CE - Sentencia 25000233600020150252902 de 2025

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

Demandantes: Cuellar Serrano Gómez S.A. y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – APELACIÓN DE SENTENCIA Radicación: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

Demandantes: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A. Y OTROS

Demandado: INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)

TEMAS: ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APP) – Estos esquemas asociativos pueden ser de iniciativa pública o iniciativa privada. En los de iniciativa privada, la estructuración del proyecto es por cuenta y riesgo del originador ; además, las decisiones que la entidad receptora del proyecto realice durante el proceso de estructuración, que se divide en etapa de prefactibilidad y etapa de factibilidad, no genera ningún derecho al originador, ni la aprobación de la misma, ni obligación alguna para el Estado. MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Es el adecuado para demandar la responsabilidad precontractual , teniendo en cuenta que en la demanda no se cuestiona ningún acto administrativo susceptible de ser enjuiciado por vía de la nulidad y restablecimiento del derecho .

BUENA FE EXENTA DE CULPA – Deberes de la Administración en fase precontractual. CARGA DE

administrativo susceptible de ser enjuiciado por vía de la nulidad y restablecimiento del derecho . BUENA FE EXENTA DE CULPA – Deberes de la Administración en fase precontractual. CARGA DE LA PRUEBA - incumbe a la parte probar el supuesto de hecho que pretende hacer valer – principio de autorresponsabilidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de octubre de 2017, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el marco de Ley 1508 de 2012, “por la cual se estable[ció] el régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas —APP—”, la Sociedad Cuellar Serrano Gómez S.A. — en adelante, “CUSEGO” — presentó ante el Instituto de Recreación y Deporte del Distrito Capital —en adelante IDRD— un proyecto de asociación público-privada —APP— de iniciativa privada para la remodelación y modern ización de la Unidad Deportiva El Campín. En etapa de prefactibilidad, el IDRD declaró de interés público el proyecto y otorgó concepto favorable para que CUSEGO continuara con su estructuración y realizara los estudios de factibilidad, los cuales debían ser entregados en 18 meses.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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Antes de cumplirse el plazo indicado, el IDRD comunicó a CUSEGO que el proyecto de

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Antes de cumplirse el plazo indicado, el IDRD comunicó a CUSEGO que el proyecto de APP había perdido su interés público y, como consecuencia, sería rechazado, dado que se detectaron inconsistencias y variaciones injustificadas en el alcance de los compromisos asumidos para desarrollar la etapa de factibilidad. Considerando esta decisión como un acto administrativo, CUSEGO interpuso en contra de este recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, argumentando violación al debido proceso, por no haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa frente a las situaciones fácticas y jurídicas expuestas por el IDRD para finalizar el proceso de estructuración del proyecto de APP.

En respuesta a lo anterior, el IDRD recordó que el artículo 15 de la Ley 1508 de 2012 establece expresamente que el concepto favorable emitido en etapa de prefactibilidad no genera “compromisos de aceptación del proyecto u obligación de cualquier orden para el Estado”, por lo que dicha determinación no puede considerarse como un acto administrativo vinculante, calidad que tampoco resulta ser predicable de la comunicación mediante la cual se había declarado la pérdida de interés público por hechos sobrevinientes y, por tanto, no es susceptible de recurso alguno.

Bajo este panorama, la parte demandante reclama la indemnización de los perjuicios materiales causados, referidos a los costos y gastos en los que incurrió para elaborar la propuesta de APP, argumentando que la actuación an tijurídica del IDRD, al dar por terminado de manera injustificada y anticipada la iniciativa privada presentada por

materiales causados, referidos a los costos y gastos en los que incurrió para elaborar la propuesta de APP, argumentando que la actuación an tijurídica del IDRD, al dar por terminado de manera injustificada y anticipada la iniciativa privada presentada por CUSEGO, desconoció el principio de buena fe y las normas que regulan la conformación de las APPs.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda y su trámite procesal

1.1. El 6 de noviembre de 20151, CUSEGO, INDECON S.A.S. y Martín Sánchez Palma presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el IDRD, con las siguientes pretensiones, que se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores:

1 Folios 4 a 23 del cuaderno 1.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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«PRIMERA: Que se declare que el IDRD actuó de manera antijuridica pues violó el principio de la buena fe en la etapa precontractual, la Ley 1508 y sus propias actuaciones, al terminar de manera injustificada el proceso de elaboración de la propuesta de Asociación Publico Privada (APP) en etapa de factibilidad, presentada el 3 de septiembre de 2012 por CUSEGO para un “Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recreación y Cultura en el Campín”.

