CE - Sentencia 25000233600020160192201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

Demandante: I nversiones Cardona Sánchez Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros

Proceso: Reparación Directa

NATURALEZA DE LOS ACTOS DE LOS NOTARIOS – en los procesos de negociación de deudas «Código General del Proceso»- CALIDAD DE LOS NOTARIOS EN PROCESOS DE INSOLVENCIA – actúan como conciliadores L.640 de 2001. RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO-CONCILIADOR EN LOS PROCESOS DE INSOLVENCIA – personal y directa art. 10 D.2677 de 2012. PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD – presupuestos de configuración. -

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El señor Pablo Eduardo Castro López radicó solicitud de «negociación de deudas de persona natural no comerciante», el 30 de septiembre de 2014 ante la Notaría

SÍNTESIS DEL CASO

El señor Pablo Eduardo Castro López radicó solicitud de «negociación de deudas de persona natural no comerciante», el 30 de septiembre de 2014 ante la Notaría Setenta y Tres (73) del Círculo de Bogotá, la cual fue aceptada por el notario encargado. En virtud de dicha aceptación, se suspendieron los procesos ejecutivos que la sociedad demandante adelantó contra el señor Castro López, lo cual, presuntamente, le generó la lesión patrimonial de la cual se pretende la reparación, en el presente proceso.

ANTECEDENTES

La demandaRadicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

Demandante: Inversiones Cardona Sánchez Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros

Proceso: Reparación Directa

2 El 14 de septiembre de 2016 1, por intermedio de apoderado judicial la sociedad Inversiones Cardona Sánchez LTDA interpuso el medio de control de reparación directa, con el objeto que se declare la responsabilidad patrimonial de la Notaría Setenta y Tres del Círculo de Bogotá -cuya titular es la señora Victoria Bernal Trujillola Superintendencia de Notariado y Registro de la República de Colombia y de la NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho por los perjuicios derivados de la(s) falla(s) del servicio originada(s) en el proceso de negociación de deudas adelantado ante la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, en los siguientes términos:

«(…) PRIMERA. DECLARAR ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE

adelantado ante la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, en los siguientes términos:

«(…) PRIMERA. DECLARAR ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE A LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y LA NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ cuya titular es la Dra. VICTORIA BERNAL TRUJILLO, de los perjuicios causados al demandante por la falla o fallas en el servicio ocasionado en razón de que la solicitud de trámite de ley de insolvencia de persona natural de PABLO EDUARDO CASTRO LÓPEZ ante el NOTARIO SETENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, SIN EL LLENO DE LOS

REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA LEY 1564 DE 2012.

SEGUNDA. Condenar en consecuencia a LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y LA NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ cuya titular es la Dra. VICTORIA BERNAL TRUJILLO, a pagar al demandante los

PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES así: (…)»

Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, se expresó que la sociedad INVERSIONES CARDONA SÁNCHEZ LTDA, mantuvo una relación comercial con el señor Pablo Eduardo Castro López, en virtud de la cual lo comprometió al pago de importantes sumas de dinero. Con el tiempo, el señor Castro López comenzó a incumplir las obligaciones que adquirió con la sociedad

comercial con el señor Pablo Eduardo Castro López, en virtud de la cual lo comprometió al pago de importantes sumas de dinero. Con el tiempo, el señor Castro López comenzó a incumplir las obligaciones que adquirió con la sociedad demandante; por ende, esta inició procesos ejecutivos contra él.

En virtud de lo anterior, el señor Castro López promovió la apertura de un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, el 30 de septiembre de 2014 ante la Notaría Setenta y Tres (73) del Círculo de Bogotá, de la cual es titular la doctora Victoria Bernal Trujillo. Dicha solicitud fue aceptada, el 21 de octubre de 2014, por contener una propuesta de negociación clara, expresa y objetiva. En virtud del referido trámite, fueron suspendidos los procesos ejecutivos proseguidos contra el señor Castro López.

