CE - Sentencia 25000233600020160141302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: JUAN CARLOS TARQUINO SARMIENTO Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Tema: Ocupación jurídica por motivos de utilidad pública e interés social. Falta de legitimación en la causa por activa. Ausencia de prueba para acreditar la calidad de herederos y la titularidad del derecho de dominio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de mayo de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se afirma en la demanda, mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, el Concejo municipal de Fusagasugá declaró varios bienes como de utilidad pública, entre ellos, “ los identificados con cédula catastral 01 -00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01 -00-0045-0023-000” o matrícula

inmobiliaria 157-26559, 157-26701 y 157-15864 de propiedad de María Petronila de la O Martínez de Tarquino. Los demandantes, -que aducen la calidad de herederos propietariosconsideran que el municipi o de Fusagasugá es patrimonialmente responsable por l a afectación de l derecho de propiedad que detentan sobre los referidos inmuebles, pues están imposibilitados para disponer de ellos en virtud del Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, que los declaró como de utilidad pública.Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 13 de julio de 2016 1-2, Juan Carlos Tarquino Sarmiento , Johana María Osorio Manotas, Adriana María Tarquino Sarmiento, Juan Carlos Cárdenas Sánchez, Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis Guillermo Lozano Tarquino, Marlenis de Jesús Sánchez Bedoya, Norma Nathalia Lozano Sánchez y Yiseth Marina Lozano Sánchez en nombre propio y en calidad de herederos de María Petronila de la O Martínez de Tarquino, mediante apoderado judicial y en ejercicio d el medio de control de reparación directa, present aron demanda en contra del Municipio de Fusagasugá, por los perjuicios causados por la imposibilidad de disponer de los

bienes identificados con “cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000”3, pues el referido municipio mediante Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, declaró esas propiedades como de utilidad pública.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar al municipio de Fusagasugá a pagar, por perjuicios morales, 50 SMLMV a cada uno; por daño emergente, la suma de $2.197.874.887 a Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Adriana María Tarquino Sarmiento, Guillermo Tarquino Sarmiento y Luis Guillermo Lozano Tarquino; y por lucro cesante, la suma de $134.433.224 a Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Adriana María Tarquino Sarmiento, Guillermo Tarquino Sarmiento y Luis Guillermo Lozano Tarquino.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que María Petronila de la O Martínez de Tarquin o era propietaria de los bienes identificados con “ cédula

1 Fl. 7 a 15, C. 1. 2 Fl. 25 a 26, C. 1. Subsanación de la demanda. 3 Fl. 25 a 26 y 39 a 41, C. 1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, inadmitió la demanda . Posteriormente, el 14 de octubre de 2016, la parte actora subsanó la demanda, y con ella aportó: i) certificado de tradición de matrícula inmobiliaria 157-26559

de Cundinamarca, inadmitió la demanda . Posteriormente, el 14 de octubre de 2016, la parte actora subsanó la demanda, y con ella aportó: i) certificado de tradición de matrícula inmobiliaria 157-26559 del predio ubicado en la calle 6 No. 10 -27/35/37/39 de Fusa gasugá, que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria; ii) certificado de tradición de matrícula inmobiliaria No. 157-26701 del predio ubicado en la calle 6 No. 10-63 de Fusagasugá, que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria; y, iii) certificado de tradición de matrícula inmobiliaria No. 157-15864 del predio “sin dirección tercera porción” en Fusagasugá, que da cuenta que María Petronila de la O Martínez de Tarquino es su propietaria. Lo anterior, en atención a que cuando se expidió el Acuerdo 29 del 13 de diciembre de 1993 los bienes descritos en la demanda se identificaban con cédula catastral.Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

3 catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 0100-0045-0023-000” o certificados de tradición de matrícula inmobiliaria 157 -26559, 157-26701 y 157-15864, ubicados en el municipio de Fusagasugá.

00-0045-0023-000” o certificados de tradición de matrícula inmobiliaria 157 -26559, 157-26701 y 157-15864, ubicados en el municipio de Fusagasugá.

Refiere que el 26 de diciembre de 1989 falleció María Petronila de la O Martínez de Tarquino, por lo que en la “actualidad” se está tramitando la sucesión de la causante, “siendo herederos reconocidos” Juan José tarquino Martínez, Juan Carlos Tarquino Sarmiento, Adriana Tarquino Sarmiento, Guillermo Tarquino Sarmiento, Luis Guillermo Lozano y Ricardo Andrés Lozano Tarquino.

Señala que mediante Acuerdo No. 29 de l 13 de diciembre de 1993 , el Concejo municipal de Fusagasugá declaró varios bienes como de utilidad pública, entre ellos, “los identificados con cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01 -00-0045-0023-000”. Asimismo, autorizó al alcalde municipal en ese mismo acto para “ adquirir por negociación directa o por expropiación unos inmuebles para realizar la proyección de unas vías”.

Manifiesta que mediante oficio 1060.04.3982-14 del 27 de junio de 2014 , el Departamento Administrativo de Planeación de Fusagasugá informó a Guillermo Lozano Tarquino que: i) la afectación “de su predio” según el Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993 , tenía una vigencia de tres años, renovables por otros tres años más; ii) que el predio con “código catastral No. 010000450005000 se requiere

de diciembre de 1993 , tenía una vigencia de tres años, renovables por otros tres años más; ii) que el predio con “código catastral No. 010000450005000 se requiere para destaponamiento de la carrera 11 entre calles 6 y 7” , pa ra lo cual la administración deberá adelantar el proceso de declaratoria de utilidad pública del inmueble previsto en el POT y, posteriormente iniciar el proceso de enajenación del mismo”; y, iii) que los “otros predios” no se pudieron identificar ya que las matrículas inmobiliarias enviadas en la solicitud no concuerdan con los archivos, solo un predio se pudo localizar.

Indica que el deseo de los herederos de María Petronila de la O Martínez de Tarquino ha sido disponer en venta los bienes inmuebles identificados con cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 0100-0045-0023-000 o matricula inmobiliaria 157-26559, 157-26701 y 157-15864. Sin embargo, ello no ha sido posible en virtud de la afectación impuesta por el municipio de Fusagasugá, quien, por un lado, no adquiere por enajenación voluntaria oRadicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

4 expropiación administrativa los inmuebles, y por otro, no permite que se realice negocio jurídico sobre los mismos con particulares interesados.

Los demandantes consideran que el municipio de Fusagasugá es patrimonialmente responsable porque les ha cercenado el derecho a disponer sobre los inmuebles

negocio jurídico sobre los mismos con particulares interesados.

Los demandantes consideran que el municipio de Fusagasugá es patrimonialmente responsable porque les ha cercenado el derecho a disponer sobre los inmuebles identificados con “cédula catastral 01-00-0045-0001-000, 01-00-0045-0005-000, 0100-0045-0006-000 y 01 -00-0045-0023-000” o matrícula inmobiliaria 157 -26559, 157-26701 y 157-15864.

Textualmente, la parte actora refiere que: “[E]l inmueble está paralizado en un estado de indefinición jurídica, en la que no se sabe, cuándo se procederá por parte de la Administración municipal a la negociación voluntaria de los predios con los propietarios, o a su expropiación, tampoco cuando se haría el nuevo trámite administrativo de la nueva declaratoria de utilidad pública de los predios, y tampoco permite la negociación con particulares, con la negación de la expedición de licencia de construcción para el desarrollo de los predios, desconociendo a biertamente la ineficacia de pleno derecho de la afectación realizada mediante el acuerdo No. 29 de 1.993 y su pérdida de fuerza ejecutoria y por tanto su obligatoriedad para los propietarios de los predios. En síntesis, no se puede desarrollar el predio e stá bloqueado, por asuntos de carácter administrativo, los cuales si se llevaran adecuadamente ya se hubieran hecho, pensemos que desde 1993, se ordenó la expropiación o negociación directa sin que ninguna de las dos se halla (sic) hecho, en un término transcurrido de 22.5 años sin dar solución efectiva a la problemática

adecuadamente ya se hubieran hecho, pensemos que desde 1993, se ordenó la expropiación o negociación directa sin que ninguna de las dos se halla (sic) hecho, en un término transcurrido de 22.5 años sin dar solución efectiva a la problemática (…). Omisiones por parte de la Administración municipal de Fusagasugá, en manifiesto perjuicio para los particulares propietarios del inmueble (…)”.

2. Contestaciones

El 17 de noviembre de 20164-5, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

4 Fl. 44 a 46, C. 1. 5 Fl. 19 a 20, C. 1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2016, el Tr ibunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda y ordenó a la parte demandante demostrar la calidad de herederos de María Petronila de la O Martínez de Tarquino, establecer de manera precisa la fecha del hecho generador del daño y allegar los registros civiles de varios actores.Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

5 2.1. El municipio de Fusagasugá 6 sostuvo que no generó daño alguno a los demandantes, pues si bien existió la iniciativa en el Concejo municipal para afectar los inmuebles con “folios de matrícula 157-26559, 157-26701 y 157-15824 de María Petronila de la O Martínez de Tarquino ”, a través del Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, lo cierto es que d icha decisión no fue notificada a la señora

Petronila de la O Martínez de Tarquino ”, a través del Acuerdo No. 29 del 13 de diciembre de 1993, lo cierto es que d icha decisión no fue notificada a la señora Martínez de Tarquino y tampoco fue inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria referidos, razón por la que “la afectación -nuncanació a la vida jurídica, por expresa disposición legal, sumado a que por el trascurso del tiempo la misma perdió vigencia desde hace más de 20 años” . Adicionalmente, destacó que no era cierto que se hubiesen negado licencias de construcción sobre los predios descritos previamente, pues en los registros de la entidad no se identificaron solicitudes de trámites en ese sentido.

Por último, alegó la falta de legitimación en la causa por activa, porque no estaba probada la condición de herederos y/o propietarios de los demandantes. Razón por la cual propuso las excepciones de inepta demanda, falta de legitimación por activa, inexistencia de daño generador de responsabilidad y temeridad y mala fe.

3. Audiencia inicial

3.1. El 14 de febrero de 20187, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la parte demandada, en tanto constató que los actores no acreditaron la condición de propietarios ni herederos de los bienes inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria 8 No. 157 -26559, 157 -26701 y 157-15864.

3.2. Contra la anterior decisión y en la misma audiencia, la parte demandante

inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria 8 No. 157 -26559, 157 -26701 y 157-15864.

3.2. Contra la anterior decisión y en la misma audiencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación , pues consideró que los registros civiles aportados al proceso acreditaban sus condiciones de herederos de María Petronila de la O

6 Fl. 63 a 76, C. 1. 7 Fl. 97 a 101, C. 2. 8 Fl. 39 a 41, C. 1; y, Fl. 97 a 101, C. 2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que la parte demandante con la subsanación de la demanda aportó los certificados de Tradición y Libertad de los inmuebles que en la demanda identificó con cédula catastral 01 -00-0045-0001-000, 01-000045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000.Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

6 Martínez de Tarquino 9.

3.3. Mediante auto de ponente del 21 de mayo de 2018 10, el Consejo de Estado resolvió revocar la decisión adoptada en la audiencia inicial del 14 de febrero de 2018 y, en su lugar, dispuso “ declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa” . Como fundamento del proveído, se dijo textualmente: “De manera que, debe diferirse el presente proceso, hasta que se tengan mayores elementos probatorios que puedan dar certeza si en verdad se

legitimación en la causa por activa” . Como fundamento del proveído, se dijo textualmente: “De manera que, debe diferirse el presente proceso, hasta que se tengan mayores elementos probatorios que puedan dar certeza si en verdad se encuentra acredita la falta de legitimación en la causa por activa, puesto que, pese a que no se demostró la calidad de herederos, los demandantes se muestran como los poseedores de los predios, de esta manera, ante la falta de certeza probatoria y en virtud del principio pro actione y en aras de privilegiar el acceso efectivo a la administración de justicia , el Despacho cons idera que en el sub lite se torna procedente la revocatoria de la decisión adoptada por el a quo en audiencia del 14 de febrero de 2018, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa”.

3.4. El 10 de octubre11 y el 3 de diciembre 12 de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que “guarda relación básicamente con los hechos que no son aceptados por las partes; esos hechos son los que constituyen a su vez el tema de la prueba y permiten consecuencialmente el análisis a efectos de decretar o no los diferentes medios de prueba de acuerdo con el cumplimiento de requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. (…) Escuchadas las partes se procede a fijar el litigio, el cual se centra en los hechos 1,

con el cumplimiento de requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. (…) Escuchadas las partes se procede a fijar el litigio, el cual se centra en los hechos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De esta manera queda fijado el litigio en esta causa.”

9 Fl. 97 (cd) y 101, C. 2. 10 Fl. 105 a 112, C. 2. Decisión proferida por el entonces magistrado titular, Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 11 Fl. 125 a 127, C. 2. 12 Fl. 175 a 177, C. 2.Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

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4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de diciembre de 2018 13, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora 14 y el municipio de Fusagasugá 15 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de mayo de 2019 16 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “ negó” las pretensiones de la demanda , aduciendo que la parte actora no estaba legitimada en la causa por activa, pues no acreditó ser propietaria ni poseedora de los bienes inmuebles identificados con cédula catastral 01-00-0045actora no estaba legitimada en la causa por activa, pues no acreditó ser propietaria ni poseedora de los bienes inmuebles identificados con cédula catastral 01-00-00450001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01 -00-0045-0023-000 o folio de matrícula inmobiliaria No. 157-26559, 157-26701 y 157-15864.

Textualmente, el a quo sostuvo que: “No se acreditó la condición de poseedores que se alegó en favor de los demandantes, puesto que quien pretenda demostrar que ejerce la posesión material sobre un bien, sea en su propio nombre o en el de un tercero poseedor, debe acreditar, mediante prueba idó nea, los dos elementos constitutivos de ella, a saber: i) el corpus (…) y ii) el animus (…). Conforme a lo expuesto, la ausencia de elementos probatorios para acreditar la calidad de poseedor, contraviene el principio de la legitimación en la causa por act iva, según el cual, quien formula peticiones en el proceso debe tener interés legítimo, serio y actual en la declaración que se persigue, por tanto, solamente será posible concluir que los demandantes carecen de interés para demandar.

En ese sentido, se reprocha que en el presente asunto la parte demandante no corrigió sus falencias probatorias a pesar de haber tenido a su disposición una serie

13 Fl. 175 a 177, C. 2. 14 Fl. 178 a 179, C. 2. 15 Fl. 180 a 186, C. 2. 16 Fl. 211 a 219, C. Ppal.Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

14 Fl. 178 a 179, C. 2. 15 Fl. 180 a 186, C. 2. 16 Fl. 211 a 219, C. Ppal.Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

8 de oportunidades procesales para acreditar su interés para formular la pretensión, así: i) Con la presentación d e la demanda; ii) En la subsanación de la demanda, debido a que el despacho solicitó que se demostrara la calidad de herederos que se aducía; iii) En el traslado de las excepciones, teniendo en cuenta que la entidad demandada propuso como excepción la falt a de legitimación de los accionantes; y iv) En el término concedido en la audiencia inicial, para acreditar la calidad de poseedores, en atención a lo dispuesto por el Consejo de Estado en providencia de 21 de mayo de 2018.

(…) En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes, como quiera que no obra en el proceso medio de prueba que permita establecer, o al menos inferir, que efectivamente están llamados a debatir el interés jurídico aducido en el proc eso, toda vez que la calidad de propietario o poseedor que se alegó a su favor, quedo reducida o circunscrita a meras afirmaciones o conjeturas contenidas en el escrito de la demanda.”

6. Recurso de apelación

El 21 de junio de 201917, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 30 de julio de 201918 y admitido el 3 de octubre de 201919.

6. Recurso de apelación

El 21 de junio de 201917, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 30 de julio de 201918 y admitido el 3 de octubre de 201919.

6.1. La parte actora20 manifestó que la calidad en que ejerció el derecho de acción era la que estaba consignada en el escrito introductorio y como se dijo en la sentencia de primera instancia, esto es, como “herederos” de María Petronila de la O Martínez de Tarquino. Sin embargo, de manera confusa, refiere que, dentro del término probatorio, conforme lo sostuvo el Consejo de Estado en decisión del 21 de mayo de 2018, aportó las pruebas que acreditaban la posesión de los bienes inmuebles “objeto de la litis”.

Por otro lado, los accionantes reiteraron que el municipio de Fusagasugá cercenó sus derechos a disponer de los inmuebles identificados con cedula catastral 01-00-00450001-000, 01-00-0045-0005-000, 01-00-0045-0006-000 y 01-00-0045-0023-000.

17 Fl. 227 a 229, C. Ppal. 18 Fl. 231, C. Ppal. 19 Fl. 240, C. Ppal. 20 Fl. 227 a 229, C. Ppal.Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 8 de noviembre de 2019 21, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 8 de noviembre de 2019 21, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte actora 22 y el municipio de Fusagasugá 23 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente.

7.2. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 23 de mayo de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera los 500 SMLMV para la fecha de su presentación24, exigidos para que el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 6, y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

21 Fl. 244, C. Ppal.

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

21 Fl. 244, C. Ppal. 22 Fl. 246 a 248, C. Ppal. 23 Fl. 249 a 251, C. Ppal. 24 La pretensión mayor es de $2.197.874.887, por daño emergente, lo cual es mayor a $344.727.000, que corresponden a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda (13 de julio de 2016).Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

10 En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por omisiones imputables al municipio de Fusagasugá.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de ser examinado de oficio25.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurí dica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 26, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

a la protección del interés general 26, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

25 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha d e examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta p or el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093. 26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo

26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irre nunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 25000233600020160141302 (64724)

Demandante: Juan Carlos Tarquino Sarmiento y otros

11 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 27, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de

y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 28 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia29, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley proce sal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, p ues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. 28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga p rocesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 29 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la de