CE - Sentencia 25000233600020180008603 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

Demandante: Federación Colombiana de Municipios

Demandado: Distrito Capital de Bogotá -Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Movilidad Medio de control: Reparación directa

ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA-Caducidad. TÉRMINO DE CADUCIDAD-Cómputo. AGRAVACIÓN DEL DAÑO-Diferente a daño continuado . DAÑOS SUCESIVOS POR CAUSA HOMOGÉNEA - Diferente a daño continuado. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA -Concepto. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA -De hecho y material. DAÑO-Concepto. DAÑO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO -Debe ser real y efectivo, no hipotético . MULTAS DE TRÁNSITO -Renta endógena. COLABORACIÓN DE LAS PARTES PARA LA PRÁCTICA DEL DICTAMEN PERICIAL -Carga procesal. COLABORACIÓN DE LAS PARTES HACIA EL PERITO-Sanciones por su inobservancia. COSTAS PROCESALES-Concepto y alcance.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que no se accedió a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La Federación Colombiana de Municipios interpuso demanda de reparación directa contra el Distrito Capital de Bogotá -Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Movilidad , solicitando la reparación de los daños que asegura estar sufriendo porque las mencionadas entidades han omitido persistentemente el ‘transferirle’ las sumas correspondientes al 10 % del recaudo de multas y sanciones por infracciones de tránsito, causadas en la jurisdicción del ente territorial desde laRadicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

Demandante: Federación Colombiana de Municipios Demandado: Distrito Capital de Bogotá-SDH y SDM Medio de control: Reparación directa

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expedición de la Ley 769 de 2002, según lo previsto en el artículo 10 de la misma1.

ANTECEDENTES

La demanda

El 30 de enero de 2018 2, la Federación Colombiana de Municipios presentó demanda contra el Distrito Capital de Bogotá -Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Movilidad, demanda corregida a través de memorial del 5 de abril de 20183 y que fue interpuesta con la finalidad de que se hicieran las siguientes

demanda contra el Distrito Capital de Bogotá -Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Movilidad, demanda corregida a través de memorial del 5 de abril de 20183 y que fue interpuesta con la finalidad de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

3.1. Que se declare al DISTRITO CAPITAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOT Á – SMD y SDH, administrativamente responsables por los daños y perjuicios patrimoniales y demás, que se llegaren a demostrar en el proceso, causados a la FCM por la no transferencia de las obligaciones legales derivadas del artículo 10 de la Ley 769 de 2002.

3.2. Que se declare que los Demandados tienen la obligación de transferir a la FCM el 10% del valor de la totalidad del recaudo que reciba por el pago de multas y sanciones por infracciones de tránsito y que no tienen ninguna facultad o derecho a retener ese equivalente, pues no les pertenece por ley.

3.3. Como consecuencia de Io anterior, que se condene al p ago por concepto de perjuicios generados por las omisiones en que ha incurrido el DISTRITO CAPITAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SDM y SDH a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, las siguientes sumas:

Que se condene a los demandados a efectuar la transfe rencia a favor de la FCM por concepto de capital la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOCIENTOS

DOCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (133.229 ’792.212,96), valor

por concepto de capital la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (133.229 ’792.212,96), valor adeudado correspondiente al diez por ciento (10%) que por ley consagró el Legislador a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito recaudado por el DISTRITO

1 Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones: Artículo 10. Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mante ner actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podr á ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente. Parágrafo. (Apartes tachados inexequibles). En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT o en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo.

se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo. (Los apartes tachados fueron declarados inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C -3852003, por resultar contrarios a la autonomía administrativa que la Constitución Política les garantiza a los municipios). 2 Folio 3, c. 1. 3 Folio 118, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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CAPITAL ALCALDÍA MAY OR DE BOGOT Á - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y SECRETARÍA DE HACIENDA, desde el año 2002, hasta el día 31 de agosto del 2017, que están certificados, más la cifra que resulte desde el primero de septiembre de 2017 hasta la fecha que se materialice el pago.

Esta cuantía corresponde a Io que la FCM debía recibir del DISTRITO CAPITALALCALDÍA MAYOR DE BOGO TÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y SECRETARÍA DE HACIENDA por lo causado en el 10% del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, sobre Io pagado por mu ltas y sanciones por infracciones de tránsito, para los fines previstos en la misma norma.

3.4. De igual manera, se condene al pago de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL

769 de 2002, sobre Io pagado por mu ltas y sanciones por infracciones de tránsito, para los fines previstos en la misma norma.

3.4. De igual manera, se condene al pago de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON UN CENTAVO ($225.512’174.055,01). Valor adeudado a la FCM por concepto de intereses moratorios comprendidos desde el 06 de noviembre de 2002 hasta el 10 de agosto del 2017, por parte del DISTRITO CAPITAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOT Á - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD FONDATT Y SECRETARÍA DE HACIENDA, más los que se están causando desde el 10 de agosto del 2017 hasta el momento que se ejecute el pago por parte del Distrito.

3.5. Que las anteriores sumas de dinero sean indexadas, a favor de mi poderdante, hasta el día en que se verifique su pago, con la respectiva actualización monetaria que se debe realizar, como lo autoriza el artículo 178 del C.C.A, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha de incumplimiento hasta la de ejecutoria de la sentencia definitiva.

3.6. Que se condene a la parte demanda [sic] en costas y gastos del proceso en los términos del artículo 188 de la Ley 1437 del 2011.

3.7. Que se condene a la parte demandada al cumplimiento del Fallo que como resultado se profiera en el presente proceso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 del 2011.

Hechos

3.7. Que se condene a la parte demandada al cumplimiento del Fallo que como resultado se profiera en el presente proceso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 del 2011.

Hechos

En sustento de sus pretensiones, en la demanda se relataron los hechos que se compendian así:

El artículo 10 de la Ley 769 de 2002, dispuso el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), autorizando a la Federación Colombiana de Municipios para implementarlo y mantenerlo actualizado a nivel nacional y ordenó a su vez que esta percibiría el 10 % por la administración del sistema cuando se cancelara el valor adeudado. No obstante, la Secretaría Distrital de Movilidad, desde un principio, se había negado a entregar la base de datos que contenía la inf ormación necesaria para poner en funcionamiento el aludido sistema hasta que, por vía de la acción de cumplimiento, la jurisdicción de lo contencioso administrativo le ordenó al Distrito Capital entregar la base de datos para incorporarla al SIMIT, lo que efectivamente se cumplió.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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Sin embargo, al tener que entregar la información de los deudores de multas y comparendos a la Federación, se observó que, conforme a los datos de la Secretaría de Hacienda Distrital, el monto total de las multas y sanciones por

Sin embargo, al tener que entregar la información de los deudores de multas y comparendos a la Federación, se observó que, conforme a los datos de la Secretaría de Hacienda Distrital, el monto total de las multas y sanciones por infracciones de tránsito recaudadas por el Distrito Capital durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta agosto de 2017 corresponde a la suma de un billón trescientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y un pesos con cuarenta y un centavos ($1.333.475.557.871,41). De allí, el ente territorial debió transferirle a la Federación Colombiana de Municipios, conforme lo ordena la Ley 769 de 2002 en su artículo 10, el diez por ciento (10 %) de la cifra anterior; más lo pendiente de contabilizar a partir del 1 de septiembre de 2017 hasta la fecha que paguen y pongan al día la obligación legal.

Alega la Federación que el Distrito Capital no ha justificado legalmente la no ‘transferencia’, ni lo que ha hecho con los dineros que corresponden al diez por ciento (10 %) del artículo 10 de la Ley 769 de 2002 y que también ha solicitado el cumplimiento de esta obligación a través distintos mecanismos legales de orden administrativo y judicial, sin que sea satisfecha la prestación.

Contestación de la demanda

El Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Hacienda contestó la demanda4

administrativo y judicial, sin que sea satisfecha la prestación.

