CE - Sentencia 25000233600020180002802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00028-02 (71.752)

Demandante: Arcoeffecto CIA SAS

Demandado: Universidad de Cundinamarca

Proceso: Reparación Directa

RÉGIMEN EXCEPTUADO DE LA LEY 80 -No se limita a la ejecución, sino que aplica también a la fase precontractual -clasificación-; RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES - artículo 93 de la Ley 30 de 1992tiene por finalidad garantizar la autonomía universitaria-. MEDIO DE CONTROL PROCEDENTESe deberá establecer si se perfeccionó un contrato a partir de una oferta y su aceptación-; LEALTAD Y BUENA FE -principios orientadores para interpretación del alcance de los deberes y las obligaciones-; EJERCICIO DE LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA -debe perseguir el interés general sin constituir una actuación desleal-; OFERTA E INVITACIÓN PARA OFERTAR -mientras una oferta es firme y precisa, la invitación para ofertar carece de alguno de estos elementos-; RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL POR EL ROMPIMIENTO DE LAS TRATATIVAS NEGOCIALES – se origina por la defraudación injustificada de las expectativas legítimas del interlocutor negocial y da lugar al reconocimiento del interés negativoDAÑO-inexistencia-.

ROMPIMIENTO DE LAS TRATATIVAS NEGOCIALES – se origina por la defraudación injustificada de las expectativas legítimas del interlocutor negocial y da lugar al reconocimiento del interés negativoDAÑO-inexistencia-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 1 de noviembre de 2023 1, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Arcoeffecto CIA SAS participó en la invitación pública efectuada por la Universidad de Cundinamarca, «(…) para contratar el diseño espacial para la nueva sede de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Chía (…)». En dicho proceso, se relató que la sociedad Arcoeffecto CIA SAS, presentó la única propuesta o cotización, la cual, además, superó las evaluaciones financiera, económica y técnica, previstas en los términos de referencia del referido proceso de selección. Pese a lo anterior, en la demanda se adujo que el ente universitario no accedió a firmar el contrato, bajo consideraciones vagas y contradictorias, más precisamente la ausencia de pluralidad de ofertas y la falta de una etapa de presentación de observaciones a los

1 SAMAI T.A. Índice 00051Radicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

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2 términos de referencia. En este sentido se discute si la conducta del ente universitario es susceptible de configurar su responsabilidad precontractual.

ANTECEDENTES La demanda

El 16 de enero de 2018 2, por intermedio de apoderada judicial, la sociedad Arcoeffecto CIA SAS, interpuso el medio de control de reparación directa, con el objeto de que se declare la responsabilidad administrativa de la Universidad de Cundinamarca, derivada de la omisión consistente en no culminar con el proceso de invitación pública «(…) para contratar el “suministro e instalación del mobiliario de oficinas y demás dependencias según diseño Espacial para la Nueva Sede de la Universidad de Cundinamarca Extensión Chía”(…)», las pretensiones se formularon en los siguientes términos:

1. «(…) Que se reconozca que la propuesta de ARCOEFFECTO CIA SAS era hábil y en consecuencia hubiera sido la adjudicataria del proceso de Invitación pública para contratar el “Suministro e Instalación del Mobiliario de Oficinas y Demás dependencias según diseño Espacial para la Nueva Sede de la Universidad

de Cundinamarca Extensión Chía.

2. Que se declare administrativamente responsable a la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA de los perjuicios materiales y morales causados a ARCOFFECTO CIA Y SAS por la omisión administrativa de culminar el proceso de selección de la Invitación Pública para contratar el diseño Espacial para la Nueva Sede de la Universidad de Cundinamarca Extensión Chía, sin causa alguna.

ARCOFFECTO CIA Y SAS por la omisión administrativa de culminar el proceso de selección de la Invitación Pública para contratar el diseño Espacial para la Nueva Sede de la Universidad de Cundinamarca Extensión Chía, sin causa alguna.

