CE - Sentencia 25000233600020160159502 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-01595-02 (71.359)

Actor: Clínica Médicos S.A.

Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INTERVENCIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA DE EMPRESA PROMOTORA DE SALUD / AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO – El Tribunal concluyó que la falta de pago de créditos reconocidos por el liquidador por agotamiento de los recursos y aplicación de la prelación de créditos no tiene la condición de antijurídico, dado que corresponde a una carga que la demandante se encontraba en el deber jurídico de soportar derivada de la aplicación de la normativa que regía el proceso de liquidación forzosa ad ministrativa / CARGA ARGUMENTATIVA DEL DEL RECURSO DE APELACIÓN - Se deben atacar los fundamentos de hecho y/o de derecho -ratio decidendi - que sirvieron de sustento a la decisión de primer grado , con razones que soporten la consideración de que lo fallado no corresponde en derecho a una decisión acertada /SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN - la parte apelante no controvirtió materialmente la decisión respecto de que el daño alegado correspondía una carga que se encontraba en el deber jurídico de soportar, omisión que impide estudiar los

no controvirtió materialmente la decisión respecto de que el daño alegado correspondía una carga que se encontraba en el deber jurídico de soportar, omisión que impide estudiar los criterios de imputación de responsabilidad en contra de las demandadas.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad del Estado por el daño patrimonial causado por la falta de pago de las acreencias reconocidas dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa de Solsalud S.A. EPS.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 9 de marzo de 2022, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda presentada el 9 de agosto de 2016 1, por la Clínica Médicos S.A., en contra de la contra la Nación – Ministerio de Salud y la

Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud2.

1 Según la constancia de recibido que obra a folio 49 del archivo “ 5ED_EXP TRIBUN_1DEMANDAYPODE R201601” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 2 Inicialmente, la demanda también se dirigió en contra del señor Luis Fernando Hernández Vélez, en calidad de liquidador de Solsalud S.A. ESP. En auto del 14 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda, y en auto d e 19 de abril de 2017 la rechazó, en cuanto consideró que el asunto no era susceptible de control judicial dado que la accionante carecía de legitimidad sustancial para

Cundinamarca inadmitió la demanda, y en auto d e 19 de abril de 2017 la rechazó, en cuanto consideró que el asunto no era susceptible de control judicial dado que la accionante carecía de legitimidad sustancial para promover el proceso, porque el daño alegado tenía como fuente los actos administrativos proferidos con ocasión de un proceso de liquidación forzosa administrativa. Esta Corporación , mediante auto de ponente del 1° de febrero de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, revocó el rechazo de la demanda, para lo cual señaló que el medio de co ntrol de reparación directa resultaba procedente para resolver sobre la atribución deRadicación: 25000-23-36-000-2016-01595-02 (71.359)

Actor: Clínica Médicos S.A.

Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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2. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las que el Tribunal adoptó la sentencia que ahora se cuestiona, es la siguiente:

Pretensiones

3. Reclamó la demandante la declaración de responsabilidad patrimonial por el no pago de las acreencias que fueron reconocidas y declaradas insolutas en el proceso de liquidación forzosa administrativa de Solsalud S.A. EPS, al tiempo que deprecó una indemnización de perjuicios materiales3.

Hechos

4. Se narró que entre 2007 y 2012 la demandante celebró con Solsalud S.A. EPS varios contratos que tuvieron como objeto la prestación de los servicios del Plan

Obligatorio de Salud.

Hechos

4. Se narró que entre 2007 y 2012 la demandante celebró con Solsalud S.A. EPS varios contratos que tuvieron como objeto la prestación de los servicios del Plan

Obligatorio de Salud.

5. Mediante Resolución 671 del 27 de marzo de 2012 , l a Superintendencia Nacional de Salud adoptó una medida cautelar preventiva consistente en la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, así como de intervención forzosa para administrar los programas de Solsalud S.A. EPS, por un término de 2 meses, la cual fue prorrogada sucesivamente hasta el 6 de mayo de 2013.

