CE - Sentencia 25000233600020150294602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02946-02 (71.603)

Demandante: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales - DIAN

Demandado: Caja de Previsión Social de Comunicaciones - PAR

Caprecom Liquidado

Referencia: Reparación Directa

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – No comprende las controversias derivadas del incumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible / PROCESO EJECUTIVO – Trámite previsto por el ordenamiento jurídico para resolver las pretensiones de indemnización de perjuicios causados por el incumplimiento de obligaciones que constan en títulos ejecutivos / IMPOSIBILIDAD DE MUTAR EL PROCEDIMIENTO AL PREVISTO EN LA LEY – Impide al juzgador resolver de fondo la litis.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN) pretende que se declare la responsabilidad

pretensiones de la demanda de reparación directa.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN) pretende que se declare la responsabilidad patrimonial de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -hoy PAR Caprecom Liquidado- (en lo sucesivo, Caprecom), por los perjuicios derivados de la presunta falla del servicio en que, a su juicio, incurrió esta última, al omitir el cumplimiento de algunas obligaciones contenidas en las Resoluciones N.º 644-001 y 644-002 del 25 de enero de 2006 y la N.º 644-013 del 7 de marzo del mismo año1, en virtud de las cuales la demandada debía inscribir los referidos actos en las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes y hacer entrega material a la demandante de dos inmuebles ubicados en los municipios de Cúcuta y

Bucaramanga.

A N T E C E D E N T E S

La demanda2

1 Por medio de las cuales la DIAN resolvió unas solicitudes de cruce de cuentas en favor de: i) Laboratorios Baxter S.A., por las sumas de $537’190.671 y $604’537.741 pesos, y ii) Hospital Universitario Clínica San Rafael por el valor de 2.013’529.229 pesos, respectivamente. 2 Folios 2 a 14 del cuaderno físico N.º 1 del Tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2015-02946-02 (71.603)

Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Demandado: Caja de Previsión Social de Comunicaciones

Referencia: Reparación Directa

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Referencia: Reparación Directa

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3. El 15 de diciembre de 2015 3, la DIAN, a través de apoderada judicial, presentó demanda de reparación directa en contra de Caprecom, con el fin de que se le declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios derivados de la presunta falla del servicio descrita en líneas anteriores.

4. Las pretensiones de la demanda corresponden a las siguientes (se transcriben de forma literal, incluso con posibles errores):

“Primera. Declárese que CAPRECOM es administrativamente responsable de los perjuicios materiales causados a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por falla del servicio omisión en el cumplimiento de las obligaciones de inscribir en la oficina de regist ro de instrumentos públicos competente y entrega de los bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Cúcuta, Calle 7 No. 5E-34 con FMI N° 260-66134 y en la ciudad de Bucaramanga, Calle 51 No. 3417 local 211 con FMI N° 300 -29718, conforme certificados de trad ición expedidos por las respectivas Oficinas de Instrumentos Públicos, obligaciones que devienen de las resoluciones N° 644-001, 644-002 del 25 de enero de 2006 y N° 644-013 del 7 de marzo de 2006, por medio de las cuales se ordenó cruzar

las obligaciones de LABORATORIOS BAXTER Y HOSPITAL UNIVERSITARIO

CLÍNICA SAN RAFAEL.

Segunda. En consecuencia, condenar a CAPRECOM a la reparación del daño

las obligaciones de LABORATORIOS BAXTER Y HOSPITAL UNIVERSITARIO

CLÍNICA SAN RAFAEL.

Segunda. En consecuencia, condenar a CAPRECOM a la reparación del daño ocasionado, pagando los perjuicios de orden material actuales y futuros, los cuales se estiman en la suma de $720.360.500, más los intereses moratorios causados hasta la fecha efectiva del pago.

Tercera. La condena respectiva devengara será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del C.PACA, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta l a de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

Cuarta. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA”4.

5. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron los siguientes:

6. En el marco del procedimiento administrativo para el pago de tributos nacionales por parte de contratistas acreedores de la Nación, mediante la figura de “cruce de cuentas” 5, Caprecom, como deudor de Laboratorios Baxter S.A. y del Hospital Universitario Clínica San Rafael, ofreció a la DIAN veinte bienes inmuebles

3 Según consta en el acta de reparto que obra en el folio 1 del cuaderno físico N.º 1 del Tribunal. 4 Folios 6 y 7 del cuaderno físico N.º 1 del Tribunal. 5 Previsto en el artículo 57 de la Ley 550 de 1999, a cuyo tenor: “Artículo 57. Pago de tributos nacionales por contratistas acreedores de la Nación. El acreedor de una entidad estatal del orden

5 Previsto en el artículo 57 de la Ley 550 de 1999, a cuyo tenor: “Artículo 57. Pago de tributos nacionales por contratistas acreedores de la Nación. El acreedor de una entidad estatal del orden nacional, podrá efectuar el pago por cruce de cuentas de los tributos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con cargo a la deuda a su favor en dicha entidad. // Los créditos en contra de la entidad estatal del orden nacional y a favor del deudor fiscal, podrán ser por cualquier concepto, siempre y cuando su origen sea de una relación contractual. // Por este sistema también podrá el acreedor de la entidad del orden nacional, autorizar el pago de las deudas fiscales de terceros. // Parágrafo 1°. Los pagos por concepto de tributos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales a los que se refiere el presente artículo, deberán ceñirse al PAC comunicado por la Dirección del Tesoro Nacional al órgano ejecutor respectivo, con el fin de evitar desequilibrios financieros y fiscales. // Parágrafo 2°. Los deudores de la DIAN, que a su vez sean acreedores de una entidad del orden nacional y que soliciten la promoción del acuerdo de reestructuración de que trata esta ley, deberán previamente acogerse al cruce de cuentas aquí señalados. Con la solicitud de promoción del acuerdo deberá presentarse la resolución que autoriza el cruce de cuentas de las obligaciones fiscales.”Radicación: 25000-23-36-000-2015-02946-02 (71.603)

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con el fin de satisfacer el pago de algunas obligaciones tributarias a cargo de las dos últimas empresas mencionadas.

7. Adelantado el trámite administrativo correspondiente, la DIAN, a través de las Resoluciones N.º 644-001 y 644-002 del 25 de enero de 2006 y la N.º 644-013 del 7 de marzo del mismo año, autorizó el cruce de cuentas con cargo al patrimonio público estatal, mediante la dación en pago de los referidos veinte inmuebles.

8. Sin embargo, Caprecom solo cumplió con la obligación de transferir a la DIAN el dominio de dieciocho de los veinte bienes inmuebles ofrecidos como pago, debido a que los dos restantes tenían medidas cautelares de embargo y secuestro.

En consecuencia, quedó pendiente el registro de las mencionadas resoluciones en las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes y la entrega material de los siguientes bienes: i) el ubicado en la calle 7 N.º 5E-34 de la ciudad de Cúcuta, identificado con FMI N.º 260 -66134 y ii) el localizado en la calle 51 N.º 34-17, local 211, de la ciudad de Bucaramanga, con FMI N.º 300-29718.

9. Según la demandante, en las certificaciones 01 del 17 de marzo de 2005, 02 y 03 del 13 de abril de 2005, Caprecom afirmó que los inmuebles ofrecidos para el pago de las obligaciones tributarias se encontraban sin afectaciones, libres de

y 03 del 13 de abril de 2005, Caprecom afirmó que los inmuebles ofrecidos para el pago de las obligaciones tributarias se encontraban sin afectaciones, libres de gravámenes, pignoraciones, embargos y secuestros. Adicionalmente, se indicó en la demanda que, de conformidad con los instructivos 19 del 30 de noviembre de 2004 y 02 del 11 de abril de 2005, expedidos por la DIAN, le correspondía a Caprecom, como entidad deudora, realizar la inscripción de los actos administrativos que autorizaron el cruce de cuentas en las respectivas of icinas de instrumentos públicos y llevar a cabo la entrega material de los bienes a la entidad acreedora.

10. A través de los oficios 339-43903 del 29 de mayo de 2009, 335 -18401 del 15 de marzo de 2010 y 554 -52625 del 26 de julio de 2010 la DIAN le solicitó a Caprecom que adelantara todas las gestiones necesarias para finalizar el cruce de cuentas. Esta última respondió dicho requ erimiento mediante el oficio 2915 del 18 de agosto de 2010, en el que indicó que “se llevaron a cabo las acciones tendientes al levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre bienes inmuebles y que no han sido entregados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en virtud del cruce de cuentas”6.