3. Condenar, en consecuencia, a la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA como reparación del daño ocasionado, a pagar a ARCOEFFECTO CIA S.A.S., o quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, como daño emergente y lucro cesante, explicados detalladamente en el Capítulo de Estimación de la Cuantía.

4. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del C.P.A.C.A. y se reconocerán los intereses legales desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso. (…)»

Como fundamento fáctico se expuso que el primero de diciembre de 2015, a través de la página web de la Universidad de Cundinamarca, se publicó la invitación pública para contratar el «Suministro e instalación del mobiliario de oficinas y demás dependencias según diseño espacial para la nueva sede de la universidad de Cundinamarca Extensión Chía», en que participó la sociedad demandante.

Se indicó que el 10 de diciembre de 2015, la coordinadora de la dirección jurídica de la Universidad de Cundinamarca, a solicitud de la jefa de oficina de compras, remitió la evaluación jurídica de la propuesta presentada por Arcoeffecto CIA SAS,

2SAMAI TA indice 00064, archivo: «(…)

de la Universidad de Cundinamarca, a solicitud de la jefa de oficina de compras, remitió la evaluación jurídica de la propuesta presentada por Arcoeffecto CIA SAS,

2SAMAI TA indice 00064, archivo: «(…) 25_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_01CuadernosPrincipal_0_20240926134312176(…) » Folios 1-18 C.P. o pp. 1-38.Radicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

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3 donde se concluyó que su cotización cumplió con los requisitos jurídicos establecidos en los términos de referencia. Luego, el 11 de diciembre de 2015, se expidió la Adenda No. 2 que modificó el cronograma del proceso, y en sujeción al mismo, el 14 de diciembre de 2015 se dio a conocer que la cotización de Arcoeffecto CIA SAS superó las evaluaciones financiera, económica y técnica previstas en el proceso de selección.

En virtud de lo anterior, se relató que el 15 de diciembre de 2015 el representante legal de Arcoeffecto CIA SAS fue convocado, con el objeto de agilizar lo concerniente a la suscripción del contrato y su posterior ejecución, ante la necesidad de contar con el mobiliario, a comienzo de febrero del año siguiente. En este sentido, el representante legal de la sociedad actora, el 17 de diciembre de 2025, preguntó por el borrador del contrato, a efecto de tramitar la póliza de cumplimiento. En respuesta a su solicitud, la jefa de la oficina de compras le indicó que a más tardar

el representante legal de la sociedad actora, el 17 de diciembre de 2025, preguntó por el borrador del contrato, a efecto de tramitar la póliza de cumplimiento. En respuesta a su solicitud, la jefa de la oficina de compras le indicó que a más tardar el siguiente viernes el documento estaría listo y agregó que no se había podido publicar la evaluación de la propuesta en la página web, por la realización de los eventos de final de año de la universidad.

Sin embargo, el 18 de diciembre de 2015 se expuso que “misteriosamente” se radicó la carta de un ciudadano que denunció la transparencia del anterior proceso de selección y solicitó información al respecto. En relación con esta carta se indicó en la demanda que: i) fue radicada fuera de la oficina de radicación de la Universidad; ii) no fue publicada; iii) la cédula del firmante no aparece en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil; iv) según los seriales de cédula, la identificación pertenecería a una mujer —el documento lo suscribió un hombre—; y v) el quejoso no aportó ningún número de contacto ni dirección de correspondencia.