6. Posteriormente, se designó un agente especial para que adelantara la intervención forzosa administrativa para efectuar la liquidación, actuación que culminó mediante la Resolución 004964 del 6 de junio de 2014, por medio de la cual se declaró terminada la existencia legal de la EPS intervenida.

7. Dentro de la oportunidad correspondiente, se solicitó el reconocimiento y pago de las acreencias que la EPS le adeudaba a la hoy demandante, las cuales, pese a que se reconocieron parcialmente, fueron declaradas insolutas por ausencia de

responsabilidad de las demandadas en cuanto no se cuestionaba la legalidad de los actos administrativos. El Tribunal en auto de 29 de noviembre de 2019 admitió la demanda en contra de la Nación – Ministerio de Salud y la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud (archivos “ 6ED _EXP TRIBUN _2 ADMISION SUBSANACION” y “ ED_EXP TRIBUN _3RESUELVERECURSOSUPE ” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.

SUBSANACION” y “ ED_EXP TRIBUN _3RESUELVERECURSOSUPE ” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 3 Como pretensiones declarativas señaló: i) “Pretensión declarativa principal”. Solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el señor Luis Fernando Hernández Vélez, por daño especial causado por la “intervención y liquidación de Solsalud EPS S.A.”; ii) “Pretensión subsidiaria de primer orden de tipo declarativo”. Solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el señor Luis Fernando Hernández Vélez por “los daños antijurídicos causados (…) con la operación administrativa materializada en la intervención y liquidación de Solsalud EPS S.A. (…)”; iii) “Pretensiones subsidiarias de segundo y tercer orden de tipo declarativo.” Pidió que se declarara el enriquecimiento sin justa causa de la Nación – Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el correlativo empobrecimiento de la demandante, con ocasión del no pago de servicios de salud que fueron prestados a Solsalud S.A. EPS; iv) “Pretensión subsidiaria de cuarto orden de tipo declarativo”. Pidió que se declarara la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el señor Luis Fernando Hernández Vélez, por falla en el servicio por los daños antijurídicos causados por la tardía intervención y consecuente liquidación estatal de la que fue objeto Solsalud S.A. EPS. Como pretensiones indemnizatorias pidió i) el pago de $3.236’733.750, correspondientes a los servicios

los daños antijurídicos causados por la tardía intervención y consecuente liquidación estatal de la que fue objeto Solsalud S.A. EPS. Como pretensiones indemnizatorias pidió i) el pago de $3.236’733.750, correspondientes a los servicios prestados por Clínica Médicos S.A. a la extinta Solsalud S.A. EPS; y ii) el pago de todos los perjuicios materiales y pérdida de oportunidad que se probaran durante el proceso. Folios 13 y 14 del archivo “5ED_EXP TRIBUN_1DEMANDAYPODE R201601 ” y folios 68 a 72 de l archivo “ 6ED _EXP TRIBUN _2 ADMISION SUBSANACION del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2016-01595-02 (71.359)

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3 recursos, lo cual le causó una afectación patrimonial que no se encontraba en el deber jurídico de soportar4.

Fundamentos de derecho

8. A juicio de la demandante resultaba posible plantear diversos títulos de imputación jurídica en casos de responsabilidad extracontractual del Estado , según lo señalado en el artículo 90 de la Constitución Política.

9. En ese sentido indicó que se le causó un daño especial, pues se le impuso una carga excepcional, anormal y superior a la que comúnmente se impone a los asociados en el marco de la prestación del servicio público fundamental de salud, dado que en ejercicio de un acto legal y legítimo de la administración, las

carga excepcional, anormal y superior a la que comúnmente se impone a los asociados en el marco de la prestación del servicio público fundamental de salud, dado que en ejercicio de un acto legal y legítimo de la administración, las demandadas intervinieron y liquidaron a Solsalud S.A. EPS; sin embargo, esa actuación generó una afectación patrimonial a la demandante porque se declararon insolutas las acreencias y no se le pagaron créditos que le adeudaba la mencionada entidad por concepto de prestación de servicios de salud.

10. Señaló que al margen de lo anterior, el daño también podía imputarse a las demandadas por falla en el servicio, la cual se materializó por: i) la demora en la vigilancia y control de Solsalud , que conllevó a la insolvencia de esa persona jurídica y al cons ecuente impago de acreencias; ii) la falta de protección de los derechos de las prestadoras al interior del proceso de liquidación; iii) el hecho de que la valoración financiera de Solsalud era competencia de la Superfinanciera y no de la Supersalud; iv) la liquidación de Solsalud constituyó una medida desproporcionada y discriminatoria, porque frente a otras entidades prestadoras de salud que estaban en similar situación financiera se ordenaron medidas de salvamento y no de liquidación; v) el agente especi al liquidador desconoció la naturaleza parafiscal de los recursos de la salud5.

La defensa

11. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que dentro de sus funciones no se encontraban las de ejercer inspección, vigilancia o control a las Entidades

11. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que dentro de sus funciones no se encontraban las de ejercer inspección, vigilancia o control a las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera que fuera su naturaleza, lo cual estaba asignado a la Superintendencia Nacional de Salud.

12. Agregó que la falta de pago de las acreencias obedeció a la actuación de Solsalud EPS S.A., sin que existiera un vínculo contractual o legal entre la entidad y esa sociedad particular en virtud del cual debiera asumir el pago de esas obligaciones6.

4 Folios 4 a 12 del archivo “ 5ED_EXP TRIBUN_1DEMANDAYPODE R201601 ” y folios 47 a 67 del archivo archivos “ 6ED _EXP TRIBUN _2 ADMISION SUBSANACION ” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 5 Archivos “5ED_EXP TRIBUN_1DEMANDAYPODE R201601 ” y “ 6ED _EXP TRIBUN _2 ADMISION SUBSANACION” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 6Archivos “8ED_EXP TRIBUN_4CONTESTACIONMINSALU” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2016-01595-02 (71.359)

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13. La Superintendencia Nacional de Salud se opuso a la prosperidad de las

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13. La Superintendencia Nacional de Salud se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y solicitó la vinculación de la persona que ejerció como agente especial liquidador . Precisó que cumplió con las funciones que le asistían con ocasión del proceso administrativo de intervención y liquidación de Solsalud S.A. EPS. Indicó que le correspondí a el seguimiento y monitoreo de la gestión del liquidador, con el fin de salvaguardar la prestación del servicio de salud y el cumplimiento de las normas que rigen los procesos liquidatarios; no obstante, no le resultaba posible coadministrar ni se le podía imputar responsabilidad por las acciones del agente especial.

14. Precisó que las controversias o litigios relacionados con hechos o actos de gestión del liquidador debían ser resueltos por la jurisdicción ordinaria, sin que ello implique algún tipo de responsabilidad de esa entidad por dichas actuaciones.

Agregó que en todo caso no existía nexo causal entre las decisiones del agente liquidador y sus funciones de inspección, vigilancia y control. Aunado al hecho de que no suscribió contratos con la sociedad demandante ni hizo parte del que dicha sociedad celebró con la extinta Solsalud S.A. EPS.

15. Finalmente, indicó que la fuente del daño alegado era un acto administrativo considerado ilegal, por lo que no era procedente el medio de control de reparación directa, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al cual había operado la caducidad para el momento de presentación de la demanda7.

Decisión de excepciones y etapa probatoria

directa, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al cual había operado la caducidad para el momento de presentación de la demanda7.

Decisión de excepciones y etapa probatoria

16. En auto de 29 de enero de 2021, el Tribunal negó la vinculación del agente especial liquidador, declaró no probada la excepción de caducidad y pospuso para la sentencia el estudio de las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por las demanda das. Concluida la fase probatoria 8, las partes

7 Archivo “10ED_EXP TRIBUN_6CONTESTACIONSUPERSA”, índice 2 actuaciones de segunda instancia en Samai. 8 El a quo, en audiencia del 20 de abril de 2021, decretó como prueba las copias de: i) certificado de existencia y representación legal de Solsalud S.A. EPS; ii) Contratos de prestación de servicios de Salud suscritos entre Solsalud EPS y Clínica Médicos LTDA: RCM -CE-01-08; RIM -CE-0139-09; RIMCE -0139-09; RMC -348-10; SPRSM CE 350 -10; RSM –CE-349-10; RCMCE -839-12; RSM -CE-840-12; iii) Resolución 003336 del 30 de mayo de 2014, por medio de la cual se determina, califica y gradúa la acreencia No. A04.66; iv) Resolución 003723 de 4 de junio de 2014, por medio de la cual se determina, califica y gradúa la acreencia No. A03.74; v) Resolución No. 000671 de 27 de marzo de 2012, por medio de la cual se adopta medida cautelar preventiva de