SEGUNDA: Que con fundamento en lo anterior se condene a la administración, en cabeza del IDRD a pagar el daño económico causado a los demandantes por valor de dos mil cuatrocientos trece millones

Cultura en el Campín”.

SEGUNDA: Que con fundamento en lo anterior se condene a la administración, en cabeza del IDRD a pagar el daño económico causado a los demandantes por valor de dos mil cuatrocientos trece millones seiscientos setenta y cinco mil ocho pesos ($2.413.675.008) correspondientes a los costos y gastos incurridos por estos en la elaboración de la propuesta de Asociación Publico Privada para un “Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recreación y Cultura en el Campín’’ y la posterior defens a de sus derechos, más los intereses moratorios a las tasa máxima legal permitida que se causen sobre la suma anterior hasta la fecha efectiva del pago, o la suma que resulte probada en el proceso».

1.2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el extremo activo relató los hechos que, a continuación, se sintetizan:

1.2.1. Manifestó que, en el marco de la Ley 1508 de 2012, CUSEGO presentó el 3 de septiembre de 2012 un proyecto de APP de iniciativa privada ante el IDRD, denominado “Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recreación y Cultura en el Campín”, que consistía en la intervención organizada de la Unidad Deportiva el Campín, orientada a la remodelación y modernización del estadio, así como a la construcción de nuevas edificaciones para el coliseo y los servicios complementarios y de soporte, las cuales incluirían áreas deportivas, auditorios, alojamientos, oficinas, locales comerciales, restaurantes, estacionamientos, plazas, plazoletas y zonas verdes, entre otros. En la propuesta, CUSEGO indicó que, aunque actuaba como originador del proyecto, contaría

restaurantes, estacionamientos, plazas, plazoletas y zonas verdes, entre otros. En la propuesta, CUSEGO indicó que, aunque actuaba como originador del proyecto, contaría con un equipo de trabajo y apoyo integrado, entre otros, por INDECON S.A.S. y el arquitecto Martín Sánchez Palma.

1.2.2. Afirmó que, con posterioridad a la presentación del proyecto APP en etapa de prefactibilidad, la Secretaría Distrital de Planeación del Distrito Capital —en lo sucesivo, “SDP”— profirió la Resolución 0043 del 18 de enero de 2013, mediante la cual adoptó el “Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva el Campín”, dentro del cual se impusieron un conjunto de obligaciones y condiciones para la adecuación de la zona que se pretendía intervenir.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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1.2.3. Refirió que el IDRD profirió la decisión 214 del 22 de abril de 2013, por medio de la cual: (i) declaró de interés público el proyecto de APP presentado por CUSEGO y, en tal virtud, otorgó concepto favorable para que este continuara con su estructuración, dando por culminada la etapa de prefactibilidad y ordenando el inicio de la etapa de factibilidad, cuya duración fijó en dieciocho (18) meses; y (ii) incorporó unos requerimientos para que el originador del proyecto adelantara la fase de factibilidad de conformidad con las nueva s exigencias adoptadas e n el “ Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva el Campín” emitido por la SDP.

requerimientos para que el originador del proyecto adelantara la fase de factibilidad de conformidad con las nueva s exigencias adoptadas e n el “ Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva el Campín” emitido por la SDP.

1.2.4. Indicó que, el 21 de junio de 2013, el IDRD le comunicó a CUSEGO la forma como debía acreditar la experiencia en inversión, así como la capacidad financiera y de financiación del proyecto, la cual debía ser entregada a más tardar el 22 de agosto de 2014.

1.2.5. Aseveró que, luego de haberse surtido diversas reuniones, CUSEGO y el IDRD acordaron un cronograma y un plan de trabajo (protocolos) para adelantar la estructuración del proyecto en fase de factibilidad, cuya versión definitiva fue entregada al Instituto el 24 de junio de 2013

1.2.6. Señaló que, conforme a los protocolos acordados, los cuales se ajustaron a los nuevos requerimientos del SDP incluidos en el “Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva el Campín” , CUSEGO solicitó al IDRD información necesaria para desarrollar adecuadamente los estudios de factibilidad; de igual manera, presentó ante ese mismo ente varias solicitudes para que gestionara la radicación de peticiones ante distintas Empresas de Servicios Públicos (en lo sucesiv o, “ESP”) con el propósito de obtener y/o complementar la información relacionada con las redes existentes, planes de expansión, además de aspectos sociales y prediales.