A continuación, se relató que el director de bienes y servicios expidió la Adenda No. 3, por la cual modificó nuevamente el cronograma, según se expresa: «(…) pues se convocó a sesión extraordinaria al Comité de contratación con el fin de analizar la recomendación sobre el proceso de contratación(...) ». Finalmente, el director de bienes y servicios profirió el informe final de evaluación del 22 de diciembre de 2015, en el cual señaló que el comité de contratación consideró oportuno dar por finalizado

recomendación sobre el proceso de contratación(...) ». Finalmente, el director de bienes y servicios profirió el informe final de evaluación del 22 de diciembre de 2015, en el cual señaló que el comité de contratación consideró oportuno dar por finalizado el proceso en aras de aplicar los principios de la contratación, los cuales estimó vulnerados «(...) al no dar oportunidad de presentar observaciones a los términos(...)».Radicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

Demandante: Arcoeffecto CIA SAS

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4 Frente a lo anterior, se expuso que la sociedad solicitó la reconsideración de dicha decisión mediante un escrito del 23 de diciembre de 2015, el cual recibió respuesta el 15 de enero de 2016 por parte de la coordinadora jurídica de la universidad, quien indicó que se mantenía la posición de la institución al constatarse que no se presentaron tres propuestas o cotizaciones que garantizaran la elección del contratista entre una pluralidad de ofertas.

En virtud de los anteriores hechos, se relató que la sociedad demandante remitió varias comunicaciones 3 en las cuales se objetó la postura adoptada por la universidad y se llamó la atención sobre las violaciones al debido proceso, la falta de publicación del informe final de evaluación y de la evaluación del comité, entre otros reclamos, y se hicieron solicitudes de información –que dieran cuenta del proceso decisorio seguido por el ente universitario–. No obstante, se denunció que las respuestas aportadas por la universidad fueron vagas e imprecisas, hecho que

otros reclamos, y se hicieron solicitudes de información –que dieran cuenta del proceso decisorio seguido por el ente universitario–. No obstante, se denunció que las respuestas aportadas por la universidad fueron vagas e imprecisas, hecho que se aprovechó para sugerir que la actuación de la demandada fue arbitraria e injusta.

De igual forma, se arguyó que, frente al requerimiento efectuado por el Ministerio de Educación en el sentido de solicitar información referente a la invitación pública, la demandada aportó una respuesta vaga el 9 de junio de 2016; lo anterior motivó al Ministerio a reiterar su requerimiento el 28 de junio de 2016.

Contestación de la Universidad de Cundinamarca4

Por intermedio de apoderado judicial, la Universidad de Cundinamarca se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En relación con los hechos expuestos en la demanda, señaló que ninguno le constaba y arguyó que el proceso de selección, objeto de la litis, se ajustó a la normatividad propia de la entidad. Indicó que las decisiones de la entidad se justificaron sobre el principio de transparencia, del cual, se dijo, debía sobreponer a los derechos que afirma tener la actora. Objetó la estimación razonada de la cuantía, por considerarla, desproporcionada y propuso como excepciones: la caducidad, la falta de idoneidad del medio de control, la reclamación excesiva de perjuicios, la ineptitud de la demanda, la falta de competencia y la prescripción.

3 En la demanda se indicó que fueron 26 de enero de 2016, el 17 de febrero de 2016, el 14 de marzo de 2016

competencia y la prescripción.

3 En la demanda se indicó que fueron 26 de enero de 2016, el 17 de febrero de 2016, el 14 de marzo de 2016 4 SAMAI TA indice 00064, archivo: (…) «25_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_01CuadernosPrincipal_0_20240926134312176(…) » Folios 61-72 C.P. o pp. 123-146Radicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

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5 Trámite procesal relevante en la primera instancia.

Por auto del 23 de octubre de 2019 5, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad en el presente asunto, al considerar que el medio de control procedente era la nulidad y restablecimiento del derecho, contra el «acto administrativo» emitido el 22 de diciembre de 2015, cuyo conocimiento por la sociedad actora se dio el 26 de diciembre de 2015. Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación 6, que fue resuelto por auto del 3 de febrero de 2021, decidiendo no reponer la decisión impugnada y, en consecuencia, concediendo el recurso de apelación7.

