 cuaderno 1 5 Folios 160 a 190 cuaderno 1Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

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automóvil y lanzaba palabras injuriosas y de grueso calibre contra funcionarios del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Esto es falso, de toda falsedad.

Mi representado ARMANDO ESCOBAR ARANGO en una primera vez el 19 de marzo de 2015 de manera individual (ver video que el demandante anexó como única prueba), y una segunda vez el 13 de Abril de 2015 de manera

Mi representado ARMANDO ESCOBAR ARANGO en una primera vez el 19 de marzo de 2015 de manera individual (ver video que el demandante anexó como única prueba), y una segunda vez el 13 de Abril de 2015 de manera colectiva (con otros miembros de la Copropiedad) atravesaron sus carros sobre la fachada del Edificio SUITE CROWN BUILDING, por un lapso de tiempo que no superó las 6 horas por día por la acción del IDU de romper la entrada del edificio sin solución alguna al suministro de agua y acceso al edificio.

Es importante señalar que las actuaciones de mi representado ARMANDO ESCOBAR ARANGO de manera individual el 19 de marzo del 2015, y de manera colectiva con otros miembros de la Copropiedad el 13 de abril del mismo año, se realizaron para la protección del derecho al agua potable de la Copropiedad y en representación de ésta como miembro del Comité de Obra nombrado por asamblea de Copropietarios6. (negrillas de la Sala).

D. Trámite relevante en primera instancia

7. El IDU solicitó la medida cautelar de inscripción de la demanda en los folios de las matrículas inmobiliarias números 50N -261212 y 50C -01324731 correspondientes a los bienes de uso común de la copropiedad y del apartamento de propiedad del señor Escobar Arango. El tribunal decretó la medida cautelar y ordenó la inscripción de la demanda en los citados folios de matrículas inmobiliarias mediante providencia del 23 de marzo de 2017, aclarada en auto del 8 de junio de 20177.

E. Sentencia de primera instancia

9. En sentencia del 10 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección

del 8 de junio de 20177.

E. Sentencia de primera instancia

9. En sentencia del 10 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones8:

9.1. La oposición de los demandados mediante vías administrativas y judiciales fue legítima, pues demostraron a través de pruebas técnicas que la destrucción del tanque de agua para la instalación de las redes secas de la obra pública generaba riesgo estructura l al edificio , y que las redes se podían canalizar mediante una tubería flexible, que fue la metodología que finalmente se utilizó y por ello no fue necesaria la intervención del referido tanque.

6 Folios 327 a 346 cuaderno 1 7 La Sala advierte que no obra prueba en el expediente que acredite que la medida se h izo efectiva, toda vez que la oficina de instrumentos de registros públicos de Bogotá remitió nota devolutiva (folios 8 2 a 88 cuaderno 5). 8 Archivo denominado “012015 -2035IDU(4)(1)(2)(1)SENTENCIA.pdf” que obra en el vínculo electrónico al que remite el índice 140 Samai del tribunal.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

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9.2. Se demostró que el señor Armando Escobar Arango “parqueó su vehículo en la rampla de ingreso [al edificio] impidiendo la ejecución de una actividad que venía desempeñando uno de los funcionarios del contratista y usando un

9.2. Se demostró que el señor Armando Escobar Arango “parqueó su vehículo en la rampla de ingreso [al edificio] impidiendo la ejecución de una actividad que venía desempeñando uno de los funcionarios del contratista y usando un vocabulario ofensivo contra los encargados de la obra, pero este suceso trascurrió unas horas y no se tiene conocimiento o pruebas que permitan establecer que está situación se hubiera prolongado por un tiempo significativo”.

9.3. El dictamen elaborado por el arquitecto William Hernando Alfonso, que fue allegado con la contestación de la demanda del edificio, y la declaración rendida en el proceso por el mencionado perito demuestran que los inconvenientes del Edificio Suite Crown Bu ilding PH no impactaron la obra mayor que se desarrollaba entre la calle 94 y la avenida NQS y, por ende, la demora de la obra no es atribuible a la conducta a los demandados.

9.4. El contrato de obra pública número 05 de 2012 que el IDU suscribió con el Consorcio AIA CONCAY fue prorrogado; pero, no se demostró que la única causa de ello fue la demora en resolver la canalización de las redes frente al Edificio Suite Crown Building PH, pues existieron otras dificultades en la obra relacionadas con restricciones en el horario de trabajo, demoras en la construcción del paso de la línea férrea y la afectación a la fachada de otro edificio.

9.5. Condenó en costas al IDU, y, por concepto de agencias en derecho, determinó que debía pagar a los demandados la suma de ocho millones trecientos noventa y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos ($8.394.625) correspondiente al uno

9.5. Condenó en costas al IDU, y, por concepto de agencias en derecho, determinó que debía pagar a los demandados la suma de ocho millones trecientos noventa y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos ($8.394.625) correspondiente al uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones negadas.

F. Recursos de apelación

10. El IDU solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia por las

siguientes razones9:

10.1. El tribunal estimó que no se demostró que la actuación de los demandados fue la única causa del retraso de la obra, pues existieron otras dificultades. De lo anterior, se deduce una concurrencia de causas por lo que procede la declaración de la responsabilidad patrimonial extracontractual de los demandados , y su condena de acuerdo con el porcentaje de influencia de su actuación en el daño.

10.2. No es correcto estimar como legítimas las actuaciones de los demandados . Está demostrado que los demandados comunicaron de forma tardía la existencia del tanque de reserva de agua en el área a adquirir por el IDU e incurrieron en vías de hecho para impedir los trabajos públicos, por lo que debe declararse su

9 Archivo denominado 242015-2035RECURSODEAPELACIÓN.pdf que obra en el vínculo electrónico al que remite el índice 140 Samai del TribunalRadicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

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responsabilidad sin que sea relevante la temporalidad de los actos de obstaculización de la obra.

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responsabilidad sin que sea relevante la temporalidad de los actos de obstaculización de la obra.

10.3. No procede la condena en costas, pues en el proceso se ventila un interés público.

11. El Edificio Suite Crown Building PH impugnó la decisión de primera instancia para que se incremente el valor de la condena en costas, toda vez que en la demanda se pretendi eron de forma infundada la indemnización de unos perjuicios cuantiosos10.

G. Actuación surtida en segunda instancia

12. Los recursos fueron admitidos, en vigencia de la Ley 2080 de 2021, mediante auto del 27 de agosto de 202111. El Ministerio Público no rindió concepto.

13. La Sala, por auto de mejor proveer del 18 de julio de 2025, decretó como prueba de oficio el recaudo del laudo dictado el 28 de agosto de 2020 en el proceso arbitral 5515 adelantado por el consorcio AIA-CONCAY 2012 en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU12. La prueba fue allegada de forma digital por la Cámara de Comercio de Bogotá 13, y de esta se corrió traslado a las partes14.

14. Durante el término de ejecutoria del auto del 18 de julio de 2025 , el Edificio Suite Crown Building PH solicitó que se decretara como prueba la demanda y la contestación del proceso arbitral adelantado por el consorcio AIA-CONCAY 2012 en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU 15. Sin embargo, en providencia del 13 de agosto de 2025 se negó la solicitud probatoria porque la etapa

contestación del proceso arbitral adelantado por el consorcio AIA-CONCAY 2012 en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU 15. Sin embargo, en providencia del 13 de agosto de 2025 se negó la solicitud probatoria porque la etapa probatoria excepcional prevista en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 16, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, solo era procedente para refutar la prueba de oficio decretada y en este caso no se cumplía tal requisito.

10 Archivo denominado 272015-2035APELACIÓNEDIFICIOSUITE.pdf que obra en el vínculo electrónico al que remite el índice 140 Samai del Tribunal. 11 Folio 500 cuaderno principal 12 índice 28 Samai 13 índice 42 Samai 14 índice 44 Samai 15 índice 38 Samai 16 ARTÍCULO 213. PRUEBAS DE OFICIO. (…) En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas , según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

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II. CONSIDERACIONES

H. Aspectos procesales

15. Se estudiará el fondo del asunto porque la demanda es oportuna. En la subsanación de la demanda el IDU precisó que imputaba responsabilidad por los

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II. CONSIDERACIONES

H. Aspectos procesales

15. Se estudiará el fondo del asunto porque la demanda es oportuna. En la subsanación de la demanda el IDU precisó que imputaba responsabilidad por los actos de obstrucción y obstaculización que los demandados efectuaron sobre la obra del deprimido de la 94 “desde marzo de 2015”, y la demanda de este proceso se presentó el 26 de agosto de 201517, es decir, oportunamente.

16. La demanda es procedente en atención a que el numeral 3 del artículo 140 del CPACA18 habilita a las entidades públicas para promover la pretensión de reparación directa “cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública ”. Adicionalmente, esta jurisdicción es la competente, pues el artículo 104 del CPACA dispone lo siguiente en relación con el objeto de

la jurisdicción contencioso-administrativa:

ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas , o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (…) (negrillas de la Sala).

17. La norma citada combina los criterios orgánico y material para asignar a esta jurisdicción el juzgamiento de controversias, a diferencia de lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo con la modificación introducida por la Ley

17. La norma citada combina los criterios orgánico y material para asignar a esta jurisdicción el juzgamiento de controversias, a diferencia de lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo con la modificación introducida por la Ley 1107 de 2006 que est ableció un criterio eminentemente orgánico de competencia19. El alcance de la norma es posible desentrañarlo de la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la aprobación y promulgación del CPACA, a partir de la cual es evidente que la intención del legislador fue asignar el conocimiento de asuntos como el presente a esta jurisdicción:

Con el fin de afianzar el criterio de especialización, el proyecto en el artículo 100 [que corresponde al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011] considera que para la definición del objeto, es necesario acudir a un criterio material que hace que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conozca de actos, hechos, operaciones y omisiones relacionados con el ejercicio.

17 Folios 4 a 37 cuaderno 1. 18 ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política , la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. (…) Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. (…) 19 “ARTÍCULO 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así: “Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La

19 “ARTÍCULO 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así: “Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. (…)”.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)

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Sin embargo , la dinámica de las actividades societarias hace que en ocasiones se tenga que acudir al criterio orgánico para que el administrado tenga claridad frente a aquellos temas en donde podrían presentarse controversias sobre la jurisdicción competente , como sucede en casos de responsabilidad extracontractual y contractual, cuyo conocimiento se asigna a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo siempre que una de las partes del litigio sea una entidad pública.20 (resalta la Sala).

18. Así, esta jurisdicción es la competente para conocer de las demandas de reparación directa que formulen las entidades públicas 21; s in embargo, es importante precisar que la competencia de esta jurisdicción para conocer del asunto no modifica “el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las

reparación directa que formulen las entidades públicas 21; s in embargo, es importante precisar que la competencia de esta jurisdicción para conocer del asunto no modifica “el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las pretensiones formuladas en contra de los particulares, toda vez que, al margen de que el proceso lo conozca el juez de lo contencioso administrativo, no les resultan aplicables las reglas de la r esponsabilidad estatal, sino las del derecho privado”22. E s decir que en este caso el alcance de la responsabilidad extracontractual de los demandados debe estudiarse conforme a las normas del Códig