CE - Sentencia 25000233600020180006701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: AQUILINO BEJARANO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por el secuestro de uniformados de la Policía Nacional a manos de grupos ilegales, durante el ataque armado a la estación de policía de Curillo, Caquetá . / Caducidad del medio de control de reparación directa en eventos de lesa humanidad - aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección

Tercera del Consejo de Estado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de febrero de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de algunos demandantes y la caducidad del medio de control.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 9 de diciembre de 1999, la guerrilla de las FARC atacó la estación de policía de Curillo, Caquetá, en la que prestaban servicios los patrulleros Huberlaide Gor dillo Niño, Edward Senid Bejarano Medina, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, Orlando León Ovalle y Darwin Romeo López Cervera , quienes fueron

Curillo, Caquetá, en la que prestaban servicios los patrulleros Huberlaide Gor dillo Niño, Edward Senid Bejarano Medina, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, Orlando León Ovalle y Darwin Romeo López Cervera , quienes fueron secuestrados por ese grupo armado ilegal desde esa misma fecha hasta el 28 de junio de 2001, cuando fueron liberados.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable a título de falla del servicio por el secuestro y las lesiones sufridas por los uniformados Huberlaide Gordillo Niño,2

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

Edward Senid B ejarano Medina, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, Orlando León Ovalle y Darwin Romeo López Cervera.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 23 de enero de 2018 1, Huberlaide Gordillo Niño 2, Edward Senid Bejarano Medina3, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas 4, Orl ando León Ovalle 5 y Darwin Romeo López Cervera 6, con sus respectivos grupos familiares, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, present aron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por el secuestro de los antes mencionados, ocurrido el 9 de diciembre de 1999, durante el ataque a la estación de policía de Curillo, Caquetá y las lesiones padecidas por cada uno de ellos.

que se le declarara patrimonialmente responsable por el secuestro de los antes mencionados, ocurrido el 9 de diciembre de 1999, durante el ataque a la estación de policía de Curillo, Caquetá y las lesiones padecidas por cada uno de ellos.

Como pretensiones de su demanda, los accionantes solicitaron el reconocimiento de los siguientes perjuicios materiales e inmateriales:

1 Fl. 58 a 145, C.1. 2 Su grupo familiar está conformado por: Yamile Hernández Triana, Dan iela Alexandra Gordillo Hernández, Juan Esteban Gordillo Hernández y Deyanira Hernández Triana, 3 Su grupo familiar está conformado por: Sandra Viviana Murillo Chacón, Aquilino Bejarano, Lucila Medina de Bejarano, Edixson Bejarano Medina, Eliana Magaly Bejarano Medina y Rubén Darío Bejarano Medina. 4 Su grupo familiar está conformado por: María Gladys Cárdenas Buritica, Bernabé Martínez Sánchez, Jorge Enrique Martíne z Cárdenas, Alfredo Cárdenas Buritica, Ana Aurid Martínez Sánchez, Ana Elby Martínez Sánchez, César Julio Martínez Sánchez, Dolo res Sánchez, Emilse Martínez de Salazar, Flor Lorena Martínez Cárdenas, Flor de María Cárdenas de Castaño, Hugo Humberto Cárdenas Buritica, Luis Carlos Martínez Sánchez, Luis Fernando Cárdenas Buritica, Luis Mary Cárdenas de Chalarca, Manuel de Jesús Cárde nas Buritica, María Ludivia Cárdenas Buritica y Rosa Elvira Martínez Sánchez. 5 Su grupo familiar está conformado por: Aracelly Aguirre Ovalle, Carlos Eduardo León Ovalle ,

y Rosa Elvira Martínez Sánchez. 5 Su grupo familiar está conformado por: Aracelly Aguirre Ovalle, Carlos Eduardo León Ovalle , Diego León González, Fanny Ovalle Miranda, Hernando León Gaitán, Javier Hernando Leó n Ovalle, José Alfonso León Ovalle, Martha Lucía Ovalle y Víctor Hugo León Ovalle. 6 Su grupo familiar está conformado por: María E did Cardozo Cerón, Mayra Alejandra López Cardozo, Esneyder Medina Cardozo, Gloria Amparo Rincón López, Julián Mauricio López Cervera, Rosalía López Cervera y Ángela Julieth López Vásquez.3