11. Posteriormente, el 23 de mayo de 2013, se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de Caprecom, en la que la DIAN le recomendó a dicha entidad el estudio de fórmulas alternativas a la inscripción y entrega de los bienes inmuebles, con el fin d e dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en virtud del cruce de cuentas.

el estudio de fórmulas alternativas a la inscripción y entrega de los bienes inmuebles, con el fin d e dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en virtud del cruce de cuentas.

12. Mediante el oficio 7268 del 28 de marzo de 2014, Caprecom le solicitó a la DIAN que le indicara el monto que se había pagado y se adeudaba del total de las obligaciones establecidas en los actos que resolvieron el cruce de cuentas, con el fin de convalidar la informaci ón que reposaba en sus archivos y proceder con el cumplimiento de las prestaciones pendientes. Ante tal pedimento, en la comunicación de radicado 100208222 -297 del 22 de mayo de 2014, la DIAN

6 Ibid., folio 6.Radicación: 25000-23-36-000-2015-02946-02 (71.603)

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informó que la suma adeudada correspondía a $720.360.500, más los respectivos intereses.

13. La parte actora indicó que, a la fecha de presentación de la demanda, Caprecom seguía sin cumplir las obligaciones de inscribir los actos administrativos de cruce de cuentas en las oficinas de registro de instrumentos públicos y sin entregar materialmente los dos inmuebles localizados en Cúcuta y Bucaramanga, aunado a que tampoco presentó alguna propuesta para finalizar el trámite de cruce de cuentas, “manteniéndose el daño en el patrimonio de la DIAN por el no pago efectivo de las obligaciones de LABORATORIOS BAXRTER (SIC) y el HOSPITAL

de cuentas, “manteniéndose el daño en el patrimonio de la DIAN por el no pago efectivo de las obligaciones de LABORATORIOS BAXRTER (SIC) y el HOSPITAL

UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL”7.

14. Aseguró la demandante que la situación referida le ha causado un daño antijurídico, toda vez que “contable y jurídicamente las obligaciones a cargo de LABORATORIOS BAXTER y el HOSPITAL UNIVERSITARIO SANRAFAEL (SIC) han sido canceladas pero real y efectivamente el pago no ha ocurrido”8.

Contestación de la demanda

15. Caprecom9, por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. Como sustento, alegó que el origen del daño que se le imputa corresponde al incumplimiento de una obligación surgida de unas resoluciones, expedidas por autoridad competente, que se encuentran en firme y gozan de fuerza ejecutoria, de modo que lo procedente era iniciar la ejecución del acto administrativo por la falta de cumplimiento de una obligación de hacer. Aseguró que lo que busca la demandante es compensar, por vía de reparación directa, lo que en su momento era una obligación “cuantificable y expresa” contenida en actos administrativos.

16. De igual forma, indicó que la suma de dinero que se pretende como indemnización no corresponde propiamente a perjuicios materiales sino al monto de una obligación natural sobre la cual ya operó “el fenómeno de la prescripción” .

En ese sentido, solicitó que, si se llegara acceder a las pretensiones de la demanda, se tase la condena con base en los perjuicios materiales efectivamente acreditados

de una obligación natural sobre la cual ya operó “el fenómeno de la prescripción” . En ese sentido, solicitó que, si se llegara acceder a las pretensiones de la demanda, se tase la condena con base en los perjuicios materiales efectivamente acreditados y no sobre el monto de la obligación contenida en los actos administrativos.

17. Asimismo, adujo que en el presente caso no existe nexo de causalidad, dado que las obligaciones contenidas en las resoluciones, “referentes a la inscripción y levantamiento de medidas cautelares” estaban supeditadas a un trámite judicial ante el juez de conocimiento de los procesos ejecutivos, es decir, dependían del “hecho de un tercero”. En esa misma línea, aseveró que el daño no tiene la calidad de antijurídico, puesto que la entidad ha obrado de buena fe y “el incumplimiento recae por hechos ajenos a la entidad como el trámite judicial del levantamiento de medidas cautelares, que no fueron posibles realizar por la entidad accionada”10.

