CE - Sentencia 25000233600020170063702 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandantes: HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ Y OTRO

Demandados: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. Y OTROS

Tema: Mora en perfeccionamiento de contrato de compraventa de bien inmueble. Falencias en escritura pública. Dilación en el trámite de cancelación de anotaciones en folio de matrícula inmobiliaria. Caducidad del medio de control.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 7 de abril de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Héctor Armando Gómez Rodríguez fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito en el curso de una causa penal , razón por la cual la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N -429213, de propiedad del señor Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa. Luego, mediante sentencia del 26 de julio de 2010, el

matrícula inmobiliaria No. 50N -429213, de propiedad del señor Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa. Luego, mediante sentencia del 26 de julio de 2010, el Juzgado 14 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. declaró la extinción del derecho de dominio del inmueble referido, únicamente por el valor correspondiente al enriquecimiento ilícito, esto es , $386.916.263,96 , que correspondían a una cuota parte del 60% del inmueble.

En vista de ello, el 20 de octubre de 2010, Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa comunicaron a la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes su interés en comprar la cuota parte que le correspondía del inmueble. Seguidamente, mediante oficio No. 2513 del 24 de diciembre de 2010, la entidad referida autorizó la venta de su cuota parte a los demandantes por la suma de $386.916.263,96. Luego, el 31 de mayo de 2011, los aquí accionantes2

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

depositaron en la cuenta de la Dirección Nacional de Estupefacientes la suma convenida. En virtud de lo anterior, mediante escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014, la hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S. transfirió, a título de compraventa, el 100% del derecho de dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213 a Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga

de compraventa, el 100% del derecho de dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213 a Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa.

Los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad de la NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. por la mora en el perfeccionamiento del contrato de compraventa del mentado bien, por el error consignado en la escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014 consistente en transferir un porcentaje mayor del derecho de dominio que realmente ostentaba sobre dicho bien y por la dilación en la cancelación de las anotaciones atinentes a la extinción de dominio registradas en el folio de matrícula inmobiliaria del referido inmueble.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 17 de abril de 20171, Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa, mediante apoderado judicial y en ejercicio d el medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la mora en el perfeccionamiento del contrato de compraventa del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N -429213, por el error consignado en la escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014 consistente en transferir un porcentaje mayor del derecho de dominio que realmente ostentaba sobre dicho

identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N -429213, por el error consignado en la escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014 consistente en transferir un porcentaje mayor del derecho de dominio que realmente ostentaba sobre dicho bien y por la dilación en la cancelación de las anotaciones atinentes a la extinción de dominio registradas en el folio de matrícula inmobiliaria del referido inmueble.

Como pretensiones de su demanda, los demandantes solicitan condenar a la s entidades demandadas a pagarles, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno; y por perjuicios materiales, la suma de $1.832.557.785.

1 Fl. 3 a 25, C. 1.3

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 30 de octubre de 2000, el Juzgado 24 Penal del Circuito de Medellín condenó a Héctor Armando Gómez Rodríguez, por ser autor del delito de enriquecimiento ilícito.

Señala que, mediante proveído del 20 de octubre de 2004, la Fiscalía 20 de la Unidad Nacional de Extinción del Derecho de Dominio inició proceso de extinción de dominio con radicado No. 1204 sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213, de propiedad de Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa.

de dominio con radicado No. 1204 sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213, de propiedad de Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa.

Esgrime que, mediante sentencia del 26 de julio de 2010, el Juzgado 14 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. declaró la extinción del derecho de dominio del inmueble referido, a favor de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, únicamente por el valor correspondiente al enriquecimiento ilícito, esto es, $386.916.263,96, que correspondían a una cuota parte del 60% del inmueble.

Relata que el 20 de octubre de 2010, los señores Gómez Rodríguez y Lozano Mussa comunicaron a la Dirección Nacional de Estupefacientes su interés en comprar la cuota parte que le correspondía del inmueble.

Manifiesta que, mediante oficio No. 2513 del 24 de diciembre de 2010, la Dirección Nacional de Estupefacientes autorizó la venta de su cuota parte a los demandantes por la suma de $386.916.263,96.

Afirma que el 31 de mayo de 2011, Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa depositaron en la cuenta de la Dirección Nacional de Estupefacientes la suma convenida.

Sostiene que, mediante escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. transfirió, a título de compraventa, el 100%

la suma convenida.

Sostiene que, mediante escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. transfirió, a título de compraventa, el 100% del derecho de dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N429213 a los señores Gómez Rodríguez y Lozano Mussa, pese a que únicamente tenía y ejercía el 60% del derecho de dominio.4

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

Aduce que el contrato de compraventa se perfeccionó solo hasta el 26 de febrero de 2015, cuando quedó debidamente inscrit a la escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-429213.

Señala que, mediante Resolución No. 1429 del 28 de diciembre de 2016, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. removió como depositaria del inmueble a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá , comoquiera que el bien fue objeto de venta a los señores Gómez Rodríguez y Lozano Mussa.

Los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad de la NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. por la mora en el perfeccionamiento del contrato de compraventa del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213,

de Activos Especiales S.A.S. por la mora en el perfeccionamiento del contrato de compraventa del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213, por el error consignado en la escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014 consistente en transferir un porcentaje mayor del derecho de dominio que realmente ostentaba sobre dicho bien y por la dilación en la cancelación de las anotaciones atinentes a la extinción de dominio registradas en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble referido.

2. Contestaciones

El 11 de octubre de 2017 2, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la s entidades demandadas y al Ministerio Público3.

2.1. La Fiscalía General de la Nación 4 manifestó que no estaba legitimada en la causa por pasiva. Al efecto , sostuvo que los demandantes no efectuaron imputaciones específicas en su contra, así como tampoco indicaron en qué consistió la falla del servicio ni cómo contribuyó la actuación de la entidad en la producción del daño.

2 Fl. 29 a 32, C. 1. 3 Es menester advertir que, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, no ordenó notificar a esta última entidad ya que, al estudiar la legitimación en la causa por pasiva, se esgrimió que la situación fáctica no involucraba a dicha entidad. 4 Fl. 68 a 73, C. 1.5

que, al estudiar la legitimación en la causa por pasiva, se esgrimió que la situación fáctica no involucraba a dicha entidad. 4 Fl. 68 a 73, C. 1.5

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

2.2. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. 5 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que no le asistía responsabilidad frente al daño reclamado, pues no era la entidad encargada de adelantar los procesos de extinción de dominio.

3. Audiencia inicial

El 10 de agosto de 2018 6 y el 5 de julio de 2019 7, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia inicial , en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a la resolución de las excepciones previas, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación8.

Respecto del objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si “la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S., infligió o no daño antijurídico a los señores Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa, por mora en la cancelación de la anotación de extinción de dominio sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N-429213 de la Oficina

Lozano Mussa, por mora en la cancelación de la anotación de extinción de dominio sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N-429213 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte; no reconocimiento en la escritura de venta 1661 del 10 de diciembre de 2014 de la propiedad que acreditaban sobre el inmueble en alícuota del 40%; y por el requerimiento para la entrega del inmueble so pena de desalojo”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 18 de febrero de 20209 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora 10 y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. 11 reiteraron lo expuesto en la demanda y contestación de esta, respectivamente.

5 Fl. 49 a 60, C. 1. 6 Fl. 109 y 110, C. 1. 7 Fl. 130 a 133, C. 1. 8 Se pone de presente que esta decisión fue objeto de recurso de apelación , resuelto por esta Corporación, mediante auto del 14 de enero de 2019, en el que se confirmó la declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva. 9 Fl. 208 a 212, C. 1. 10 Fl. 217 a 222, C. 1. 11 Fl. 213 a 216, C. 1.6

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 7 de abril de 2021 12 el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Al efecto, consideró que en el presente asunto no se demostró que la Dirección Nacional de Estupefacientes incurriera en mora alguna durante el trámite de cancelación de las anotaciones de extinción de dominio registradas en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50NH429213, pues el Decreto 1170 de 2008 no establecía una fecha exacta para formalizar el negocio jurídico de compraventa y, en todo caso los tiempos empleados por la entidad fueron razonables. En razón de lo anterior, aseguró que las anotaciones referidas a la extinción de dominio en el Registro de Instrumentos Públicos constituían una carga que los compradores del inmueble estaban en la obligación de soportar.

De otro lado, frente a los presuntos errores consignados en la escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014, concluyó que los demandantes no probaron que la Dirección Nacional de Estupefacientes fungiera como propietaria absoluta del bien en el folio de matrícula inmobiliaria, ni que la escritura de venta así lo señalara.

6. Recurso de apelación

El 21 de julio de 202113 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual

en el folio de matrícula inmobiliaria, ni que la escritura de venta así lo señalara.

6. Recurso de apelación

El 21 de julio de 202113 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 2 de noviembre siguiente14 y admitido el 28 de enero de 202215.

6.1. El extremo activo puntualizó que, contrario a lo resuelto en el fallo recurrido, es clara la existencia de un daño, en consideración a que en el año 2011 depositaron en la cuenta de la Dirección Nacional de Estupefacientes la suma convenida y solo hasta el año 2014 se otorgó la escritura pública de compraventa, registrándose la anotación respectiva el 26 de febrero de 2015 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N -429213. Resaltó que el daño antijurídico se generó por la “ mora en perfeccionar la venta del 60% del inmueble descrito con el folio de matrícula

12 Fl. 233 a 249, C. Ppal. 13 Fl. 256 a 259, C. Ppal. 14 Fl. 261, C. Ppal. 15 Fl. 261 y 262, C. Ppal.7

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

inmobiliaria 50N-249213 (…), la cual se perfeccionó solo hasta el 26 de febrero de 2015 (…)”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de

2015 (…)”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de conclusión. Asimismo, en esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 7 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía , dada por la pretensión mayor de la demanda16, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa , tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16 El valor de la pretensión mayor es de $1.832.557.785.

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16 El valor de la pretensión mayor es de $1.832.557.785. 17 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del8

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Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se reclama la reparación de un os daños por hechos imputables a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente frente a: i) la mora en que pudo incurrir la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. en el trámite del procedimiento de venta de la cuota parte del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N429213; ii) e l desconocimiento por parte de la

el trámite del procedimiento de venta de la cuota parte del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N429213; ii) e l desconocimiento por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. del porcentaje de propiedad de los aquí demandantes en la escritura No. 1661 del 10 de diciembre de 2014; y iii) la dilación en la cancelación de las anotaciones atinentes a la extinción de dominio registradas del folio correspondiente.

4. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control.

5. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto s e trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de ser examinado de oficio18.

daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 18 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que

manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093.9

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 19, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 20, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

19 “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumpli da justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino

la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002. 20 “(...) e l derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 6871-05.10

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 21 que opera por la falta de actividad oportuna en la

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del CPACA prescribe que el medio de control de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener c onocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso concreto

En el sub lite , los demandantes pretenden que se declare patrimonialmente responsable a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. por la mora en el perfeccionamiento del contrato de compraventa del mentado inmueble, por el error consignado en la escritura pública No. 1661 del 10 de diciembre de 2014 consistente en transferir un porcentaje mayor del derecho de dominio que realmente ostentaba sobre dicho bien y por la dilación en la cancelación de las anotaciones atinentes a la extinción de dominio registradas en el folio de matrícula inmobiliaria del referido inmueble.

Bajo esta óptica , la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.

inmueble.

Bajo esta óptica , la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.

21 “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013. 22 “(…) [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garan tía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser o bjeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998.11

oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998.11

Radicación: 25000-23-36-000-2017-00637-02 (67885)

Demandante: Héctor Armando Gómez Rodríguez y otro

6.1. Hechos probados

De conformidad con los medios probatorios aportados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1.1. Consta que, mediante sentencia del 26 de julio de 2010, el Juzgado 14 Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró la extinción del derecho de dominio respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213, ubicado en Bogotá, cuyos titulares eran Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa, a favor de la Nación, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. La anterior decisión, según el ordinal segundo de la parte resolutiva, estaría limitada hasta por el valor correspondiente al en riquecimiento ilícito , es decir, $386.916.263,96 , según da cuenta copia simple de dicha providencia23.

6.1.2. Se acreditó que , mediante oficio del 24 de diciembre de 2010, la Dirección Nacional de Estupefacientes aceptó la oferta de compra propuesta por Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa , en lo que atañe al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213, e informó el monto

Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa , en lo que atañe al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-429213, e informó el monto que debía ser depositado, según da cuenta copia simple del oficio referido24.

6.1.3. Se probó que el 29 de abril de 2011, Héctor Armando Gómez Rodríguez y Olga Stella Lozano Mussa, en condición de mutuarios, y Jorge Ulises