1 SAMA índice 00024I «Expediente Digital»: ED_01_01 Otros – CUADERNO 01 Otros Cuaderno 01 Principal. pp6-11 y 22-23 subsanación.Radicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

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3 Notificados los acreedores del señor Castro López de la actuación adelantada ante la referida notaria, estos fueron convocados el 4 de diciembre de 2014, para asistir a la audiencia de negociación de deudas. En dicha diligencia se elevaron objeciones contra el aludido trámite, las cuales se remitieron al juez civil para su conocimiento.

a la audiencia de negociación de deudas. En dicha diligencia se elevaron objeciones contra el aludido trámite, las cuales se remitieron al juez civil para su conocimiento. En la demanda se indicó que se configuraron las siguientes irregularidades: i) la propuesta no era clara, expresa y objetiva - lo que contravino el artículo 539 CGP - ; ii) la citación remitida a los acreedores contenía imprecisiones – frente a la fecha de la solicitud de inicio de la actuacióniii) el señor Castro López, tenía la calidad de comerciante, lo que hacía del trámite de negociación de deudas, improcedente.

Por otro lado, se indicó que el delegado para la Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades profirió la Resolución No. 300-001771 del 17 de mayo de 2016, por la cual, se ordenó la suspensión del trámite de negociación de deudas adelantado por el señor Pablo Eduardo Castro López. Por último, señaló que, por los hechos relatados en la demanda, se instauró queja conocida por la Superintendencia de Notariado y Registro.

Contestaciones de la demanda

La señora Victoria Bernal Trujillo, notaria 73 del Círculo de Bogotá,2 a través de apoderado judicial, dio contestación a la demanda, en la cual se opuso a las pretensiones de la misma. En relación con los hechos, aclaró que el 21 de octubre de 2014 se profirió el acta de aceptación del procedimiento de negociación de deudas y aduce que la actuación fue objetada, en cuanto la competencia de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, con lo cual no había concluido la negociación de

de 2014 se profirió el acta de aceptación del procedimiento de negociación de deudas y aduce que la actuación fue objetada, en cuanto la competencia de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, con lo cual no había concluido la negociación de deudas. Como excepciones elevó la falta de legitimación en la causa por pasiva, punto en el que se refirió que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y un concepto de la Superintendencia de Notariado y Registro, donde se aclara que los notarios no son servidores públicos, sino particulares que cumplen funciones públicas cuyas actuaciones no pueden ser sometidas al control jurisdiccional de los jueces contencioso-administrativos.

Por otro lado, arguyó la excepción de ausencia de daño, al considerar que, la actuación de la notaría está fundamentada en la ley y no se ha consolidado ningún daño sobre la sociedad Inversiones Cardona Sánchez, en vista de que aún no había finalizado el proceso de insolvencia. Al respecto, expuso que aún faltan resolverse

2 Ib. Pp. 129-140.Radicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

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4 las objeciones, respecto de la competencia de la Notaría 73, ante el Juez Civil 12 Civil Municipal de Bogotá, y señaló que, con posterioridad a la remisión del expediente al juzgado, el proceso fue suspendido por la Superintendencia de Sociedades. Por último, adujo que en el plenario no obran pruebas que acrediten el

Civil Municipal de Bogotá, y señaló que, con posterioridad a la remisión del expediente al juzgado, el proceso fue suspendido por la Superintendencia de Sociedades. Por último, adujo que en el plenario no obran pruebas que acrediten el perjuicio.

En el caso de la Superintendencia de Notariado y Registro 3, esta refirió que no le constaban varios de los hechos de la demanda, y, advirtió que los mismos no le podían ser imputables, en la medida que notaria 73 del círculo de Bogotá posee autonomía presupuestal y administrativa, de ahí que, dicha notaría, es la llamada a responder por los hechos alegados en la demanda. Frente al caso concreto, refirió que no se acreditó el nexo causal entre el daño alegado y la SNR, por ende, como excepciones, propuso: La ausencia de daño y de nexo causal, la falta de legitimidad por pasiva y el hecho de un tercero – en referencia a la notaria 73, la señora Victoria Bernal Trujillo-.

Sentencia de primera instancia

Por sentencia del 11 de noviembre de 2021 4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó las pretensiones de la demanda. Como problema jurídico propuso establecer sí, la Notaría 73 del Círculo de Bogotá incurrió en una falla del servicio al aceptar la solicitud de trámite de negociación de deudas de persona natural no comerciante del señor Pablo Eduardo Castro López, que derivó en la suspensión de los procesos ejecutivos adelantados contra el deudor «y la consecuente imposibilidad de obtener la satisfacción de los créditos por la vía judicial».

Castro López, que derivó en la suspensión de los procesos ejecutivos adelantados contra el deudor «y la consecuente imposibilidad de obtener la satisfacción de los créditos por la vía judicial».

Frente al caso concreto, el tribunal encontró que el proceso de insolvencia de las personas naturales, no comerciantes, está regulado en el título IV de la Ley 1564 de 2012ahora Código General del Proceso «CGP»- que en su artículo 545 prevé que, a partir de la aceptación por el notario o conciliador de la solicitud, se suspenden los procesos ejecutivos adelantados contra el deudor. Así, determinó que, en el caso de la referencia, el trámite de las demandas ejecutivas que se adelantaron en contra del señor Pablo Eduardo Castro López, se suspendió de pleno derecho, el 21 de octubre de 2014.

3 Ib. Pp. 80-92 4 SAMAI T.A. Indice 00045Radicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

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Precisado lo anterior, el a quo, advirtió que la pretensión elevada en la demanda, parte del presupuesto que, el demandante, en los procesos ejecutivos que adelantó contra el señor Castro López, obtendría una decisión favorable y la liquidación de los créditos de los que se identifica como titular. Fuera de lo anterior, la Sala precisó que la parte demandante no allegó al plenario, radicado o «estado» de los

contra el señor Castro López, obtendría una decisión favorable y la liquidación de los créditos de los que se identifica como titular. Fuera de lo anterior, la Sala precisó que la parte demandante no allegó al plenario, radicado o «estado» de los mencionados procesos ejecutivos, con lo cual no podía establecerse si sobre los mismos se había proferido mandamiento de pago, o, si efectivamente fueron suspendidos. Punto donde el a quo identificó que, en el proceso identificado con radicado 2014-00630-00, por auto del 8 de octubre de 2014, se negó el mandamiento de pago. Por consiguiente, el tribunal precisó que el daño alegado, no se puede calificarse como cierto.

Agregó que con independencia que el proceso de insolvencia se hubiera adelantado ante la Notaría 73 -bajo el CGPo ante juez civil en el marco de la Ley 1116 de 2006, los procesos ejecutivos hubieran resultado suspendidos, y en estas actuaciones, el demandante, aún guardaba la posibilidad de obtener la satisfacción de sus créditos. Refirió que la claridad y objetividad de la propuesta de negociación, no depende del plazo o condiciones expresadas, con lo cual dicho aspecto no puede tornar inadmisible la solicitud de negociación de deudas.

De otra parte, señaló que la calidad de comerciante del señor Castro López fue objeto de múltiples interpretaciones; lo que sometió a discusión, lo relativo a la competencia de la notaría, a través de una objeción interpuesta ante autoridad judicial. Indicó que la decisión sobre dicha objeción intervino después de 2 años de radicada, en el sentido de tener al señor Castro López como no comerciante. Por

competencia de la notaría, a través de una objeción interpuesta ante autoridad judicial. Indicó que la decisión sobre dicha objeción intervino después de 2 años de radicada, en el sentido de tener al señor Castro López como no comerciante. Por último; adujo que dicha dilación no resulta imputable a las demandadas, pues, por decisión del 25 de agostos de 2017, un juez de tutela dejó sin efectos la decisión del juez civil, sobre las objeciones, y declaró fundada la objeción propuesta por la DIAN -falta de competencia de la notaría 73-.

Recurso de apelación

Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso el recurso de apelación, en el cual, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.Radicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

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Adujo que la aceptación del proceso de negociación de deudas por la Notaría 73, supuso la imposibilidad de hacer efectivos los créditos a su favor, en los procesos ejecutivos que fueron suspendidos. Se opuso a las consideraciones del tribunal, al considerar que: i) el daño alegado, si resulta indemnizable; en la medida que la suspensión de los procesos ejecutivos seguidos contra el señor Castro López, constituye una pérdida de la oportunidad, de proseguir la ejecución de sus

considerar que: i) el daño alegado, si resulta indemnizable; en la medida que la suspensión de los procesos ejecutivos seguidos contra el señor Castro López, constituye una pérdida de la oportunidad, de proseguir la ejecución de sus acreencias; ii) la notaría incurrió en una falla del servicio, al concluir que la propuesta de negociación de deudas no resultaba clara expresa y objetiva (art. 539 CGP), en la medida que el plazo de pago, al superar los 5 años era inadmisible.

Agregó que la propuesta de negociación de deudas fue radicada por persona que, claramente, tenía la calidad de comerciante al ser: el representante legal y socio mayoritario de la sociedad Financiera Cambiamos CF; fungir como codeudor de la referida sociedad; y, al ser propietario de un local comercial arrendado por dicha sociedad. Señaló que los anteriores elementos resultaban manifiestos, en la solicitud de negociación de deudas conocida por la Notaría 73 del Círculo de Bogotá. De igual forma, indicó que los pronunciamientos judiciales, tuvieron su causa en el propio obrar de la notaría, a lo que agregó que la remisión de los procesos, al juez civil, tuvo su causa en la presentación de objeciones durante la audiencia de negociación de deudas.

Trámite en la segunda instancia

El 21 de septiembre de 2021, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora 5, el cual fue admitido en esta corporación por providencia del 9 de diciembre de 20226. Por memorial del 14 de diciembre de 2022, el apoderado de la parte demandada, Victoria Bernal TrujilloNotaría 73 del Círculo

providencia del 9 de diciembre de 20226. Por memorial del 14 de diciembre de 2022, el apoderado de la parte demandada, Victoria Bernal TrujilloNotaría 73 del Círculo de Bogotá- allegó escrito de por el cual presentó sus alegatos de conclusión7.

Alegatos Victoria Bernal Trujillonotaria 73 del Círculo de Bogotá.

En los referidos alegatos se expuso que el tribunal tenía razón en calificar el daño alegado como eventual y/o hipotético, sin que los razonamientos del recurrente desvirtúen esa conclusión.

5 Índice SAMA 0049 TA 6 SAMAI indice 0004. 7 SAMAI índice 00010.Radicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

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De igual forma, señaló que resulta falso que en todo evento donde se presente una demanda ejecutiva contra un deudor exista una oportunidad seria de obtener el pago de las prestaciones adeudadas. Reiteró lo expuesto por el tribunal en relación con la ausencia de prueba del daño y resaltó, que la sociedad demandante, aún tenía la posibilidad ver su interés satisfecho, en el marco de un eventual proceso de insolvencia, ante juez civil o ante la Superintendencia de Sociedades, de tenerse al deudor como persona comerciante.

Arguyó que no se configuró una falla del servicio, al evidenciarse que las

de insolvencia, ante juez civil o ante la Superintendencia de Sociedades, de tenerse al deudor como persona comerciante.

Arguyó que no se configuró una falla del servicio, al evidenciarse que las actuaciones de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, no incumplieron sus deberes legales y constitucionales. Punto en el que refirió que el proceso de negociación de deudas se adhirió a los artículos 532, 538 y 539 del CGP y expuso que la solicitud de apertura del trámite de insolvencia contenía una negociación de deudas clara, expresa y objetiva.

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 14 de septiembre de 2016, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Sobre la naturaleza jurídica de los actos adoptados por los notarios en el proceso de negociación de deudas de personas naturales no comerciantesart. 538 y ss CGP-, en vigencia de la Ley 640 de 2001.

Sobre la naturaleza jurídica de los actos adoptados por los notarios en el proceso de negociación de deudas de personas naturales no comerciantesart. 538 y ss CGP-, en vigencia de la Ley 640 de 2001.

2. La negociación de deudas tiene por finalidad que la persona natural no comerciante, a través de un acuerdo con sus acreedores, pueda obtener la normalización de sus relaciones crediticias (num. 1 art. 531 CGP). Para ello en el título IV de la Ley 1564 de 2012, se dispuso que el deudor, que busque acceder aRadicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

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8 este mecanismo, podrá acudir ante (art.533 ejusdem): i) los centros de conciliación de su domicilioautorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho-, a través de los conciliadores inscritos en sus listas; y ii) a «(…) Las notarías del lugar de domicilio del deudor, lo harán a través de sus notarios y conciliadores inscritos en sus listas (…)» (negrilla por fuera del original).