18. Además, planteó las “excepciones previas” de: i) indebida escogencia de la acción, por cuanto la parte actora, con el fin de obtener la ejecución de unas obligaciones contenidas en actos administrativos, “de forma conveniente” planteó

7 Ibidem. 8 Folio 9 del cuaderno físico N.º 1 del Tribunal. 9 Folios 52 a 55 del cuaderno físico N.º 1 del Tribunal. 10 Ibid., folio 55.Radicación: 25000-23-36-000-2015-02946-02 (71.603)

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la existencia de una omisión de la administración para eludir los términos perentorios de la verdadera acción procedente, que era la ejecutiva; ii) caducidad, toda vez que el daño que se alega no tiene la naturaleza de continuado y la DIAN siempre tuvo conocimiento del hecho u omisión que se invoca como fuente del daño, por lo que la demanda se habría formulado por fuera de término, pues “el presunto daño ocurrió con un amplio margen de anterioridad a los dos años establecidos por ley”; iii) hecho de un tercero y buena fe, en tanto que, “si no [se] hizo posible el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes relacionados en el cruce de cuentas, fue por un tema ajeno a su voluntad, es decir por la existencia de una medida cautelar dentro de un proceso judicial” 11; y iv) las demás excepciones que se encuentren probadas en el proceso.

Trámite relevante en primera instancia

19. El 21 de junio de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial 12, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, declaró probadas las excepciones previas de: i) indebida escogencia del medio de control, dado que, en virtud del carácter ejecutorio de los actos administrativos contentivos de las obligaciones cuyo incumplimiento se alega, la DIAN debió ejercer la acción ejecutiva o, en su defecto, perseguir la nulida d de los referidos actos en ejercicio

de las obligaciones cuyo incumplimiento se alega, la DIAN debió ejercer la acción ejecutiva o, en su defecto, perseguir la nulida d de los referidos actos en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y ii) caducidad, en tanto que, para la fecha de presentación de la demanda ya había transcurrido tanto el plazo de 5 años para demandar en ejercicio de la acción ejecutiva como el término de 4 meses para ejercer la acción con pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, se dio por terminado el proceso. Frente a esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación en la misma diligencia.

20. Mediante proveído del 11 de noviembre de 202013, esta Corporación revocó la decisión del a quo. Frente a la excepción de “indebida escogencia de la acción”, se indicó que esta no corresponde a una excepción previa o mixta que debiera resolverse en la audiencia inicial. Además, se advirtió que lo pretendido con la demanda no era la ejecución de las obligaciones contenidas en las resoluciones que aprobaron el cruce de cuentas o la nulidad de tales actos, sino la reparación de los daños derivados del incumplimiento de las obligaciones allí establecidas, por lo que el medio de control procedente era la reparación directa. De otro lado, frente al conteo de la caducidad, se consideró que “por la forma tan particular en que se redactaron y se consignaron las obligaciones que la parte actora estima omitidas, el despacho no logra identificar con precisión cuál es el momento en el que la entidad demandada incumplió definitivamente los deberes prestacionales que los

redactaron y se consignaron las obligaciones que la parte actora estima omitidas, el despacho no logra identificar con precisión cuál es el momento en el que la entidad demandada incumplió definitivamente los deberes prestacionales que los actos administrativos de cruce de cuentas radicaron en su cabeza”14, por lo que, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, se consideró que la excepción de caducidad debía ser resuelta en sentencia, con sustento en las pruebas recaudadas a lo largo del proceso.

11 Ibidem. 12 Ver acta de audiencia inicial que obra en los folios 193 a 198 del cuaderno físico del Consejo de Estado. 13 Folios 204 a 214 del cuaderno físico del Consejo de Estado. 14 Ibid., folios 212 a 214.Radicación: 25000-23-36-000-2015-02946-02 (71.603)

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21. Una vez devuelto el expediente al Tribunal de origen, se continuó con el trámite del proceso. En audiencia del 7 de julio de 2022 15, el Tribunal procedió a fijar el litigio en torno a la responsabilidad de la entidad demandada con ocasión de los posibles perjuicios padecidos por la DIAN como consecuencia del presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en las Resoluciones N. º 644-001 y 644-002 del 25 de enero de 2006 y 644 -013 del 7 de marzo de 2006, al no haber realizado las actividades necesarias para la titulación de dos inmuebles a favor de

644-002 del 25 de enero de 2006 y 644 -013 del 7 de marzo de 2006, al no haber realizado las actividades necesarias para la titulación de dos inmuebles a favor de la demandante, derivado de un cruce de cuentas por deudas tributarias.

22. Además, se ordenó tener como pruebas los documentos aportados con el escrito de demanda, el expediente administrativo allegado por la demandante en cumplimiento del auto del 14 de septiembre de 2016 16 y el CD aportado por Caprecom que contiene la copia de las tres resoluciones expedidas por la DIAN en el trámite del cruce de cuentas. Asimismo, se decretaron como pruebas de oficio las constancias de notificación de las resoluciones recién mencionadas y los Instructivos No. 019 del 30 de noviembre de 2004 y 002 del 11 de abril de 2005 expedidos por la entidad demandante, y se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento.

23. En los alegatos de conclusión, la DIAN solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda. El Ministerio Público no se pronunció en esa etapa del proceso.

La sentencia de primera instancia

24. Mediante sentencia del 15 de marzo de 202417, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la

demanda, con base en los siguientes argumentos:

25. Frente a la caducidad de la acción consideró que, a partir del contenido de las resoluciones expedidas por la DIAN, por medio de las cuales se autorizó el cruce de cuentas, era posible advertir que no se dispuso un término específico para llevar

25. Frente a la caducidad de la acción consideró que, a partir del contenido de las resoluciones expedidas por la DIAN, por medio de las cuales se autorizó el cruce de cuentas, era posible advertir que no se dispuso un término específico para llevar a cabo la transferencia de la propiedad de los bienes inmuebles y las normas que regulan la materia tampoco contemplan un plazo para ello, lo cual evidenciaba que dicho trámite podía realizarse en cualquier tiempo.

26. Por lo anterior, estimó que el daño cuya indemnización se reclama “no se encuentra consumado” . Además, señaló que entre la entidad demandante y la demandada existieron varias comunicaciones con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones que se hallaban pendientes. Así, destacó que entre la fecha de la última de esas -22 de enero de 2014 - y la presentación de la demanda -15 de diciembre de 2015transcurrieron menos de dos años, por lo que la caducidad de la acción no había operado.

27. El Tribunal hizo un recuento de las normas que regulan el trámite administrativo de cruce de cuentas para el pago de obligaciones tributarias a favor

15 Folios 1 al 5 del documento “26_AUDIENCIAINICIAL(.pdf) NroActua 50”, que obra en el índice 50 del expediente de Samai de primera instancia. 16 Por medio del cual se ordenó oficiar a dicha entidad para que allegara esos documentos. Al respecto, ver el folio 78 del cuaderno físico N.º 1 del Tribunal. 17 Documento denominado “57SENTENCIA_RAD20150294600RDNIEG(.pdf) NroActua 73” , que

respecto, ver el folio 78 del cuaderno físico N.º 1 del Tribunal. 17 Documento denominado “57SENTENCIA_RAD20150294600RDNIEG(.pdf) NroActua 73” , que obra en el índice 73 del expediente de Samai de primera instancia.Radicación: 25000-23-36-000-2015-02946-02 (71.603)

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de la DIAN. Seguidamente, explicó que, previo a expedir las resoluciones por medio de las cuales se aprobó el cruce de cuentas objeto del litigio, la entidad demandante tenía la obligación de constatar el cumplimiento de requisitos legales -como la situación jurídica de los bienes que se recibirían en pagopara proceder con dicho trámite, no obstante, la entidad no cumplió con este deber, pues era evidente que, para el momento en que se expidieron las resoluciones, los bienes ubicados en las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga ya estaban afectados con las medid as cautelares que se habían decretado en procesos ejecutivos que cursaban en contra de Caprecom.

28. Adicionalmente, el a quo indicó que el daño reclamado por la parte actora no es antijurídico, dado que esa entidad siempre contó con “mecanismos jurídicos y judiciales” para requerir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de Caprecom, como el proceso de cobro coactivo o la acción ejecutiva, pero no los ejerció. En esa línea, indicó que las obligaciones derivadas del cruce de cuentas eran claras,

judiciales” para requerir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de Caprecom, como el proceso de cobro coactivo o la acción ejecutiva, pero no los ejerció. En esa línea, indicó que las obligaciones derivadas del cruce de cuentas eran claras, expresas y exigibles, por lo que dichos documentos constituían título ejecutivo cuyo cumplimiento era pasible de ser exigido por las dos vías mencionadas.

29. De igual forma, en la sentencia se aseveró que, a pesar de no haber sido aportado como prueba el expediente administrativo relativo a las obligaciones fiscales a cargo de Laboratorios Baxter S.A. y el Hospital Universitario Clínica San Rafael, lo cierto es que las disposiciones legales que regulan la materia, así como las reglamentaciones internas expedidas por la demandante disponen que, en el evento de no darse el pago de las deudas, nada le impedía a la DIAN perseguir administrativa y ejecutivamente no s ólo a Caprecom sino también a los deudores tributarios iniciales.

30. En particular, frente al inmueble ubicado en la ciudad de Bucaramanga, identificado con FMI 300 -29718, el Tribunal señaló que entre el 5 de febrero de 2008 (fecha de terminación del proceso ejecutivo N.º 1999 -00857-0018) y el 30 de julio de 2010 (fecha de presentación de la demanda en el proceso ejecutivo N.º 2010-00129-0019), no existieron medidas cautelares que impidieran transferir el dominio del referido bien, así que la DIAN, durante ese lapso, tuvo la oportunidad de exigir a Caprecom que cumpliera con la obligación de transferir la propiedad de ese inmueble.

dominio del referido bien, así que la DIAN, durante ese lapso, tuvo la oportunidad de exigir a Caprecom que cumpliera con la obligación de transferir la propiedad de ese inmueble.

31. De otro lado, sostuvo que no existe certeza del daño reclamado, porque las resoluciones con las cuales se aprobó el cruce de cuentas son actos preparatorios que no ponen fin al procedimiento administrativo, “en la medida que resulta necesario emitir una providencia que ordene puntualmente la terminación del trámite por pago total de los compromisos económicos”20.

32. También señaló que la DIAN se hizo parte en el proceso liquidatorio de Caprecom, en el cual, si bien se evidencia que la aquí demandante presentó dos reclamaciones, “no se tiene certeza de qué obligaciones se estaban reclamando,

18 Proceso ejecutivo por sumas de dinero instaurado por Hernán Rodríguez Díaz contra Caprecom EPS y tramitado en el Juzgado 7° Civil del Circuito Bucaramanga, bajo el radicado N.º 68001-31-03007-1999-00857-00. 19 Proceso ejecutivo por sumas de dinero, instaurado por la E.S.E. Hospital Universitario de Santander en contra de Caprecom EPS y tramitado ante el Juzgado 7° Civil del Circuito de Bucaramanga, bajo el radicado N.º 68001-31-03-007-2010-00219-00. 20 Ibid., folio 117.Radicación: 25000-23-36-000-2015-02946-02 (71.603)

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sin embargo, la segunda, consignada en la casilla No. 4605 con radicado No. A99.00007 del 16 de marzo de 2016, puede ser consistente con lo pretendido en el sub lite, en tanto se aprecia que el valor corresponde a $750227.767,oo y lo exigido en el presente medio de control fue por la suma de $720360.500,oo. Siendo ello junto con intereses a la fecha, posiblemente concordante con lo exigido por el extremo demandante”21. Por lo anterior, según el Tribunal, era claro que la DIAN se hizo parte en el citado proceso liquidatorio “a fin de reclamar las obligaciones que aún se encontraban pendientes por cumplir entre los intervinientes” 22. Por último, procedió a condenar en costas a la parte demandante.

El recurso de apelación

33. La parte actora interpuso recurso de apelación23 en contra de las anteriores decisiones, con el fin de que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

34. Al respecto, sostuvo que el fallo de primera instancia incurrió en “defecto sustantivo por indebida interpretación de las normas” , dado que el Tribunal exigió a la DIAN obligaciones que no están contempladas en la ley ni en las resoluciones que aprobaron el cruce de cuentas. En ese sentido, indicó que, contrario a lo considerado por el a quo, la entidad demandante no estaba en la posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo o de cobro coactivo, porque las resoluciones que

que aprobaron el cruce de cuentas. En ese sentido, indicó que, contrario a lo considerado por el a quo, la entidad demandante no estaba en la posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo o de cobro coactivo, porque las resoluciones que aprobaron el cruce de cuentas contienen obligaciones que son claras y expresas, pero que a la fecha de presentación de la demanda no eran exigibles.

35. Como sustento de lo anterior, afirmó que en la providencia que revocó el auto de primera instancia que declaró probadas las excepciones de “indebida escogencia” y caducidad de la acción, se advirtió “la imposibilidad de establecer la ejecutoriedad [d]el título como consecuencia de la manera en que se redactaron las obligaciones”. Por lo anterior, insistió que el a quo incurrió en un “defecto sustantivo”, al exigirle que iniciara un proceso ejecutivo o de cobro coactivo, cuando “está probado que las resoluciones que originaron el objeto del debate no le fijaron a Caprecom una fecha límite para la ejecución de las obligaciones” . Además, i