CE - Sentencia 25000233600020170233404 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 2500023-36-000-2017-02334-04 (72.443)

Demandante: Grupo de Inversionistas Asociados Colalpe Ltda Demandado: Nación-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro

Referencia: Reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LIMITACIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROPIEDAD PRIVADA - Declaratoria de Reserva Forestal Regional Productora del Norte

de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen” / LÍMITES AMBIENTALES A LOS USOS DEL SUELO - El uso del suelo no es un derecho adquirido / DAÑO ESPECIAL - No se probó la depreciación del predio de la demandante o alguna otra afectación a los derechos de la accionante que dieran cuenta del rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas / CONDENA EN COSTAS – Régimen objetivo – Procedencia y causación.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de agosto de 2024, mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la sociedad actora.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La demandante pretende la indemnización de los perjuicios causados por la limitación del derecho de dominio sobre un predio de su propiedad que fue incluido

SÍNTESIS DEL CASO

2. La demandante pretende la indemnización de los perjuicios causados por la limitación del derecho de dominio sobre un predio de su propiedad que fue incluido en la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen”, lo cual le impidió desarrollar un proyecto inmobiliario que supuestamente construiría en el respectivo lote. La primera instancia señaló que no se demostró daño antijurídico alguno, porque la simple inscripción de un área de protección ambiental no configura un menoscabo que deba repararse, por ende, al tratarse de la parte vencida, condenó en costas a la actora. La mencionada determinación fue apelada por la sociedad accionante bajo el argumento de que el fallo fue incongruente al no valorar adecuadament e el material probatorio y, en todo caso, no debió condenársele por dicho concepto, dado que no actuó de forma temeraria o de mala fe.Radicación: 2500023-36-000-2017-02334-04 (72.443)

Demandante: Grupo de Inversionistas Asociados Colalpe Ltda Demandado: Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro

Referencia: Reparación directa

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ANTECEDENTES

Demanda

3. El 11 de diciembre de 2017 1, el Grupo de Inversionistas Asociados Colalpe Ltda2 -en adelante, Colalpe Ltda -, por conducto de apoderado judicial 3, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -en lo sucesivo, Ministerio de Ambiente - y la Corporación

demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -en lo sucesivo, Ministerio de Ambiente - y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -en lo subsiguiente, CAR-, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de los perjuicios causados por la limitación del dominio sobre un inmueble de su propiedad4.

4. A título de indemnización, la actora solicitó que se condenara a la parte demandada a pagar: (i) $800’000.000 por daño emergente, por la disminución del valor comercial del predio; (ii) $2.200’000.000 por lucro cesante consolidado, derivado a la pérdida de utilidades por la no realización del proyecto inmobiliario;

(iii) las costas que se causen en el presente litigio, y (iv) la indexación de las referidas sumas de dinero.

5. Como fundamentos fácticos, en síntesis, narró:

6. Mediante la Escritura Pública No. 1064 del 27 de mayo de 2007 expedida por

la Notaría 15 del Círculo Notarial de Bogotá D.C., la sociedad Barrera e Hijos Ltda, hoy Colalpe Ltda., compró el “lote de terreno 12 Pte Lote 3 Las Mercedes Suba” , identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20000679, Cédula Catastral 107107015200000000 y Chip AAA0156RHFT, con la intención de construir una edificación sobre el mismo, por lo que fue asesorado por la Constructora “Heshusius Pinzón Arquitectos”.

7. En diciembre de 2015, la referida constructora alertó a la demandante sobre

edificación sobre el mismo, por lo que fue asesorado por la Constructora “Heshusius Pinzón Arquitectos”.

7. En diciembre de 2015, la referida constructora alertó a la demandante sobre la inscripción realizada en la anotación No. 12 del correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, por medio de la cual, la CAR vinculó al mencionado inmueble a la Reserva Forestal Regional “Thomas Van Der Hammen”, en virtud de los Acuerdos Distritales No. 11 y 21 del 19 de julio de 2011 y 23 de septiembre de 2014, respectivamente.