Allegado el asunto al Consejo de Estado, por auto del 8 de junio de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera revocó la decisión del 23 de octubre de 2019 8

Allegado el asunto al Consejo de Estado, por auto del 8 de junio de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera revocó la decisión del 23 de octubre de 2019 8 y, en su lugar, declaró no probada la excepción de caducidad para formular el medio de control de reparación directa. Al respecto, la Sala de decisión consideró que el medio de control procedente era la reparación directa, al dilucidar que:

(….) La parte demandante solicitó que se declare patrimonialmente responsable a la Universidad de Cundinamarca por no finalizar el proceso de selección para el suministro e instalación del mobiliario de las oficinas de la sede de Chía. Sostuvo que el 22 de diciembre de 2014, finalizó el proceso de selección, pues la universidad indicó que en el cronograma no se dio oportunidad de presentar observaciones a los términos de referencia (f.22 c.2.). Como el régimen jurídico de los contratos que celebre la Universidad de Cundinamarca para cumplir sus funciones es el derecho privado, los actos precontractuales, no son susceptibles de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, pues el daño no proviene de un acto administrativo, ni lo que se pretende es adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa de poder público.

De modo que, como el contrato no se celebró corresponde a un caso de responsabilidad precontractual o culpa incontrahendo, que no puede ser estudiado como una materia propia del contencioso contractual porque no se celebró negocio jurídico alguno (…)» (subrayado por fuera del original)

En este entendido, la Sala computó el término de caducidad desde el 23 de diciembre de 2015, cuando la parte demandante conoció del informe final que

jurídico alguno (…)» (subrayado por fuera del original)

En este entendido, la Sala computó el término de caducidad desde el 23 de diciembre de 2015, cuando la parte demandante conoció del informe final que concluyó el proceso de contratación. Así, determinó que la demanda se presentó de forma oportuna el 16 de enero de 2018, al verificar que la caducidad se configuraba hasta después del 12 de marzo de 2018.

Sentencia de primera instancia9

5 SAMAI TA indice 00064, archivo: (…) «25_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_01CuadernosPrincipal_0_20240926134312176(…) » Folios 76-80 C.P. (falta folio 75) o pp. 153-161. 6 Ibidem. Folios 84-95 pp. 169-191. 7 Ibidem Folios 101102 y pp. 203-205 8 Ibidem Folios 107-109 y pp. 215-219 9 SAMAI T.A. Indice 00051.Radicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

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Por sentencia del 1 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda. Como problema jurídico, estimó que se debía establecer si la Universidad de Cundinamarca era administrativamente responsable por la omisión consistente en no culminar el proceso de selección de la Invitación Pública para contratar el

demanda. Como problema jurídico, estimó que se debía establecer si la Universidad de Cundinamarca era administrativamente responsable por la omisión consistente en no culminar el proceso de selección de la Invitación Pública para contratar el «Suministro e Instalación del mobiliario de oficinas y demás dependencias (…) de la Universidad de Cundinamarca Extensión Chía (…)».

Frente al anterior problema jurídico, el Tribunal concluyó que no había lugar a declarar la responsabilidad administrativa de la Universidad de Cundinamarca, debido a que esta no estaba obligada a concluir el proceso contractual en el que participó Arcoeffecto CIA SAS. Al respecto, el a quo aclaró que el asunto sería decidido bajo los parámetros de la responsabilidad precontractual o culpa in contrahendo (art. 845 a 863 del Código de Comercio) y se refirió a los hechos probados en el plenario. Luego, concentró su análisis en el alcance del artículo 133 del Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca, del cual concluyó que, en principio, dispuso como requisito para realizar la contratación, a través de la modalidad de invitación pública, la acumulación de tres (3) ofertas o cotizaciones. Por ende, interpretó que en el caso de que existiera un número inferior de ofertas, resultaba facultativo para la Universidad de Cundinamarca «(…) continuar o no con el trámite contractual (…)».

Ahora bien, en la decisión, pese a admitirse que, en virtud del parágrafo 2 del art. 13-3 ejusdem, existía la posibilidad de acudir al Comité de Contratación de la entidad, cuya recomendación permitía proseguir el proceso de contratación, con

13-3 ejusdem, existía la posibilidad de acudir al Comité de Contratación de la entidad, cuya recomendación permitía proseguir el proceso de contratación, con solo una oferta, anotó que no se dio aplicación a dicho mecanismo. En este punto, indicó que del acta de deliberación del comité, del 17 de diciembre de 2015, no dio cuenta de que se haya deliberado sobre la posibilidad de aplicar el parágrafo 2 del art 13-3 ejusdem, para proseguir el proceso de selección con solo una cotización, asunto «(…) no fue puesto a análisis o consideración por parte del Comité de Contratación, sino que fue un tópico inadvertido en aquel Comité (…)». De igual forma, en relación con los argumentos, por los cuales se le imputa la ausencia de más ofertas a los «tiempos cortos de cronograma» y a la falta de inclusión de una etapa de observaciones, en los términos de referencia, la Sala los desestimó por no estar plenamente acreditados y observarse que estas circunstancias no impidieron que Arcoefecto CIA SAS, presentara su oferta.

Por último, se consideró que la expectativa de suscribir el contrato no era un dañoRadicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

Demandante: Arcoeffecto CIA SAS

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7 indemnizable, pues el lucro cesante por la utilidad bruta operacional dejada de percibir y la pérdida de acumulación de experiencia como contratista, para futuros procesos de selección, resultaban perjuicios derivados de la no suscripción del

7 indemnizable, pues el lucro cesante por la utilidad bruta operacional dejada de percibir y la pérdida de acumulación de experiencia como contratista, para futuros procesos de selección, resultaban perjuicios derivados de la no suscripción del contrato, acto que resultaba prohibido por disposición del artículo 13-3 ejusdem.

Recurso de apelación

La parte demandante 10 interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Advirtió que el a quo le otorgó un alcance equivocado al artículo 13-3 del estatuto de contratación de la universidad demandada, al considerar que la referida disposición no contemplaba una prohibición expresa para adelantar un proceso de contratación en ausencia de pluralidad de oferentes; y, por el contrario, preveía este escenario como una posibilidad.

De igual forma, consideró que la autonomía universitaria no habilitaba a la Universidad de Cundinamarca para desconocer el orden público, el interés general y el bien común. Arguyó que tal principio, la autonomía universitaria, no autorizaba al ente educativo para conducir de forma subjetiva la selección de ofertas, es decir, de conformidad con intereses privados y en violación de las normas que rigen la selección de contratistas (los términos de referencia, la legislación civil y comercial). Por consiguiente, consideró que lo procedente para asegurar la garantía de los principios de confianza legítima y de buena fe era advertir, desde la etapa inicial del proceso de selección, la necesidad de contar con tres propuestas, sin reparar en dichas circunstancias hasta el final del proceso de selección. Fundamentó su

principios de confianza legítima y de buena fe era advertir, desde la etapa inicial del proceso de selección, la necesidad de contar con tres propuestas, sin reparar en dichas circunstancias hasta el final del proceso de selección. Fundamentó su posición sobre la premisa de que el manual de contratación no puede resultar contrario a los principios de la contratación estatal. Precisó que el artículo 25, numeral 18, de la Ley 80 de 1993 indica que, en virtud del principio de economía, la declaratoria de desierto de un proceso de selección solo procede por motivos que impidan la escogencia objetiva.

Se refirió a los hechos probados con el fin de remarcar la falta de coherencia en la conducta del ente universitario demandado. Esto, bajo el entendido de que en el informe final del 22 de diciembre de 2015 se presentó como justificación para no proseguir con la suscripción del contrato la ausencia de oportunidad para presentar observaciones a los términos de referencia; mientras que, en comunicación del 15 de enero de 2016, se adujo que la decisión de no continuar la contratación se adoptó por no contarse con más de tres ofertas o cotizaciones. En los términos del

10 SAMAI T.A. indice 00054Radicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

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8 recurrente, esto demostró que la selección de contratistas no se soportó sobre requerimientos objetivos ni se sometió a los principios de igualdad, transparencia y seguridad jurídica. En cuanto a la ausencia de oportunidad para hacer

8 recurrente, esto demostró que la selección de contratistas no se soportó sobre requerimientos objetivos ni se sometió a los principios de igualdad, transparencia y seguridad jurídica. En cuanto a la ausencia de oportunidad para hacer observaciones, arguyó que, en sujeción al principio de planeación, este elemento debió ser proyectado con anterioridad al proceso de selección o adicionado en el desarrollo del mismo por medio de una adenda, pero no había lugar a referirse a este elemento hasta la terminación del proceso de selección.