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

Grupo familiar de Huberlaide Gordillo Niño:

Actor Perjuicios morales Daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados Daño a la salud Lucro cesante Huberlaide Gordillo Niño 100 SMLMV 100 SMLMV 100 SMLMV $579’174.292 Yamile Hernández Triana 100 SMLMV 100 SMLMV Daniela Alexandra Gordillo Hernández 100 SMLMV 100 SMLMV Juan Esteban Gordillo Hernández 100 SMLMV 100 SMLMV Deyanira Hernández Triana 35 SMLMV 35 SMLMV

Grupo familiar de Edward de Senid Bejarano Medina:

Actor Perjuicios morales Daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados Daño a la salud Lucro cesante Edward Senid Bejarano Medina

Grupo familiar de Edward de Senid Bejarano Medina:

Actor Perjuicios morales Daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados Daño a la salud Lucro cesante Edward Senid Bejarano Medina 100 SMLMV 100 SMLMV 100 SMLMV $205’321.106 Sandra Viviana Murillo Chacón 100 SMLMV 100 SMLMV Aquilino Bejarano 100 SMLMV 100 SMLMV Lucila Medina de Bejarano 100 SMLMV 100 SMLMV Edixson Bejarano Medina 50 SMLMV 50 SMLMV Eliana M agaly Bejarano Medina 50 SMLMV 50 SMLMV Rubén Darío Bejarano Medina 50 SMLMV 50 SMLMV

Grupo familiar de Manuel Alejandro Martínez Cárdenas:

Actor Perjuicios morales Daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados Daño a la salud Lucro cesante Manuel Alejandro Martínez Cárdenas 100 SMLMV 100 SMLMV 100 SMLMV $137’973.596 María Gladys Cárdenas Buritica 100 SMLMV 100 SMLMV Bernabé Martínez Sánchez 100 SMLMV 100 SMLMV Jorge Enrique Martínez Cárdenas 50 SMLMV 50 SMLMV Alfredo Cárdenas Buritica

35 SMLMV

Ana Aurid Martínez Sánchez

35 SMLMV

Ana Elby Martínez Sánchez

35 SMLMV

César Julio Martínez Sánchez

35 SMLMV4

Buritica

35 SMLMV

Ana Aurid Martínez Sánchez

35 SMLMV

Ana Elby Martínez Sánchez

35 SMLMV

César Julio Martínez Sánchez

35 SMLMV4

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

Dolores Sánchez 35 SMLMV Emilse Martínez de Salazar

35 SMLMV

Flor Lorena Martínez Cárdenas 50 SMLMV 50 SMLMV Flor de María Cárdenas de Castaño

35 SMLMV

Hugo Humberto Cárdenas Buritica

35 SMLMV

Luis Carlos Martínez Sánchez

35 SMLMV

Luis Fernando Cárdenas Buritica

35 SMLMV

Luis Mary Cárdenas de Chalarca

35 SMLMV

Manuel de Jesús Cárdenas Buritica

35 SMLMV

María Ludivia Cárdenas Buritica

35 SMLMV

Rosa Elvira Martínez Sánchez

35 SMLMV

Grupo familiar de Orlando León Ovalle:

Actor Perjuicios morales daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados Daño a la salud Lucro cesante Orlando León Ovalle 100 SMLMV 100 SMLMV 100 SMLMV $205’321.106 Aracelly Aguirre Ovalle 100 SMLMV 100 SMLMV Carlos Eduardo León Ovalle 100 SMLMV 100 SMLMV Diego León González

Aracelly Aguirre Ovalle 100 SMLMV 100 SMLMV Carlos Eduardo León Ovalle 100 SMLMV 100 SMLMV Diego León González 100 SMLMV 100 SMLMV Fanny Ovalle Miranda 100 SMLMV 100 SMLMV Hernando León Gaitán 100 SMLMV 100 SMLMV Javier Hernando León Ovalle 50 SMLMV 50 SMLMV José Alfonso León Ovalle 50 SMLMV 50 SMLMV Martha Lucía Ovalle 50 SMLMV 50 SMLMV Víctor Hugo León Ovalle 50 SMLMV 50 SMLMV