003723 de 4 de junio de 2014, por medio de la cual se determina, califica y gradúa la acreencia No. A03.74; v) Resolución No. 000671 de 27 de marzo de 2012, por medio de la cual se adopta medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar Solsalud S.A. EPS; vi) Resolución No. 001391 del 25 de mayo de 2012, por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención administrativa para administrar Solsalud S.A. EPS; vii) Resolución No. 002321 del 26 de julio de 2012, por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención administrativa para administrar solsalud S.A. EPS; viii) Resolución No. 000106 del 25 de enero de 2013, por medio de la cual se prorroga el término de la toma de po sesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención administrativa para administrar Solsalud S.A. EPS; ix) Resolución No. 000735 del 6 de mayo de 2013, por medio de la cual se ordena la Toma de Posesión de Bienes Haberes y Negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar Solsalud S.A. EPS; x) Resolución No. 000795 del 14 de mayo de 2013, “Por la cual se designa a un Agente Especial Liquidador ”; xi) Resolución No. 001428 del 31 de julio

Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar Solsalud S.A. EPS; x) Resolución No. 000795 del 14 de mayo de 2013, “Por la cual se designa a un Agente Especial Liquidador ”; xi) Resolución No. 001428 del 31 de julio de 2013, “ Por medio de la cual se resuel ve un recurso de reposición ”; xii) Resolución No. 001474 del 12 de agosto de 2013, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”; xiii) Resolución No. 4964 del 6 de junio de 2014, por medio de la cual el agente especial liquidador declara ter minada la existencia legal de Solsalud S.A. EPS; xiv) Memorando NURC 3 -2016-005615 del 28 de marzo de 2016, y su anexo; xv) Resolución No. 004478 del 5 de junio de 2014, por medio de la cual se facultó un mandatario con representación para pronunciarse en relación con los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones expedidas en el proceso liquidatario; xvi) Resolución 3802 del 5 de junio de 2014, por medio de la cual el agente especialRadicación: 25000-23-36-000-2016-01595-02 (71.359)

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5 insistieron en sus acusaciones y exculpaciones, acompañadas de las precisiones probatorias que estimaron pertinentes9. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa.

La decisión del Tribunal

17. El tribunal negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se probó

probatorias que estimaron pertinentes9. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa.

La decisión del Tribunal

17. El tribunal negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se probó que la afectación económica alegada constituyera un daño antijurídico.

18. Señaló que el no pago de los créditos reconocidos dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa era una carga que la demandante se encontraba en el deber jurídico de soportar, obligación que tenía como fuente la normativa que rige el proceso de liquidación forzosa administrativa, según la cual esa actuación corresponde a un proceso concursal y universal destinado a la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad, en el que el pago de acreencias se realiza hasta la concurrencia de sus activos, debiendo preservar la igualdad entre los acreedores, salvo que se trate de créditos que confieren privilegios de exclusión o categoricen como preferentes, caso en el cual se deben observar las reglas de prelación previstas por la ley.

19. Indicó que los actos administrativos por m edio de los cuales el agente especial liquidador declaró insolutas las acreencias que se le reconocieron a la demandante se encontraban amparados por la presunción de legalidad y daban cu enta de que el no pago derivó del hecho de que los activos de Solsalu d S.A. EPS se agotaron con el pago de las acreencias laborales , que por mandato legal correspondían a créditos preferentes de primer orden, y no por irregularidades en esa actuación.

20. Adicionalmente, indicó que no se demostró una mora en la intervención d e

con el pago de las acreencias laborales , que por mandato legal correspondían a créditos preferentes de primer orden, y no por irregularidades en esa actuación.

