CE - Sentencia 25000233600020160192302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01923-02 (71206) Demandante: Noé de Jesús Cardona Cardona Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otros

Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS NOTARIOS CUANDO ACTÚAN EN CALIDAD DE CONCILIADORES – Los notarios están habilitados para fungir como conciliadores, en virtud de los artículos 116 CN y 5, 19 y 27 de la Ley 640 de 2001. Cuando los notarios actúan en calidad de conciliadores son agentes judiciales. Su responsabilidad es personal y directa (artículo 26 de la Ley 2220 de 2022, antes artículo 9º del Decre to 2677 de 2012 y artículo 2.2.4.4.2.6.del Decreto 1069 de 2015). RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS EN PROCESOS DE INSOLVENCIA - La responsabilidad atribuible a los notarios por los daños causados cuando actúan como conciliadores en el marco de los procesos de “insolvencia de persona natural no comerciante ” difiere sustancialmente de la que se predica con ocasión del ejercicio de sus funciones como depositario s de la fe pública . PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Es un daño autónomo, con identidad propia e independiente, que consiste en la frustración de una probabilidad real y concreta de conseguir una ganancia o provecho o

con ocasión del ejercicio de sus funciones como depositario s de la fe pública . PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Es un daño autónomo, con identidad propia e independiente, que consiste en la frustración de una probabilidad real y concreta de conseguir una ganancia o provecho o de evitar una pérdida. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CERTEZA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - (i) La certeza de la oportunidad que se pierde, (ii) La imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento, y (iii) Que la víctima se encuentra en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 5 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de septiembre de 2014, Pablo Eduardo Castro López solicitó a la Notaría 73 de Bogotá la apertura de un proceso de “insolvencia de persona natural no comerciante”. Según la demanda, c on ocasión de la apertura de este trámite, posteriormente, la notaría ordenó la suspensión de varios procesos ejecutivos promovidos por Noé de Jesús Cardona Cardona contra Castro López. Durante la audiencia de negociación de deudas, el delegado de la DIAN – entidad que también era acreedora de Castro López - objetó la competencia de la notaría para adelantar el trámite, pues consideró que la Superintendencia de Sociedades era quien debía conocer del proceso, porque el deudor era comerciante.

era acreedora de Castro López - objetó la competencia de la notaría para adelantar el trámite, pues consideró que la Superintendencia de Sociedades era quien debía conocer del proceso, porque el deudor era comerciante.

El trámite para resolver la objeción fue asignado al Juzgado 12 Civil Municipal de Bogotá, quien, finalmente, mediante proveído de 12 de septiembre de 2017 dispuso que la Superintendencia de Sociedades era quien debía conocer del trámite de insolvencia.

Noé de Jesús Cardona Cardona considera que la Nación — Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y Victoria Bernal Trujillo -Radicado: 25000-23-36-000-2016-01923-02 (71206)

Demandante: Noé de Jesús Cardona Cardona

2 en su calidad de notaria conciliadora - son patrimonialmente responsables, porque la “aceptación del trámite de ley de insolvencia de persona natural de Pablo Eduardo Castro López, por parte de la Notaría 73 de Bogotá…”, le hizo perder la oportunidad de obtener el pago de las acreencias que le cobraba a través de varios procesos ejecutivos que cursaban en su contra.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al estimar que no se acreditó la configuración de un daño cierto e indemnizable, así como tampoco el incumplimiento de un deber legal en cabeza de las demandadas. Esta decisión fue apelada por el accionante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 14 de septiembre de 2016, Noé de Jesús Cardona Cardona, mediante apoderado

Esta decisión fue apelada por el accionante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 14 de septiembre de 2016, Noé de Jesús Cardona Cardona, mediante apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y Victoria Bernal Trujillo – Notaria 73 de Bogotá -, para que fueran declaradas patrimonialmente responsables porque la “aceptación del trámite de ley de insolvencia de persona natural de Pablo Eduardo Castro López, por parte de la Notaría 73 de Bogotá…”, le hizo perder la oportunidad de obtener el pago de las acreencias que le cobraba a través de varios procesos ejecutivos que cursaban en su contra.

En consecuencia, solicitó condenar a las demandadas a pagar: (i) por perjuicios morales, $500.000.000; y (ii) por perjuicios materiales, la suma de $12.000.000.000.

Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que el 30 de septiembre de 2014, Pablo Eduardo Castro López presentó solicitud de apertura del trámite de “insolvencia de persona natural no comerciante”, ante la Notaría 73 de Bogotá, con el fin de lograr un acuerdo de pago con sus acreedores . Como parte de su requerimiento, manifestó que Noé de Jesús Cardona Cardona había promovido en su contra los procesos ejecutivos identificados con los números de radicado 201400699-00, 2014-00708-00, 2014-00630-00, 2014-00618-00, 2014-00666-00 y 201400612-00.

Señaló que, el 21 de octubre de 2014, Héctor Fabio Cortés Díaz, en calidad de notario encargado de la Notaría 73 de Bogotá, aceptó la solicitud de apertura del trámite de insolvencia.

Indicó que, el 4 de diciembre siguiente, el notario encargado de la Notaría 73 de Bogotá celebró “ audiencia de procedimiento de negociación de deudas, ley de insolvencia económica del señor Pablo Eduardo Castro López”, a la cual asistió Noé de Jesús Cardona Cardona . Refirió que d urante el desarrollo de la audiencia el delegado de la DIAN – entidad que también era acreedora de Castro López - objetó la competencia de la notaría para conocer del trámite de insolvencia, aduciendo queRadicado: 25000-23-36-000-2016-01923-02 (71206)

Demandante: Noé de Jesús Cardona Cardona

3 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 1 de la Ley 1116 de 2006 2, debía conocer del proceso era la Superintendencia de Sociedades porque el deudor era comerciante.

Afirmó que el 9 de diciembre de 2014, Héctor Fabio Cortés Díaz, en calidad de notario encargado de la Notaría 73 de Bogotá, presentó ante el Juzgado Civil Municipal de Bogotá una solicitud de resolución de objeciones dentro del trámite de “insolvencia de persona natural no comerciante ” promovido por Pablo Eduardo Castro López.

Municipal de Bogotá una solicitud de resolución de objeciones dentro del trámite de “insolvencia de persona natural no comerciante ” promovido por Pablo Eduardo Castro López.

Señaló que el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, mediante Oficio No. 208 del 29 de enero de 2015, informó a la Notaría 73 de Bogotá la suspensión del proceso ejecutivo radicado bajo el número 2014 -00618-00; que el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, a través del Oficio No. 359 del 13 de febrero de 2015, comunicó la suspensión del proceso ejecutivo No. 2014-00612-00; y que el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, por Oficio No. 759 del 27 de febrero de 2015, comunicó igualmente la suspensión de l proceso ejecutivo No. 2014-00666-00, todo ello con ocasión de la apertura del trámite de “insolvencia de persona natural no comerciante” adelantado ante la referida notaría por Pablo Eduardo Castro López.

Agregó que el trámite para resolver la objeción presentada por la DIAN fue asignado al Juzgado 12 Civil Municipal de Bogotá, quien, finalmente, mediante proveído de 25 de septiembre de 2017 dispuso que la Superintendencia de Sociedades debía conocer del trámite de insolvencia.

Por último, señaló que el 27 de septiembre de 2017 , Héctor Fabio Cortes Diaz, en su calidad de notario encargado de la Notaria 73 de Bogotá, remitió a la Superintendencia de Sociedades el proceso de “insolvencia de persona natural no comerciante” promovido por Pablo Eduardo Castro López.

su calidad de notario encargado de la Notaria 73 de Bogotá, remitió a la Superintendencia de Sociedades el proceso de “insolvencia de persona natural no comerciante” promovido por Pablo Eduardo Castro López.

La parte actora considera que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y Victoria Bernal Trujillo, en su calidad de notaria conciliadora de la Notaría 73 de Bogotá, son patrimonialmente responsables porque la “aceptación del trámite de ley de insolvencia de persona natural de Pablo Eduardo Castro López, por parte de la Notaría 73 de Bogotá, sin el lleno de los requisitos legales (artículo 532 3 de la Ley 1564 de 2012 4)”, le hizo perder la oportunidad de obtener el pago de las acreencias que le cobraba este último a través de varios procesos ejecutivos que cursaban en su contra.

2. Contestaciones

1 “Artículo 6. Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso: La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes. El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso. (…)”: 2 Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 3 “Artículo 532. Los procedimientos contemplados en el presente título sólo serán aplicables a las

2 Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 3 “Artículo 532. Los procedimientos contemplados en el presente título sólo serán aplicables a las personas naturales no comerciantes. Las reglas aquí dispuestas no se aplicarán a las personas naturales no comerciantes que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas, cuya insolvencia se sujetará al régimen previsto en la Ley 1116 de 2006”. 4 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Radicado: 25000-23-36-000-2016-01923-02 (71206)

Demandante: Noé de Jesús Cardona Cardona

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2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho 5 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no exist ía relación alguna entre las funciones que tenía asignadas y las “ causas objetivas determinantes en la producción ” del daño alegado por la parte demandante. En ese sentido, sostuvo que no participó, contribuyó ni intervino en los hechos que dieron lugar al litigio. Como excepción propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. La Superintendencia de Notariado y Registro 6 solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, señalando que no incumplió las funciones de vigilancia y control que le asignaba la ley. Como excepciones propuso las de: (i) ineptitud de la demanda; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; y (iii) daño no imputable al Estado.

2.3. Victoria Bernal Trujillo7 se opuso a las pretensiones de la demanda, advirtiendo

la demanda; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; y (iii) daño no imputable al Estado.

2.3. Victoria Bernal Trujillo7 se opuso a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que el Ministerio de Justicia y del Derecho era el legitimado por pasiva frente a daños reclamados por fallas en la actividad del notario cuando actúa como conciliador. Como excepciones propuso las de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) ausencia de daño antijurídico; y (iii) ausencia de la prueba del perjuicio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte demandante 8, el Ministerio de Justicia y del Derecho 9, la Superintendencia de Notariado y Registro10 y Victoria Bernal Trujillo11 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la misma , respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 5 de marzo de 2021 12, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que “no se acreditó el carácter cierto del daño … [y] no se demostraron las fallas reclamadas respecto de las entidades demandadas”.

Indicó que el daño alegado carecía de certeza, en la medida en que no existía “garantía” de que en los procesos ejecutivos se hubiese proferido una decisión favorable a los intereses del actor. Precisó que, aun si la notaria conciliadora hubiera rechazado desde el inicio el “trámite de insolvencia de persona natural no

“garantía” de que en los procesos ejecutivos se hubiese proferido una decisión favorable a los intereses del actor. Precisó que, aun si la notaria conciliadora hubiera rechazado desde el inicio el “trámite de insolvencia de persona natural no comerciante”, por tratarse de un deudor con calidad de comerciante, el resultado habría sido el mismo, pues el señor Castro López podía haberse acogido al régimen

5 Fl. 67 a 76, C. 1. 6 Fl. 50 a 54, C. 1. 7 Fl. 77 a 87, C. 1. 8 Fl. 441 a 466, C. Principal. 9 Fl. 435 a 43, C. Principal. 10 Fl. 430 a 431, C. Principal. 11 Fl. 404 a 429, C. Principal. 12 Samai, índice 88. Expediente 25000233600020160192300.Radicado: 25000-23-36-000-2016-01923-02 (71206)

Demandante: Noé de Jesús Cardona Cardona

5 de insolvencia empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006 13, supuesto en el cual igualmente se habrían suspendido los procesos ejecutivos iniciados en su contra.

5. Apelación

5.1. La parte actora 14 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, alegando que probó la existencia de un daño cierto e indemnizable . Señaló que estaban demostrados los requisitos para tener por acreditada la pérdida de oportunidad, a propósito de lo cual manifestó: “En primer lugar, existe ‘falta de certeza del resultado esperado’, pues, como lo indica el propio fallo recurrido, ‘ningún proceso judicial

demostrados los requisitos para tener por acreditada la pérdida de oportunidad, a propósito de lo cual manifestó: “En primer lugar, existe ‘falta de certeza del resultado esperado’, pues, como lo indica el propio fallo recurrido, ‘ningún proceso judicial conlleva en sí mismo la garantía de prosperidad’. En segundo lugar, ‘existe certeza de la existencia de una oportunidad ’, pues el demandante ya había en efecto iniciado procesos de ejecución contra el señor Castro López, cosa que es aceptada en el fallo recurrido. Por último, no admite duda que se produjo ‘la pérdida definitiva de la oportunidad ’, puesto que, como también lo reconoce el a quo, como consecuencia de la ilegal aceptació n del proceso de insolvencia del señor Castro López por parte de la notaría ‘todos los procesos ejecutivos que se encontraban en curso contra el solicitante Pablo Eduardo Castro López se suspendieron de pleno derecho sin necesidad de reconocimiento o declaración judicial’”.

Precisó que la Notar ia 73 de Bogotá incurrió en varias fallas del servicio, pues (i) aceptó un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante promovido por quien, de manera evidente, ostentaba la calidad de comerciante ; (ii) tuvo por cumplido el requisito de una deuda clara, expresa y objetiva previsto en el artículo 53915 del CGP , pese a que no contenía condiciones ni plazos de pago ; y (iii ) prolongó la suspensión de los procesos ejecutivos por no rechazar de plano el trámite, una vez constató la improcedencia del trámite por falta de competencia, remitiendo indebidamente el expediente a la jurisdicción civil, con lo cual se dio inicio a un trámite de verificación de objeciones.

trámite, una vez constató la improcedencia del trámite por falta de competencia, remitiendo indebidamente el expediente a la jurisdicción civil, con lo cual se dio inicio a un trámite de verificación de objeciones.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6.1. Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 16 del CPACA, modificado por el artículo 67 17 de la Ley 2080 de 2021 18, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. En esta instancia el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

13 “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.” 14 Samai, índice 119. Expediente 25000233600020160192300. 15 “Artículo 539. La solicitud de trámite de negociación de deudas podrá ser presentada directamente por el deudor o a través de apoderado judicial y a ella se anexarán los siguientes documentos: (…)

2. La propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara, expresa y objetiva. (…)”. 16 “Artículo 247.5 Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasar á el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de

contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasar á el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 17 Ibidem. 18 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicciónRadicado: 25000-23-36-000-2016-01923-02 (71206)

Demandante: Noé de Jesús Cardona Cardona

6

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala analizará los siguientes aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas en segunda instancia.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, según lo previsto en el artículo 104 19 del CPACA, estatuto vigente a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable, porque se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho , la Superintendencia de Notariado y Registro 20 y de Victoria Bernal Trujillo, en su calidad de notaria conciliadora de la Notaría 73 de Bogotá . Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 5 de marzo de 2021, proferida por el

Trujillo, en su calidad de notaria conciliadora de la Notaría 73 de Bogotá . Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 5 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , dada la vocación de doble instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió los 500 21 SMLMV, en concordancia con los artículos 15022 y 15223 del CPACA.

Tal como fue analizado recientemente por esta Subsección en sentencia 19 de mayo de 2025 , radicado 68779, a cuyas consideraciones se remite la Sala , debe advertirse que la responsabilidad atribuible al notario cuando actúa como conciliador24 en el marco de los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante —regulado en el título IV 25 de la Ley 1564 de 2012 26— difiere

19 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios ori ginados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a la responsabilidad extr acontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]” 20 Según lo previsto en el artículo 1° del Decreto 2723 de 2014 (vigente al momento de los hechos), la Superintendencia de Notariado y Registro es “ una entidad descentralizada, técnica, con

aplicable […]” 20 Según lo previsto en el artículo 1° del Decreto 2723 de 2014 (vigente al momento de los hechos), la Superintendencia de Notariado y Registro es “ una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y patrimonial”. 21 La pretensión mayor de la demanda se estimó en $ 12.000.000.000, monto que supera los 500 SMLMV para el año 201 6 —fecha de presentación de la demanda —, cuando el SMLMV era de $689.455. 22 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las s entencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 23 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”. 24 Ley 640 de 2001 (Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones) “Artículo 19. Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los

disposiciones) “Artículo 19. Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante los notarios.” 25 Título IV. Insolvencia de la persona natural no comerciante. 26 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Radicado: 25000-23-36-000-2016-01923-02 (71206)

Demandante: Noé de Jesús Cardona Cardona

7 sustancialmente de la que se predica en el ejercicio de sus funciones como depositario de la fe pública27.

En efecto, cuando el notario interviene como conciliador, lo hace en calidad de particular transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia 28, en los términos de los artículos 11629 de la Constitución Política y 6530 de la Ley 270 de 199631-32, aplicable por remisión del artículo 7433 ibídem. Esta condición lo califica como agente judicial, cuya responsabilidad es personal y directa 34, conforme lo establece el artículo 935 del Decreto 2677 de 201236.

En consecuencia , en aquellos casos en que se demanda la responsabilidad patrimonial de un notario por daños causados en ejercicio de las funciones de

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2025. Rad. 67966. “[E]l Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que ocasionan los notarios en ejercicio de la actividad notarial - quienes fungen como autoridades públicas en sentido material (…). Lo anterior supone una diferencia frente a la responsabilidad patrimonial que

los notarios en ejercicio de la actividad notarial - quienes fungen como autoridades públicas en sentido material (…). Lo anterior supone una diferencia frente a la responsabilidad patrimonial que puede atribuirse cuando el notario ocasiona daños en ejercicio de la función de conciliador, pues en estos eventos no cumple funciones de autoridad y, por tanto, la Nación no está llamada a responder directamente por las lesiones que éste ocasione en el ejercicio de ella.” 28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2024. Rad. 58717. “Así, la función transitoria de administrar justicia en el curso de una conciliación no se relaciona ni entiende bajo los términos que implica en estricto sentido el ejercicio de la función jurisdiccional en la justicia formal, pues debe entenderse como una forma de administrar justicia en términos de que los particulares tienen la facultad y posibilidad de gestionar y resolver por sí mismos sus propios conflictos, esto es, proponiendo fórmulas de arreglo y logrando acuerdos de manera voluntaria. De lo anterior se infiere, entre otras premisas, que la mención que hace el artículo 116 de la CP a la conciliación, no se hace en clave de inscribir el actuar de los conciliadores en la estructura orgánica de la rama judicial del poder público, como lo entiende el demandante en este proceso quien reclama la responsabilidad de la rama judicial por el obrar de un conciliador. (…)” 29 “Artículo 116. (…) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. (…).”

administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. (…).” 30 “Artículo 65. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.” 31 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 32 Ahora, Ley 2220 de 2022. 33 “Artículo 74. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función juri sdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente Ley Estatutaria. En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos «funcionario o empleado judicial» comprende a todas las personas señaladas en el inciso anterior.” 34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de mayo de 2025. Rad. 68779. “[E]l notarioconciliador, para efectos de su responsabilidad, en el marco de los procesos de negociación de deudas son agentes judiciales, comoquiera que se tratan de particulares revestidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia, a quienes se extienden las disposiciones de la Ley 270 de 1996, en virtud del artículo 74. No obstante, al tenerse que estos no integran

transitoriamente de la facultad de administrar justicia, a quienes se extienden las disposiciones de la Ley 270 de 1996, en virtud del artículo 74. No obstante, al tenerse que estos no integran orgánicamente el Estado ni ejercen función jurisdiccional, la responsabilidad que se predique de ellos será personal y directa , y susceptible de perseguirse en esta jurisdicción.” En igual sentido: Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2025. Rad. 65826. 35 “Artículo 2.2.4.4.2.6. En caso de que el notario avoque directamente el conocimiento de los Procedimientos de Insolvencia, será responsable por sus actuaciones como conciliador. Cuando el notario designe un conciliador de la lista que haya conformado para el efecto, este último responderá por las actuaciones que desarrolle en el trámite de insolvencia.” 36 Por el cual se reglamentan algunas disposiciones del Código General del Proceso sobre los Procedimientos de Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante y se dictan otras disposiciones.Radicado: 25000-23-36-000-2016-01923-02 (71206)

Demandante: Noé de Jesús Cardona Cardona

8 conciliador, las disposiciones del artículo 104 del CPACA deben armonizarse con lo establecido en el numeral 5 del artículo 152 37 ejusdem, según el cual esta Jurisdicción conoce de las acciones de reparación directa interpuestas con ocasión de la acción u omisión de los agentes judiciales.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación tempor