3. Precisado lo anterior, la Sala debe aclarar que, en el marco de dicho proceso de insolvencia, los notarios, acuden en su calidad de conciliadores y no como depositarios de la fe pública. En otras palabras, en el contexto de dicho mecanismo de insolvencia, el marco jurídico que gobierna las actuaciones de los notarios, estará

de insolvencia, los notarios, acuden en su calidad de conciliadores y no como depositarios de la fe pública. En otras palabras, en el contexto de dicho mecanismo de insolvencia, el marco jurídico que gobierna las actuaciones de los notarios, estará principalmente definido por el título IV de la Ley 1564 de 2012, y las disposiciones que gobiernan los actos de los conciliadores en su calidad de agentes judiciales (Ley 270 de 1996 y Ley 640 de 2001 -ahora Ley 2220 de 2022-) y no el propio de los notarios, como depositarios de la fe pública Leyes 29 de 1973 y 588 de 2000; los Decretos 960 y 2163 de 1970; y el 2148 de 1983.

4. De allí que la responsabilidad que se predique de la conducta de estos, en el desarrollo del referido proceso de insolvencia, será la propia de los conciliadores, y no, la que normalmente se predica, de los notarios en ejercicios de sus funciones como depositarios de la fe pública.

5. Dicha conclusión, tiene su fundamento en dos premisas: i) Las disposiciones del título IV de la Ley 1564 de 2012, el legislador claramente destinó el conocimiento de los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes, a ciertos conciliadores, entre quienes se comprenden los notarios -L. 640 de 2001-; ii) las actuaciones de los conciliadores, aun los notarios, pese a no constituir el ejercicio de función jurisdiccional, se circunscriben a la consecución de la administración de justicia, por ende, para efectos de definir el marco jurídico de su responsabilidad, estos fungen como agentes judiciales, pero su responsabilidad reviste un carácter personal y no institucional

justicia, por ende, para efectos de definir el marco jurídico de su responsabilidad, estos fungen como agentes judiciales, pero su responsabilidad reviste un carácter personal y no institucional

1. La naturaleza del proceso de negociación de deudas y su conocimiento

por los notarios-conciliadores:

6. Como se precisó, el proceso de negociación de deudas previsto en el título IV de la Ley 1564 de 2012, tiene por finalidad la consecución de un acuerdo de pago, entre una persona deudora no comerciante, que entró en un supuesto deRadicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

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9 insolvencia (art.538 CGP 8 ), y sus acreedores. Dicho proceso solo puede ser conocido por, conciliadores, inscritos en notarías o centros de conciliación, en el domicilio del deudor, cuyas atribuciones, en relación con dicho mecanismo, están previstas en el artículo 537 del CGP «Facultades y Atribuciones del Conciliador», entre las que destaca, el numeral 6, que precisa: (…) Actuar como conciliador en el curso del procedimiento de insolvencia (…).

7. Dicho esto, se prevé que los conciliadores llamados a conocer los procesos de insolvencia de personas no comerciantes son terceros calificados y neutrales que dirigen su actuación a promover un acuerdo de pago (arts. 553 y 554 CGP) - entre una persona natural no comerciante deudora y sus acreedoresy verificar el

de insolvencia de personas no comerciantes son terceros calificados y neutrales que dirigen su actuación a promover un acuerdo de pago (arts. 553 y 554 CGP) - entre una persona natural no comerciante deudora y sus acreedoresy verificar el cumplimiento o incumplimiento de dicho negocio jurídico (art. 555, 558 y 560 CGP).

8. Vale aclarar, que en dicho procedimiento los conciliadores, no tienen atribuciones para adoptar decisiones de autoridad, de ahí que sea el juez civil municipal (art. 534 CGP) quien conozca del control de legalidad sobre: i) las objeciones que se presenten en la audiencia de negociación de deudas que no se lleguen a conciliar (art. 552 CGP), ii) las impugnaciones contra el acuerdo de pago y la nulidad del mismo (art. 557 CGP). Así como, en caso de no lograrse el acuerdo entre deudor(es) y acreedor(es), se tendrá por fracasada la negociación, y el asunto se remitirá al juez civil para dar apertura al proceso de liquidación patrimonial (art.