Grupo familiar de Darwin Romeo López Cervera:

Actor Perjuicios morales daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados Daño a la salud Lucro cesante Darwin Romeo 100 SMLMV 100 SMLMV 100 SMLMV $155’244.2265

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

López Cervera María Edid Cardozo Cerón 100 SMLMV 100 SMLMV Mayra Alejandra López Cardozo 100 SMLMV 100 SMLMV Esneyder Medina Cardozo 100 SMLMV 100 SMLMV Gloria Amparo Rincón López

100 SMLMV

Julián Mauricio López Cervera

35 SMLMV

Rosalía López Cervera

35 SMLMV

Ángela Julieth

100 SMLMV 100 SMLMV

Gloria Amparo Rincón López

100 SMLMV

Julián Mauricio López Cervera

35 SMLMV

Rosalía López Cervera

35 SMLMV

Ángela Julieth López Vásquez

35 SMLMV

Finalmente, solicitaron que se de cumplimiento a las medidas no pecuniarias ordenadas en las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 26 de junio de 2014 (expedientes 24736 y 36079) y del 29 de agosto de 2014 (31190) -sin especificar las sentencias-.

En apoyo de las pretensiones, la parte actora afirma que, para el 9 de diciembre de 1999, Huberlaide Gordillo Niño, Edward Senid Beja rano Medina, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, Orlando León Ov alle y Darwin Romeo López Cervera se encontraban en la estación de policía de Curillo, Caquetá, en donde prestaban sus servicios como patrulleros de la Policía Nacional.

Señala que, ese día , los uniformados fueron sorprendidos por una “ brutal toma guerrillera de las FARC ”, que atacó el lugar con balas de fusil, cilindros bomba y pimpinas de gasolina hasta que incendiaron las instalaciones policiales.

Relata que , el mismo día, durante la ofe nsiva, fueron secuestrados nueve uniformados, entre ellos, Huber laide Gordillo Niño, Edward Senid Bejarano Medina, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, Orlando León Ovalle y Darwin Romeo López Cervera.

Manifiesta que, el ataque a la estación de policía de Curillo, Caquetá, estaba

Medina, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, Orlando León Ovalle y Darwin Romeo López Cervera.

Manifiesta que, el ataque a la estación de policía de Curillo, Caquetá, estaba anunciado según los informes de inteli gencia; sin embargo, “en una evidente falla en el servicio” no se tomaron las medidas para evitarlo y, una vez en combate, los6

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

uniformados no contaron con suficiente personal, entrenamiento, a rmas ni apoyo logístico y bélico para repeler la acción subversiva.

Sostiene que, el 28 de junio de 2001, los uniformados fueron liberados , pero posterior a ello comenzaron a sufrir secuelas derivadas del cautiverio, tales como estrés postraumático, lo que condujo a una disminución de su capacidad laboral.

Los d emandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable a título de falla del servicio por el secuestro y las lesiones sufridas por los u niformados Huberlaide Gordillo Niño, Edward Senid Bejarano Medin a, Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, Orlando León Ovalle y Darwin Romeo López Cervera.

2. Contestación

El 27 de febrero de 2018 7, el Tribunal Administrativo de Cundinamarc a admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional8 manifestó que el daño no le era imputable, pues el secuestro de los uniformados fue cometido por un

demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional8 manifestó que el daño no le era imputable, pues el secuestro de los uniformados fue cometido por un grupo armado ilegal. Además, que la demanda se encontraba caducada, pues los policías secuestrados fueron liberados el 28 de junio de 2001 y la demanda fue presentada el 23 de enero de 2018. Propuso las excepciones de “hecho exclusivo y determinante de un tercero” y “caducidad”.

3. Audiencia inicial

El 27 de septiembre de 2018 9 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , realizó la audiencia inicial, en la que resolvió

7 Archivo “ED_CUADERNO4_05AUTOADMISORIO(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai. 8 Fl. 180 a 193, C.1. 9 Fl. 226 a 237, C.10.7

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

excepciones, declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si la entidad demandada es responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión del secuestro y secuelas de los patrulleros tras el ataque a la estación de policía de Curillo, Caq uetá

circunscribiría a determinar “si la entidad demandada es responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión del secuestro y secuelas de los patrulleros tras el ataque a la estación de policía de Curillo, Caq uetá ocurrido el 9 de diciembre de 1999 y en el evento de que le asista responsabilidad, debe establecerse si hay lugar al reconocimiento de los valores pretendidos en la demanda”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 6 de diciembre de 20 1810 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante11 y la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional12 reiteraron los argumentos expuestos en la demand a y en la contestación a esta, respectivamente.

El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de febrero de 2019 13 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Esneyder Medina Cardozo, María Enid Cardozo Cerón y Ángela Julieth López Vásquez , al constatar que estos no demostraron su parentesco con Darwin Romeo López Cervera. Igualmente, declaró la caducidad del medio de contr ol, con fundamento en que los patrulleros fueron liberados el 28 de junio de 2001 y la demanda fue

10 Fl. 339 a 341, C.10. 11 Fl. 351 a 378, C.10. 12 Fl. 343 a 350, C.10. 13 Fl. 383 a 395, Cuaderno Consejo de Estado.8

10 Fl. 339 a 341, C.10. 11 Fl. 351 a 378, C.10. 12 Fl. 343 a 350, C.10. 13 Fl. 383 a 395, Cuaderno Consejo de Estado.8

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

radicada el 23 de enero de 2018. Asimismo, consideró que este fenómeno operó respecto de las secuelas y/o lesiones sufridas por los patrulleros secuestrados.

Al efecto, sobre la caducidad, en la sentencia el a quo indicó: “[…] por el secuestro de los uniformados el término inició a partir del día siguiente a que fueron liberados, esto es, a partir del 29 de junio de 2001, por lo que la parte actora tenía hasta el 29 de junio de 2003 para incoar el presente medio de control; no obstante, la demanda fue radicada el 23 de enero de 2018 […] Sin perjuicio de lo anterior y en gracia de discusión, de considerarse que lo pretendido por los demandantes es la pérdida de la capacidad laboral derivada de las lesiones sufridas durante el cautiverio, considera la Sala que de todas formas el medio de control estaría caducado como pasa a exponerse: respecto del señor Huberlaide Gordillo Niño, se tiene que el 14 de agosto de 2009 se le notificó acta de Junta Médico Laboral de Policía en la cual se señaló que el uniformado tuvo una disminución de la capacidad laboral del 55.12% (fl. 11 a 13, C.2.), quiere decir lo anterior, que en

de Policía en la cual se señaló que el uniformado tuvo una disminución de la capacidad laboral del 55.12% (fl. 11 a 13, C.2.), quiere decir lo anterior, que en esa fecha el demandante tuvo conocimiento del d año que ahora alega, por lo que contaba hasta el 15 de agosto de 2011 para presentar demanda. Por su parte, al señor Edward Senid Bejarano Medina, se le practicó acta de Tribunal Médico de Laboral de Revisión No. 2818 el 28 de octubre de 2005 (fl. 45 a 46, C.2.), teniendo entonces para demandar hasta el 29 de octubre de 2007. Igual sucedió con el señor Manuel Alejandro Martínez Cárdenas, a quien le fuera practicada acta de Tribunal Médico de La boral de Revisión No. 184 -2412 del 14 de junio de 2012 y notificada el 19 de julio de 2012 (fl. 283 a 289, C.2.), por lo que tenía hasta el 20 de junio de 2014 para incoar la presente acción. Lo mismo ocurrió con el señor Orlando León Ovalle a quien se le notificó acta de Junta Médico Laboral de Policía el 1 de julio d e 2008 (fl. 313 a 314, C.2.), teniendo como plazo máximo para presentar esta demanda el 2 de julio de 2010. Finalmente, en lo que respecta al señor Darwin Romeo López Cervera , el acta de Junta Médico Laboral fue realizada el 6 de noviembre de 2003 (fl. 367 a 368, C.2.), por lo que contaba hasta el 7 de noviembre de 2005 para presentar la demanda. Sin embargo, en todos los

realizada el 6 de noviembre de 2003 (fl. 367 a 368, C.2.), por lo que contaba hasta el 7 de noviembre de 2005 para presentar la demanda. Sin embargo, en todos los casos y como se indicó en líneas anteriores, la demanda solo fue radicada hasta el 23 de enero de 2018, es decir, por fuera del término l egalmente establecido. […]”.9

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

Finalmente, el a quo condenó en costas a la parte demandante.