Contestación de la demanda

El Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Hacienda contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones, porque consideró que la Federación Colombiana de Municipios parte de una interpretación amplia y genérica del contenido del artículo 10 de la Ley 769 de 2002 . E n su concepto esta no rma no ordena que como retribución económica la Federación deba percibir el 10 % del total recaudado de manera global e indiscriminada, puesto que la causa que origina la remuneración del servicio es su efectiva prestación . En tal sentido , entregar los valores reclamados por la demandante, que corresponden a lo recaudado sin la gestión de la Federación sino por la propia y única gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad, implicaría ‘transferir’ recursos públicos sin que exista una real y efectiva contraprestación del servicio ; lo que, sumado un posible uso ineficiente de los

4 Folios 158 a 222, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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recursos económicos, considera que transgrede el principio de moralidad administrativa y desconoce el mismo fin normativo del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, cual es el de “contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios”.

Menciona que si bien el SIMIT es una herramienta que reviste alta utilidad para

administrativa y desconoce el mismo fin normativo del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, cual es el de “contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios”.

Menciona que si bien el SIMIT es una herramienta que reviste alta utilidad para algunos municipios donde el sistema de recado de multas y sanciones de tránsito es nulo u obsoleto, no ocurriendo lo mismo con el Distrito Capital, donde se cuenta con la Secretaría Distrital de Movilidad, que realiza un recaudo de dichas multas de manera independiente, autosuficiente y eficiente. Además explica que la Federación sí ha percibido recursos por concepto de recaudo de multas y sanciones por infracciones de tránsito en el Distrito Capital, puesto que, a pesar de que la Ley 769 de 2002 no le otorga estas facultades, ha recaudado de forma directa la suma de $111.956.217.036 desde el mes de junio de 2004 y hasta el 30 de septiembre del año 2017, suma de la cual ha tomado el 10 % y ha ‘transferido’ al Distrito el restante 90 %. Agrega que no se le ha causado ningún daño a la Federación, por cuanto los montos que ha descontado a su favor, h an sido suficientes para desarrollar la función de actualización y administración del SIMIT y que, en todo caso, esta nunca ha presentado ningún déficit que afecte su patrimonio sino excedentes en el ejercicio de las funciones. Por último, también se refirió a la existencia de la caducidad en este caso, indicando que no se configura el daño continuado alegado por la demandante.

Por su parte, el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad presentó

caducidad en este caso, indicando que no se configura el daño continuado alegado por la demandante.

Por su parte, el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad presentó contestación de la demanda5, oponiéndose a las pretensiones. En el mismo sentido que la Secretaría de Hacienda, argumentó que la Federación Colombiana de Municipios solamente debe recibir el cálculo sobre las multas de tránsito que se recauden gracias a la gestión que adelante el SI MIT, pero que igualmente esta ha retenido directamente el 10 % de los recaudos que hace por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito . Asegura también que la función otorgada a la Federación es de carácter temporal, terminada esta con la creación y celebración del contrato de concesión para la operación del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT); que además la ley solamente autorizó a la Federación para implementar y administrar el sistema de información SIMIT y ella tampoco se encontraba facultada para delegar la totalidad de la función encomendada, como lo hizo a través de un

5 Folios 343 a 388, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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contrato de concesi ón celebrado con una Unión Temporal. Manifiesta, así mismo, que en este caso operó el fenómeno de la caducidad y que, de cualquier manera, la demandante no acredita la configuración del daño reclamado.

Sentencia de primera instancia

que en este caso operó el fenómeno de la caducidad y que, de cualquier manera, la demandante no acredita la configuración del daño reclamado.

Sentencia de primera instancia

El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primer a instancia6 en la que no accedió a las pretensiones de la demanda. En primer lugar, afirmó que los alegados por la accionante eran daños sucesivos por causa homogénea y en tal sentido había operado la caducidad respecto de todas las pretensiones derivadas de las supuestas omisiones de las demandadas, anteriores al 25 de agosto de 2015. Por otra parte, consideró que el artículo 10 de la Ley 769 de 2002 no habilitó a la Federación Colombiana de Municipios para que esta pudiera recibir el 10 % sobre los valores recaudados directamente por las mismas autoridades distritales y que , además, resultaba posible inferir que dicho porcentaje correspondía a la contraprestación o retribución percibida por el cumplimiento de la función encomendada, esto es, por su gestión tendiente a implementar y mantener actualizado el SIMIT.

Por ello estimó que si la Federación Colombiana de Municipios no realizaba esa gestión, no se configuraba el presupuesto que la habilita para percibir el porcentaje establecido en la norma. De allí que no encontró demostrado el elemento daño, del juicio de responsabilidad, en la medida que no se demostró una lesión a un derecho o bien jurídico o interés legítimo de la Federación Colombiana de Municipios, la accionante no logró probar que tuviera el derecho de percibir el 10 % de las sumas recaudadas directamente por el Distrito Capital, por concepto de multas por

o bien jurídico o interés legítimo de la Federación Colombiana de Municipios, la accionante no logró probar que tuviera el derecho de percibir el 10 % de las sumas recaudadas directamente por el Distrito Capital, por concepto de multas por infracciones de tránsito en su jurisdicción.

Adicional a esto, consideró patente la falta de colaboración de la Federación Colombiana de Municipios para la realización de un dictamen pericial decretado, manifestando que su conducta llevó a la no realización del respectivo informe y a que se terminara prescindiendo del medio de prueba. Así, con base en el incumpliendo del deber de colaborar con el perito, impuso a la Federación la multa de que trata el artículo 233 del CGP. Y, al respecto, también aclaró que no procedía

6 Samai, índice 148. Primera instancia.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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la declaración d el desistimiento tácito solicitad a por la Secretaría Distrital de Hacienda con base en comportamiento de la Federación, al no hallarse satisfechos los presupuestos establecidos por el legislador para disponer la terminación anormal del proceso.

Por últ imo, fijó las agencias en derecho en beneficio de cada una de las demandadas y resolvió lo siguiente:

PRIMERO: No tener por terminado el presente proceso, por el desistimiento tácito de la demanda.

Por últ imo, fijó las agencias en derecho en beneficio de cada una de las demandadas y resolvió lo siguiente:

PRIMERO: No tener por terminado el presente proceso, por el desistimiento tácito de la demanda.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de caducidad de este medio de control de reparación directa, respecto de todas las pretensiones que tienen origen en las supuestas omisiones de las demandadas desde “el año 2002” y hasta el 24 de agosto de 2015; conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

TERCERO: Negar las pretensiones de la demanda.

CUARTO: Condenar a la parte demandante Federación Colombiana de Municipios a pagar a favor de cada una de las demandadas, por agencias en derecho en esta instancia, la suma de cinco millones de pesos m/cte ($5.000.000.oo).

QUINTO: Imponer a la parte demandante Federación Colombiana de Municipios una multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes; por el incumplimiento del deber previsto en el artículo 233 del Código General del Proceso, acorde con lo expuesto en la parte motiva (…)

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación 7, solicitando revocar los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, argumentó que no existió caducidad porque lo reclamado fue un daño continuado , consistente en una permanente omisión del Distrito de ‘transferir’ unos recursos con destinación específica.

Señaló también que los recursos del 10 % de las multas de tránsito no son una

consistente en una permanente omisión del Distrito de ‘transferir’ unos recursos con destinación específica.

Señaló también que los recursos del 10 % de las multas de tránsito no son una contraprestación sino una renta exógena de propiedad de la Nación , cedida a la Federación Colombiana de Municipios y con una destinación específica. Insistió en que la Ley 769 de 2002 en los artículos 10, 11 y 160 no creó una contraprestación por un servicio, sino que el legislador dispuso una asignación de función pública en

7 Samai, índice 154. Primera instancia.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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cabeza de una persona jurídica de naturaleza privada y le otorgó un recurso público para que cumpliera con dicha función; teniendo el SIMIT, para el efecto, un carácter obligatorio como sistema de soporte público que, además, reporta una utilidad a todos los organismos de tránsito para consultar el estado de un usuario de manera previa a la realización de un trámite. En ese sentido, afirmó que el objetivo legal de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios se logra con el funcionamiento del SIMIT, dado que el mismo impide que infractores que adeuden multas realicen trámites de tránsito.

Con lo anter ior, asegura que el 10 % invocado refiere a la totalidad de lo que recauden los municipios dentro de su jurisdicción y que se está en presencia de una

multas realicen trámites de tránsito.

Con lo anter ior, asegura que el 10 % invocado refiere a la totalidad de lo que recauden los municipios dentro de su jurisdicción y que se está en presencia de una ‘transferencia’ que los municipios deben realizar a la Federación Colombiana de Municipios; por lo que se considera propietaria de las mencionadas rentas y con ello afirma que los municipios solo tienen la calidad de tenedores de los recursos de las multas en el porcentaje cedido a la Federación para cumplir con la función pública asignada. En ese sentido, indica que el texto legal es claro frente a la obligación del Distrito y que a partir de ello se demuestra el daño antijurídico, es decir, la lesión al derecho que tiene la Federación Colombiana de percibir el 10 % de los recursos por multas de tránsito e invertirlo en los asuntos a su cargo, conforme la asignación de la función pública realizada por la ley.

De otro lado, manifestó que no hubo falta de colaboración por parte de la Federación Colombiana de Municipios en relación con la práctica del dictamen decretado a petición de la Secretaría Distrital de Hacienda y que, al contrario, la accionante siempre estuvo presta a su realización. Alega que la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, por falta de diligenci a, no realizó en tiempo las actuaciones necesarias para llevar a cabo la contratación del perito y también que el experto finalmente designado iba a brindar la misma información que ya había rendido en un informe pericial dentro de un proceso de acción pop ular llevado a cabo anteriorment e, por lo que se hallaba impedido al haber actuado en una instancia anterior. A esto agrega que luego de haberse otorgado la prórroga para la presentación del dictamen se

pericial dentro de un proceso de acción pop ular llevado a cabo anteriorment e, por lo que se hallaba impedido al haber actuado en una instancia anterior. A esto agrega que luego de haberse otorgado la prórroga para la presentación del dictamen se encontraba suspendida la práctica del mismo hasta tanto se resolvieran los recursos presentados contra el auto de fecha 12 de agosto de 2022 que concedió dicha prórroga y, posteriormente, hasta tanto se resolviera la solicitud de impedimento y recusación presentada.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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Por último, sobre las condenas de agencias en derecho , mencion ó que fueron aplicadas de manera impropia y ajena a la lógica de la naturaleza de esta figura procesal, por parte del Tribunal de primera instancia. Al respecto indica que no debió ordenarse una condena de agencias en derecho a favor de cada una de las demandadas, pues estas forman parte de una misma persona jurídic a cual es el Distrito Capital de Bogotá, siendo realmente dependencias de la misma. Con lo anterior, solicitó que se revoca ra la sentencia tambi én en la disposición sobre las agencias en derecho.

Trámite de segunda instancia

El 28 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación8. El 3 de febrero de 2025 este despacho admitió el recurso 9. A su turno, dentro del término de ejecutoria del auto admisorio, el Distrito Capital de

recurso de apelación8. El 3 de febrero de 2025 este despacho admitió el recurso 9. A su turno, dentro del término de ejecutoria del auto admisorio, el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Hacienda10 y la Secretaría Distrital de Movilidad11 se pronunciaron frente al recurso de apelación y solicitaron confirmar el fallo de primera instancia, para lo cual reiteraron lo expuesto en sus contestaciones de demanda e insistieron en que la facultad entregada a la Federación Colombiana de Municipios debió autorizarse por convenio con el Distrito y que en todo caso esta se condicionó bajo un límite temporal que ya fue cumplido, al ser abarcada por el RUNT. De otra parte, la Federación Colombiana de Municipios y el Ministerio Público guard aron silencio12.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 30 de enero de 2018 13, por lo tanto, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA –. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,

8 Samai, índice 157, primera instancia. 9 Samai, índice 3. 10 Samai, índice 10. 11 Samai, índice 11. 12 Samai, índice 12. 13 Folio 3, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

10 Samai, índice 10. 11 Samai, índice 11. 12 Samai, índice 12. 13 Folio 3, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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conforme al artículo 306 de este Código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño, cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. As í mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $

390.621.00014.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria

supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $ 390.621.00014.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo 15, en este caso por omisiones imputadas a las secretarías distritales demandadas (art. 90 de la CN y art. 140 del

CPACA).

Demanda en tiempo y legitimación en la causa

4. La Sala se ve obligada a introducirse en el planteamiento del problema jurídico

14 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018, $ 781.242, por 500. 15 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 16.421.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00086-03 (72187)

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desde el estudio de estos presupuesto