20. Adicionalmente, indicó que no se demostró una mora en la intervención d e Solsalud S.A. EPS ni que, de haber existido, esa hubiese sido la causa del déficit financiero, liquidación e insuficiencia de activos de esa persona jurídica.

21. No condenó en costas a la demandante, para lo cual indicó que no era suficiente ser vencido en el proceso, dado que la finalidad de los medios de control es la realización de los derechos y garantías del ciudadano frente al Estado10.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

22. La parte demandante pidió revocar la sentencia . Indicó que las copias de los actos administrativos por medio de los cuales se aceptaron y declararon insolutas las acreencias daban cuenta de un daño antijurídico . Adicionalmente, señaló la procedencia de plantear diversos títulos de imputación jurídica en casos de

liquidador se pronuncia en relación con las reclamaciones extemporáneas; xvii) copia del expediente No. 680012333000-2015-00041-00, correspondiente al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante la Dirección de Administración de F ondos de la Protección Social – FOSYGAy demandado el ex agente liquidador de Solsalud S.A. EPS; xviii) constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial; archivos obrantes en los archivos “ 9ED_EXP TRIBUN_5PRUEBAS”, “ 10ED_EXP TRIBUN_6CONTESTACIONSUPERSA ”, “ 11ED_EXP TRIBUN_7

procedibilidad de la conciliación extrajudicial; archivos obrantes en los archivos “ 9ED_EXP TRIBUN_5PRUEBAS”, “ 10ED_EXP TRIBUN_6CONTESTACIONSUPERSA ”, “ 11ED_EXP TRIBUN_7 AUDIENCIAINICIAL”, “12ED_EXP TRIBUN_8 AUDIENCIADEPRUEBAS ” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 9 Archivos 15 a 17 del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 10 Archivo “20ED_EXP TRIBUN_039SENTENCIA20161595(pdf)” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2016-01595-02 (71.359)

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6 responsabilidad extracontractual del Estado y que en el caso particular resultaba aplicable el daño especial y, de manera subsidiaria, la falla en el servicio11.

23. La Nación – Ministerio de Salud y la Protección Social se opuso al recurso de apelación de la parte demandante y señaló que no se probó un daño antijurídico que le resultara imputable12.

24. El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia, para lo cual indicó que no se acreditó un daño antijurídico, dado que el no pago de las acreencias reconocidas a la demandante en el proceso de liquidación era una carga que se encontraba en el deber de soportar derivada del resultado de esa actuación13.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

la demandante en el proceso de liquidación era una carga que se encontraba en el deber de soportar derivada del resultado de esa actuación13.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

25. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver sobre el recurso de apelación interpuesto.

El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

26. De manera previa a definir el alcance del estudio en esta instancia , la Sala estima necesario detenerse en el examen de lo expresado por la parte demandante en su recurso de apelación, para establecer si la recurrente atacó los argumentos que expuso el a quo como fundamento de su decisión en relación con la inexistencia de un daño antijurídico.

27. Se precisa que la razón medular del Tribunal a quo para negar las pretensiones de la demanda consistió en que el daño alegado, consistente en el no pago de las acreencias que fueron reconocidas y declaradas insolutas en el proceso de liquidación forzosa administrativa de Solsalud S.A. EPS, no era antijurídico.

28. En ese sentido, el a quo señaló que la afectación de la sociedad dema ndante era una carga que se encontraba en el deber jurídico de soportar de acuerdo con la normativa que regulaba el proceso de liquidación forzosa administrativa , dado que sus acreencias fueron calificadas como de quinto orden y los recursos de la entidad intervenida se agotaron en el pago de las acreencias que tenían preferencia, lo que implicó que la reclamación de la hoy actora quedara insoluta.

29. En el recurso de apelación se afirmó que los actos administrativos demostraban

intervenida se agotaron en el pago de las acreencias que tenían preferencia, lo que implicó que la reclamación de la hoy actora quedara insoluta.

29. En el recurso de apelación se afirmó que los actos administrativos demostraban la existencia de un daño antijurídico , porque se reconocieron las acreencias, pero fueron declaradas insolutas por falta de recursos.

