CE - Sentencia 25000233600020160086601 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000233600020160086601 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074)
Demandante: Caja Colombiana del Subsidio Familiar-Colsubsidio y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y Distrito Capital
Proceso: Reparación directa
ACCIÓN PROCEDENTE POR DAÑOS CAUSADOS POR ACTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES -La acción de reparación directa es procedente en eventos en los que no se cuestione la le galidad del acto administrativo. ACCIÓN PROCEDENTE POR DAÑOS CAUSADOS POR ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES QUE LUEGO SON DECLARADOS NULOS -La acción de reparación directa procede en eventos en los que un acto administrativo crea una situación jurídica favor able al destinatario y luego su legalidad es cuestionada en un proceso posterior . ERROR JUDICIAL-Evento de responsabilidad anterior a la Constitución de 1991 y a la expedición de la Ley 270 de 199 6. ERROR JURISDICCIONAL-Presupuestos de procedencia. ERROR JURISDICCIONAL-Actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria del debido proceso. COMPETENCIA FUNCIONAL-Deber de obedecimiento a lo resuelto por el superior. El ordenamiento del territorio como función pública y como deber de los asociados. DAÑO-Lesión a un interés protegido por el
proceso. COMPETENCIA FUNCIONAL-Deber de obedecimiento a lo resuelto por el superior. El ordenamiento del territorio como función pública y como deber de los asociados. DAÑO-Lesión a un interés protegido por el ordenamiento. DAÑO-Concepto. CERTEZA DEL DAÑO-Demostración indispensable para la responsabilidad . CARGA DE LA PRUEBA -Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que per siguen (artículo 167 del CGP). COSTAS-Se condena a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia, art. 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 28 de febrero de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
La Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio era propietaria de un predio ubicado en la calle 79b # 4 -26, el cual tenía un uso dotacional de instituto educativo y de interés cultural. El 28 de diciembre de 20 07, la Secretaría Distrital de Planeación del Distrito de Bogotá, por Resolución n°. 1062, dispuso que el usoRadicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
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Demandante: Colsubsidio y otros
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
2 dotacional del bien referido no estaba sujeto a permanencia y lo clasificó el sector 4 residencial para vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar.
En el año 2011, Colsubsidio solicitó licencia de construcción para ejecutar un proyecto de vivienda multifamiliar en el mismo predio que denominaría “Serranía de los Nogales” , y la Curaduría Urbana n° 4 le concedió licencia de construcción. Posteriormente, un vecino del sector presentó acción de tutela porque el proyecto desconocía normas urbanísticas e incumplía el POT. El Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá Piloto de Oralidad , en el trámite de la acción de tutela –y en cumplimiento de una orde n de la Corte Constitucional –, por medio de auto de 29 de enero de 2014 , ordenó la suspensión e inejecución de la licencia de construcción LC 11-4-0186 otorgada a favor de los demandantes.
La demanda alega un error jurisdiccional en el auto del 29 de ene ro de 2014, porque la decisión no tuvo en cuenta el límite temporal de cuatro meses para hacer efectiva las medidas provisionales . En subsidio, plantearon que la Secretaría Distrital de Planeación, al proferir la Resolución 1062 de 2007 –acto favorable a l os demandantes – les causó un daño antijurídico , pues, posteriormente se declaró la nulidad dentro de un proceso de simple nulidad.
ANTECEDENTES
Demanda
El 26 de abril de 2016 , la Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio,
posteriormente se declaró la nulidad dentro de un proceso de simple nulidad.
ANTECEDENTES
Demanda
El 26 de abril de 2016 , la Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio, Pedro Gómez & Cía. S.A. , y la Fiduciaria Bogotá S.A. –en calidad de vocera del Fideicomiso Serranía de los Nogales– presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial y el Distrito Capital de Bogotá -Secretaría Distrital de Planeación.
La parte actora presentó reforma de la demanda en la que solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
«3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES
3.1.1. PRIMERA PRETENSIÓN: Que se declare a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - - DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL responsable por el daño antijurídico causado a mis poderdantes con ocasión del error judicial por elRadicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
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3 cual se suspendió injustificadamente por un lapso superior a dos años la licencia de construcción LC 11-4-0186.