1.2.7. Sostuvo que, intempestivamente, antes cumplirse la fecha establecida para la acreditación de la experiencia en inversión y la capacidad financiera y de financiación

de expansión, además de aspectos sociales y prediales.

1.2.7. Sostuvo que, intempestivamente, antes cumplirse la fecha establecida para la acreditación de la experiencia en inversión y la capacidad financiera y de financiación para el proyecto, el IDRD profirió la comunicación 20131010100041 del 22 de agosto de 2013, por medio de la cual declaró que la propuesta originalmente presentada por CUSEGO había perdido interés público y, como consecuencia, debía ser rechazada.

Agregó que esta decisión implícitamente dejó sin efectos la decisión 214 de 2013 y se fundamentó en los siguientes argumentos: (i) que con motivo de la fijación de las reglasRadicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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para acreditar la experiencia en inversión, capacidad financiera y de financiación, se evidenció que el grupo económico AL FAISAL HOLDING no había manifestado hasta la fecha de manera clara, expresa e irrevocable la intención de participar en la APP; (ii) que no existía claridad sobre el nivel de compromiso y grado de participación de algunas de las empresas que hacían parte del grupo de trabajo; y (iii) que la solicitud de información realizada por CUSEGO al IDRD y a diferentes ESP hacían suponer que el originador no había llevado a cabo en debida forma los estudios a nivel de prefactibilidad.

1.2.8. Expresó que, el 4 de septiembre de 2013, CUSEGO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la comunicación 20131010100041 del 22

1.2.8. Expresó que, el 4 de septiembre de 2013, CUSEGO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la comunicación 20131010100041 del 22 de ago sto de 2013 proferida por el IDRD, advirtiendo “ falacias en los argumentos esgrimidos por dicha entidad” para declarar la pérdida de interés público del proyecto de APP e “informando anomalías al debido proceso”, ya que el IDRD nunca lo requirió o convocó para que ejerciera su derecho de defensa, tal como lo exigen las normas de derecho público y la buena fe negocial. Cuestiones sobres las cuales “da fe la comunicación suscrita por […] la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito, quien al detectar las irregularidades en relación con la terminación del proceso de APP” instó al director del IDRD a ahondar y documentar los hechos que sobrevinieron a dicha decisión, así como la forma en que estos afectaron la factibilidad del proyecto.

1.2.9. Esgrimió que, en respuesta al recurso mencionado en precedencia, el IDRD profirió la comunicación 20131010131291 del 30 de octubre de 2013, en la que indicó que la decisión 214 del 22 de abril de 2013, por medio de la que había otorgado concepto favorable al proyecto y dado vía libre a la etapa de factibilidad, no era un acto administrativo sino un concepto y que, por tal motivo, la comunicación que lo dejó sin efectos no era susceptible de recurso alguno.

1.2.10. Adujo que, debido a las anomalías referenciadas, CUSEGO presentó ante el IDRD un derecho de petición con el fin de conocer si “ el comportamiento esquivo y

efectos no era susceptible de recurso alguno.

1.2.10. Adujo que, debido a las anomalías referenciadas, CUSEGO presentó ante el IDRD un derecho de petición con el fin de conocer si “ el comportamiento esquivo y antijurídico de la entidad se debía a que tal vez esta se encontrara estudiando algún otro proyecto sobre renovación del Campín” . Agregó que, en principio, el IDRD se negó a suministrar la información requerida alegando reserva de confidencialidad; sin embargo, luego de surtirse un recurso de insistencia ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la entidad informó que había dado concepto favorable a la factibilidad de un proyecto para la renovación del Campín presentado por Colombiana de Escenarios S.A.S. con posterioridad al de CUSEGO.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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1.2.11. Esbozó que, ante las evidentes violaciones a su s derechos, CUSEGO interpuso una acción de tutela en contra del IDRD, no obstante, el Juzgado 17 Civil Municipal la desestimó al considerar que no se cumplía con el requisito de subsidiaridad, pues las pretensiones de dicha sociedad podían ser planteadas a ntes la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

1.2.12. Finalmente refirió que, por los hechos descritos, CUSEGO elevó queja ante la Personería Distrital, la cual abrió el proceso disciplinario 35340 en contra del director del IDRD, el cual se encontraba en trámite al momento de presentación de la demanda.

