CE - Sentencia 25000233600020170184902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01849-02 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa – CPACA

TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Pérdida de investidura de congresista - Privación del derecho al ejercicio de derechos políticos como Representante a la Cámara. SENTENCIA QUE SE DEJA SIN EFECTOS EN SEDE DE TUTELA – No corresponde a un evento de responsabilidad extracontractual por error jurisdiccional. El asunto debe examinarse desde la perspectiva de una falla del servicio. DAÑO ANTIJURÍDICO – Las sentencias que la Corte Constitucional deja sin efectos con ocasión de la expedición de una sentencia hito, que enmarca un cambio jurisprudencial, no entrañan un daño antijurídico siempre que hayan sido adoptadas de manera fundamentada, de conformidad con las normas y la jurisprudencia vigente s al momento en que se profirieron - No se acreditó el carácter antijurídico del daño padecido por el demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 8 de junio de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de

demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 8 de junio de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 20 de julio de 2010, Héctor Javier Vergara Sierra tomó posesión del cargo de Representante a la Cámar a, para el periodo constitucional 2010 -2014. Luego, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de agosto de 2012, decretó la pérdida de su investidura por encontrarlo incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política, que prohibía ser congresista a quien tuviera vínculo de parentesco en tercer grado de consanguinidad con funcionario que ejerciera autoridad civil o política . No obstante, posteriormente, la Corte Constitucional, a través de sentencia SU-424 de 2016, dejó sin efectos la decisión restrictiva de los derechos políticos del actor , al encontrar que ella había incurrido en un defecto sustantivo por falta de análisis del elemento de culpabilidad.

Los demandantes consideran que la Nación – Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el error jurisdiccional en el que incurrió la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 21 de agosto de 2012, ya que decretó la pérdida de investidura de Héctor Javier Vergara Sierra con desconocimiento de laRadicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

investidura de Héctor Javier Vergara Sierra con desconocimiento de laRadicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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jurisprudencia de la Sección Quinta de dicha Corporación y sin tener en cuenta que, conforme a es e mismo precedente , Héctor Javier Vergara Sierra se hallaba amparado por los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 29 de septiembre de 20171, Héctor Javier Vergara Sierra, Katiana Aguirre de Oro, Valeria Vergara Cruzado, Héctor Jesús Vergara Cruzado, Héctor Alejandro Vergara Aguirre y Luciana Vergara Aguirre , mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Rama Judicial, para que fuera declarad a patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional contenido en la sentencia proferida el 21 de agosto de 2012 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que decretó la pérdida de investidura del primero de ellos.

En consecuencia, solicitaron condenar a la entidad demandada a pagar : i) por perjuicios morales, 100 SMLMV para Héctor Javier Vergara Sierra y 80 SMLMV para Katiana Aguirre de Oro, Valeria Vergara Cruzado, Héctor Jesús Vergara Cruzado, Héctor Alejandro Vergara Aguirre y Luciana Vergara Aguirre; ii) por daño a la vida de relación, 200 SMLMV para Héctor Javier Vergara Sierra y 100 SMLMV para los

Héctor Alejandro Vergara Aguirre y Luciana Vergara Aguirre; ii) por daño a la vida de relación, 200 SMLMV para Héctor Javier Vergara Sierra y 100 SMLMV para los demás demandantes; iii) por lucro cesante consolidado , la suma de $603.810.336 para Héctor Javier Vergara Sierra ; y iv) por lucro cesante futuro, la suma de $1.361.616.713, en favor de este último.

Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que Héctor Javier Vergara Sierra fue elegido Representante a la Cámara por el departamento de Sucre para el periodo constitucional 2010 – 2014 y que, para ese cargo, tomó posesión el 20 de julio de 2010.

Asimismo, s eñaló que el ciudadano Jesús Enrique Vergara Barreto presentó demanda de pérdida de investidura contra Héctor Javier Vergara Sierra, en la que sostuvo que éste último no podía haber sido elegido Congresista en razón a su vínculo de parentesco con un funcionario que ejercía autoridad política y civil, así como dirección administrativa en el municipio de Sincelejo.

También, indicó que, mediante sentencia del 21 de agosto de 2012 , la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Héctor Javier Vergara Sierra por considerar que, cuando fue elegido Representante a la Cámara por el departamento de Sucre , para el periodo 2010 – 2014, estaba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179.5 de la Constitución Política, pues su padre desempeñaba el cargo de Secretario General

Representante a la Cámara por el departamento de Sucre , para el periodo 2010 – 2014, estaba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179.5 de la Constitución Política, pues su padre desempeñaba el cargo de Secretario General

1 Fl. 1 a 50, C.1.Radicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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de la Alcaldía de Sincelejo , esto es, un empleo en el que ejercía autoridad política en la misma circunscripción territorial por la que el señor Vergara Sierra resultó electo.

Manifestó que , en cumplimiento de esa decisión judicial , Héctor Javier Vergara Sierra ocupó el cargo de Representante a la Cámara hasta el 31 de octubre de 2012, cuando el Congreso de la República procedió a apartarlo de su curul a través de Resolución M.D. 2666.

A su turno, refirió que el 16 de enero de 2013 Héctor Javier Vergara Sierra interpuso recurso extraordinario especial de revisión contra la decisión que decretó la pérdida de su investidura, el cual fue declarado infundado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo d el Consejo de Estado mediante sentencia del 4 de agosto de 2015.

Advirtió que, el 16 de enero de 2013, el directo afectado presentó acción de tutela contra la decisión de pérdida de investidura, que fue negada en única instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante fallo de 31 de julio de 2014, y remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

contra la decisión de pérdida de investidura, que fue negada en única instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante fallo de 31 de julio de 2014, y remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Finalmente, agregó que la acción de amparo fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, y que mediante sentencia SU-424 de 2016 esa Corporación dejó sin efectos la decisión que había decretado la pérdida de investidura como Representante a la Cámara de Héctor Javier Vergara Sierra, al encontrar que había incurrido en un defecto sustantivo por falta de aplicación del principio de culpabilidad.

En el sub lite los demandantes consideran que la decisión que decretó la pérdida de investidura de Héctor Javier Vergara Sierra incurrió en error jurisdiccional, pues fue adoptada: i) en aplicación de un régimen objetivo de responsabilida d; ii) con desconocimiento del precedente judicial de la Sección Quinta del Consejo de Estado, según el cual, tratándose de Representantes a la Cámara, las circunscripciones departamental y municipal no coincidían para efectos de aplicar la inhabilidad prevista en el artículo 179.5 de la Constitución Política ; y iii) sin tener en cuenta que ese mismo precedente no solo era más favorable a Héctor Javier Vergara Sierra, sino que, además, le otorgaba la confianza y seguridad jurídica para participar en las elecciones al Congreso, pese al vínculo laboral que su padre mantenía con el municipio de Sincelejo.

2. Contestación

2.1. La Rama Judicial 2 presentó la contestación de la demanda de forma extemporánea.

mantenía con el municipio de Sincelejo.

2. Contestación

2.1. La Rama Judicial 2 presentó la contestación de la demanda de forma extemporánea.

2 Fl. 66 a 73, C.1.Radicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La Rama Judicial 3 argumentó que la decisión cuestionada se enc ontraba ajustada a la ley y a la jurisprudencia vigente para la época de los hechos.

3.2. La parte actora 4 insistió en los argumentos expuesto s en la demanda y, además, agregó que la Sala Plena del Consejo de Estado incurrió en error jurisdiccional, porque omitió valorar en forma adecuada las pruebas aportadas por el demandado en el proceso de pérdida de investidura.

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de junio de 20 235 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda , al advertir que el fallo de pérdida de investidura no incurrió en error jurisdiccional, pues fue proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en forma razonada y coherente.

Al efecto, consideró que la decisión censurada aplicó un régimen objetivo de responsabilidad, siguiendo un criterio interpretativo razonable de la causal de pérdida de investidura y que, aunque la Sala Plena del Consejo de Estado en la

Al efecto, consideró que la decisión censurada aplicó un régimen objetivo de responsabilidad, siguiendo un criterio interpretativo razonable de la causal de pérdida de investidura y que, aunque la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia sancionatoria se decantó por un entendimiento de la circunscripción territorial distinto al de la Sección Quinta de la misma Corporación, dicha diferencia de posturas, en torno a un mismo supuesto inhabilitante, en modo alguno implicaba un desconocimiento del precedente judicial. Afirmó que la Sala Plena del Consejo de Estado no estaba obligada a seguir la jurisprudencia de la Sección Quinta para la aplicación de la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179.5 de la Constitución Política, por lo que no podía predicarse vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica y que, contrario a lo expuesto por los demandantes, la decisión de pérdida de investidura halló sustento en las pruebas oportunamente allegadas al proceso.

En la parte resolutiva el Tribunal condenó a la parte demandante al pago de costas y agencias en derecho.

5. Apelación

5.1. La parte actora6 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda , afirmando que la decisión que decretó la pérdida de investidura fue calificada como errónea

3 Samai, índice 2. Archivo denominado ED_19_RECIBEMEMORIALES_(.docx) NroActua 2.docx 4 Samai, índice 2. Archivo denominado ED_17_RECIBEMEMORIALES_(.pdf) NroActua 2.pdf 5 Samai, índice 2. Archivo denominado ED_23_SENTENCIAQUENIEGA(.pdf) NroActua 2.pdf

4 Samai, índice 2. Archivo denominado ED_17_RECIBEMEMORIALES_(.pdf) NroActua 2.pdf 5 Samai, índice 2. Archivo denominado ED_23_SENTENCIAQUENIEGA(.pdf) NroActua 2.pdf 6 Samai, índice 2. Archivo denominado ED_26_RECIBEMEMORIALES_(.pdf) NroActua 2.pdfRadicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-424 de 2016 , pues aplicó un régimen objetivo de responsabilidad en desconocimiento de los derechos fundamentales de Héctor Javier Vergara Sierra.

Luego de insistir en los demás argumentos expuestos en la demanda, afirmó que la decisión de pérdida de investidura incurrió en error jurisdiccional porque omitió valorar en forma adecuada las pruebas aportadas por Héctor Javier Vergara Sierra en el proceso sancionatorio y analizó indebidamente los argumentos del recurso extraordinario especial de revisión que aquel formuló en contra del fallo que afectó sus derechos políticos.

Igualmente, indicó que al señor Vergara Sierra se le causó un verdadero daño antijurídico, al retirársele su investidura como congresista e impedírsele la terminación de su periodo constitucional, bajo el amparo de la sentencia que posteriormente fue dejada sin efectos.

Finalmente, t ambién reprochó la condena en costas y agencias en derecho impuesta por el Tribunal en la sentencia de primera instancia, pues aseguró que su tasación debió observar el comportamiento de la demandada al contestar el libelo introductorio.

Finalmente, t ambién reprochó la condena en costas y agencias en derecho impuesta por el Tribunal en la sentencia de primera instancia, pues aseguró que su tasación debió observar el comportamiento de la demandada al contestar el libelo introductorio.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Como no se decretaron pruebas, ni se solicitaron en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación , de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 7, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia8.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante : (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer

7 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días

un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” . 8 Samai, índice 10.Radicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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del asunto, según lo previsto en el artículo 1049 del CPACA, porque se demanda la responsabilidad extracontractual d e la Nación - Rama Judicial . Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 8 de junio de 20 23, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió los 50010 SMLMV, en concordancia con los artículos 15011 y 15212 del CPACA.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los términos del artículo 14013 del CPACA.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de una decisión de la administración de justicia que, posteriormente, fue dejada sin efectos en sede de tutela. En efecto,

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de una decisión de la administración de justicia que, posteriormente, fue dejada sin efectos en sede de tutela. En efecto, en el presente asunto se tiene que m ediante sentencia SU-424 de 2016 , la Corte Constitucional dejó sin efectos aquella proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 21 de agosto de 20 12, que declaró la pérdida de investidura de Representante a la Cámara de Héctor Javier Vergara Sierra.

9 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios ori ginados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa … [de] 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]” 10 La pretensión mayor de la demanda se estima en $ 1.965.427.049 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante , lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó. 11 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las s entencias dictadas en

11 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las s entencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 12 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]”. 13 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputab le a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. […]. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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Ahora bien, en razón al pronunciamiento adoptado por la Corte Constitucional , no es posible hablar de un “error jurisdiccional” en la providencia dictada por el Consejo de Estado el 21 de agosto de 20 12, que en este proceso es objeto de reproche, porque uno de los presupuestos para la configuración del yerro judicial es que la providencia cuestionada se encuentre ejecutoriada 14, lo que no sucede en el caso que en esta oportunidad es sometido a consideración.

Así pues, siguiendo el derrotero trazado en forma previa por esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado15, se estima que lo correcto es encauzar el análisis de este asunto bajo la óptica de una eventual falla en el servicio.

1.3. Bajo el escenario expuesto, se tiene que la demanda fue ejercida en tiempo, pues fue presentada dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 16416 del CPACA para formular pretensiones de reparación directa , toda vez que: (i) la sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016 – que vino a denotar el defecto fáctico en la decisión que decretó la pérdida de investidura de Representante a la Cámara de Héctor Javier Vergara Sierra – fue comunicada por la Corte Constitucional en esa misma fecha 17-18; (ii) el 11 de agosto de 2017 la parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial, la cual se declaró fallida el 11 de septiembre de

esa misma fecha 17-18; (ii) el 11 de agosto de 2017 la parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial, la cual se declaró fallida el 11 de septiembre de esa anualidad19; y (iii) la demanda se presentó el 29 de septiembre de 2017.

1.4. Héctor Javier Vergara Sierra está legitimado en la causa por activa, pues fue a quien la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado le decretó la pérdida de su investidura como Congresista, mediante sentencia del 21 de agosto de 2012, decisión que reprocha de haberle ocasionado un daño antijurídico.

De otro lado, Katiana Aguirre de Oro, Valeria Vergara Cruzado, Héctor Jesús Vergara Cruzado, Héctor Alejandro Vergara Aguirre y Luciana Vergara Aguirre no se encuentran legitimados en la causa por activa, pues no reposa en el expediente ninguna prueba que dé cuenta que, quienes dijeron comparecer a este proceso como familiares del entonces Representante a la Cámara hayan sufrido algún daño

14 Artículo 67.2 de la Ley 270 de 1996. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de septiembre de 2014, Rad.: 70018. Al respecto, véase también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de abril de 2024, Rad.: 66898. 16 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del

Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” 17 Comunicado número 33 de la Corte Constitucional visible en https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2033%20comunicado%2010%20y%2011 %20de%20agosto%20de%202016.pdf 18 Sobre el carácter informativo de los comunicados de prensa emitidos por la Corte Constitucional, véase autos 201 de 2013 y 521 de 2016, proferidos por esa Corporación. 19 Fl. 222 a 234, C.2.Radicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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con la decisión proferida en el proceso de pérdida de investidura, del cual tampoco fungieron como parte.

Finalmente, la Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Rama Judicial , toda vez que fue un órgano perteneciente a su estructura quien, en el marco de un proceso de pérdida de investidura, profirió la sentencia a la que se le atribuye “error jurisdiccional”.

2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a esta Sala verificar si la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado incurrió en una

2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a esta Sala verificar si la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado incurrió en una falla del servicio al proferir la sentencia del 21 de agosto de 2012.

3. Hechos probados

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema jurídico planteado en el presente asunto:

3.1. Está probado que Héctor Javier Vergara Sierra fue elegido Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de Sucre, para el periodo constitucional 2010-2014, pues así se desprende de la certificación expedida el 22 de septiembre de 2016 por la Subsecretaria General de la Cámara de Representantes20.

3.2. Asimismo, consta que Héctor Javier Vergara Sierra tomó posesión del cargo de Representante a la Cámara para el periodo constitucional 2010 -2014, el día 20 de julio de 201021.

3.3. También se encuentra acreditado que, en fecha indeterminada, el ciudadano Jesús Enrique Vergara Barreto presentó demanda de pérdida de investidura en contra del Representante a la Cámara Héctor Javier Vergara Sierra, por considerar que con su elección se había quebrantado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas , específicamente los artículos 179.5 de la Constitución Política y 280.2 de la Ley 5ª de 1992 . Del contenido de la sentencia que puso término a ese proceso 22 se extrae que , para aquel demandante, Héctor Javier Vergara Sierra no podía haber sido elegido parlamentario porque , para la

Constitución Política y 280.2 de la Ley 5ª de 1992 . Del contenido de la sentencia que puso término a ese proceso 22 se extrae que , para aquel demandante, Héctor Javier Vergara Sierra no podía haber sido elegido parlamentario porque , para la fecha de su elección como congresista, su padre se desempeñaba como Secretario General de la Alcaldía de Sincelejo, esto es, un empleo en el que ejercía autoridad

20 Certificación expedida el 22 de septiembre de 2016 por la Subsecretaria General de la Cámara de Representantes. Folio 183, C.2. 21 Gaceta del Congreso No. 505 de 2010. Folios 172 a 181, C.2. 22 Sentencia proferida el 21 de agosto de 2012 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Fl. 1 a 54, C.2.Radicado: 25000233600020170184902 (70224)

Demandante: Héctor Javier Vergara Sierra y otros

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política y civil, así como dirección administrativa en la misma circunscripción territorial por la que el señor Vergara Sierra fue elegido Congresista.

3.4. Consta, igualmente, que Héctor Javier Vergara Sierra se pronunció frente a la demanda de pérdida de investidura. El fallo que culminó ese proceso 23 da cuenta que el señor Vergara Sierra se opuso a la pretensión sancionatoria porque, según la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la circunscripción departamental por la que fue elegido Representante a la Cámara difería de la circunscripción municipal en la que su pariente pudo haber ejercido la autoridad civil y política.

la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la circunscripción departamental por la que fue elegido Representante a la Cámara difería de la circunscripción municipal en la que su pariente pudo haber ejercido la autoridad civil y política.

3.5. Del mismo modo, está probado que mediante sentencia del 21 de agosto de 201224 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Héctor Javier Vergara Sierra, por considerar que cuando fue elegido Representante a la Cámara por el departamento de Sucre para el periodo constitucional 2010 – 2014 se hallaba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política , pues su padre , antes, durante y después de aquellos comicios , había ocupado el cargo de Secretario General de la Al caldía de Sincelejo, en el que había ejercido autoridad política dentro de la misma circunscripción territorial que eligió al señor Vergara Sierra.

Dicha providencia r efirió que la Sala Plena de la Corporación, concretamente en sentencias de 28 de mayo de 2002 ( Rad.: PI-033 y PI-034) y del 15 de febrero de 2011 (Rad.: 11001-03-15-000-2010-01055-00), había sido enfática en señalar que, para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarían una circunscripción territorial, integrada también por los municipios que conformaban el departamento. Por ello, estimó que estaba inhabilitado para inscribirse como Representante a la Cámara quien tuviera vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco en los términos señalados por la

los municipios que conformaban el departamento. Por ello, estimó que estaba inhabilitado para inscribirse como Representante a la Cámara quien tuviera vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco en los términos señalados por la ley, con funcionarios que ejercieran autoridad civil o política en municipios del mismo departamento por el que se llevaba a cabo la inscripción.

La misma sentencia anotó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con anterioridad a la fecha de los comicios en los que resultó electo Héctor Javier Vergara Sierra, había expresado su criterio sobre la circunscripción territorial en material electoral, lo