6. Recurso de apelación

El 19 de febrero de 2019 14, la parte demandante interpuso recurso de apela ción contra la sentencia del 13 de febrero de 2019, el cual fue concedido el 4 de marzo de 201915 y admitido el 14 de junio de 201916.

6.1. La parte actora17 señaló que quedó plenamente acreditado el secuestro de los demandantes, quienes fueron sometidos a tratos inhumanos durante su cautiverio, de ahí que no era posible predicar la ocurrencia del fenómeno de caducidad, por tratarse de un delito de lesa humanidad, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en casos simi lares. Aseguró que los demandantes Esneyder Medina Cardozo, Marí a E did Cardozo Cerón y Ángela Julieth López Vásquez sí estaban legitimados en la causa por activa, pues se demostró su parentesco con Darwin Romeo López Cervera. Finalmente, consideró que el Estado era responsable del secuestro de los accionantes, pues est aba

Julieth López Vásquez sí estaban legitimados en la causa por activa, pues se demostró su parentesco con Darwin Romeo López Cervera. Finalmente, consideró que el Estado era responsable del secuestro de los accionantes, pues est aba llamado a evitar los riesgos y fallas que se cometieron y que a la postre dieron lugar al ataque contra la estación de policía de Curillo, Caquetá, el 9 de diciembre de 1999.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 21 de agosto de 2019 18 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte actora19 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

14 Fl. 399 a 427, Cuaderno Consejo de Estado. 15 Fl. 429, Cuaderno Consejo de Estado. 16 Fl. 440, Cuaderno Consejo de Estado 17 Fl. 399 a 427, Cuaderno Consejo de Estado. 18 Fl. 444, Cuaderno Consejo de Estado. 19 Fl. 446 a 471, Cuaderno Consejo de Estado.10

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

6.2. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor 20 de la demanda, supera la exigida de 500 SMLM V, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21.

2. Acción procedente

La pretensión de re paración directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14022 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

20 El artículo 157 del CPACA dispone que: “ la cuantía se determinará por el valo r de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en el lo pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de l a pretensión mayor (…)”. 21 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $579’174.292 y 500 SMLMV para el 2018 equivalían a $390’621.000.

pretensión mayor (…)”. 21 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $579’174.292 y 500 SMLMV para el 2018 equivalían a $390’621.000. 22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, u na omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a11

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño atribuido a una falla por omisión de la Policía Nacional, respecto del ataque perpetrado el 9 de diciembre de 1999 a la estación de Curillo, Caquetá, durante el cual, los demandantes que para ese entonces eran patrulleros de la entidad demandada fueron secuestrados.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa o si, por el contrario, al tratarse de un caso de lesa humanid ad, el término de vigencia del mencionado medio de control no es exigible como requisito para el estudio de la demanda, en caso de probarse impedimento material para demandar dentro del

por el contrario, al tratarse de un caso de lesa humanid ad, el término de vigencia del mencionado medio de control no es exigible como requisito para el estudio de la demanda, en caso de probarse impedimento material para demandar dentro del término legal por alguna razón objetiva, de acuerdo con la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción y la caducidad del medio de control de reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 23, estableció unos p lazos para poder ejercer

una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurí dico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita12

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 24, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judicia les adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la pri mera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y se guridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

en el tiempo el derech o que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico . En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de or den público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la a dministración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.13

oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.13

Radicado: 25000233600020180006701 (63700)

Demandante: Aquilino Bejarano y otros

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 25 que opera por la falta de activ idad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para h acer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Ahora bien, el artículo 136 d el Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir de l día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, determinó que “ La demanda deberá ser presentada: […] so pena de que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años, contados a pa rtir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o

que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años, contados a pa rtir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su o currencia.”. Lo

25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica