CE - Sentencia 25000233600020160192401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 250002336000201601924 01 (65826)

Demandante: WILLY VALEK MORA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y OTRO

Tema: Proceso de insolvencia ante Notaría . Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

Responsabilidad de los Notarios cuando actúan como conciliadores dentro de los procesos de negociación de deudas de personas naturales no comerciantes. No se acreditó el daño. Confirma negar pretensiones. Costas procesales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda, Willy Valek Mora celebró con Pablo Eduardo Castro López varios “ negocios comerciales que comprometían sumas importantes de dinero”. No obstante, el deudor Castro López incumplió las obligaciones adquiridas, lo que motivó a l señor Valek Mora a promover en contra de su deudor , varios procesos ejecutivos con fundamento en los títulos valores que garantizaban las obligaciones. El 30 de septiembre de 2014 , Pablo Eduardo Castro López presentó

lo que motivó a l señor Valek Mora a promover en contra de su deudor , varios procesos ejecutivos con fundamento en los títulos valores que garantizaban las obligaciones. El 30 de septiembre de 2014 , Pablo Eduardo Castro López presentó ante la Notaría 73 de Bogotá solicitud de “procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante”, la cual fue aceptada mediante acta de l 21 de octubre de

2014. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la diligencia de negociación de deudas, en la cual se presentaron objeciones de varios de los acreedores por considerar que el deudor tenía la calidad de comerciante y la Notaría no era competente para conocer del referido trámite , motivo por el que el notarioRadicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

2 encargado remitió la actuación al Juzgado Civil Reparto para que resolviera las objeciones, las cuales hasta la fecha no han sido resueltas.

El demandante considera que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro y Victoria Bernal Trujillo en calidad de Notaria 73 de Bogotá son patrimonialmente responsables por los perjuicios causados al aceptar en esa notaría y sin el lleno de los requisitos previstos en la Ley 1564 de 2012, el trámite de insolvencia de Pablo Eduardo Castro López, lo cual conllevó a que se suspendieran los procesos ejecutivos en la jurisdicción ordinaria que eran tramitados en su contra y por consiguiente impidió obtener el pago de sus acreencias.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

conllevó a que se suspendieran los procesos ejecutivos en la jurisdicción ordinaria que eran tramitados en su contra y por consiguiente impidió obtener el pago de sus acreencias.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 14 de septiembre de 2016 1-2, Willy Valek Mora en nombre propio y en ejercicio del medio de control de reparación directa, present ó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro y Victoria Bernal Trujillo en calidad de Notaria 73 de Bogotá , p ara que fueran declaradas patrimonialmente responsable s de los perjuicios causados al aceptar en la referida notaría y sin el lleno de los requisitos previstos en la Ley 1564 de 2012, el trámite de insolvencia de Pablo Eduardo Castro López, lo cual conllevó a que se suspendieran los procesos ejecutivos en la jurisdicción ordinaria que eran tramitados en su contra.

Como pretensiones de su demanda , el accionante solicita condenar a la s demandadas a pagarle, por daño emergente, la suma de $ 4.500.000.000; y, por perjuicios morales, la suma de $500.000.000.

En apoyo de las pretensiones, se afirma que, Pablo Eduardo Castro López era una persona reconocida en los negocios comerciales y financieros de Bogotá D.C.,

1 Fl. 2 a 8, C. 1. 2 Fl. 14 a 24, C. 1. Subsanación de la demandaRadicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

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2 Fl. 14 a 24, C. 1. Subsanación de la demandaRadicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

3 razón por la que Willy Valek Mora celebró con el señor Castro López varios “negocios comerciales que comprometían sumas importantes de dinero”.

Relata que, con el paso del tiempo, Pablo Eduardo Castro López de forma paulatina y repetitiva comenzó a incumplir las obligaciones adquiridas con Willy Valek Mora, lo que motivó a este último a promover en contra de aquel , varios procesos ejecutivos con fundamento en los títulos valores que garantizaban las obligaciones del señor Castro López.

Destaca que, el 30 de septiembre de 2014 Pablo Eduardo Castro López presentó ante la Notaría 73 de Bogotá solicitud de “procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante” y relacionó los procesos ejecutivos que a la fecha cursaban en su contra, entre ellos, los promovidos por Willy Valek Mora.

Refiere que, el 21 de octubre de 2014, la Notaría 73 de Bogotá expidió el “ acta de aceptación de la solicitud de negociación de deudas de persona natural no comerciante” de Pablo Eduardo Castro López.

Manifiesta que, en virtud de lo anterior, la Notaría 73 de Bogotá notificó a cada uno de los acreedores reconocidos de Pablo Eduardo Castro López y les corrió traslado de “ la propuesta para la negociación de deudas” , la cual, según lo expuesto, contravino el numeral 2 del artículo 539 y 553 de la Ley 1564 de 20123.

Sostiene que, el 6 de noviembre de 2014, la Notar ia 73 de Bogotá, Victoria Bernal

contravino el numeral 2 del artículo 539 y 553 de la Ley 1564 de 20123.

Sostiene que, el 6 de noviembre de 2014, la Notar ia 73 de Bogotá, Victoria Bernal Trujillo, notificó a los acreedores reconocidos de Pablo Eduardo Castro López “ de la convocatoria de procedimiento de negociaciones y de deudas” para celebrarse el 4 de diciembre de ese mismo año, no obstante, se evidenciaron irregularidades en la referida citación, toda vez que allí se refiere que Pablo Eduardo Castro López se presentó ante el Notario Héctor Fabio Cortés Díaz el 21 de octubre de 2014, cuando lo cierto es que lo hizo el 30 de septiembre de 2014.

Resalta que el 4 de diciembre de 2014 “ el proceso de negociación de deudas de persona natural no comerciante” fue objetado por el representante judicial de la

3 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones ”.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

4 DIAN y otros acreedores , por considerar que la competencia de la Notaría 73 de Bogotá era para personas “no comerciantes” y según el certificado de existencia y representación legal, Pablo Eduardo Castro López e ra reconocido comerciante, razón por la cual la Notaria 73 decidió remitir la actuación al Juzgado Civil Reparto para que resolviera las objeciones.

Indica que mediante Resolución No. 300 -001771 del 17 de mayo de 2016, el Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, entre otras cosas, ordenó a la Notaría 73 de Bogotá suspender el

Indica que mediante Resolución No. 300 -001771 del 17 de mayo de 2016, el Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, entre otras cosas, ordenó a la Notaría 73 de Bogotá suspender el trámite de negociación de deudas adelantado por Pablo Eduardo Castro López.

Manifiesta que desde el 4 de diciembre de 2014 y hasta la fecha de presentación de la demanda de reparación directa “ no se ha dirimido la competencia” en el proceso de insolvencia de Pablo Eduardo Castro López.

La parte demandante considera que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro y Victoria Bernal Trujillo en calidad de Notaria 73 de Bogotá son patrimonialmente responsable s por los perjuicios causados al aceptar en esa notaría y sin el lleno de los requisitos previstos en la Ley 1564 de 2012, el trámite de insolvencia de Pablo Eduardo Castro López, lo cual conllevó a que se suspendieran los procesos ejecutivos en la jurisdicción ordinaria que eran tramitados en su contra y por consiguiente impidió obtener el pago de sus acreencias.

Textualmente, solicitó: “ Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro – Notaría 73 de l Círculo de Bogotá cuya titular es la Dra. Victoria Bernal Trujillo, de los perjuicios causados al demandante por la falla o fallas en el servicio ocasionado en razón de que la solicitud de trámite de ley de insolvencia de persona natural de Pablo Eduardo Castro López ante el Notario 73

Victoria Bernal Trujillo, de los perjuicios causados al demandante por la falla o fallas en el servicio ocasionado en razón de que la solicitud de trámite de ley de insolvencia de persona natural de Pablo Eduardo Castro López ante el Notario 73 del Círculo de Bogotá y su posterior aceptación por parte de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá sin el lleno de los requisitos legales exigidos por la Ley 1564 de 2012”.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

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2. Contestación

El 10 de agosto de 2017 4 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al ministerio público.

2.1. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho5 se opuso a las pretensiones. Como fundamento de ello, indicó que entre sus funciones no estaba la de representar a la Notaría 73 de Bogotá ni la de adelantar procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Razón por la que propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva , imposibilidad de imputar el hecho dañoso e improcedencia de atribuirle al ministerio de Justicia y del Derecho por vía de la adscripción de la Superintendencia de Notariado y Registro.

2.2. La Superintendencia de Notariado y Registro 6 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no tiene la representación de los notarios, por lo que estos últimos son los llamados a responder en caso de que se les impute una falla del servicio. De hecho, textualmente indicó: “ No debe extenderse a la

la demanda, argumentando que no tiene la representación de los notarios, por lo que estos últimos son los llamados a responder en caso de que se les impute una falla del servicio. De hecho, textualmente indicó: “ No debe extenderse a la Superintendencia la responsabilidad que le puede competer a la Notaría 73 del Círculo de Bogotá respecto del servicio que presta” . Por último, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica.

2.3. Victoria Bernal Trujillo7 se opuso a las pretensiones y alegó en su defensa que no se configuró un daño antijurídico susceptible de ser resarcido, en tanto en la Notaría 73 de Bogotá no se efectuó una negociación de pasivos, toda vez que el proceso estuvo suspendido debido a las objeciones elevadas por los intervinientes, las cuales fueron resueltas el 25 de agosto de 2017 por la jurisdicción civil, en donde se decidió otorgar la calidad de comerciante a Pablo Eduardo Castro López y remitir las diligencias a la Superintendencia de Sociedades. En otras palabras, en la Notaría 73 de Bogotá únicamente se surtió la aceptación del trámite de insolvencia de persona natural y no se causó ningún daño con esa decisión.

4 Fl. 37, C.1. 5 Fl. 60 a 68, C.1. 6 Fl. 83 a 90, C.1. 7 Fl. 91 a 106, C.1.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

6 Finalmente, Victoria Bernal Trujillo propuso las excepciones que denominó falta de

7 Fl. 91 a 106, C.1.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

6 Finalmente, Victoria Bernal Trujillo propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de daño antijurídico e inexistencia de deber de reparación y ausencia de prueba del perjuicio.

3. Audiencia inicial

El 7 de mayo de 2019 8, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia inicial, en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a la resolución de las excepciones previas, declaró que la demanda se presentó en término, y que sobre los demás medios exceptivos se pronunciaría en la sentencia por corresponder al fondo del asunto.

Respecto del objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si “¿La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, la Notaria 73 del Círculo de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y Registro deben ser declaradas administrativa y patrimonialmente responsables y, por ende, condenadas a la reparación del presunto daño causado al señor Willy Valek Mora, derivado de la suspensión de los procesos ejecutivos que promovió en contra del señor Pablo Castro López, al evidenciarse falla en el serv icio por la aceptación de la solicitud de trámite de negociación de deudas de persona natural no comerciante presentada por este último, sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el Código General del

evidenciarse falla en el serv icio por la aceptación de la solicitud de trámite de negociación de deudas de persona natural no comerciante presentada por este último, sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el Código General del Proceso y la ausencia de control, vigilancia e inspección sobre dicha conducta?”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de mayo de 2019 9 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

8 Fl. 221 a 226, C. 1. 9 Fl. 221 a 226, C. 1.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

7 4.1. La parte demandante 10, el Ministerio de Justicia y del Derecho 11, la Superintendencia de Notariado y Registro12 y Victoria Bernal Trujillo13 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

4.2. El ministerio público14 rindió concepto en el que solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Ministerio de Justicia y del Derecho. Asimismo, conceptuó que debían negarse las pretensiones de la demanda porque no se acreditó el daño.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de junio de 2019 15 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda , al considerar que , el daño deprecado por la parte actora no tiene el carácter de cierto ni antijurídico.

Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda , al considerar que , el daño deprecado por la parte actora no tiene el carácter de cierto ni antijurídico.

Textualmente sostuvo: “El daño reclamado es eventual, debido a que la suspensión de los procesos ejecutivos es temporal y, en todo caso, estaba sujeta a la aprobación de un acuerdo de pago o la liquidación patrimonial del deudor, y en estos casos sus acreencias quedarían cubiertas conforme al orden de prelación legal. (…) Incluso aceptando que la suspensión de los procesos ejecutivos promovidos por el demandante representara un daño cierto, no tendría el carácter de antijurídico (…), la suspensión de los procesos de ejecución tie ne sustento en una disposición normativa que propende por el derecho a la igualdad del deudor en estado de insolvencia económica y, en tal sentid o, los acreedores del mismo deben soportar la carga que esto representa, indistintamente de que en el trámite de negociación de deudas se advierta que es otra la autoridad competente (…)”.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no condenó en costas a la parte demandante.

10 Fl. 258 a 276, C. 1. 11 Fl. 234 a 236, C. 1. 12 Fl. 277 a 279, C. 1. 13 Fl. 237 a 257, C. 1. 14 Fl. 283 a 313, C. 1. 15 Fl. 315 a 325, C. Ppal.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

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6. Recurso de apelación

15 Fl. 315 a 325, C. Ppal.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

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6. Recurso de apelación

El 22 de julio de 201916 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 15 de noviembre de 201917 y admitido el 4 de marzo de 202018.

6.1. El extremo activo 19 puntualizó que, contrario a lo resuelto en el fallo recurrido, es clara la existencia de un daño cierto y antijurídico , en consideración a que “se encontraban acreditados los procesos ejecutivos en contra del Sr. Pablo Castro, la aceptación de la ley de insolvencia el 21 de octubre de 2014 y los diferentes trámites judiciales a los que se sometió el asunto de la competencia que a la fecha no ha sido resuelto, puesto que en la Superintendencia de Sociedades se propuso un conflicto de competencia” . Destaca, que la razón de inconformidad con el fallo recurrido es “haber aceptado al Sr. Pablo Castro como persona natural, siendo que ese ciudadano ostenta la calidad de comerciante y ese trámite, por tal razón, no era dable atenderlo al despacho notarial. Este es un indiscutible equívoco que el Tribunal desconoció y que amerita por esta causa la revocatoria i ntegral de la sentencia”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 15 de octubre de 202020 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

sentencia”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 15 de octubre de 202020 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. la Superintendencia de Notariado y Registro 21, el Ministerio de Justicia y del Derecho22 y Victoria Bernal Trujillo 23 solicitaron confirmar la sentencia de primera instancia en atención a que no se probó el daño cierto y antijurídico.

6.2. La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio.

16 Fl. 336 a 346, C. Ppal. 17 Fl. 348, C. Ppal. 18 Fl. 356, C. Ppal. 19 Fl. 336 a 346, C. Ppal. 20 Fl. 360, C. Ppal. 21 Índice 12, expediente digital, Samai. 22 Índice 13, expediente digital, Samai. 23 Índice 14, expediente digital, Samai.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , de conformidad con lo dispuesto los artículos 150 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo24, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda 25, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del

artículos 150 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo24, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda 25, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación26.

Asimismo, conviene precisar que en el presente asunto se convocó como demandada a la Notaria 73 de Bogotá, Victoria Bernal Trujillo , aspecto frente al cual esta jurisdicción tiene competencia puesto que aquella actuó como conciliadora en un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, esto es, como agente judicial. Justamente el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece como cláusula general de competencia que la jurisdicción “está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios orig inados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”, previsión legal que debe armonizarse, con el numeral 6 del art. 152 de la Ley 1437 de 201127), que indicó que los tribunales administrativos en primera instancia conocerán de las reparaciones directas “(…) inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales (…)”. Así, como en

24 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de

24 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia p or los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 25 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor […]”. 26 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $4.500.000.000 por perjuicios materiales. 27 Previa a su modificación por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

10 el antecedente de esta Corporación28 que ha aceptado el conocimiento de las demandas que se interponen, con ocasión del ejercicio de funciones públicas por parte de particulares.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación pública distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 29 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación – Ministerio de

Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro y Victoria Bernal Trujillo en su condición de conciliadora de la Notaria 73 de Bogotá.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en la audiencia inicial del 7 de mayo de 201930, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que no había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control , resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por

28 Frente al reconocimiento de jurisdicción para conocer asuntos donde se debate la responsabilidad patrimonial derivada de una falla del servicio ocasionada por un particular en ejercicio de una función pública: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C, Sentencia del 20 de noviembre de 2020, rad: 680012331000201000474 -01(50.676), CP Jaime Enrique Rodríguez Navas. [ Fundamento jurídico 7.1.1]- Cámara de Comercio-; Subsección A, Sentencia del 23 de julio de 2014; Radicación número: 25000-23-26-000-2002-0334-01(26580); Subsección C, Sentencia del 19 de octubre de 2011, rad: 05001-23-26-000-1995-01601-01(20222) [Fundamento de derecho 1]. 29 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por

29 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputab le a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 30 Fl. 221 a 226, C. 1.Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

11 ende, debe examinarse de oficio31.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 32, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 33, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”

fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 32 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 33 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…) El término de caducidad, ti ene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las

ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”Radicado: 250002326000201601924 01 (65826)

Demandante: Willy Valek Mora

12 y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una l