8. En la demanda se indicó que dicho registro “limitaba el derecho de dominio”5 sobre el predio, en cuanto le impidió adelantar cualquier tipo de construcción. En esa medida, la accionante señaló que se le ocasionó un daño antijurídico especial

1 Folios 1 a 13 del cuaderno digital 1 que obra en el índice 93 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2 Nombre tomado de forma literal del certificado de existencia y representación legal que consta en los folios 45 a 50 del cuaderno digital 2. 3 La sociedad accionante le confirió poder al abogado Santiago Gabriel Barrera Molina y Elsa Cristina Posada Rodríguez, mandado judicial que obra en los folios 14 y 15 del cuaderno digital 1. 4 En concreto, la pretensión declarativa fue formulada en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “Declárese a LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA administrativamente responsables por falla en el servicio al haber sido

CUNDINAMARCA y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA administrativamente responsables por falla en el servicio al haber sido limitado el dominio del 100% del inmueble propiedad de la sociedad Grupo de inversionistas asociados ‘COLALPE’ Ltda”. Folio 3 de la demanda de la referencia. 5 Folio 2 de la demanda de la referencia.Radicación: 2500023-36-000-2017-02334-04 (72.443)

Demandante: Grupo de Inversionistas Asociados Colalpe Ltda Demandado: Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro

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que resultaba indemnizable ante el rompimiento de la igualdad de las cargas públicas y, en todo caso, la respectiva inscripción seguía vigente, por lo que se configuró un menoscabo continuado6.

Contestaciones de la demanda

9. La CAR7 se opuso a la prosperidad de las pretensiones para lo cual propuso la excepción de caducidad, en cuanto el plazo para demandar empezó a correr con la publicación del Acuerdo 11 de 2011, lo cual ocurrió el 9 de agosto de ese mismo año o, en gracia de discus ión, desde que se efectuó la anotación en el respectivo folio de matrícula, esto es, el 31 de enero de 2013.

10. La referida entidad también sostuvo que la declaratoria de la mencionada reserva forestal se sustentó en los diversos actos administrativos que fueron expedidos en torno al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá -en adelante, POT-, en especial, las Resoluciones 475 y 621 del 2000, por medio de las cuales el

reserva forestal se sustentó en los diversos actos administrativos que fueron expedidos en torno al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá -en adelante, POT-, en especial, las Resoluciones 475 y 621 del 2000, por medio de las cuales el Ministerio de Ambiente determinó la creación de una zona de protección ambiental en el Distrito Capital, por lo que “en el caso que nos ocupa, ni siquiera puede hablarse de la existencia de una expectativa de construir en el inmueble”8.

11. Lo anterior, porque en el mencionado acuerdo lo que se hizo fue reiterar lo señalado previamente por la Administración frente al área de reserva y el uso de suelo, de ahí que el predio “siempre estuvo localizado en zona rural donde no se permitía ni se permite realizar construcciones o edificaciones” 9 y, por ende, no se generó daño antijurídico alguno.

12. El Ministerio de Ambiente 10 señaló que carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no expidió el Acuerdo 11 de 2011, sumado a ello, el término para ejercer el derecho de acción debe computarse a partir de la inscripción de la citada reserva en el folio de matrícula inmobiliaria del lote y, en todo caso, no existe nexo causal entre las actuaciones que adelantó esa cartera ministerial y el menoscabo invocado.

Trámite relevante en primera instancia

13. Por medio de auto dictado en el marco de la audiencia inicial del 17 de julio de 2019 11, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró : (i) no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio

de 2019 11, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró : (i) no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Ambiente, y (ii) probada la excepción de caducidad planteada por las accionadas, e sta última decisión, en cuanto el lapso para ejercer el derecho de acción empezó a correr desde que se efectuó la inscripción de la limitación de la

6 Mediante auto del 29 de enero de 2018, el Tribunal inadmitió la demanda de la referencia, para que la parte actora: (i) precisara la fecha concreta del conocimiento del hecho, omisión u operación administrativa atribuida a las accionadas, y (ii) estimara de forma razonada la cuantía. Como consecuencia, la sociedad accionante allegó memorial de subsanación y el a quo admitió la demanda de la referencia por medio de providencia del 12 de marzo siguiente. Índices 3, 5 y 7 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 7 Folios 46 a 70 del cuaderno digital 3. 8 Folio 23 de la referida contestación. 9 Folio 24 de la referida contestación. 10 Folios 83 a 92 del cuaderno digital 3. 11 Índice 34 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 2500023-36-000-2017-02334-04 (72.443)

Demandante: Grupo de Inversionistas Asociados Colalpe Ltda Demandado: Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro

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propiedad en el registro de instrumentos públicos, como consecuencia, dicho plazo

Ltda Demandado: Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro

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propiedad en el registro de instrumentos públicos, como consecuencia, dicho plazo finalizó el 1º de febrero de 2015, por lo que la demanda fue extemporánea.

14. La parte demandante apeló la anterior determinación, recurso resuelto de manera favorable por esta Corporación a través de providencia del 29 de mayo de 202012, en la cual se indicó que: (i) en el expediente no obraba prueba de que, previamente, se hubiese adelantado actuación administrativa alguna con citación a la actora que le permitiera conocer que se le impondría una afectación sobre el predio objeto de controversia, y (ii) el hecho dañoso no surgió a partir de la sola expedición del Acuerdo 11 de 2011, por lo que no era posible computar el término desde la publicación de ese acto. En ese sentido, solo hasta el 9 de diciembre de 2015, fecha en la que se solicitó un certificado de tradición y libertad, la accionante conoció el daño, por lo que la demanda fue oportuna, sin perjuicio de que se descubrieran elementos de juicio que exigieran un nuevo análisis de caducidad.

15. El 26 de julio de 2023 13, el Tribunal reanudó la audiencia inicial, en la que, entre otros aspectos 14, negó el plazo adicional solicitado por la parte actora para allegar el informe pericial enunciado en el escrito inicial de la referencia para efectos de probar la desvaloración del valor comercial del inmueble, así como la pérdida económica derivada de l a imposibilidad de ejecutar el proyecto inmobiliario. La

allegar el informe pericial enunciado en el escrito inicial de la referencia para efectos de probar la desvaloración del valor comercial del inmueble, así como la pérdida económica derivada de l a imposibilidad de ejecutar el proyecto inmobiliario. La mencionada decisión fue confirmada en sede de apelación mediante proveído del 25 de octubre de ese mismo año15.

16. A través de providencia del 22 de noviembre siguiente 16, proferida en el marco de la audiencia de pruebas, el a quo prescindió del testimonio decretado a petición de la sociedad demandante, en cuanto el testigo no compareció a declarar, determinación frente a la cual se interpuso apelación, la cual fue resuelta desfavorablemente por esta Corporación el 5 de diciembre de 202417.

17. En la fase de alegatos de conclusión, la parte actora18 indicó que, si bien la propiedad privada puede ser objeto de limitaciones o restricciones en aras de la función ecológica, lo cierto es que eso no implicaba desconocer el núcleo esencial de ese derecho al punto de restringir el goce y disposición de los b ienes, lo que le impidió desarrollar un proyecto de ejecución de consultorios para la Clínica Juan N Corpas. Aunado a ello, las entidades accionadas no argumentaron que el predio era

12 Proveído dictado con ponencia de la entonces consejera de estado Marta Nubia Velásquez Rico, bajo número interno 64.418. 13 Índice 78 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 14 En la referida diligencia, el Tribunal también: (i) señaló que el litigio se edificaba en establecer “si

bajo número interno 64.418. 13 Índice 78 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 14 En la referida diligencia, el Tribunal también: (i) señaló que el litigio se edificaba en establecer “si en razón a la expedición del Acuerdo No. 11 de 2011 CAR se causa un daño antijurídico a la parte actora, consistente en la imposibilidad de construir o enajenar el inmueble, o cualquier otro acto de explotación económica o de disposición del mismo” , en caso afirmativo, si resultaba imputable a la parte demandada y si se demostraron los perjuicios ocasionados, y (ii) decretó como prueba los documentos aportados con la demanda de la referencia y el testimonio del señor Yhonny Heshusius, solicitado por la accionante. 15 Providencia proferida con ponencia de la exmagistrada Marta Nubia Velásquez Rico bajo número interno 70.263. 16 Índice 91 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 17 Auto dictado por el magistrado ponente del presente fallo con el número de radicación interna 71.616. 18 Índice 89 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 2500023-36-000-2017-02334-04 (72.443)

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fundamental para proteger los ecosistemas, por lo que no precisaron las razones por las que se incluyó el inmueble en la zona de protección ambiental.

Sostenible y otro

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fundamental para proteger los ecosistemas, por lo que no precisaron las razones por las que se incluyó el inmueble en la zona de protección ambiental.

18. En contraste, la CAR 19 indicó que no se demostraron las afectaciones que supuestamente sufrió Colalpe Ltda con la inscripción de la reserva forestal. El Ministerio de Ambiente 20 insistió en que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Sentencia de primera instancia

19. Mediante sentencia del 29 de agosto de 202421, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: (i) negó las pretensiones de la demanda y (ii) condenó en costas a la accionante.

20. De manera preliminar, la primera instancia explicó que en el expediente de la referencia no obran elementos de juicio distintos que lleven a analizar nuevamente lo relacionado con la caducidad de la acción, de ahí que, tal y como lo concluyó esta Corporaci ón, el plazo para demandar empezó a correr el 9 de diciembre de 2015 y, por ende, la demanda fue oportuna.

21. El Tribunal explicó que, de conformidad con jurisprudencia del Consejo de Estado, la afectación de los inmuebles destinados al cumplimiento de la función ambiental y ecológica de la propiedad corresponde a una carga que, en principio, debe soportarse y, como consecuencia, no constituye daño antijurídico alguno. En ese sentido, el menoscabo no se concreta a partir de la mera limitación del uso del suelo o la desvalorización del valor comercial del predio, sino que deben acreditarse condiciones específicas de destinación, así como circunstancias ciertas y concretas

ese sentido, el menoscabo no se concreta a partir de la mera limitación del uso del suelo o la desvalorización del valor comercial del predio, sino que deben acreditarse condiciones específicas de destinación, así como circunstancias ciertas y concretas derivadas de la actividad económica objeto de limitación.

22. El a quo consideró que la accionante no demostró cuál fue la zonificación ambiental asignada al inmueble con ocasión de la declaratoria de reserva forestal, lo cual impide establecer el alcance de las restricciones al uso del suelo que recayeron sobre el lote. Sin embargo, no podía dejarse de lado que a todas las áreas que conformaran la zona protegida se les prohibió la expedición de licencias de construcción, por lo que a Colalpe Ltda lo que le correspondía era demostrar, en forma comparativa, el valor del predio antes y después de la afectación ambiental, carga que no cumplió, en cuanto no allegó en oportunidad el informe pericial señalado en la demanda, determinación que fue confirmada en segundo grado.

23. Aunado a ello, la sociedad demandante no probó el uso del suelo antes de la inscripción de la reserva forestal y, en todo caso, de acuerdo con el Formulario de Declaración sugerida del Impuesto Predial Unificado, para el 2007 el inmueble no reportaba const rucciones, por lo que por lo menos para esa fecha no se había desarrollado ningún proyecto inmobiliario, como se sostuvo en la demanda, ni tampoco se acreditó que estuviera en marcha la solicitud de una licencia o realización de una intervención económica anticipada para el inicio de obras en el

19 Índice 87 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 20 Índice 88 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

realización de una intervención económica anticipada para el inicio de obras en el

19 Índice 87 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 20 Índice 88 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 21 Índice 97 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 2500023-36-000-2017-02334-04 (72.443)

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lote, por lo que no es posible concluir que se desarrollara alguna actividad productiva que resultó limitada con la declaratoria del área protegida.

24. Bajo esa línea argumentativa, el Tribunal indicó que, aunque en el expediente constan diversas peticiones que la actora elevó en 2015 ante diferentes empresas para lograr la instalación de servicios públicos, lo cierto es que la simple expectativa de una f utura construcción no constituye daño antijurídico alguno, para lo cual reiteró que, previo a la declaratoria de la Reserva Forestal Regional “Thomas Van Der Hammen”, el predio no contaba con autorización para edificar sobre el mismo.

25. Además, si bien en la etapa de alegatos la actora se refirió a la supuesta frustración de una construcción con la Clínica Juan N Corpas, ese aspecto no hizo parte de las circunstancias expuestas en la demanda, de ahí que no fue incluida al fijar el litigio y no es dable modificar la causa petendi; sin embargo, en el Acuerdo 11 de 2011 se permitió un uso del suelo especial para ese centro hospitalario, por

fijar el litigio y no es dable modificar la causa petendi; sin embargo, en el Acuerdo 11 de 2011 se permitió un uso del suelo especial para ese centro hospitalario, por lo que, en principio, dicha edificación podía llevarse a cabo y la demandante no habría sufrido menoscabo alguno. Frente a la exposición de los motivos por los cuales se incluyó el predio en el área protegida, el a quo consideró que realmente lo que se pretendía era debatir la legalidad de los Acuerdos 11 y 21, lo cual resultaba ajeno a la finalidad de la acción de reparación directa y, en todo caso, no hizo parte de las pretensiones formuladas.

26. La primera instancia condenó en costas a la parte demandante, para lo cual precisó que, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el juez debía tasar las agencias en derecho en función de la naturaleza, duración y actuaciones desplegadas por la contraparte. Por lo anterior, dicho rubro lo fijó en el 0,5% de las pretensiones desestimadas, es decir, $15’000.000, suma de dinero que se dividiría en partes iguales entre las entidades demandadas, las cuales contestaron la demanda de la referencia y alegaron de conclusión.

Recurso de apelación

27. La actora apeló el fallo de primer grado 22, para lo cual argumentó que esa decisión fue “incongruente y alejada de todo razonamiento lógico -argumentativo procesal probatorio”23, toda vez que, a pesar de que la primera instancia consideró que en la demanda de la referencia no se precisó la zona en la que estaba ubicado

decisión fue “incongruente y alejada de todo razonamiento lógico -argumentativo procesal probatorio”23, toda vez que, a pesar de que la primera instancia consideró que en la demanda de la referencia no se precisó la zona en la que estaba ubicado el predio afectado y, por ende, el Tribunal adujo que “no se prueba la depreciación del inmueble y/o el daño antijuridico” 24, lo cierto es que esa conclusión fue errada, en cuanto era al a quo al que le correspondía interpretar los Acuerdos 11 y 21 para determinar si el lote hacía o no parte del área de reserva forestal y, en caso de duda, debió decretar pruebas de oficio, en virtud del inciso segundo del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011.

28. Además, la CAR edificó su defensa en la configuración de la caducidad de la presente acción judicial, pero no manifestó reparo alguno en lo relativo a la

22 Índices 101 y 102 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 23 Folio 4 del referido memorial. 24 Ibidem.Radicación: 2500023-36-000-2017-02334-04 (72.443)

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imposibilidad de realizar actividades de construcción en el lote o, en su defecto excepcionar que en el predio se podrían llevar a cabo determinadas labores, por lo que era evidente que la declaratoria de la zona de protección sobre el 100% del inmueble le restó utilidad productiva, tal y como lo reconoció el director de esa

excepcionar que en el predio se podrían llevar a cabo determinadas labores, por lo que era evidente que la declaratoria de la zona de protección sobre el 100% del inmueble le restó utilidad productiva, tal y como lo reconoció el director de esa entidad en una entrevista concedida el 13 de septiembre de 2024.

29. Por otra parte, sostuvo que lo concerniente a la falta de prueba sobre la depreciación del valor del bien y la ejecución de un proyecto inmobiliario, la expedición de una licencia de construcción o la realización de una intervención económica anticipada, e ran aspectos que estaban relacionados con la cuantificación del daño alegado, pero no con la materialización de este, por lo que el quantum del menoscabo pudo determinarse posteriormente vía incidental.

Aunado a ello, en el expediente de la referencia obran diversas solicitudes presentadas ante diferentes empresas de servicios públicos, así como a Catastro Distrital, elementos que no fueron t achados de falsos y evidencian las labores que se adelantaron para llevar a cabo el proyecto inmobiliario, por lo que, si optó por no continuar con el desarrollo de la construcción, es porque ello hubiera aumentado el valor de los perjuicios.

30. La parte demandante indicó que, por medio de los argumentos referentes a la falta de demostración de los motivos de protección ecológica, flora o fauna, no pretendía cuestionar la legalidad de los Acuerdos 11 y 21, por el contrario, lo que buscaba era aclarar que la Administración le impuso una restricción que no estaba en el deber jurídico de soportar.

31. La actora también cuestionó lo relativo a la imposición de la condena en costas, en cuanto para la fecha en que se formuló la demanda de la referencia el

en el deber jurídico de soportar.

31. La actora también cuestionó lo relativo a la imposición de la condena en costas, en cuanto para la fecha en que se formuló la demanda de la referencia el único criterio vigente para imponer ese rubro era actuar de mala fe o con temeridad, lo cual no ocurrió en el presente caso25.

Trámite en segunda instancia

32. Por medio de proveído del 28 de febrero del 202526, esta Corporación admitió la apelación planteada por la demandante. Aunado a ello, mediante auto del 23 de julio siguiente 27, se negó la solicitud probatoria formulada por la recurrente 28, decisión que fue confirmada en sede de reposición y súplica, respectivamente29.

33. El Ministerio Público rindió concepto30, oportunidad en la que sostuvo que la sentencia de primera instancia debía confirmarse, pero por razones distintas, toda

25 Mediante auto del 31 de octubre de 2024, el a quo concedió en el efecto suspensivo el mencionado recurso de apelación, por lo que el expediente digital de la referencia fue remitido a esta Corporación el 11 de febrero de 2025. Índices 105 y 112 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 26 Índice 3 de Samai. 27 Índice 16 de Samai. 28 Formulada dentro de la ejecutoria del auto admisorio del citado recurso, por medio de la cual se pidió que se decretaran como pruebas: (i) un informe rendido por la CAR, en el que la mencionada entidad señalara el grupo de zonificación en el que se encuentra el predio objeto de controversia, y

pidió que se decretaran como pruebas: (i) un informe rendido por la CAR, en el que la mencionada entidad señalara el grupo de zonificación en el que se encuentra el predio objeto de controversia, y (ii) la entrevista rendida por el director de esa corporación el 13 de septiembre de 2024. 29 Por medio de proveídos del 9 de septiembre y 7 de noviembre de 2025, respectivamente, Índices 25 y 31 de Samai. 30 Índice 13 de Samai.Radicación: 2500023-36-000-2017-02334-04 (72.443)

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vez que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación31, la sola declaración o limitación del derecho de dominio sobre un predio no da cuenta del rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, por lo que es necesario que la parte demandante acredite la correspondiente afectación, lo que Colalp e Ltda. no cumplió. Lo expuesto, porque esa sociedad no probó que, previo a la declaratoria de la reserva forestal, desarrollaba alguna actividad económica en el terreno afectado, ni tampoco a cuánto ascendía el valor del lote antes y después de que se adoptara dicha determinación y, por ende, no se demostró daño antijurídico alguno.

34. En lo referente a las costas, manifestó que esa determinación debía revocarse, porque, aunque ese aspecto se rige bajo un régimen objetivo, lo cierto es que no se allegó elemento de prueba alguno que permita establecer los costos

34. En lo referente a las costas, manifestó que esa determinación debía revocarse, porque, aunque ese aspecto se rige bajo un régimen objetivo, lo cierto es que no se allegó elemento de prueba alguno que permita establecer los costos en los que incurrieron las entidades demandadas a causa del presente litigio, por lo que no se acreditó su causación32.

CONSIDERACIONES

35. La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, dado que no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupue stos procesales de: jurisdicción, competencia, acción en tiempo, legitimación en la causa por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y demanda en forma.

36. Para lo anterior, la Subsección edificará el presente fallo bajo el siguiente esquema: (i) el alcance de la segunda instancia; (ii) decisión de los cargos de apelación, y (iii) condena en costas en segundo grado.

Alcance de la segunda instancia: objeto del recurso de apelación interpuesto y los problemas jurídicos por resolver

37. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que la parte actora no demostró cuál fue la zonificación ambiental asignada al inmueble, por lo que no era posible determinar la limitación del uso del suelo. Sin embargo, si se tomara como referencia que a todos los predios que conforman la zona protegida se les prohibió la expedición de licencias de construcción, lo que le correspondía a Colalpe Ltda era acreditar que el predio sufrió una disminución en su valor comercial o que antes

referencia que a todos los predios que conforman la zona protegida se les prohibió la expedición de licencias de construcción, lo que le correspondía a Colalpe Ltda era acreditar que el predio sufrió una disminución en su valor comercial o que antes de la restricción desarrollaba alguna actividad productiva, carga que no cumplió, por lo que la sola limitación no constituía un daño indemnizable a la luz del ordenamiento jurídico. En todo caso, lo relativo a los motivos de los Acuerdos 11 y 21 eran cuestiones ajenas a la acc ión formulada, por ende, ante la falta de