559 CGP)

9. Previstas las características del proceso de negociación de deudas, para la Sala se vislumbra que, tratándose de este mecanismo, los notarios no actúan en ejercicio de las funciones reconocidas por las Leyes 29 de 1973 y 588 de 2000; los Decretos 960 y 2163 de 1970; y el 2148 de 1983, en la medida que, la ley no los convoca en su calidad de depositarios de la fe notarial 910, a dicho proceso de

8 ARTÍCULO 538. SUPUESTOS DE INSOLVENCIA. Para los fines previstos en este título, se entenderá que

convoca en su calidad de depositarios de la fe notarial 910, a dicho proceso de

8 ARTÍCULO 538. SUPUESTOS DE INSOLVENCIA. Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos. Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

9 Ver art. 1 L.29 de 1973 y art. 1 Ley 588 de 2000 Artículo 1º. Notariado y competencias adicionales. El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial. 10Corte Constitucional, Sentencia del 25 de octubre de 2012, C-863 de 2012, M.P, Luis Ernesto Vargas Silva [ Fundamento 3.7]. Allí se precisó: (…) En síntesis, de acuerdo con la anterior reseña jurisprudencial la actividad notarial es un servicio público dado que constituye una labor destinada a satisfacer, de manera continua y obligatoria, una necesidad de interés general, como es la función fedante, sometida a un régimen jurídico especial. Su atribución a los notarios constituye una expresión de la figura de la descentralización por

obligatoria, una necesidad de interés general, como es la función fedante, sometida a un régimen jurídico especial. Su atribución a los notarios constituye una expresión de la figura de la descentralización por colaboración, la cual se presenta en los casos en que el Estado decide acudir al apoyo de los particulares en el desempeño de algunas de sus funciones, cuando su manejo exige el concurso de personas con una formaciónRadicación: 25000-2336-000-2016-01922-01 (68. 779)

Demandante: Inversiones Cardona Sánchez Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros

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10 insolvencia. Se aclara que la ley, en el marco de los procesos de insolvencia de personas naturales, no comerciantes, acuden a los notarios, en su calidad de conciliadores. Punto en el que se advierte, que los notarios, en virtud del art. 116 de la Constitución Política 11 y los arts. 5, 19 y 27 Ley 640 de 2001 12, están habilitados directamente por la ley, para fungir como conciliadores. De este modo, las disposiciones relativas al ejercicio de tal actividad les serán aplicables a los notarios, cuando actúan en calidad de conciliadores.

1. El régimen y naturaleza de los actos de los notarios, cuando actúan como conciliadores.

10. Aclarado que, en el marco jurídico bajo el que actúan los notarios, en el proceso de negociación de deudas es el predicable de los conciliadores. Debe advertirse que el notario-conciliador, en sus actuaciones, es un particular

10. Aclarado que, en el marco jurídico bajo el que actúan los notarios, en el proceso de negociación de deudas es el predicable de los conciliadores. Debe advertirse que el notario-conciliador, en sus actuaciones, es un particular transitoriamente investido de administrar justicia 13 , lo que conlleva que se le

especializada, de quienes no siempre dispone la administración. El notariado es así mismo una función pública que implica el ejercicio de la fe notarial. De allí, que el valor jurídico y al alcance probatorio que se le reconoce a los actos y declaraciones surtidas ante el notario, y a los hechos de los cuales éste da fe por haber ocurrido en su presencia. La gestión notarial implica el ejercicio de autoridad atributo necesario para revestir de autenticidad a los actos y atestaciones que presencia, como depositario que es de la fe pública. Sin embargo, esto no los convierte en autoridades administrativas en sentido subjetivo u orgánico, y por ende no puede considerarse incluidos dentro de la hipótesis prevista en el inciso 3º del artículo 116 de la Constitución, según el cual de manera excepcional la ley podrá atribuir función jurisdiccional, en materias precisas, a determinadas autoridades. (…) 11 Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la fiscalía general de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embar