Por último, consideró que resultaba procedente el reconocimiento de la indemnización solicitada, habida cuenta de que se acreditó la omisión de la demandada al no suscribir el contrato, a pesar de contarse con una propuesta habilitada y habérsele citado para adelantar y agilizar lo concerniente al perfeccionamiento del acuerdo.

Trámite en la segunda instancia

El 20 de mayo de 2024 el tribunal concedió el recurso de apelación 11 y el 14 de noviembre de 2024 este fue admitido 12. En la oportunidad de que tratan los numerales 4 y 6 del artículo 247 del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021) las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 16 de enero de 2018, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se

adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

11 Indice SAMAI 00056 TA 12 Indice SAMAI 00003Radicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

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2. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño, cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor

conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $390.621. 000.oo millones de pesos13.

Régimen jurídico aplicable a la invitación pública para contratar, de la Universidad de Cundinamarca.

A efecto de analizar los presupuestos procesales, la Subsección se permite precisar que, en virtud del artículo 93 de la Ley 30 de 1992 14, los contratos celebrados por las universidades estatales u oficiales para la ejecución y/o cumplimiento de sus funciones están regidos por las normas del derecho privado. En este entendido, al gobernarse la contratación de la Universidad de Cundinamarca 15 bajo uno de los llamados «regímenes exceptuados» del Estatuto General de Contratación (L. 80 de 1993), los actos proferidos por esta entidad – salvo disposición legal en contrario – se tratan de actos regidos por el derecho privado y/o «actos de gestión contractual», aún aquellos que surgen de su actividad precontractual 16; como es el caso de las actuaciones adelantadas con ocasión de la «Invitación Pública para contratar el “suministro e instalación del mobiliario de oficinas y demás dependencias según diseño espacial para la nueva sede de la Universidad de Cundinamarca Extensión Chía”».

Medio de control procedente

13 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2018], [$781. 242.oo], por 500.

diseño espacial para la nueva sede de la Universidad de Cundinamarca Extensión Chía”».

Medio de control procedente

13 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2018], [$781. 242.oo], por 500. 14 «(…) ARTÍCULO 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. PARÁGRAFO. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. (…)» 15 En relación con el régimen de contratación de contratación de las universidades estatales ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C, Sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad: 180012333000201500105-01(62248), CP Nicolás Yepes Corrales. 16 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, rad: 25000-23-26-000-2009-00131-01(42003), CP Alberto Montaña Plata.Radicación: 25000-23-33-000-2018-00028-02 (71.752)

Demandante: Arcoeffecto CIA SAS

Demandado: Universidad de Cundinamarca

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Demandante: Arcoeffecto CIA SAS

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3. En lo que toca el medio de control procedente, la Sala precisa que en el sub lite se discute la responsabilidad precontractual de la demandada, con ocasión con la conducta que observó a lo largo del agotamiento de la invitación pública “para contratar el “suministro e instalación del mobiliario de oficinas y demás dependencias según diseño espacial para la nueva sede de la universidad de Cundinamarca extensión Chía”, en especial, al decidir dar finalizado el mismo y « (…) dar inicio a un nuevo proceso cuando se retomen las actividades administrativas y contractuales en el año 2016(…)».

Dicha decisión se manifestó en el Informe Final fechado 22 de diciembre de 2015, que fue suscrito por el director de bienes y servicios de la Universidad de Cundinamarca17, y luego fu