Personería Distrital, la cual abrió el proceso disciplinario 35340 en contra del director del IDRD, el cual se encontraba en trámite al momento de presentación de la demanda.

1.3. Como fundamentos jurídicos, la parte demandante invocó los artículos 83, 84 y 90 de la Constitución Política, así como el artículo 863 del Código de Comercio (CCo), conforme a los cuales la admini stración resulta patrimonialmente responsable por su actuación antijurídica y violatoria de la buena fe, “pues tomó una decisión unilateral, arbitraria, insulta y violatoria de los acuerdos alcanzados entre las partes y de la Ley 1508 de 2012” como, en resumen, se pasa a exponer:

1.3.1. Manifestó que para la elaboración de la propuesta de APP de iniciativa privada conveniente y viable, denominada “Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recreación y Cultura en el Campin’’ , CUSEGO, junto con su grupo de trabajo, invirtieron unas sumas de dinero importantes, sin desconocer que evidentemente existía un riesgo que debían asumir, pues el hecho de presentar la propuesta de APP no implicaba, per se, que posteriormente se fuera a suscribir el contrato correspondiente. No obstante, añadió, el riesgo que CUSEGO y su grupo de trabajo no estaba llamado a soportar es aquel en virtud del cual la administración pública vulnera el principio de buena fe y actúa de manera antijuridica, “despojándolo no solo del d erecho a presentar los documentos correspondientes a la etapa de factibilidad, sino también, haciéndole perder el dinero y el tiempo invertido en la elaboración de los documentos de prefactibilidad y el desarrollo de la factibilidad”.

no solo del d erecho a presentar los documentos correspondientes a la etapa de factibilidad, sino también, haciéndole perder el dinero y el tiempo invertido en la elaboración de los documentos de prefactibilidad y el desarrollo de la factibilidad”.

1.3.2. Aseveró que, tal y como quedó establecido en la decisión 214 del 22 de abril de 2013, CUSEGO había presentado un proyecto en la etapa de prefactibilidad que cumplía con todos los requisitos exigidos en el artículo 20 del Decreto 1467 de 2012, esto es: una descripción completa del proyecto incluyendo el diseño mínimo en la etapa de prefactibilidad, construcción, operación, mantenimiento, organización, asíRadicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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como su forma explotación, alcance, costo estimado, fuente de financiación, información secundaria y proyecciones económicas. Como consecuencia, mal podría el IDRD aducir falencias o inconsistencias en los estudios de prefactibilidad para rechazar la propuesta de APP presentada por CUSEGO cuando esta los revisó y aprobó, dando vía libre a la estructuración del proyecto en etapa factibilidad.

1.3.3. Precisó que, en etapa de factibilidad, el IDRD argument ó de manera falaz que el proyecto ya no era de su interés, pues CUSEGO no había certificado el compromiso de cierre financiero, es decir, el compromiso expre so e irrevocable de los inversionistas para asumir la inversión y otorgar respaldo financiero al proyecto, desconociendo que fue el mismo Instituto quien había establecido que la acreditación

de cierre financiero, es decir, el compromiso expre so e irrevocable de los inversionistas para asumir la inversión y otorgar respaldo financiero al proyecto, desconociendo que fue el mismo Instituto quien había establecido que la acreditación del cierre financiero podía presentarse hasta el 22 de agosto de 2014, “es decir un año después a la fecha en la cual la administración expidió la comunicación en la cual manifestó que ya no había interés en la APP del Campin”.

1.4. El 13 de enero de 20162, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda, al considerar que el medio de control procedente no era el de reparación directa sino el de controversias contractuales, razón por la cual, las pretensiones de la demanda debían ajustarse en los términos del inciso segundo del artículo 141 del CPACA, comoquiera que “el examen de juridicidad de los actos precontractuales debe ser sometido delante del juez vía de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho a través del camino del medio de control contractual, ajustando así las pretensiones fo rmuladas y no solamente solicitando el reconocimiento patrimonial como lo hizo en el presente caso el actor”. Para tales efectos, ordenó al demandante fundamentar sus pretensiones, indicando cuáles fueron las normas violadas y explicando el concepto de violación.

1.5. El 8 de febrero de 20163, la parte demandante reiteró que aun cuando, a su juicio, el medio de control adecuado es el de reparación directa, pues lo que pretende “es la reparación de un daño causado por la administración con su proceder antijurídico”, procedía a corregir la demanda en los términos indicados por el a quo, ajustando las

reparación de un daño causado por la administración con su proceder antijurídico”, procedía a corregir la demanda en los términos indicados por el a quo, ajustando las pretensiones al medio de control de controversias contractuales, las cuales quedaron de la siguiente manera (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

2 Folios 22 a 24 del cuaderno 1. 3 Folios 27 a 35 del cuaderno 1.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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«PRIMERA: Que se declare la nulidad de lo actuado por la administración al declarar que había perdido interés en la Asociación Publico Privada -APP., presentada el 3 de septiembre de 2012 por CUSEGO para un "Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recr eación y Cultura en el Campin".

SEGUNDA: Que se declare que IDRD actuó de manera antijurídica al violar el principio de la buena fe en la etapa precontractual, la Ley 1508 y sus propias actuaciones, al terminar de manera injustificada el proceso de elaboración de la propuesta de Asociación Publico Privada (APP) en etapa de factibilidad, presentada el 3 de septiembre de 2012 por CUSEGO para un "Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recreación y Cultura en el Campin".

TERCERA: Que con fundame nto en lo anterior se condene a la administración, en cabeza del IDRD a pagar el daño económico causado a los demandantes por concepto de daño emergente consolidado por valor de

Cultura en el Campin".

TERCERA: Que con fundame nto en lo anterior se condene a la administración, en cabeza del IDRD a pagar el daño económico causado a los demandantes por concepto de daño emergente consolidado por valor de mil quinientos sesenta y cinco millones ochenta mil novecientos veinticinco pesos ($1.565’080.925) correspondientes a los costos y gastos incurridos por estos en la elaboración de la propuesta de Asociación Publico Privada para un "Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recreación y Cultura en el Campin" y la posterior defensa de sus derechos, o la suma que resulte probada en el proceso.

CUARTA: Que se condene a la administración, en cabeza del IDRD a pagar el daño económico causado a los demandantes por concepto de lucro cesante por valor de seiscientos cuarenta millo nes ochocientos sesenta y tres mil doscientos quince pesos ($640’863.215) correspondiente al interés bancario corriente liquidado sobre la cuantía del daño emergente hasta la fecha de presentación de la demanda. Asimismo se condene al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida que se causen sobre la suma total de la cuantía desde la fecha de la presentación de la demanda hasta la fecha efectiva del pago, o la suma que resulte probada en el proceso.

PRIMERA SUBSIDIARIA: Que en subsidi o de la pretensión tercera se declare que CUSEGO puede continuar adelante con la elaboración y presentación de la propuesta de la Asociación Publico Privada para un "Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recreación y Cultura en el Campin"».

declare que CUSEGO puede continuar adelante con la elaboración y presentación de la propuesta de la Asociación Publico Privada para un "Centro Especializado Pedagógico y Social de Deporte, Recreación y Cultura en el Campin"».

1.5.1. Como fundamentos de derecho, la parte actora refirió: (i) violación al artículo 16 y 20 de la Ley 1508 de 2012, dado que, por una parte, si el IDRD estaba inconforme con algún factor del proyecto de APP debió haber solicitado ajustes o precisiones, en lugar de desechar sin argumentos la propuesta presentada por CUSEGO y, por otra parte, que “si existía un tercero interesado en ejecutar el proyecto de renovación del Campín, el IDRD debió, luego de haber aprobado la factibilidad, abrir un proceso de selección en lugar de haber hecho a un lado al originador del proy ecto”; (ii) violación de la decisión tomada por el propio IDRD el 24 de junio de 2014 que determinó la forma y oportunidad para el cierre financiero, pues “declaró la pérdida de interés antes de que se cumplieran los plazos allí establecidos” ; (iii) violación al principio de laRadicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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buena fe precontractual; (iv) violación a los acuerdos de cronogramas suscritos entre las partes; (v) violación a las directrices impartidas por la Mesa Técnica 002 de 2012 de conformidad con las Directivas 007 de 2012 del Alcalde Ma yor, comoquiera que “se debió haber solicitado el aval de dicha Mesa para revocar mediante otro acto

de conformidad con las Directivas 007 de 2012 del Alcalde Ma yor, comoquiera que “se debió haber solicitado el aval de dicha Mesa para revocar mediante otro acto administrativo la Resolución 214 que la misma Mesa Técnica había avalado ”; (vi) violación al derecho de defensa, por no haberse citado previamente a CUSEGO para oírlo, ni haberle permitido interponer los recursos, aduciendo falsamente que la decisión de no continuar con la factibilidad del proyecto no era un acto administrativo, sin que además se hubiera tenido en cuenta “la advertencia realizada por la secretaria de Cultura recreación y Deporte del Distrito […], en la cual da instrucción al director del IDRD para lograr coherencia de las actuaciones administrativas y evitar violaciones al debido proceso y al derecho de defensa”.

1.6. El 20 de abril de 20164, el órgano judicial de primera instancia rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que la fuente del daño en el sub lite son las comunicaciones mediante las cuales el IDRD declaró la pérdida de interés público de la oferta de APP de iniciativa privada presentada por CUSEGO. Así las cosas, señaló que el término para interponer la demanda era de 4 meses contados a partir del día siguiente al conocimiento de dichas decision es, lo cual acaeció el 19 de noviembre de 2014 y, como la demanda se presentó el 6 de noviembre de 2015, esta fue extemporánea.

1.7. El 29 de abril de 20165, el extremo activo interpuso recurso de apelación en contra de la decisión referida en precedencia para que esta fuera revocada y, en su lugar, se

1.7. El 29 de abril de 20165, el extremo activo interpuso recurso de apelación en contra de la decisión referida en precedencia para que esta fuera revocada y, en su lugar, se admitiera la demanda, pues, contrario a lo argüido por el a quo, adujo que el medio de control procedente es el de reparación directa, dado que: “(i) la administración fue la que manifestó que su proceder n o es un acto administrativo entonces mal podría interponerse una acción tendiente a declarar la ilegalidad de un acto fantasma y (ii) la reparación directa es procedente pues la pretensión principal de la demanda tiende al reconocimiento de unos perjuicios por la terminación anormal de un procedimiento de selección de un contratista para una APP”.

4 Folios 41 a 49 del cuaderno 1. 5 Folios 54 a 57 del cuaderno 1.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02529-02 (60586)

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1.8. El 19 de agosto de 20166, el Consejo de Estado revocó la providencia que rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de cont rol de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, dispuso continuar con el trámite a través de la reparación directa.

1.8.1. Como sustento de su decisión, argumentó que el Tribunal transgredió los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia del extremo activo, dado que ordenó la inadmisión de la demanda cuando esta

1.8.1. Como sustento de su decisión, argumentó que el Tribunal transgredió los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia del extremo activo, dado que ordenó la inadmisión de la demanda cuando esta era clara y el medio de control incoado resultaba idóneo para tramitar el litigio planteado, ya que la parte demandante en ningún momento cuestionó la legalidad de un acto administrativo con pretensiones de nulidad. En contraste, lo que pretendía es que se estudiaran los supuestos perjuicios ocasionados por el presunto actuar antijurídico del IDRD al violar los principios de buena fe en etapa precontractual y terminar injustificadamente el proceso de estructuración de la propuesta de la APP.

Bajo este panorama, precisó que el estudio que se debe adelantar se circunscribe a determinar si se configura la responsabilidad de la a dministración cuando los proponentes sufren un daño antijurídico como consecuencia de una acción u omisión de aquella durante la formación de la voluntad, que determina la posibilidad de verificar “si la propuesta es de interés y cumple con todos lo s elementos para inferir su viabilidad, así como en su evaluación, aceptación o rechazo” , considerando que “dentro del proceso que se adelanta con base en el régimen jurídico de las APP, en cualquiera de sus etapas, como lo son de prefactibilidad y factibilidad, las partes deben obrar de buena fe y de acuerdo con las exigencias éticas del ordenamiento positivo”.

1.8.2. Hechas las anteriores precisiones, indicó que, de conformidad con el literal i) del artículo 164.2 del CPACA, la caducidad del medio de control de reparación directa

1.8.2. Hechas las anteriores precisiones, indicó que, de conformidad con el literal i) del artículo 164.2 del CPACA, la caducidad del medio de control de reparación directa es de 2 años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante tuviera conocimiento del mi