CE - Sentencia 25000233600020170137201 de 2025

Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) días de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de reparación directa Radicación: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571)

Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco Demandados: Nación - Rama Judicial y el Instituto Nacional y Penitenciario y

Carcelario – INPEC.

La Sala resuelve el recurso de apelación 1 interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 26 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se declaró la caducidad de las pretensiones formuladas en contra de la Rama Judicial y se negaron las súplicas presentadas frente al Instituto Nacional y Penitenciario – INPEC (en adelante INPEC).

La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por un tribunal administrativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en primera instancia en razón de la cuantía estimada en la demanda2.

SÍNTESIS3

Las demandantes solicitan que se declare la responsabilidad patrimonial de la

administrativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en primera instancia en razón de la cuantía estimada en la demanda2.

SÍNTESIS3

Las demandantes solicitan que se declare la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial debido a los errores jurisdiccionales cometidos en las providencias que vulneraron el derecho a la vida del interno Carlos Julio Rosario Cortés, por cuanto, no consideró su condición de salud cuando ordenó el cumplimiento de una condena penal en un establecimiento penitenciario; además, se demanda al INPEC por la presunta falla en el servicio de salud por los traslados de manera irregular del interno a centros de salud e inadecuado tratamiento, los cuales presuntamente contribuyeron a su fallecimiento; la Sala confirma la sentencia de primera instancia que declaró probada la caducidad de la acción en favor de la Rama Judicial y negó

1 Cuaderno No. folios. 281 a 394. 2 Según el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV lo que ascendía a DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($216.850.000) al momento de la presentación de la demanda. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en MIIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIS ÉIS PESOS ($1.509.483.516) 3 Temas: falla en el servicio de salud penitenciario - error jurisdiccional – Caducidad de la acción.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571)

($1.509.483.516) 3 Temas: falla en el servicio de salud penitenciario - error jurisdiccional – Caducidad de la acción.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco 2

las pretensiones de la demanda frente al INPEC dado que, no se demostró la falla del servicio que se le atribuía.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Las señoras Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco mediante escrito presentado el 24 de julio de 2017 formularon demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial y el Ins tituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

con las siguientes súplicas:

1. (…) Declare a la Nación Colombiana – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, de manera solidaria como responsables, de las fallas y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió y con ocasión a la pérdida de la vida de CARLOS JULIO ROSARIO CORTÉS portador de la cédula de ciudadanía número 17.157.838, y que ocurrió por la omisión del Tribunal Superior de Bogotá sala penal, Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Corte Constitucional RADICADO 11001020140248502 y Juzgados 8 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Florencia Caquetá, PROCESO No. 2011 -00030 al deber a su cargo al dejar

Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Florencia Caquetá, PROCESO No. 2011 -00030 al deber a su cargo al dejar que una persona que estaba bajo su tutela perdiera su vida de manera irresponsable y con verdaderas fallas, por decisiones contrarias a la ley, permitiendo que este falleciera cuando imploró por vía de tutela su protección.

2. Declare administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por los perjuicios derivados de la muerte padecida por el interno CARLOS JULIO ROSARIO CORTÉS portador de la cédula de ciudadanía número 17.157. 838, de manera solidaria como responsables, de las fallas en el servicio penitenciario y carcelario en su buena función, al haber omitido lo de su deber como era procurar la atención médica pronta a los internos que están bajo su custodia permitiendo que una persona que estaba bajo su tutela perdiera su vida de manera irresponsable y con verdaderas fallas, por decisiones contrarias a la ley.

3. Reconocer como beneficiarias del derecho de indemnización y reparación directa de los perjuicios ocasionados a actos en que se apropian bajo su tutela legal de la vida del afectado y donde le otorgan la acción de cobro de la lesionan

(sic) sufrida a los derechos, a su compañera y su hija, personas naturales, lesionando el patrimonio de mis representados a los daños y perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) que se ocasionaron a GLORIA MARINA CASTIBLANCO GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.605.948 de Bogotá D. C., con domicilio y residencia en la

CASTIBLANCO GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.605.948 de Bogotá D. C., con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D. C., en su condición de compañera y madre de su hija mutua, de la demandante y de la víctima fallecido CARLOS JULIO ROSARIO CORTÉS Y MARÍA CAMILA ROSARIO CASTIBLANCO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.018.500.238 de Bogotá D. C., con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D. C., en su condición de hija de la víctima del fallecido CARLOS JULIO ROSARIO CORTÉ S, que recibieron con ocasión de la falla del servicio, los cuales se precisan en las siguientes sumas de dinero: (sic).Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco 3

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones de responsabilidad, se ordene CONDENAR a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL al pago de todos los perjuicios morales, al pago de todos los perjuicios en la pérdida al placer de la vida o daño a la vida de relación, y al pago de todos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) que cada uno de los demandantes recibió y sufrió con ocasión de las fallas del servicio. EN CUANTÍA SUPERIOR A LOS MIL QUINIENT OS

SALARIOS MÍNIMOS, MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($

las fallas del servicio. EN CUANTÍA SUPERIOR A LOS MIL QUINIENT OS

SALARIOS MÍNIMOS, MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($

1.562.484.000.oo).

4.1.- Por morales (subjetivos o pretium doloris y objetivados), unos y otros actuales y futuros, que resultan de la irreparable pérdida de GLORIA MARINA CASTIBLANCO GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 51.605.948 de Bogotá D. C., que los ha sumido en profundo dolor y aflicción por la irresponsabilidad y arbitrariedad de miembros del Estado, en quinientos salarios mínimos, TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MTCE ($ 390.621.000.oo) de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.

4.2.- Por morales (subjetivados o pretium doloris y objetivados) unos y otros actuales y futuros que resultan de la irreparable pérdida de MARÍA CAMILA ROSARIO CASTIBLANCO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.500.238 de Bogotá D. C., que los ha sumido en un profundo dolor y aflicción por la irresponsabilidad y arbitrariedad de miembros del Estado, en quinientos salarios mínimos TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS. ($390.621.000.oo) de conformidad con la reite rada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.

salarios mínimos TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS. ($390.621.000.oo) de conformidad con la reite rada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.

4.3.- Por perjuicios en la pérdida al placer de la vida o daño a la vida de relación, unos y otros actuales y futuros, que resultan de la irreparable pérdida de GLORIA MARINA CASTIBLANCO GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 51.605.948, de Bogotá, D. C, que los ha sumido en profundo dolor y aflicción por la irresponsabilidad y arbitrariedad de miembros del Estado, en quinientos salarios mínimos, TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MTC) ($ 390.621.000.oo) de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.

4.4.- Por los perjuicios en la pérdida al placer de la vida o daño a la vida de relación, unos y otros actuales y futuros, que resultan de la irreparable pérdida de MARÍA CAMILA ROSARIO CASTIBLANCO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.500.238 de Bogotá D. C., que los ha sumido en profundo dolor y aflicción por la irresponsabilidad y arbitrariedad de miembros del Estado, quinientos salarios mínimos, TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MTC ($390.621.000) de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado;

4.5.- Como pago del daño emergente y lucro cesante se dan porque la parte actora

SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MTC ($390.621.000) de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado;

4.5.- Como pago del daño emergente y lucro cesante se dan porque la parte actora finalmente deja de recibir sus ingresos aproximados de $ 1.000.000 de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado;

(…)

Por tanto la suma a condenar de manera solidaria a la RAMA JUDICIAL y al Inpec, a pagar en favor de GLORIA MARINA CASTIBLANCO GONZÁLEZ Y MARÍA CAMILA ROSARIO CASTIBLANCO al pago de todos los perjuicios morales, al pago de todos los perjuicios en la pérdida al placer de la vida o daño a la vida de relación, y al pago de todos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), que cada uno de los demandantes recibió y sufrió con ocasión de las fallas del servicio. EN CUANTÍA SUPERIOR A LOS MIL QUINIENTOS SALARIOSRadicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco 4

MÍNIMOS, MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.562.484.000.oo).

4.3.(sic) Por las costas del proceso y las agencias en derecho.

4.4.- La totalidad de las sumas de dinero, indemnizatorias, a que fueren condenados los entes citados y futuramente demandados, devengarán intereses comerciales corrientes y comerciales moratorias tal como lo ordena la ley, de

4.4.- La totalidad de las sumas de dinero, indemnizatorias, a que fueren condenados los entes citados y futuramente demandados, devengarán intereses comerciales corrientes y comerciales moratorias tal como lo ordena la ley, de conformidad con el artículo 177 inciso 1, del Código Contencioso Administrativo.

4.5.- El fallo se comunicará al Señor Procurador General de la Nación

4.6.- Que la Nación Colombiana - Consejo Superior de la Judicatura, representada legalmente por la Directora de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cargo que en la actualidad desempeña la doctora Celinea Oróstegui Jimenéz, o por la persona que a la fecha de la notificación personal esté desempeñando tal cargo o por la persona que la represente o haga sus veces. Y al Instituto Nacional Penitenciario y carcelario INPEC, el señor Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, le darán cumplimiento al acuerdo en el término establecido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

4.7.- Se me reconozca personería bajo los términos del poder otorgado (…)”4

2. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes argumentos como

fundamento fáctico de las pretensiones:

2.1 El señor Carlos Julio Rosario Cortés fue privado de la libertad el 26 de agosto de 2011 por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; el 26 de agosto de 2011 , el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Lebrija (Santander) le concedió el beneficio de detención domiciliaria por enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión formal;

agosto de 2011 , el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Lebrija (Santander) le concedió el beneficio de detención domiciliaria por enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión formal; específicamente, porque el interno padecía de hipertensión arterial crónica, diabetes tipo II no controlada, neuropatía visceral diabética, gastroparesia diabética, angina inestable, enfermedad coronaria, cardiop atía hipertensiva y hernia discapacitante; sin embargo, el 18 de febrero de 2013 se revocó la medida sustitutiva de detención intramural, debido a que no se encontraba en su domicilio y se ordenó remitir copias para que se investigara la posible comisión de fuga de presos.

2.2 El 28 de mayo de 2013, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga (Santander) profirió sentencia en la cual lo condenó a ocho (8) años de prisión por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y no concedió al condenado ningún mecanis mo sustitutivo de la pena.

2.3 El señor Carlos Julio Rosario Cortés fue capturado nuevamente el 11 de octubre de 2014 en la ciudad de Bogotá DC y dejado a disposición del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga (Santander), quien legalizó la captura y ordenó su traslado al establecimiento carcelario La Picota de Bogotá.

4 Cuaderno No. 1 folios. 65 a 70.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571)

Bogotá.

4 Cuaderno No. 1 folios. 65 a 70.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco 5

2.4 El 21 de noviembre de 2014 , el señor Carlos Julio Rosario Cortés fue trasladado al establecimiento penitenciario Las Heliconias de Florencia (Caquetá) y, el mismo día, radicó escrito de tutela con el fin de que fueran protegidos sus derechos constitucionales de la vida en condicion es dignas, libertad, la igualdad y del debido proceso, a su juicio, vulnerados por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá DC, el Tribunal Superior y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, pues, no se otorgó ningún mecanismo constitutivo de la pena de prisión intramural, pese a la condición de salud del recluso.

2.5 La Corte Suprema de Justicia “retuvo” el trámite de la tutela hasta el 16 de diciembre de 2014, cuando fue remitido al Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal para lo de su conocimiento; el cual, el 19 de diciembre de 2014 negó por improcedente la acción de tutela, sin practicar las pruebas solicitadas y omitió la protección de los derechos; decisión que fue recurrida y confirmada el 3 de marzo de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas no. 3; fin almente, en auto de 13 de mayo de 2015 la Corte Constitucional decidió no seleccionar dicho asunto para revisión.

Decisión de Tutelas no. 3; fin almente, en auto de 13 de mayo de 2015 la Corte Constitucional decidió no seleccionar dicho asunto para revisión.

2.6 El 7 de mayo de 2015, mediante resolución no. 398, el INPEC ordenó el traslado transitorio del interno Carlos Julio Rosario Cortés; desde el Hospital María Inmaculada Concepción de Florencia Caquetá, hasta el Hospital Departamental de Villavicencio, donde quedaría a cargo del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de esa ciudad.

2.7 El interno Carlos Julio Rosario Cortés se encontraba incomunicado y su familia desconocía su paradero debido a que una vez presentada la acción de tutela fue trasladado de manera irregular por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a la cárcel de Caquetá y luego a la del Meta.

2.8 El 25 de julio de 2015 el señor Carlos Julio Rosario Cortés falleció en el Hospital Departamental de Villavicencio como consecuencia de un paro cardíaco.

2.9 Las demandantes solicitan que se declare la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial ya que, existieron errores jurisdiccionales que vulneraron el derecho a la vida del interno Carlos Julio Rosario Cortés, por el hecho de haber ordenado su reclusión sin tener en cuenta su estado de salud y no resolver ni oportuna ni favorablemente el proceso de acción de tutela; y, solicitan que se declare la existencia de una falla en el servicio por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, debido a presuntas deficiencias en la prestación del servicio de salud durante los traslados del interno, las cuales habrían contribuido a su fallecimiento; la parte actora imputó textualmente lo siguiente:

Carcelario, debido a presuntas deficiencias en la prestación del servicio de salud durante los traslados del interno, las cuales habrían contribuido a su fallecimiento; la parte actora imputó textualmente lo siguiente:

(…) 14. TODOS LOS FUNCIONARIOS IGNORARON DE MANERA DOLOSA E INTENCIONAL, TANTO LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL COMO LOS DEL INPEC, CON SUS JUECES DE CONOCIMIENTO, DE EJECUCIÓN Y CONSTITUCIONALES, COMO EL INPEC, LAS PRUEBAS CONCLUYENTES QUE TUVIERON EN SU PODER Y DONDE el médico forense determinó que elRadicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco 6

señor CARLOS JULIO presenta estado grave por enfermedad, siendo incompatible con la vida en reclusión(…).

La RAMA JUDICIAL Y EL INPEC, a través de decisión adoptada, los días dos y tres de marzo de dos mil quince (2015) ordenan el traslado al departamento del Caquetá y luego al Meta, LO CUAL GENERÓ FUE EL AGRAVAMIENTO EN EL ESTADO DE SALUD DEL DETENIDO Y LA ACELERACIÓN DE SU MUERTE, SIN CONDOLERSE DE LOS PADECIMIENTOS Y LA CONSECUENCIA FATAL COMO FUE QUE ÉL falleció el 25 de julio de 2015, privado de su libertad. no protegiendo el dere cho fundamental de la vida como otros funcionarios que conocieron del asunto y sabían del peligro que corría CARLOS JULIO ROSARIO CORTÉS permitieron la muerte de quien se encontraba bajo su tutela,

protegiendo el dere cho fundamental de la vida como otros funcionarios que conocieron del asunto y sabían del peligro que corría CARLOS JULIO ROSARIO CORTÉS permitieron la muerte de quien se encontraba bajo su tutela, inhibiéndose de proteger el derecho a la vida.(…)”.

9.- La falla del servicio en la administración de justicia consistió en que tanto la Nación Colombiana - Consejo Superior de la Judicatura, representada legalmente por la Directora de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cargo que en la actu alidad desempeña la doctora Celinea Oróstegui Jiménez como responsables de la responsabilidad (sic) tanto administrativa, como civil que resultaron de las fallas en el servicio de la administración de justicia y de custodia en su buena función (…) cuando niegan la tutela de protección constitucional que rogaba por la protección de su vida, habiendo tenido todos los elementos de juicio para proteger la vida del hoy fallecido, derecho que se imploró su tutela y protección, con el agravante que era una person a inocente vinculada en un proceso absolutamente injusto, por omisión y que estaba bajo tutela y cuidado de la rama judicial, en ejercicio de medidas cautelares, actos en que se apropian bajo su tutela legal de la vida del afectado y donde le otorgan la acción del cobro de la lesión sufrida a los derechos, a su compañera permanente y su hija, personas naturales.

“(…) La muerte surgió del trato cruel y denigrante a que fue sometido el fallecido desde el 11 de octubre de 2014 cuando fue recluido en una estación de policía en suba Bogotá, en hacinamiento de trescientas personas donde solo había cupo

desde el 11 de octubre de 2014 cuando fue recluido en una estación de policía en suba Bogotá, en hacinamiento de trescientas personas donde solo había cupo para cuarenta personas, sin recibir atención médica por 90 días, la respuesta fue el traslado a unos calabozos en la zona rural del amazonia del departamento del Caquetá penitenciaria denominada las Heliconias por 120 días, de igual manera sin ninguna atención médica y l uego el traslado a la zona rural de acacías meta penitenciaria las acacías, donde se presentó su fallecimiento, sin haber recibido la mínima atención médica, y más cuando su estado es grave lo ameritaba, como se constata en las acciones constitucionales i nterpuestas y así se había dejado constancias ante todas las autoridades.5

B. Posición de las entidades demandadas

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, admitió la demanda mediante auto del 11 de abril de 2018 y ordenó su notificación a los demandados, lo cual ocurrió mediante correo electrónico enviado el 13 de abril de 20186 .

4. Mediante escrito radicado el 12 de junio de 20187 la Rama Judicial solicitó que se negaran las peticiones de la demanda y formuló los siguientes reparos:

5 Cuaderno No. 1 folios.40 a 81. 6 índice 11 Samia del tribunal. 7 Cuaderno No. 1 folios. 151 a 154.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco 7

4.1 Están probadas las excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por

Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco

7

4.1 Están probadas las excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, no existe un hecho o una omisión de algún despacho judicial y era el INPEC quien debía prestar el servicio de salud y de (ii) inexistencia del daño antijurídico, por cuanto, no se configuró un error judicial debido a que las actuaciones estuvieron adelantadas en el marco de la normatividad vigente.

4.2 No le son atribuibles las imputaciones de la demanda, porque de conformidad con las leyes 65 de 1993 y 1122 de 2007, el gobierno debe asumir la prestación y atención en salud de los reclusos ya que, estos deben estar afiliados al Sistema General de Seguri dad Social en Salud; y, el artículo 2 del Decreto No. 1141 de 20098, modificado por el Decreto No. 2777 de 20109 prescribe que el INPEC es el encargado de afiliar a los reclusos al Sistema General de Seguridad Social en Salud al régimen subsidiado.

5. El 8 de agosto de 201810, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC contestó de manera extemporánea la demanda.

C. La sentencia de primera instancia

6. El 26 de mayo de 2021 11, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C (i) declaró de oficio la excepción de “caducidad de la acción” respecto a las pretensiones elevadas contra la Rama judicial relacionadas con los presuntos errores judiciales en las providencias allegadas y, (ii) negó las pretensiones de la demanda frente a la falla del servicio alegada contra el INPEC,

respecto a las pretensiones elevadas contra la Rama judicial relacionadas con los presuntos errores judiciales en las providencias allegadas y, (ii) negó las pretensiones de la demanda frente a la falla del servicio alegada contra el INPEC, pues, no se aportó material probatorio que la demostrara; como argumentos expuso los que se desarrollan a continuación:

7. Se configuró la excepción de “caducidad de la acción” frente a la Rama Judicial, pues, transcurrieron más de dos (2) años desde la ejecutoria de las decisiones judiciales que se reprochan, lo que implica que la demanda fue presentada por fuera del término legal previsto en el artículo 164 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante

CPACA); ello se sustenta en que:

(…) Para la Sala debe declararse de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa en relación con los presuntos errores judiciales alegados por la actora porque los dos (2) años previstos en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA deben contabilizarse, de forma independiente, desde el 28 de mayo de 2013, el 17 de marzo de 2015 y el 25 de mayo de 2015, cuando cobraron ejecutoria las sentencias y autos proferidos en el proceso ordinario penal y el constitucional de tutela que definieron la situación jurídica del señor Rosario Cortés, por lo cual para el momento de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial (1 de junio de 2017) y la interposición de la demanda (24 de julio de 2017) ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. (…)”12.

conciliación prejudicial (1 de junio de 2017) y la interposición de la demanda (24 de julio de 2017) ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. (…)”12.

8 “Por el cual se reglamenta la afiliación de la población reclusa al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. 9 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1141 de 2009”. 10 Cuaderno No. 1 folios.158 a 167. 11 Cuaderno No. 4 folios. 281 a 294. 12 Cuaderno No. 4 folio 285.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco 8

8. No se estructura responsabilidad en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC por cuanto, no se acreditó la falla en el deber de custodia y cuidado del recluso, ni en la prestación del servicio de salud a su cargo, porque se probó qu e (i) el único traslado que el INPEC hizo al recluso se realizó en cumplimiento de la Resolución no. 398 del 7 de mayo de 2015, (ii) no se demostró que el INPEC no suministrara los medicamentos e insulina que requería.

9. No existe respaldo probatorio sobre la ausencia o indebida aplicación de la insulina al recluso ya que, los testimonios practicados en el proceso no sustentan esa afirmación; esto refirió expresamente el tribunal:

(…) Es claro que en virtud del artículo 106 del Código Penitenciario y Carcelario –

insulina al recluso ya que, los testimonios practicados en el proceso no sustentan esa afirmación; esto refirió expresamente el tribunal:

(…) Es claro que en virtud del artículo 106 del Código Penitenciario y Carcelario – Ley 65 de 1993, el INPEC debe garantizar la asistencia médica y proteger a las personas con enfermedades en fase terminal, por lo que el señor Rosario Cortés debía gozar de especial protección por parte de las autoridades de custodia y cuidado. Sin embargo, no se acreditó en el proceso que la víctima no estuviera recibiendo la insulina que requería como tratamiento de su enfermedad. La parte actora no allegó ningún medio probatorio que diera cuenta de lo sostenido en la demanda, no se solicitó, por ejemplo, el informe juramentado del Director del INPEC donde se detallara si se había o no aplicado la insulina al señor Carlos julio, ni tampoco se requirió testimonio de alguno de los funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios ( USPEC) que existe en cada centro penitenciario, incluido el de la cárcel de Villavicencio – Meta. (…).13

10. Finalmente, el tribunal no impuso condena en costas.

D. Recurso de apelación

11. El apoderado de la parte actora presentó recurso de apelación el 16 de junio de 202114solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y se concedieran las súplicas de la demanda; con los siguientes fundamentos:

12.1 El tribunal interpretó equivocadamente la excepción de caducidad, debido a que la familia de la víctima tuvo conocimiento efectivo del daño después de la

súplicas de la demanda; con los siguientes fundamentos:

12.1 El tribunal interpretó equivocadamente la excepción de caducidad, debido a que la familia de la víctima tuvo conocimiento efectivo del daño después de la desaparición del recluso, lo cual impidió actuar en el término legal; con respecto a esto, el artículo 164 del CPACA dispone que el término de caducidad debe contarse desde el conocimiento del daño, no desde su ocurrencia; adicionalmente, las normas de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario preceptúan que en lo s casos de violación grave de derechos fundamentales no procede la caducidad, razón por la cual, en este caso no operó tal excepción, ya que en este proceso se pretende “la indemnización de la víctima por la lesión de un derecho fundamental”.15

13Cuaderno No. 4 folio. 294. 14Cuaderno No. 4 folios 298 a 332. 15Cuaderno No. 4 folio. 306.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01372-01 (67571) Demandantes: Gloria Marina Castiblanco González y María Camila Rosario Castiblanco 9

12.2 La omisión institucional generalizada de los jueces, magistrados y funcionarios del INPEC ocasionó la muerte de la víctima, quienes ignoraron los informes médicos y las decisiones de los jueces de tutela, las cuales advertían el grave estado de salud del intern