30. Asimismo, indicó que (se trascribe de forma literal):

“Ahora bien, aclarado el hecho de que el daño antijurídico se configuró con el no pago de los servicios prestados y se debió todo ello a una intervención tardía de la EPS, asombra un poco la posición del A-quo en el sentido de que señala

11 Archivo “22ED_EXP TRIBUN_04120220406RecursoAp(.pdf)” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 12 Índice 10 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 13 Índice 11 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2016-01595-02 (71.359)

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7 la falta de evidencia de un daño anormal pues considera que a Salud Darién se le dio el mismo tratamiento de los acreedores de la EPS Solsalud. ¿Acaso SALUD DARIEN IPS está obligada a quedar en la quiebra por que la EPS SOLSALUD E.S.P. (ya liquidada) no le pagó en tiempo por unos servicios prestados a la comunidad que son inherentes a las obligaciones del Estado para

SALUD DARIEN IPS está obligada a quedar en la quiebra por que la EPS SOLSALUD E.S.P. (ya liquidada) no le pagó en tiempo por unos servicios prestados a la comunidad que son inherentes a las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos? ¿No configura un enriquecimiento sin justa causa el hecho de haber prestado servicio público esencial de salud inherente a las obligaciones del estado sin que los mismos hayan sido pagados al mi prohijada? De lo expuesto en la sentencia, se entiende que mi representada estaba en el deber de soportar la decisión del agente liquidador, sin tener en cuenta que la responsabilidad que s e alega es la tardía intervención que trajo como consecuencia el no pago de las acreencias a IPS CLINICA MEDICOS a pesar de haber prestado los servicios de salud Esenciales de Salud para los que se le contrató (…)”.

31. Finalmente, replicó el acápite de fundamentos de derecho de la demanda en el que señaló la posibilidad de plantear diversos títulos de imputación jurídica en casos de responsabilidad extracontractual del Estado , y la procedencia en el caso particular del daño especial o subsidiariamente la falla en el servicio.

32. En esas condiciones, la Sala encuentra que la parte demandante insistió en las razones por las cuales considera que la afectación económica que alegó le resulta imputable a las demandadas, pero no cuestionó materialmente el por qué ese daño no reviste el carácter de antijurídico en términos de lo concluido por el Tribunal.

33. Al respecto, si bien la parte apelante estima que los actos administrativos por medio de los cuales se reconocieron y declararon insolutas las acreencias dan cuenta de la existencia de una afectación patrimonial, lo cierto es que es a

33. Al respecto, si bien la parte apelante estima que los actos administrativos por medio de los cuales se reconocieron y declararon insolutas las acreencias dan cuenta de la existencia de una afectación patrimonial, lo cierto es que es a circunstancia no da cuenta, por sí sola, de la antijuridicidad del daño, pues solo tiene ese carácter la lesión a un derecho o bien jurídico o interés legítimo que el afectado no está en la obligación de soportar14.

34. El apelante no cuestionó la conclusión del a quo en el sentido de razonar por qué no tenía la carga de soportar la falta de pago de las acreencias que le fueron reconocidas y declaradas insolutas en la liquidación de Solsalud EPS , pues se concentró en argumentar sobre la aplicación de los títulos de imputación, sin formular reproche alguno para debatir las razones que sustent aron la decisión apelada, circunstancia que no puede ser subsanada por la Sala.

35. De otra parte, la Sala precisa que, además de que la parte demandante no cuestionó la razón medular del a quo para negar las pretensiones de la demanda relacionada con la falta de antijuricidad del daño alegado, en su recurso de apelación incluyó reparos respecto de un supuesto trato discriminatorio en el pago de las acreencias a “Salud Darién IPS”.

36. Esta actuación no está llamada a ser considerada, pues ello no fue alegado en la demanda ni fue objeto de decisión en la primera instancia, razón por la cual dicho

14 De acuerdo con lo señalado en el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños

la demanda ni fue objeto de decisión en la primera instancia, razón por la cual dicho

14 De acuerdo con lo señalado en el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” . La noción de daño antijurídico ha sido definida como la lesión a un derecho o a un interés protegido . En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar e