CE - Sentencia 25000233600020160243201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: ANTONIO ISIDIO BALLESILLA Y OTRO

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Tema: Responsabilidad por actos administrativos que expidió el Incoder para constituir el resguardo indígena UITIBOC. Reparación directa es idónea en los casos en los que la causa de las pretensiones se deriva de un acto administrativo, pero siempre que no se cuestione su legalidad . No se prorrogó permiso de aprovechamiento forestal por cambio en el uso del suelo. No se acreditó el daño resarcible. No se acreditó la perdida de la oportunidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte en contra de la sentencia del 16 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante Resoluciones 1251 del 19 de diciembre de 2007 y 418 del 5 de junio de 2008, Corpoamazonía otorgó a Edgar Salazar Castrillón y Antonio Isidio Ballesilla, respectivamente, un permiso de aprovechamiento forestal por 5 años en un predio

2008, Corpoamazonía otorgó a Edgar Salazar Castrillón y Antonio Isidio Ballesilla, respectivamente, un permiso de aprovechamiento forestal por 5 años en un predio de dominio público localizado en el caño Sucuruyú, corregimiento de Tarapacá, departamento del Amazonas y adoptó la primera Unidad de Corte Anual para cada uno de ellos. Posteriormente, a través de Acuerdo 225 del 26 de octubre de 2010 modificado por el Acuerdo 317 del 12 de noviembre de 2013, el Incoder constituyó el resguardo Indígena UITIBOC de las etnias Uitoto, Tikuna, Bora, Cocama, Inga y otras, en jurisdicción del corregimiento de Tarapacá, departamento del Amazonas.

Los accionantes consideran que el Incoder es patrimonialmente responsable de los perjuicios que se les causaron como titulares de los permisos de aprovechamiento forestal, dado que por el cambio del uso del suelo de público a privado (resguardoRadicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

2 indígena UITIBOC) Corpoamazonía negó la prórroga de los referidos permisos de aprovechamiento forestal.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 28 de noviembre de 20161-2, Edgar Salazar Castrillón y Antonio Isidio Ballesilla, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de l Instituto Colombiano de Desarrollo Territorial (en adelante I ncoder) hoy Agencia Nacional de Tierras para que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la

directa, presentaron demanda en contra de l Instituto Colombiano de Desarrollo Territorial (en adelante I ncoder) hoy Agencia Nacional de Tierras para que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la imposibilidad de continuar con los permisos de aprovechamient o forestal por la expedición de actos legales, esto es, el Acuerdo No. 225 del 26 de octubre de 20103 modificado por el Acuerdo No. 317 del 12 de noviembre de 20134, ambos expedidos por el Incoder y mediante los cuales se constituyó el resguardo indígena UITIBOC de las etnias Uitoto, Tikuna, Bora, Cocama e Inga, entre otras.

Como pretensiones de su demanda, los demandantes solicitan condenar a la accionada a pagarles por “daño especial”, la suma d e $601.461.760,03 a Edgar Castrillón Salazar y $243.245.645,58 a Antonio Isidio Ballesilla y, por concepto de “perdida de oportunidad” , la suma equivalente a 100 SMLMV, para cada uno de ellos.

1.1. Hechos relacionados con Edgar Salazar Castrillón

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante Resolución 1251 del 19 de diciembre de 2007 , modificada por la Resolución 2607 del 11 de agosto de 2008, ambas expedidas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía -en adelante Corpoamazonía -, aprobadas posteriormente

1Fl. 3 a 15, C. 1. 2Fl. 22 a 24, C. 1. Reposa escrito de subsanación de la demanda.

del Sur de la Amazonía -en adelante Corpoamazonía -, aprobadas posteriormente

1Fl. 3 a 15, C. 1. 2Fl. 22 a 24, C. 1. Reposa escrito de subsanación de la demanda. 3 “Por el cual se constituye el resguardo indígena UITIBOC de las etnias Uitoto, Tikuna , Bora, Cocama, Inga y otras, con áreas de reserva forestal de la Amazonía de la Nación, en jurisdicción del corregimiento de Tarapacá departamento de Amazonas”. 4 “Por el cual se decide la solicitud de revocatoria del Acuerdo 225 del 26 de octubre de 201 , se modifica el artículo primero y se ajustan los linderos Norte y Este del resguardo indígena UITIBOC (…)”.Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

3 mediante Resolución 106 del 26 de enero de 2009 del M inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se otorgó a Edgar Salazar Castrillón “ permiso de aprovechamiento forestal persistente en el término de 5 años” sobre 1000 hectáreas de bosque natural en el caño de Sucuruyú, afluente del río Cotuhé, corregimiento de Tarapacá, departamento del Amazonas.

Refiere que Corpoamazonía aprobó a favor de Edgar Salazar Castrillón dos unidades de corte anual -UCAsobre el aprovechamiento forestal persistente en el caño de Sucuruyú que previamente había sido otorgado mediante Resolución 1251 del 19 de diciembre de 2007. La primera unidad consistente en “ 1.876,183 metros

unidades de corte anual -UCAsobre el aprovechamiento forestal persistente en el caño de Sucuruyú que previamente había sido otorgado mediante Resolución 1251 del 19 de diciembre de 2007. La primera unidad consistente en “ 1.876,183 metros cúbicos de madera bruto ” y, la segunda unidad, de 200 hectáreas para corte de varios tipos de madera.

Destaca que, mediante Acuerdo 225 del 26 de octubre de 2010 (modificado por el Acuerdo 317 del 12 de noviembre de 2013), el Incoder constituyó el resguardo indígena UITIBOC de las etnias Uitoto, Tikuna, Bora, Cocama e Inga, entre otras; con áreas de reserva forestal de la Amazonía en jurisdicció n de Tarapacá, departamento del Amazonas.

Resalta que el 29 de abril de 2013, Edgar Salazar Castrillón solicitó a Corpoamazonía la prórroga para el aprovechamiento total de la segunda unidad de corte anual -UCA-. No obstante, mediante Resolución 664 del 9 de junio de 2016, la referida entidad negó la solicitud de prórroga de aprovechamiento forestal al señor Salazar Castrillón.

1.2. Hechos relacionados con Antonio Isidio Ballesilla

En apoyo de las pretensiones, se afirma que, mediante Resolución 418 del 5 de junio de 2008 , modificada por la Resolución 694 del 8 de septiembre de 2008, ambas expedidas por Corpoamazonía, que a la postre fueron aprobadas mediante Resolución 1765 del 9 de octubre de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo T erritorial, se otorgó a Antonio Isidio Ballesilla “ permiso de

Resolución 1765 del 9 de octubre de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo T erritorial, se otorgó a Antonio Isidio Ballesilla “ permiso de aprovechamiento forestal persistente en el término de 5 años” sobre 1200 hectáreas de bosque natural en el caño de Sucuruyú, afluente del río Cotuhé, departamento del Amazonas.Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

4 Manifiesta que C orpoamazonía aprobó a favor de Antonio Isidio Ballesilla cuatro unidades de corte anual -UCAsobre el aprovechamiento forestal persistente en el caño de Sucuruyú que previamente había sido otorgado mediante Resolución 418 del 5 de junio de 2008. Las cuatro unidades eran de “240 hectáreas” cada una.

Resalta que mediante Acuerdo 225 del 26 de octubre de 2010 (modificado por el Acuerdo 317 del 12 de noviembre de 2013), el Incoder constituyó el resguardo indígena UITIBOC de las etnias Uitoto, Tikuna, Bora, Co cama e Inga, entre otras , con áreas de reserva forestal de la Amazonía, ubicadas en jurisdicción de Tarapacá, departamento del Amazonas.

Indica que el 25 de febrero de 2013, Antonio Isidio Ballesilla solicitó a Corpoamazonía la prórroga “ por el término de un año” de la Resolución 694 del 8 de septiembre de 2008, cuya vigencia estaba fijada hasta el 30 de octubre de 2013.

Sostiene que a través de Resolución 986 del 14 de agosto de 2014, la Dirección

de septiembre de 2008, cuya vigencia estaba fijada hasta el 30 de octubre de 2013.

Sostiene que a través de Resolución 986 del 14 de agosto de 2014, la Dirección Territorial del Amazonas negó la solicitud de prórroga de aprovechamiento forestal a Antonio Isidio Ballesilla.

Los demandantes consideran que el Incoder -hoy Agencia Nacional de Tierras - es patrimonialmente responsable de los perjuicios que se les causó en calidad de titulares de un permiso de aprovechamiento forestal en bosque natural en el caño de Sucuruyú, departamento del Amazonas pues , pese a que los Acuerdos 225 del 26 de octubre de 2010 y 317 del 12 de noviembre de 2013 son legales “ por lo que su legalidad y ajuste a derecho no se discute”, lo cierto es que con ellos se impuso a Edgar Salazar Castrillón y Antonio Isidio Ballesilla una s “ cargas desproporcionadas” frente a los demás miembros de la comunidad que no estaban en la obligación de soportar, pues en función de dichos actos administrativos Corpoamazonía no otorgó las prórrogas de aprovechamiento forestal por ellos solicitadas.

Textualmente, la parte actora indica que: “Los actos administrativos contenidos en los acuerdos 225 de octubre 26 de 2010 y 317 de noviembre 12 de 2013, expedidos ambos por el INCODER, fueron legalmente expedidos, no se está atacando su legalidad, pero a pesar de ser legales y estar conformes a derecho, impusieron a los demandantes cargas públicas desproporcionadas, primero porque el únicoRadicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

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los demandantes cargas públicas desproporcionadas, primero porque el únicoRadicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

5 motivo para no renovar el permiso fue el del cambio de régimen de la propiedad, de pública a privada y segundo, porque les generó pérdidas conjuntas cercanas a los 900 millones de pesos, lo que no soportó ningún otro miembro de la sociedad con la expedición de esos actos, generándole de un lado perjuicios derivados del título de imputación jurídica denominado pérdida de oportunidad y de otro lado, perjuicios ocasionados con el título de imputación jurídica daño especial”.

2. Contestaciones

El 10 de mayo de 2017 5 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Agencia Nacional de Tierras6, en calidad de sucesor procesal del Incoder 7, se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que los demandantes hacen consistir el daño antijuridico por la expedición de actos administrativos, razón por la cual el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual de adecuarse ya estaría caducado . Adicionalmente, destacó que la parte demandante no presentó oposición a la constitución del resguardo indígena contando con la oportunidad para hacerlo, es decir, optó por guardar silencio.

Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de indebida escogencia de la acción y la que denominó “la parte demandante no formuló oposición a la

contando con la oportunidad para hacerlo, es decir, optó por guardar silencio.

Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de indebida escogencia de la acción y la que denominó “la parte demandante no formuló oposición a la constitución del resguardo indígena – silencio – imposibilidad de acudir ante la jurisdicción”.

3. Audiencia inicial

El 17 de septiembre de 20188 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

5 Fl. 28 a 29, C. 1. 6 Fl. 145 a 151, C. 1. 7 Fl. 185 a 186, C. 1. Mediante auto del 20 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció a la Agencia Nacional de Tierras como sucesor procesal del Incoder. 8 Fl. 203 a 206, C. 1.Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

6 Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que “en este caso se centra en los hechos 5 a 10 (comunes a los demandantes), que guardan relación con las presuntas cargas desproporcionadas que se causaron a los señores Edgar Salazar Castrillón y Antonio Isidio Ballesilla, con ocasión de la constitución del resguardo UITIBOC, teniendo en cuenta que tenían una expect ativa legitima de continuar explotando el aprovechamiento forestal que les había otorgado Corpoamazonía. Igualmente será parte de la fijación del litigio, lo relacionado con la

resguardo UITIBOC, teniendo en cuenta que tenían una expect ativa legitima de continuar explotando el aprovechamiento forestal que les había otorgado Corpoamazonía. Igualmente será parte de la fijación del litigio, lo relacionado con la demostración de los presuntos perjuicios sufridos por la parte actora.”

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de octubre de 20189 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora 10 y la Agencia Nacional de Tierras 11 reiteraron lo expuesto en la demanda y su contestación, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 16 de mayo de 2019 12 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al constatar que el daño deprecado por los actores no reviste el carácter de antijuridico, en tanto que los permisos de aprovechamiento forestal tenían un término de 5 años, los cu ales se cumplieron a cabalidad.

Textualmente, el a quo sostuvo lo siguiente: “[N]o se puede causar un daño, cuando ya las resoluciones que otorgaron el permiso de aprovechamiento forestal, habían perdido vigencia y por ende, fuerza ejecutoria; y si bien se presentaron solicitudes de prórroga, con la misma no se crea una expectativa leg itima de continuar con el aprovechamiento, ni tampoco un derecho adquirido, ya que la solicitud de prórroga no implica que el término de la vigencia se suspendiera, o que se prolongaran en el

de prórroga, con la misma no se crea una expectativa leg itima de continuar con el aprovechamiento, ni tampoco un derecho adquirido, ya que la solicitud de prórroga no implica que el término de la vigencia se suspendiera, o que se prolongaran en el

9 Fl. 218 a 220, C. 1. 10 Fl. 225 a 229, C. 1. 11 Fl. 221 a 224, C. 1. 12 Fl. 243 a 250, C.1.Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

7 tiempo los efectos jurídicos de las resoluciones No. 0418 del día 05 de junio de 2008 y No. 1251 del día 19 de octubre de 2007. Quiere significarse con lo anterior, que la imposibilidad de continuar su explotación económica, no obedeció a una causa ajena como se expone en la demanda, tampoco a la prevalencia del interés general para que de esta forma se considere que a los demandantes les fue impuesta una carga adicional a la que comúnmente tiene que soportar todos los ciudadanos, por cuanto se reitera, ya el derecho otorgado mediante permiso había terminado.

Aunado a lo anterior, tampoco se evidencia que mediante los Acuerdos que constituyeron el Resguardo indígena UTIBOC, se les haya impuesto una carga desproporcionada a los demandantes, si se tiene en cuenta que Corpoamazonía (entidad que negó la prórroga), expuso la posibilidad de iniciar nuevamente el trámite por parte de los interesados, agotando el trámite de consulta previa; en otras palabras, significa que los demandantes pueden continuar con el aprovechamiento,

(entidad que negó la prórroga), expuso la posibilidad de iniciar nuevamente el trámite por parte de los interesados, agotando el trámite de consulta previa; en otras palabras, significa que los demandantes pueden continuar con el aprovechamiento, solo que se sujetó el permiso requerido, no solo a los trámites administrativos, sino al cumplimiento de una exigencia de orden constitucional. De conformidad con lo anterior, la Sala no accederá a las pretensiones de la demanda, por cuanto dentro del plenario no está demostrado que el daño alegado por la parte actora, deviniera antijurídico en el presente caso desde el punto de vista de la reparación integral, por lo tanto, la Sala se abstendrá de estudiar los demás elementos de responsabilidad extracontractual del Estado, relacionados con la imputación que se pretende y el nexo causal.”

En la parte resolutiva el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó en costas a la parte demandante y ordenó pagar le a la Agencia Nacional de Tierras , por concepto de agencias en derecho, la suma de $6.000.000.

6. Recurso de apelación

El 10 de junio de 201913, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 26 de julio de 201914 y admitido el 3 de octubre de 201915.

13 Fl. 262 a 265, C. 1. 14 Fl. 267, C.1. 15 Fl. 279, C. 1.Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

8 6.1. La recurrente16 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda. En

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

8 6.1. La recurrente16 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda. En ese sentido, manifestó que las pruebas recabadas en el proceso daban cuenta que los actos administrativos expedidos por el Incoder (Acuerdos 225 del 26 de octubre de 2010 y 317 del 12 de noviembre de 2013), por medio de los cuales se constituyó el resguardo indígena UITIBOC, le caus ó daños y perjuicios que no estaba en la obligación de soportar, en tanto tenía una expectativa legitima de continuar con los permisos de aprovechamiento forestal previamente otorgados por Corpoamazonía.

Adicionalmente, para reforzar el argumento sobre la expectativa legitima para continuar con los permisos de aprovechamiento forestal , la parte demandante hizo alusión a la definición que ha dado el Consejo de Estado sobre la pérdida de la oportunidad, para destacar que “los mandantes tenían una expectativa legitima de prórroga de los respectivos permisos de aprovechamiento forestal, que dicha prórroga fue negada por Corpoamazonía, teniendo como razón suficiente el cambio de régimen de propiedad del área donde se encontraba la zona de aprovechamiento forestal”.

Finalmente, los demandantes manifestaron lo siguiente: “Si bien es cierto que el plazo de los permisos de aprovechamiento fores tal ya se encontraba vencidos, es cierto también que los demandantes si tenían una expectativa legitima de que los mismo fueran renovados y que el único motivo para que eso no ocurriera fue efectivamente el cambio de régimen de propiedad.”

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

cierto también que los demandantes si tenían una expectativa legitima de que los mismo fueran renovados y que el único motivo para que eso no ocurriera fue efectivamente el cambio de régimen de propiedad.”

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 8 de noviembre de 2019 17 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte actora 18 y la Agencia Nacional de Tierras 19 reiteraron lo expuesto en el recurso de apelación y la contestación de la demanda, respectivamente.

6.2. El Ministerio Público guardó silencio.

16 Fl. 262 a 265, C. 1. 17 Fl. 291, C. 1. 18 Fl. 295 a 299, C. 1. 19 Fl. 293 a 294, C. 1.Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 16 de mayo de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor 20 de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21.

2. Acción procedente

exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21.

2. Acción procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con todo, la jurisprudencia de esta Corporación también ha precisado que la reparación directa resulta en la vía judicial idónea en los casos en los que la causa de las preten siones se deriva de un acto administrativo, pero siempre que no se

20 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación ra zonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”. 21 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $601.461.760,03 y, 500 SMLMV para 2016 equivalían a la suma de $344.727.000 22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u

22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

10 cuestione su legalidad 23, lo que se da en virtud del rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.

En este caso, el medio de control procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños provenientes de unos actos administrativos legales expedidos por el Incoder, esto es, el Acuerdo 225 del 26 de octubre de 2010 “por el cual se constituye el resguardo indígena UITIBOC de las etnias Uitoto, Tikuna, Bora, Cocama, Inga y otras, con áreas de reserva forestal de la Amazonía de la Nación, en jurisdicción del corregimiento de Tarapacá departamento de

Tikuna, Bora, Cocama, Inga y otras, con áreas de reserva forestal de la Amazonía de la Nación, en jurisdicción del corregimiento de Tarapacá departamento de Amazonas” y el Acuerdo 317 del 12 de noviembre de 2013 “por el cual se decide la solicitud de revocatoria del Acuerdo 225 del 26 de octubre de 201, se modifica el artículo primero y se ajustan los linderos Norte y Este del resguardo indígena

UITIBOC (…)”.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio24.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 25, estableció unos plazos para poder ejercer

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 16079; sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 16421. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del

que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglome rado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

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declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 25000233600020160243201 (64720)

Demandante: Antonio Isidio Ballesilla y otro

11 oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 26, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimie nto de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin

y seguridad jurídica, pues con su advenimie nto de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure27 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección

26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de lo s plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilid ad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adqu