CE - Sentencia 25000233600020150304201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: DAVID SALOMÓN GÓMEZ ROJAS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Responsabilidad del Estado por actividad judicial. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia . Procedimiento penal - Ley 600 de 2000. Extinción y cesación de la acción penal por prescripción. Pérdida de la oportunidad de la parte civil para obtener la indemnización de perjuicios. Se configuró un daño antijurídico. No se probó una tardanza injustificada en el trámite del proceso penal. Se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 5 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 21 de octubre de 2004, Claudia Nelly Rojas Mora, en representación de David Salomón Gómez Rojas, presentó denuncia penal contra Josué Gómez López sindicándole de ser autor del delito de “hurto agravado”, pues estimó que este se

Salomón Gómez Rojas, presentó denuncia penal contra Josué Gómez López sindicándole de ser autor del delito de “hurto agravado”, pues estimó que este se apropió de una suma de dinero que le correspondía a su hijo en virtud de una póliza de vida adquirida por Salomón Gómez López. Por ello, el 28 de octubre siguiente, la Fiscalía 157 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá dio apertura a una investigación penal en contra d el referido sindicado. Luego, el 8 de abril de 2005, la citada fiscalía admitió a David Salomón Gómez Rojas como parte civil enRadicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

2 el proceso penal. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2007, la Fiscalía 157 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de B ogotá acusó al imputado como presunto autor del delito de abuso de confianza, decisión que fue confirmada mediante proveído del 9 de diciembre de 2008, dictado por la Fiscalía 44 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Surtida la etapa de instrucción, entonces, el 27 de mayo de 2009 , el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento del proceso y , posteriormente, mediante sentencia del 27 de abril de 2011, condenó a Josué Gómez López como autor del delito de abuso de confianz a agravado. Esta decisión fue confirmada mediante sentencia del 10 de octubre de 2011, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, mediante proveído del 21 de octubre de

autor del delito de abuso de confianz a agravado. Esta decisión fue confirmada mediante sentencia del 10 de octubre de 2011, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, mediante proveído del 21 de octubre de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de J usticia declaró la prescripción de la acción penal y decretó “en favor” del procesado la cesación del procedimiento.

El demandante considera que la Nación – Fiscalía General de la Nación incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues, a su juicio, la tardanza en el trámite del proceso penal que se adelantó contra Josué Gómez López hizo que David Salomón Gómez Rojas perdiera la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenía derecho como parte civil en el proceso penal.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de diciembre de 2015 1, David Salomón Gómez Rojas mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nacional (en adelante la “Fiscalía General de la Nación”), pues afirma que la tardanza en el trámite del proceso penal adelantado contra Josué Gómez López hizo que perdiera la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenía derecho como parte civil en el mismo.

1 Fl. 1 a 30, C.1.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

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Como pretensiones de su demanda, David Salomón Gómez Rojas solicita condenar

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

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Como pretensiones de su demanda, David Salomón Gómez Rojas solicita condenar a la entidad accionada a pagar le, por perjuicios morales, 100 SMLMV; y por “perjuicios materiales”, la suma de $1.250.986.151.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 7 de febrero de 1994, Salomón Gómez López adquirió un seguro de vida con la compañía “American Bankers Insurance Group”, con el propósito de amparar a su hijo, David Salomón Gómez Rojas. Asimismo, que el beneficiario de la póliza era Josué Gómez López, “con el compromiso de serlo en representación de su hijo menor”.

Destaca que, el 3 de abril de 2001, falleció Salomón Gómez Rojas y que, ese mismo año, Josué Gómez Rojas reclamó el valor cubierto por la póliza. No obstante, lo anterior, el dinero nunca le fue entregado a David Salomón Gómez Rojas.

Resalta que, por lo anterior, el 21 de octubre de 2004, Claudia Nelly Rojas Mora, en representación de su hijo David Salomón Gómez Rojas, presentó denuncia penal contra Josué Gómez López sindicándole de ser autor del delito de “hurto agravado”, pues estimó que este se apropió de una suma de dinero que le correspondía a su hijo en virtud de una póliza de vida adquirida por Salomón Gómez López.

Argumenta que, el 28 de octubre siguiente, la Fiscalía 157 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá dio apertura a una investigación penal en contra del referido sindicado.

Argumenta que, el 28 de octubre siguiente, la Fiscalía 157 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá dio apertura a una investigación penal en contra del referido sindicado.

Aduce que el 8 de abril de 2005, la citada fiscalía admitió a David Salomón Gómez Rojas como parte civil en el proceso penal.

Advierte que, mediante Resolución del 22 de diciembre de 2005, el ente instructor no definió la situación jurídica del procesado. Asimismo, que dicha decisión fue confirmada mediante proveído del 2 de mayo de 2006, dictado por la Fiscalía 44 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Señala que, por Resolución del 28 de noviembre de 2007, la Fiscalía 157 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá acusó al imputado como presuntoRadicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

4 autor del delito de abuso de confianza. Además, que esa decisión fue confirma da mediante proveído del 9 de diciembre de 2008, emitido por la Fiscalía 44 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Indica que, mediante auto del 27 de mayo de 2008, el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento del proceso penal seguido en contra de Josué Gómez López.

Destaca que, mediante sentencia del 27 de abril de 2011, el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Josué Gómez López como autor del delito de abuso de confianza agravado. Decisión que, a su turno, fue confirmada por sentencia del

Circuito de Bogotá condenó a Josué Gómez López como autor del delito de abuso de confianza agravado. Decisión que, a su turno, fue confirmada por sentencia del 10 de octubre de 2011, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Concluye que, no obstante, lo anterior, mediante proveído del 21 de octubre de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Just icia declaró la prescripción de la acción penal y decretó “en favor” del procesado la cesación del procedimiento.

El demandante considera que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que la tardanza en el trámite del proceso penal que se adelantó contra Josué Gómez López hizo que David Salomón Gómez Rojas perdiera la oportunidad de ac ceder a la reparación integral a que tenía derecho como parte civil en el proceso penal.

2. Contestación

El 25 de abril de 20 162, el Tribunal Administrativo de l Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad pública accionada y al Ministerio Público.

2.1. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda de forma extemporánea3.

2 Fl. 28, C.1. 3 Fl. 61, C.1.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

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3. Audiencia inicial

El 13 de junio de 2017 4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que, entre otras, realizó el saneamiento del proceso, decretó

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3. Audiencia inicial

El 13 de junio de 2017 4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que, entre otras, realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que: “[…] el punto del desacuerdo se refiere a la imputabilidad que formuló el demandante contra la Fiscalía General de la Nación, específicamente, bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que atribuye a la autoridad, debido a la prescripción del proceso penal seguido contra Josué Gómez Pérez (sic) por el delito de abuso de confianza agravada”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 27 de abril de 20185 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Fiscalía General de la Nación 6 indicó que el daño alegado no le era imputable, toda vez que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales que le han sido conferidas.

4.2. La parte demandante7 reiteró lo expuesto en el escrito de la demanda.

4.3. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 5 de marzo de 20 208, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar

4 Fl. 111 a 113, C.1. 5 Fl. 176, C.1.

Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar

4 Fl. 111 a 113, C.1. 5 Fl. 176, C.1. 6 Fl. 178 a 186, C.1. 7 Fl. 187 a 197. C.1. 8 Fl. 203 a 212, C.19.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

6 que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por cuanto el proceso penal promovido por la demandante no se surtió con “celeridad y eficacia”. En la parte resolutiva, el tribunal condenó al ente instructor a pagarle al demandante, por perjuicios morales, 100 SMLMV.

6. Recursos de apelación

Los días 10 y 13 de julio de 2020, la parte demandante 9 y la Fiscalía General de la Nación10, respectivamente, interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron concedidos el 8 de abril de 202411 y admitidos el 10 de mayo siguiente12.

6.1. La parte demandante13 manifestó que el a quo desconoció el artículo 1614 de la Ley 446 de 199815 porque pese a que lo probado en el proceso permitió evidenciar que el demandante sufrió un menoscabo patrimonial susceptible de ser reparado, este se limitó al reconocimiento de perjuicios morales , cuando lo procedente era acceder integralmente a las pretensiones de la demanda.

6.2. La Fiscalía General de la Nación16 argumentó que no incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto sus actuaciones se

acceder integralmente a las pretensiones de la demanda.

6.2. La Fiscalía General de la Nación16 argumentó que no incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas sustanciales y formales que rigen el procedimiento penal.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 11 de junio de 202417 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

9 Índice No. 75, SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 10 Índice No. 72, SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 11 Fl. 229, C.19. 12 Fl. 232, C.19. 13 Fl. 146 a 148, C.15. 14 Artículo 16: “Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá los principios de reparación integral y equidad, y observará los criterios técnicos actuariales”. 15 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden norm as del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”. 16 Índice No. 72, SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 17 Fl. 1178, C.15.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

16 Índice No. 72, SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 17 Fl. 1178, C.15.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

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7.1. La part e demandante 18 y la Fiscalía General de la Nación 19 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

7.2. El ministerio público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 5 de marzo de 202 0, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, s upera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación20, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

18 Índice No. 40, SAMAI – Consejo de Estado.

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

18 Índice No. 40, SAMAI – Consejo de Estado. 19 Índice No. 43, SAMAI – Consejo de Estado. 20 La pretensión mayor de la demanda se estimó en la suma de $1.250.986.151. 21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de esta. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

8 En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue

reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto pr ocesal y, por ende, ha de ser examinado de oficio22.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés g eneral23, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ade más, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

22 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que

manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093. 23“La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el d erecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

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cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

9 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 24, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran soluc ión por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 25 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más

24 “(...) e l derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien

24 “(...) e l derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaci ones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 6871-05. 25 “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesale s, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la l ey y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe decl ararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013. 26 “(…) [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la

judicial”. Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013. 26 “(…) [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

10 allá del tiempo concedido por la ley proce sal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Por otra parte, t ratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de

la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Por otra parte, t ratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el demandante tuvo conocimiento del daño alegado el 30 de octubre de 201327, día en que quedó ejecutoriada la providencia del 21 de octubre de 2013, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que declaró la prescripción de la acción penal y decretó “en favor” del procesado la cesación del procedimiento28; ii) que el libelista presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 10 Judicial II para Asuntos Administrativos el 25 de agosto de 201529, la cual se declaró fallida el 25 de noviembre siguiente30; y iii) que la demanda se presentó el 18 de diciembre de 201531, es decir, antes del término preclusivo de dos (2) años dispuesto por el legislador.

27 Fl. 112, C.6. 28 Fl. 81 a 94, C.4. 29 Fl. 103, C.6. 30 Fl. 104, C.6. 31 Fl. 1 a 30, C.1.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

28 Fl. 81 a 94, C.4. 29 Fl. 103, C.6. 30 Fl. 104, C.6. 31 Fl. 1 a 30, C.1.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

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4. Legitimación en la causa

4.1. David Salomón Gómez Rojas está legitimado en la causa por activa, ya que fue admitido y vinculado como parte civil al proceso penal tramitado con el número de radicado 38433, según da cuenta copia auténtica de la Resolución del 8 de abril de 2005, proferida por Fiscalía 157 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá32.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación , de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección33, pues fue la entidad que adelantó la etapa de instrucción den tro del proceso penal adelantado en contra de Josué Gómez López que culminó por prescripción de la acción penal, frente a lo cual se endilga un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Asimismo, por ser la institución a quien se le atrib uye la causación de los daños alegados en la demanda.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el presente asunto, la declaratoria de prescripción de la acción penal que dictó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ocasionó por la tardanza injustificada en el trámite de la etapa de instrucción de dicho proceso.

6. Solución del problema jurídico

prescripción de la acción penal que dictó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ocasionó por la tardanza injustificada en el trámite de la etapa de instrucción de dicho proceso.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado , la pérdida de la oportunidad como daño autónomo y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

32 Fl. 11, C.1. 33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420.Radicado: 25000233600020150304201 (67206)

Demandante: David Salomón Gómez Rojas

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6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 34 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión pat rimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para establecer el deb er de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,

de otro componente necesario e indispensable para establecer el deb er de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ell o, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros35.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su