3.1.2. SEGUNDA PRETENSIÓN: Que como conse cuencia de la declaración contenida en la primera pretensión principal, se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a mis mandantes los perjuicios que se prueben dentro del proceso, que a la fecha de
contenida en la primera pretensión principal, se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a mis mandantes los perjuicios que se prueben dentro del proceso, que a la fecha de la presentación de la reforma de la demanda se estiman en la suma de quince mil ciento catorce millones ciento cuarenta y seis mil trescientos noventa y cuatro pesos ($15.114.146.394), discriminados así:
- Por concepto de daño emergente las sumas de:
a. Doscientos sesenta y cinco millones treinta y tres mil setecientos sesenta pesos ($265.033.760), correspondientes a los costos nuevos de los diseños en los que tuvieron que incurrir mis mandantes con ocasión de las modificaciones realizadas al proyecto, por virtud del acuerdo realizado con los vecinos del sector descritos en el numeral 11 del sub acápite 2.2.
b. Trescientos cuarenta y cinco millones trecientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y seis pesos ($345.368.146), correspondientes a las compensaciones e indemnizaciones que mis mandantes han debido reconocer a sus a proveedores por la terminación anticipada de los contratos, a causa de la suspensión de las obras del proyecto Serranía de los Nogales. c. Novecientos treinta y cuatro millones trescientos t reinta mil ochenta pesos ($934.330.080) correspondientes a los costos incurridos por mis mandantes durante el periodo de suspensión del proyecto.
d. Cinco mil ochocientos cincuenta y seis millones trescientos cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos ( $5.856.305.849) correspondientes al aumento de los costos directos del proyecto por el incremento de precios durante
d. Cinco mil ochocientos cincuenta y seis millones trescientos cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos ( $5.856.305.849) correspondientes al aumento de los costos directos del proyecto por el incremento de precios durante el periodo de suspensión del proyecto.
e. Mil ciento cincuenta y cuatro millones novecientos veintiséis mil setecientos noventa pesos ($1. 154.926.790) correspondientes al incremento en los costos de honorarios por el periodo de suspensión del proyecto.
f. Setenta y cinco millones trescientos treinta y nueve trescientos setenta y cuatro pesos (775.339.374) correspondientes al incremento en l os gastos de administración por el periodo de suspensión del proyecto.
g. Ochocientos ochenta y un millón de pesos ($881.000.000) correspondientes a los costos de deconstrucción o demolición de las torres construidas a efectos de cumplir los compromisos a dquiridos con los vecinos del sector descritos en el numeral 11 del sub acápite 2.2.
h. Dos mil quinientos cuarenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos veintiséis pesos (2.542.834.926) correspondientes a la menor utilidad con ocasi ón de la reducción del área vendible por la demolición efectuada en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos del sector descritos en el numeral 11 del sub acápite 2.2.
- Mil trece millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos oche nta y siete pesos ($1.013.248.987) correspondientes a la devolución de dinero a los clientes a causa del desistimiento de los contratos promesa y de compraventa, con ocasión
pesos ($1.013.248.987) correspondientes a la devolución de dinero a los clientes a causa del desistimiento de los contratos promesa y de compraventa, con ocasión de la suspensión del proyecto.Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
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4 j. Mil cuatrocientos treinta y cuatro millones nov ecientos cinco mil seiscientos dieciocho pesos ($1.434.905.618) correspondientes a los intereses pagados desde el sellamiento de las obras el 14 de febrero de 2014 por un contrato de crédito constructor en cuantía de $ 1.800.000.000.
- Por concepto de lucro cesante las sumas de:
a. Seiscientos diez millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($610.852.864) correspondientes al costo de oportunidad ocasionado por la detención del flujo de ingresos durante la suspensión del proyecto, lo cual impidió el pago a Colsubsidio del valor del lote en los tiempos acordados y presupuestados.
3.1.3. TERCERA PRETENSIÓN: Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a mi mandante PEDRO GÓMEZ Y CÍA S.A. el lucro cesante que se pruebe dentro de proceso.
