CE - Sentencia 25000233600020170235701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de julio de 2025

Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – error ju risdiccional –se configura por desconocimiento del presupuesto de la inmediatez en la acción de tutela // Error jurisdiccional – Su análisis es procedente cuando una providencia revocada produjo efectos.

Síntesis del caso: dentro del trámite de una acción de tutela promovida por ex empleados contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, se profiri eron sentencias adversas a este último, en cumplimiento de las cuales se pagaron mesadas pensionales .

Las decisiones que accedieron al amparo fueron revocadas por la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-377/14.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 24 de agosto de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Subsección Cnegó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del CPACA.

pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del CPACA.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Trámite relevante en primera instancia; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 14 de diciembre de 20171, el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación , en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial en

la que solicitó:

“1. Que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, sea declarada responsable por los daños sufridos por la parte demandante fruto del error judicial cometido dentro de la acción de tutela iniciada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar) y cuyo trámite consta en el expediente con radicación 132443189001200906600, que fue resuelta definitivamente mediante la sentencia SU-377 de 2014 y el Auto A-503 del 22 de Octubre de 2015 de la Honorable Corte Constitucional”.

1 Folio 3 del archivo pdf disponible en el índice 2 Samai, “7EDEXP TRIBUNAL_1DEMANDAYPODER201702357ZIP(.zip) NroActua 2”.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

Actor: PAR Telecom

NroActua 2”.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revocar ______________________________________________________________________________________________________________

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2. Síntesis de los perjuicios reclamados:

Perjuicios materiales

-$531’151.373,65, suma que se reclamó debidamente actualizada. -“Los intereses bancarios corrientes y de mora que generaban los anteriores dineros mientras estaban en la cuenta de la convocante ” desde la fecha de los desembolsos y hasta la fecha del pago definitivo.

3. Como fundamentos de hecho relevantes que fundamentaron las

pretensiones, la parte actora afirmó:

4. 1) El 30 de diciembre de 2005, el liquidador de Telecom en Liquidación y Teleasociadas en Liquidación (Fiduciaria la Previsora), celebró un contrato de fiducia mercantil con el Consorcio Remanentes Telecom ( conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.) para la constitución del “Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación – PAR”2 (en adelante PAR).

5. 2) 48 personas3 promovieron acción de tutela alegando que no habían sido incluidas en el PPA (Plan de Pensión Anticipada) ; solicitaron el reconocimiento de la pensión, y el pago de las mesadas a que tenían derecho desde la fecha de su desvinculación.

6. 3) E l Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar)

reconocimiento de la pensión, y el pago de las mesadas a que tenían derecho desde la fecha de su desvinculación.

6. 3) E l Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Córdoba (Bolívar) profirió Sentencia el 17 de noviembre de 2009, en la que tuteló los derechos fundamentales de los accionantes y le ordenó al PAR incluirlos en el Plan de Pensión Anticipada y pagarles las mesadas pensionales causadas desde el momento de su desvinculación y hasta que se produjera el reconocimiento definitivo de su pensión. En Sentencia de 5 de de febrero de 2010, el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar , confirmó el fallo recurrido , con excepción del numeral tercero, donde se establecían valores específicos a pagar a favor de cada accionante.

7. 4) El expediente llegó a revisión de la Corte Constitucional, que por Auto de 12 de mayo de 2010 ordenó acumular en un solo caso las demandas de tutela por acreencias laborales contra el PAR Telecom. A este caso le correspondió el radicado T-2587255. Por Auto de 14 de julio de 2010, esa corporación suspendió todas las ordenes proferidas por los jueces en las tutelas que eran objeto de revisión.

2 PAR cuya finalidad, según se afirmó en la demanda, era: “…la administración y enajenación de los activos no afectos a la prestación del servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las obligaciones re manentes y contingentes, así como de los procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones en curso al momento de terminación de los procesos liquidatorios”.

atención de las obligaciones re manentes y contingentes, así como de los procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones en curso al momento de terminación de los procesos liquidatorios”. 3 Ruth Virginia Montero Ayazo, Harold Ernesto Acosta Moreno, Sonia Paulina Almeida Arellano, Wilmer Fernando Álvarez Vergara, Bernardo Barbosa Suárez, Iris Isabel Barrios Salgado, Mireya Beltrán Rodríguez, Benjamín Antonio Benedetty Galvis, César Hernán Bohórquez Mahecha, Luis Gabriel Cáceres Corredor, Martha Camacho Esteban, Omar Eduardo Canchala Quiro z, Julieta Cárcamo Zea, José Armando Chávez Rocha, Jesús Mussoliny Chicaiza Muñoz, Gustavo De Castro Palmarini, Hernán Díaz Mejía, Juan Escobar Torres, Irina Eunice Forestiery Hernández, Luis Ángel Gallego Ramírez, José Armagot Garavito Vargas, Henry Garcé s Oscar, William Gómez, Adriana María Gutiérrez Agudelo, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Gustavo Antonio Jurado, Cristina Lozano Bustos, Luis Arturo Martínez Realpe, Carlos Samuel Meza Becerra, Enrique Olaya Molina Casanova, José Ignacio Murcia, Rodolfo Nelson Negrete, Ricardo Alirio Patiño Morillo, José Antonio Revelo Concha, Carmenza Lucía Revelo Narváez, Jorge Hugo Rivera Salgado, Edipza Maryori Romo Eraso, Wilson William Salazar Romero, José Alberto Sánchez Camacho, Jorge Luis Simbaqueba Barrera, María Josefina Solarte Rosero, Carlos Arturo Soler Romero, Nancy del Socorro Taborda Cortés, Luis Fernando Tello, Elena del Socorro Vega Altamiranda, César Ventura Castellanos Cáceres, Julia

Jorge Luis Simbaqueba Barrera, María Josefina Solarte Rosero, Carlos Arturo Soler Romero, Nancy del Socorro Taborda Cortés, Luis Fernando Tello, Elena del Socorro Vega Altamiranda, César Ventura Castellanos Cáceres, Julia Escilda Weber Angulo, Faunier Zapata.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revocar ______________________________________________________________________________________________________________

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8. 5) En la Sentencia SU-377/14, la Corte Constitucional: 1. Revocó en su totalidad las sentencias proferidas en la acción de tutela T -2587255; 2. declaró improcedente la acción en relación con la mayor parte de los accionantes por incumplir el presupuesto de la inmediatez ; 3. negó el amparo solicitado por siete accionantes porque no se encontraban en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (que era requisito para acceder al PPA) y 4. declaró que había cosa juzgada en el caso de cinco demandantes.

9. 6) En cumplimiento de los fallos de tutela revocados por la Corte Constitucional, entre enero y mayo de 2010, el PAR Telecom realizó pagos por operaciones bancarias a los accionantes por $531’151.373,65.

10. 7) Por las irregularidades sustanciales y procesales descritas en la Sentencia SU-377/14, el PAR solicitó a la Corte que adicionara la sentencia de unificación que, como lo había hecho en casos anteriores, ordenada de manera expresa que se restituyeran las sumas pagadas en cumplimiento de

Sentencia SU-377/14, el PAR solicitó a la Corte que adicionara la sentencia de unificación que, como lo había hecho en casos anteriores, ordenada de manera expresa que se restituyeran las sumas pagadas en cumplimiento de las sentencias de tutela revocadas. Sin embargo, la solicitud fue negada en el Auto A503 de octubre de 2015.

11. En los fundamentos de derecho de la demanda , la parte actora afirmó que el error judicial se materializó : 1. al conceder el amparo sin q ue se cumpliera con el presupuesto de la inmediatez; 2. concederlo a personas que no cumplían con los requisitos del PPA; 3 . al violar el principio de igualdad del PAR y 4 . al desconocer la Corte Constitucional su propio precedente, pues en el caso de la tutela T -2587255, omitió ordenar la devolución de los dineros pagados con ocasión de las sentencias de tutela de primera y segunda instancia, orden que sí había dado en casos similares.

1.2. Posición de la parte demandada

12. La Rama Judicial propuso la s excepciones de “ ausencia de causa petendi” porque el PAR no argumentó debidamente la existencia del error judicial; “culpa exclusiva de la víctima ”, con fundamento en que la parte demandante no agotó todos los mecanismos con los que contaba para recomponer su patrimonio (acción de enriquecimiento sin causa) . Por último, alegó el “hecho de un tercero ”, pues el daño sería imputable a la conducta de quienes promovieron la acción de tutela4.

1.3. Trámite relevante en primera instancia

13. Por Auto de 23 de enero de 2019, el Tribunal negó el llamamiento en

conducta de quienes promovieron la acción de tutela4.

1.3. Trámite relevante en primera instancia

13. Por Auto de 23 de enero de 2019, el Tribunal negó el llamamiento en garantía que hizo la Rama Judicial a los jueces que profirieron las decisiones de tutela revocadas por la Corte Constitucional.

1.4. Sentencia de primera instancia

4 Índice 2 Samai, “5EDEXP TRIBUNAL_3CONTESTACIONESZIP(.zip) NroActua 2”.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

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14. En sentencia anticipada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda 5. Consideró que , a pesar de que el daño reclamado estaba acreditado, no se demostró su antijuridicidad ya que las decisiones cuestionadas estaban respaldadas en el principio de autonomía judicial y no contenían razonamientos manifiestamente contrarios a la ley, sin que su revocatoria por parte de la Corte Constitucional determinara que se hubiera incurrido en un error judicial. Al respecto, precisó “que la simple revocatoria a decisión judicial, no constituye error judicial, y que la estructuración de éste, impone a la activa, descorrer la presunción de legalidad que ampara las providenci as judiciales, evidenciando que contiene vulneración grosera del ordenamiento”.

15. Agregó que la Corte Constitucional “ no resolvió el fondo del asunto,

de legalidad que ampara las providenci as judiciales, evidenciando que contiene vulneración grosera del ordenamiento”.

15. Agregó que la Corte Constitucional “ no resolvió el fondo del asunto, es decir, no estableció si los accionantes dentro de la acción de tutela 2587255 cumplían o no con los requisitos legales para ser beneficiados del Plan de Pensión Anticipada – PPA(…); es decir, no emitió pronunciamiento alguno respecto de posible irregularidades en dichos pronunciamientos que constituyeran error judicial, pues por el contrario la revocatoria se limitó en su interpretación del principio de inmediatez en el caso concreto”.

16. Por último, consideró que la Corte Constitucional no incurrió en un error jurisdiccional al no ordenar la devolución de los dineros recibidos por quienes promovieron las demandas de tutela, pues no era contrario a derecho el argumento que expuso: que el PAR podía buscar la recomposición de su patrimonio med iante el ejercicio de los instrumentos legales, entre ellos, la acción de enriquecimiento sin causa.

1.5. Recurso de apelación

17. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia. Alegó: 1. Que era equivocado sostener que , como la sentencia SU -377/14 no había estudiado de fondo los derechos de los tutelante s de la acci ón 2587255, entonces ello excluía la existencia de un error jurisdiccional. En criterio del recurrente, esa apreciación e ra errada, “pues el error judicial no est á limitado a defectos sustanciales de la jurisdicci ón, sino a todas aquellas decisiones de índole judicial que causan un daño antijurídico. Por lo anterior,

recurrente, esa apreciación e ra errada, “pues el error judicial no est á limitado a defectos sustanciales de la jurisdicci ón, sino a todas aquellas decisiones de índole judicial que causan un daño antijurídico. Por lo anterior, el hecho de que en sede de tutela se concedan pretensiones ignorando el requisito de inmediatez es un error judicial, pues en una decisión del juez de tutela que desconoce el claro precedente en cuanto la oportunidad para presentar las acciones de tutela se refiere ” -se resalta -. 2. La Corte Constitucional, aunque tenía el deber de hacerlo, no explicó las razones que la llevaron a desconocer precedentes invocados por el PAR, en los que esa corporación había ordenado la restitución de las sumas recibidas con ocasión de acciones de tutela revocadas relacionadas con hechos similares.

5 Índice 49 Samai de la primera instancia.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

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18. La parte demandada se pronunció sobre el recurso de apelación y contrastó los argumentos del recurrente con los de la sentencia apelada.

Solicitó tener en cuenta la posición que expuso en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión de la primera instancia.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.

Sobre la condena en costas.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.

Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar

19. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños causados por error jurisdiccional; además, porque la acción se promovió de manera oportuna.

20. En este asunto todas las decisiones proferidas en el trámite de la acción de tutela a la que se refieren los hechos de la demanda , fueron suspendidas por la Corte Constitucional en el Auto 241 de 20106, suspensión que se extendería hasta que se tomara una decisión de fondo dentro del trámite de su revisión (en el que a esa acción le correspondió e l radicado “T-2587255”). En la Sentencia SU-377/14, la Corte revocó las sentencias de primera y segunda instancia que eran objeto de análisis.

21. Era a partir de l día siguiente al de la ejecutoria de la Sentencia de Unificación proferida el 12 de junio de 2014 (decisión que fue corre gida y aclarada en Auto de 503 de 22 de octubre de 2015 , notificado, según lo estableció el Tribunal, por estado el 3 de noviembre de 2015 ), que empezaba el conteo de la caducidad. La demanda de reparación directa debía radicarse , entonces, a más tardar el 4 de noviembre de 2017. La

estableció el Tribunal, por estado el 3 de noviembre de 2015 ), que empezaba el conteo de la caducidad. La demanda de reparación directa debía radicarse , entonces, a más tardar el 4 de noviembre de 2017. La promovida el 14 de diciembre de 2017, fue oportuna, si se tiene en cuenta que el plazo de caducidad estuvo suspendido entre el 20 de octubre de 2017 y el 30 de noviembre del mismo año (por 41 días), de manera que el plazo para demandar se extendió hasta el 15 de diciembre de 2017)7.

22. Decisiones a adoptar

23. En esta sentencia, la Sala revocará la decisión apelada y accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda por lo siguiente : 1) Existe prueba de l daño alegado ; 2) en el estudio del error jurisdiccional se

6 En el resumen de las actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional, contenido en la Sentencia de Unificación, se lee: “En virtud del artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, y tras advertir que la medida a adoptar no implicaba de manera alguna prejuzgamiento o anticipación del sentido de la sentencia definitiva, la Sala Plena de la Corporación profirió el Auto 241 de 2010, el catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), ordenando suspender las decisiones proferidas por los jueces de tutela de los expedientes objeto de revisión que se enlistan a continuación: (…) T-2587255 (…)”. 7 Como consecuencia del trámite de co nciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, el cual se

de los expedientes objeto de revisión que se enlistan a continuación: (…) T-2587255 (…)”. 7 Como consecuencia del trámite de co nciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, el cual se adelantó ante la Procuraduría General de la Nación (fl. 195, índice 2 Samai, “3EDEXP TRIBUNAL_5PRUEBASZIP(.zip) NroActua 2”).Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

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establecerá: 1. que ese daño es atribuible a la demandada en relación con las acciones de tutela que fueron concedidas a pesar de no cumplir con el presupuesto de la inmediatez ; a propósito de las tutelas que fueron revocadas por la Corte Constitucional por la existencia de cosa juzgada y por incumplimiento de los requisitos para acceder al PPA, el recurrente no elevó reparos concretos. 2. No se configuró un error jurisdiccional en el Auto aclaratorio de la Sentencia de Unificación, cuando la Corte se negó a incluir en esa sentencia una orden de restitución. 3) En la liquidación de perjuicios, se reconocerá el valor actualizado de las sumas de dinero de las que existe prueba de que fueron pagadas con ocasión de las sentencias de tutela que no cumplían con el presupuesto de la inmediatez . La Sala se abstendrá de reconocer los intereses en la forma solicitada en la demanda. 4) Por último, se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandada.

2.2. Análisis sustantivo

reconocer los intereses en la forma solicitada en la demanda. 4) Por último, se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandada.

2.2. Análisis sustantivo

2.2.1. Existencia del daño

24. El objeto de la reparación directa es indemnizar un daño. En est e caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo por acreditado el daño a partir de las pruebas incorporadas a la actuación, aspecto que no fue materia de discusión. Sin embargo, de una revisión del expediente, la

Sala tiene por demostrado que:

25. 1) Con ocasión de una acción de tutela promovida por 48 ex trabajadores de Telecom, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba

(Bolívar), en Sentencia de 17 de noviembre de 2009 , tuteló los derechos fundamentales de los accionantes a “la igualdad, seguridad social y mínimo vital”. Ordenó al PAR que, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de notificación del fallo: 1) les reconociera el derecho a la pensión anticipada 2) los incluyera en la nómina del PPA y 3) les pagara las mesadas dejadas de percibir, indexadas desde la fecha de la desvinculación y hasta que se les notificara el reconocimiento pensional. Además, 4) le ordenó realizar los aportes de seguridad social causados entre el despido y hasta que se incluyera a los accionantes en el PPA8.

26. 3) En Sentencia de 5 de febrero de 2010 , el Juzgado Promiscuo de Circuito de El Carmen de Bolívar confirmó esa sentencia, con excepción del numeral tercero de su parte resolutiva, en el que se había ordenado el pago

26. 3) En Sentencia de 5 de febrero de 2010 , el Juzgado Promiscuo de Circuito de El Carmen de Bolívar confirmó esa sentencia, con excepción del numeral tercero de su parte resolutiva, en el que se había ordenado el pago de sumas concretas de dinero a favor de cada accionante a título de mesadas dejadas de percibir . El juez de apelación revocó esa puntual determinación, argumentando que no existía prueba en el proceso de las operaciones matemáticas, ni de los soportes de las liquidaciones realizadas

por el Juzgado Promiscuo Municipal.

27. 4) Por último, se allegó prueba de que a los 48 accionantes les fueron pagados, entre enero y mayo de 2010, la suma de $531’151.373,65. De ello

8 Folio 116 y siguientes, índice 2 Samai, “3EDEXP TRIBUNAL_5PRUEBASZIP(.zip) NroActua 2”.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

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dan cuenta los comprobantes de transferencia realizados por el Banco de Occidente y el Banco Agrario a la cuenta bancaria de cada uno de ellos9.

2.2.2. Análisis del error jurisdiccional en el caso concreto

28. Aunque está demostrado que las sentencias proferidas por los Juzgados Promiscuo Municipal de Córdoba y Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar , en la s que se soport aron los pagos ya identificados ,

28. Aunque está demostrado que las sentencias proferidas por los Juzgados Promiscuo Municipal de Córdoba y Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar , en la s que se soport aron los pagos ya identificados , fueron revocadas en su totalidad por la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación de 12 de junio de 2014, esta corporación ha reconocido que, en los casos de decisiones que no adquieren firmeza , pero que surte n efectos inmediatos, los daños que eventualmente cause su cumplimiento, como acá sucedió, deben ser examinados a partir de los presupuestos del error judicial10.

29. En esta parte de la decisión la Sala expondrá: 1. las razones por las que las decisiones proferidas por los juzgados promiscuos fueron constitutivas de error judicial , al conceder tutelas sin el cumplimiento del presupuesto de la inmediatez ; 2. los motivos por los cuales no puede predicarse un error judicial por parte de la Corte Constitucional, al no haber ordenado en la Sentencia de Unificación que los beneficiarios de los pagos restituyeran los valores recibidos.

30. Error jurisdiccional al conceder tutelas promovidas sin el cumplimiento del requisito de inmediatez. Los fallos de tutela proferidos por los jueces promiscuos de Córdoba y El Carmen de Bolívar , configuraron errores jurisdiccionales porque las acciones de tutela eran, en la mayoría de los casos, improcedentes. En respaldo de esa tesis, l a Sala se referirá a la Sentencia de Unificación proferida por la Corte Constitucional de 12 de junio de 2014, que revisó los fallos acá cuestionados ; enseguida, hará algunas

casos, improcedentes. En respaldo de esa tesis, l a Sala se referirá a la Sentencia de Unificación proferida por la Corte Constitucional de 12 de junio de 2014, que revisó los fallos acá cuestionados ; enseguida, hará algunas consideraciones puntuales sobre el error judicial en el que incurrieron esas decisiones.

31. Sentencia SU-377/14 de la Corte Constitucional. A la acción de tutela promovida por Ruth Virginia Montero Ayazo y otros , la Corte le asignó el Radicado T-2587255. Probablemente con ocasión del considerable número de tutelas que habían sido promovidas y concedidas contra el PAR Telecom

9 Mesada de enero de 2010 por $90’991.689,65; febrero por $105’912.076,00; marzo por $110’225.450,00; abril por $110’055.162,00 y mayo por $113’966.996,00, para un total de $531’151.373,65 (fl. 165-181, índice 2 Samai “3EDEXP TRIBUNAL_5PRUEBASZIP(.zip) NroActua 2”.) 10 En los casos en los que se alega un error jurisdiccional provocado por una decisión judicial que no cobra firmeza porque es revocada, (como acá sucedió), esta corporación ha asumido dos posturas en las que, en tod o caso, se ha resuelto estudiar de fondo el respectivo asunto. “La primera, señala que, aunque no procede el estudio del error judicial, por falta de un presupuesto, sí debe estudiarse si existió o no una falla en el servicio de administración de justicia. La segunda, argumenta que, el hecho de que hubiera producido efectos y con ello un daño cierto,

error judicial, por falta de un presupuesto, sí debe estudiarse si existió o no una falla en el servicio de administración de justicia. La segunda, argumenta que, el hecho de que hubiera producido efectos y con ello un daño cierto, constituye razón suficiente para estudiar el error judicial pues exigir la firmeza, por ejemplo, en las sentencias de tutela que se ejecutaron sin cobrar firmeza contraría la finalidad de la disposición” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de octubre de 2021, 250002326-000-2009-00554-01 [48443]). Expuesto lo anterior, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (270 de 1996) estableció los títulos por los cuales debe responder el Estado ante una acción de uno de sus agentes, por lo que la Sala se sujetará a ello y estudiará si, en las decisiones judiciales cuestionadas por la parte demandante, se incurrió en error judicial. Respecto de la falta de firmeza de la decisión, la Sala comparte lo ya expuesto por esta corporación, esto es: que la interpretación de esa disposición no puede ser aquella en la que la ausencia de la fir meza formal impida el estudio cuando una decisión se ha ejecutado, ha producido efectos y ha causado un daño cierto.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02357-01(70944)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revocar ______________________________________________________________________________________________________________

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(comprometiendo en muchos de ellos cuantiosas sumas de dinero) , por afectaciones que la Corte agrupó en tres grandes grupos (fuero sin dical,

Decisión: Revocar ______________________________________________________________________________________________________________

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(comprometiendo en muchos de ellos cuantiosas sumas de dinero) , por afectaciones que la Corte agrupó en tres grandes grupos (fuero sin dical, reten social y Plan de P ensión Anticipada), en la Sentencia SU -377/14 la Corte unificó “los criterios de procedencia que deben tener en cuenta los jueces de la República, al resolver tutelas por derechos fundamentales supuestamente conculcados en el desenvolvimiento de procesos de liquidación de entidades públicas”.

32. Determinó que el estudio de la inmediatez seguía siendo una constante, e ilustró su postura argumentando que una demanda presentada con 2 o más años, salvo que se acreditara suficientemente el motivo de la tardanza (lo que no ocurrió en la mayoría de los casos) , no cumplía con dicho presupuesto 11. Identificó que la solicitud de amparo dentro de la tutela T-2587255 buscaba el reconocimiento y pago de una pensión anticipada y resolvió que: 1. La acción de tutela de la mayor parte de accionantes (36 en total 12), no cumpl ía con el presupuesto de la inmediatez, por lo que la acción era improcedente. 2. En la acción promovida por otros (5 demandantes13), había cosa juzgada y 3. en relación con las situaciones de los restantes (7 accionantes14), la Corte concluyó que la tutela debió negarse, porque ninguno cumplía los requisitos para acceder

al Plan de Pensión Anticipada.

33. El caso concreto. De la falta de verificación rigurosa del presupuesto de la inmediatez, circunstancia concreta que el recurrente refirió como

al Plan de Pensión Anticipada.

33. El caso concreto. De la falta de verificación rigurosa del presupuesto de la inmediatez, circunstancia concreta que el recurrente refirió como constitutiva de un error ju risdiccional, da cuenta suficiente la decisión proferida por la Corte Constitucional.

11 “…es en principio irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para reclamar prestaciones patrimoniales. En estos cas os se cumple con la inmediatez cuando la tardanza se justifique suficientemente. Es decir, si por ejemplo el actor ha obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha estado sometido a fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de interdicción, incapacidad física, entre otros. En función de las condiciones de debilidad de algunos sujetos, y del contexto en el cual se inscribe el problema, es posible adaptar estos principios con el fin de resolver cuestiones de inmediatez en función de