3.1.4. CUARTA PRETENSIÓN: Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a mis mandantes intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga
3.1.4. CUARTA PRETENSIÓN: Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a mis mandantes intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso sobre cualquier suma de dinero que sea reconocida a título de reparación del daño, en los términos del inciso 3º del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3.1.5. QUINTA PRETENSIÓN: Se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL al pago de costas y agencias en derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y 172 del Código Contencioso Administrativo.
3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
3.2.1. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Subsidiariamente y en caso que no se considere que a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL le es atribuible responsabilidad de conformidad con lo solicitado en la pretensión primera principal y en consecuencia se nieguen las demás pretensiones principales, solicito se declare al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN responsable por el daño antijurídico causado a mis mandantes por l a falla del servicio en que incurrió con ocasión a la expedición de la Resolución No. 1062 de 2007.
3.2.2. SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Que como consecuencia de la declaración contenida en la primera pretensión subsidiaria, se condene al
ocasión a la expedición de la Resolución No. 1062 de 2007.
3.2.2. SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Que como consecuencia de la declaración contenida en la primera pretensión subsidiaria, se condene al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN a pagar a mis mandantes los perjuicios que se prueben dentro del proceso, que a la fecha de la presentación de la demanda se estiman en la suma quince mil ciento catorce millones ciento cuarenta y seis mil trescientos noventa y cuatro pesos ($15.114.146.394), discriminados en los perjuicios y sumas ya señaladas en los numerales 3.1.2. y 3.1.3. del presente acápite (3. PRETENSIONES).
3.2.3. TERCERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Que como consecuencia de la declaración y condena contenidas en las pretensiones subsidiarias primera y segunda respectivamente, condene al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN a pagar a mis mandantes intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia q ue ponga fin al proceso sobre cualquier suma de dinero que sea reconocida a título de reparación del daño, en los términos del inciso 3º del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
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3.2.4. CUARTA PRETENSI ÓN SUBSIDIARIA: Que como consecuencia de las
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3.2.4. CUARTA PRETENSI ÓN SUBSIDIARIA: Que como consecuencia de las declaraciones y condenas contenidas en las pretensiones subsidiarias primera y segunda, se condene al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN al pago de costas y agencias en derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y 172 del Código Contencioso Administrativo»1.
Hechos
Como fundamentos fácticos de las pretensiones, la demanda relató lo siguiente:
El 28 de julio de 2000, el Distrito de Bogotá expidió el Decreto 61 9, mediante el cual se adoptó el plan de ordenamiento territorial -POT para el Distrito Capital. En su artículo 333 dispuso que los inmuebles de escala metropolitana, urbana o zonal con uso dotacional existentes, los señalados como institucionales por norma s anteriores, los que se destinen en el futuro a este uso (…) debían mantener el uso dotacional y quedaban comprendidos por las normas del tratamiento de Consolidación para Sectores Urbanos Especiales.
La Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio era propietaria de un predio ubicado en la calle 79b n°. 4-26, el cual operaba como instituto educativo y de interés cultural.
El Decreto 190 de 2004, compilatorio del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, determinó que el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.
interés cultural.
El Decreto 190 de 2004, compilatorio del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, determinó que el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-403040, ubicado en la calle 79b n°. 4-26 (de propiedad de Colsubsidio) , se encuentra en el sector normativo 4, subsector de usos I de la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ No. 88/97.
El 27 de septiembre de 2007 , mediante memorando interno No. 3 -2007-07557, la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría Distrital de Planeación clasificó el predio en la escala vecinal.
El 28 de diciembre de 2007, la Secretaría de Planeación del Distrito de Bogotá, por Resolución n°. 1062, dispuso que el uso dotacional del bien referido no estaba sujeto a permanencia , estaba clasificado en el sector 4 residencial , subsector 1
1 Transcritas conforme a la reforma de la demanda, visible en f. 100-104 c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
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6 (para destinación unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar . Esta resolución, e n criterio de los demandantes, ofreció certeza del uso y destinación del bien.
Para esa fecha, es decir, para diciembre de 2007, en el predio operaba el Instituto Colsubsidio de Educación Femenina.
El 14 de julio de 2010, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar-Colsubsidio radicó
Para esa fecha, es decir, para diciembre de 2007, en el predio operaba el Instituto Colsubsidio de Educación Femenina.
El 14 de julio de 2010, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar-Colsubsidio radicó solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá, en las modalidades de ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial y cerramiento , para el desarrollo de un proyecto de vivienda multifamiliar en el predio de su propiedad, es decir, en el ubicado en la calle 79b n°. 4 -26. Y, el 9 de febrero de 2011, la c uraduría expidió la licencia de construcción LC 11-4-0186, conforme a las modalidades solicitadas.
A finales de 2011, l a parte actora inició la ejecució n de obras del proyecto denominado “Serranía de los Nogales”. Además, comercializaron 44 unidades habitacionales mediante la suscripción de contratos de promesa de compraventa.
Leonardo Bernal Morales , vecino de la obra, formuló acción de tutela contra la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación , porque la expedición de la licencia de construcción LC 11 -4-0186 –en favor del proyecto de Colsubsidio – no cumplió con la normatividad aplicable en cuan to al uso del suelo en el predio.
El asunto correspondió al Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá Piloto de Oralidad y, en sentencia del 16 de febrero de 2012, el juez ordenó la inaplicación y suspensión de los efectos de la licencia de construcción LC 11-4-0186. Este
Oralidad y, en sentencia del 16 de febrero de 2012, el juez ordenó la inaplicación y suspensión de los efectos de la licencia de construcción LC 11-4-0186. Este amparo transitorio se dispuso por el término de cuatro meses. El Juzgado 10 Civil del Circuito, en sentencia de 30 de marzo de 2012, confirmó la decisión.
El 22 de enero de 2013, unas personas –distintas al actor de la acción de tutela– formularon demanda de nulidad simple contra la Resolución 1062 de 2007 (que dispuso que no existía obligación de permanencia del predio como institución educativa).Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
7 El 20 de febrero de 2013, el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá Piloto de Oralidad declaró que los efectos del amparo transitorio habían cesado. Sin embargo, por medio de auto de 6 de marzo de 2013, la misma autoridad judicial revocó la providencia, en la medida que se acreditó la interposición de una acción de nulidad dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del fallo de tutela. El 18 de junio de 2013, el juez constitucional ordenó nuevamente el levantamiento de la suspensión temporal, ya que la demanda contra la licencia de construcción fue rechazada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En sentencia T -537 del 15 de agosto de 2013, la Corte Constitucional resolvió
levantamiento de la suspensión temporal, ya que la demanda contra la licencia de construcción fue rechazada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En sentencia T -537 del 15 de agosto de 2013, la Corte Constitucional resolvió confirmar las sentencias de tutela del 16 de febrero y 30 de marzo de 2012, en el sentido de mantener la orden de suspensión de efectos de la licen cia de construcción. Sumado a lo anterior, la Corte ordenó suspender , además, la Resolución 1062 de 2007 (que dispuso que no existía obligación de permanencia del predio como institución educativa ) y unos actos administrativos por los cuales el Instituto D istrital de Patrimonio Cultural de Bogotá aprobó intervenciones sobre una edificación de interés cultural (ubicado en el mismo predio).
En auto del 29 de enero de 2014, el Juzgado Once Civil Municipal Piloto de Oralidad de Bogotá dio cumplimiento al mand ato de la Corte Constitucional. Finalmente, luego de la concertación entre vecinos del sector con los promotores del proyecto “Serranía de los Nogales” , en auto A -103A de 2016, la Corte Constitucional declaró el cumplimiento de la sentencia T-537 de 2013.
De otro lado, los demandantes agregaron que el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá –que conoció de la acción de nulidad simple contra la Resolución 1062 de 2007–, en sentencia del 18 de noviembre de 2015, declaró la nulidad del acto atacado, por falt a de competencia y vulneración de las normas en que debía fundarse. El libelo , sin embargo, señaló que, al momento de presentarse la
atacado, por falt a de competencia y vulneración de las normas en que debía fundarse. El libelo , sin embargo, señaló que, al momento de presentarse la demanda, estaba en trámite un recurso de apelación interpuesto contra esa decisión.
La demanda alega: (i) que la Nación-Rama Judicial incurrió en error jurisdicciona l –puntualmente, en el auto del 29 de enero de 2014, proferido por el Juzgado Once Civil Municipal Piloto de Oralidad de Bogotá– que ordenó mantener la suspensión de la licencia de construcción LC 11 -4-0186. Reprochó que el auto atacadoRadicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
8 desconoció el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 y el efecto inter partes de los fallos de tutela. Al respecto , la demanda plantea que el juez constitucional dio por satisfecha la carga que tenía el actor de tutela de formular una demanda ordinaria contra la licencia de construcción y la Resolución 1065 de 2007 , cuando la demanda no la interpuso el actor sino un tercero ajeno al trámite de la acción de tutela. Tal situación, en criterio de la demanda, implicó la afectación ilegítima de situaciones jurídicas ya consolidadas –favorables a las demandantes–.
En subsidio, alegó que la Resolución n°. 1062 de 2007, que dispuso que el inmueble de Colsubsidio no tenía la obligación de permanecer como institución educativa y podía tener destinación residencial, aun cuando fue favorable para los
En subsidio, alegó que la Resolución n°. 1062 de 2007, que dispuso que el inmueble de Colsubsidio no tenía la obligación de permanecer como institución educativa y podía tener destinación residencial, aun cuando fue favorable para los demandantes, les causó un daño antijurídico. Planteó que el acto creó una situación jurídica que posteriormente fue declarada nula dentro de un proceso ordinario de nulidad2.
Contestación de la demanda
Al oponerse a las pretensiones, la Secretaría Distrital de Planeación argumentó que la no ejecución de las obras autorizadas en la licencia de construcción se debe a lo ordenado por el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá Piloto de Oralidad en sentenci a de tutela proferida el 16 de febrero de 2012, por la cual ordenó la inaplicación y suspensión de la licencia LC 11 -4-0186. Ello se suma al auto proferido el 29 de enero de 2014 por el mismo despacho judicial, en cumplimiento de la sentencia T -537 de 2013 , que decidió mantener las medidas de inaplicación y suspensión.
Explicó que la eventual declaratoria de nulidad de la Resolución No. 1062 de 2007 no habría impedido la ejecución de la s obras autorizadas, ya que ese acto no autorizaba ni permitía constru cciones, de modo que el acto expedido por la entidad (inicialmente favorable al demandante) no t enía relación causal con el daño alegado (suspensión de la licencia) . Aunado a lo anterior, planteó que la licencia de construcción LC 11 -4-0186 no fue demandad a y mantuvo su
daño alegado (suspensión de la licencia) . Aunado a lo anterior, planteó que la licencia de construcción LC 11 -4-0186 no fue demandad a y mantuvo su presunción de legalidad . Señaló que los demandantes, inclusive, habrían manifestado a la Corte Constitucional (en memorial del 3 de febrero de 2014) que
2 Reforma de la demanda visible en f. 81-134 c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
9 la Resolución 1062 de 2007 “sirvió como uno –pero no el único – de los fundamentos de la licencia”3.
La Nación-Rama Judicial no contestó la demanda.
Sentencia de primera instancia
El 28 de febrero de 2019 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió decisión en la que negó las pretensiones de la demanda . Estimó que tanto la sentencia T-537 de 2013, como el auto del 29 de enero de 2014 no configuraron error jurisdiccional, porque se ajustaron a las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable al asunto . Según determinó la Corte Constitucional en sentencia T -537 de 2013, la Resolución 1062 de 2007 (que dio alcance al uso del suelo del predio de Colsubsidio) adolecía de un defecto orgánico, comoquiera que la Secretaría Distrital de Planeación no tenía facultades para modificar la destinación del suelo (previamente definida en el POT) . E ste defecto, subyacente al cambio de
de Colsubsidio) adolecía de un defecto orgánico, comoquiera que la Secretaría Distrital de Planeación no tenía facultades para modificar la destinación del suelo (previamente definida en el POT) . E ste defecto, subyacente al cambio de destinación del inmueble, permitió que se adelantara la autorización del proyecto Serranía de los Nogales.
Para el Tribunal, la Corte Constitucional también tuvo en cuenta que, aunque el amparo transitorio había cesado desde el rechazo definitivo de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se acreditó la presentación de una demanda de nulidad simple bajo el rad. 2013 -00009. Aunque ese mecanismo se ejerció de manera independiente a la orden de tutela transi toria, ambas tenían identidad fáctica en cuanto a la discusión de legalidad de la Resolución 1062 de
2007. La eventual anulación de ese acto podría, además, devenir en el decaimiento de la licencia de construcción. Por ende, al encontrar la existencia de un perjuicio irremediable y un grado de certeza sobre la procedencia de la solicitud, la Corte estimó que no podía negarse a adoptar las medidas orientadas a la inmediata protección del derecho fundamental vulnerado, de modo que dispuso mantener la medida p rovisional de suspender la licencia de construcción LC 11 -40186.
En cuanto al auto del 29 de enero de 2014, proferido por el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá Piloto de Oralidad, resaltó que esta decisión se limitó a
3 F. 135-146 c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros
3 F. 135-146 c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
10 reiterar las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, sin realizar algún tipo de interpretación adicional o cambiar el sentido de las mismas.
El Tribunal precisó que, aún en el evento de haberse concretado un daño antijurídico, la parte demandante habría concurrido en el mismo, t oda vez que la medida provisional podría haberse levantado mediante «cualquier acuerdo bilateral entre quienes deban legalmente ser vinculados a dicho trámite administrativo, preservando el orden jurídico», conforme preveía el numeral 4 de la sentencia de tutela de primera instancia del 16 de febrero de 2012. Anotó que el auto 103A del 9 de marzo de 2016 dispuso que la sentencia T -537 de 2013 se había cumplido, precisamente, en virtud de un acuerdo suscrito el 26 de junio de 2015 entre los representantes de Colsubsidio, Pedro Gómez & Cía S.A. y el accionante, que fue logrado después de un proceso de concertación y participación con los vecinos del predio (en aras de preservar el uso dotacional cultural del mismo) . Así, de haber involucrado a la ciudadanía en la toma de decisiones para el desarrollo del proyecto de construcción, la medida provisional se habría levantado con anterioridad.
La sentencia también denegó las pretensiones subsidiarias frente a la Secretaría Distrital de Planeación por expedir un acto administrativo con supuestos vicios de
decisiones para el desarrollo del proyecto de construcción, la medida provisional se habría levantado con anterioridad.
La sentencia también denegó las pretensiones subsidiarias frente a la Secretaría Distrital de Planeación por expedir un acto administrativo con supuestos vicios de ilegalidad. Indicó que la parte actora debió demandar ese acto mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, si consideraba que su expedición originó la posterior suspensión de los efectos de la licencia LC 11 -40186. Por demás, anotó que estaba en curso un trámite judicial encaminado a determinar su legalidad4.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. En su criterio, l as decisiones de tutela fueron abiertamente ilegales y encuadraban los presupuestos del error jurisdiccional , de modo que la sentencia recurrida ignoró las reglas normativas y jurisprudenciales aplicables al asunto.
Puntualmente, insistió en que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el artículo 8 del Decreto 2591 de 2001, por cuanto el actor de la acción de tutela
4 F. 378-388 c. principal.Radicación: 25000-23-36-000-2016-00866-01 (64074) Demandante: Colsubsidio y otros Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
11 tenía la carga de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la legalidad de las actuaciones objeto de controversia constitucional (y fue un tercero quien presentó la demanda de nulidad contra la Resolución 1062 de 2007) . Al
11 tenía la carga de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la legalidad de las actuaciones objeto de controversia constitucional (y fue un tercero quien presentó la demanda de nulidad contra la Resolución 1062 de 2007) . Al respecto, señaló que la demanda de nulidad simple rad. 2013-00009 –interpuesta– se presentó el 22 de enero de 2013 (por fuera de los cuatro meses ot
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