CE - Sentencia 25000233600020180010902 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de julio de 2025

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965) Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: reparación directa – secuestro – omisión de protección – graves violaciones de derechos humanos – caducidad.

Síntesis del caso: la parte actora reclama una reparación por el secuestro, lesiones y muerte de un grupo de policías que fueron víctimas de la toma de la Estación de Policía de San Carlos (Antioquia), el 3 y 4 de agosto de 1998, por un grupo armado ilegal.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 5 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en la que se declaró la falta de legitimación activa en la causa respecto de algunos demandantes y se declaró la caducidad de la acción respecto de los demás1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

demandantes y se declaró la caducidad de la acción respecto de los demás1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Trámite relevante, 1.3. Posición de la parte demandada, 1.4. Sentencia de primera instancia, 1.5. Recursos de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 7 de febrero de 2018, Nicolás Antonio Giraldo García 2, Cruz Darío Londoño Arango 3, Rubén Sadid Correa Restrepo 4, Juan Martín Patiño

1 La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 150 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer el proceso en primera instancia por su cuantía, según el numeral 16 del artículo 152 del mismo Código. 2 Grupo familiar de Nicolás Antonio Giraldo García: Alicia García Arbeláez (mad re), Libardo Arturo Giraldo Betancur (padre), Isnedi Muñoz Tobón (cónyuge), Neftali Antonio Giraldo Urueta (hijo), Nicolás Andrés Giraldo Urueta (hijo), Juan Esteban Giraldo Muñoz (hijo). 3 Grupo familiar de Cruz Darío Londoño Arango: Cruz Emilio Londoño Muñoz (padre), Arnolda de Jesús Arango de Londoño (madre), Verónica Yaneth González Gómez (cónyuge), Daniela Londoño Rojas (hija), Gladis Estela

3 Grupo familiar de Cruz Darío Londoño Arango: Cruz Emilio Londoño Muñoz (padre), Arnolda de Jesús Arango de Londoño (madre), Verónica Yaneth González Gómez (cónyuge), Daniela Londoño Rojas (hija), Gladis Estela Londoño Arango (hermana), José Eutimio Londoño Arango (hermano), Pedro Luis Londoño Arango (hermano), José Arturo Osorio Londoño (hermano), Tatiana Osorio Londoño (hermana), Yeison David Londoño Santamaría (sobrino), Yeison Andrés Londoño Rojas (sobrino). 4 Grupo familiar de Rubén Sadid Correa Restrepo: Luz Mery Arenas Osorio (cónyuge), Katherine Correa Arenas (hija), Vanessa Correa Arenas (hija), Claudia Milena Correa Restrepo (hermana), José Diego Correa Restrepo (hermano), Martha Isabel Correa Restrepo (hermana), Paola Andrea Correa Restrepo (hermana).Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965) Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________ 2 de 16

Jiménez5, Ángel Giovani Penna Casa 6, Máximo Enrique Quiroz Pedraza 7, Jhon Freddy Bedoya Duque 8, con sus grupos familiares, así como el grupo familiar de Diego León Silva García9, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional, con el fin de obtener una reparación por el

familiar de Diego León Silva García9, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional, con el fin de obtener una reparación por el secuestro y las lesiones que padecieron y la muerte del último de los mencionados, lo cual ocurrió con ocasión de la toma de la Estación de Policía de San Carlos (Antioquia), el 3 y 4 de agosto de 1998, por parte de un grupo armado ilegal.10

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):

“La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL reconozca el pago de todos los perjuicios sufridos por los convocantes por el daño antijurídico que sufrieron con ocasión del secuestro y secuelas de los señores NICOLÁS ANTONIO

GIRALDO GARCÍA, CRUZ DARIO LONDOÑO ARANGO, RUBEN SADID CORREA

RESTREPO, JUAN MARTÍN PATIÑO JIMÉNEZ, ÁNGEL GIOVANI PENNA CASA, MÁXIMO ENRIQUE QUIROZ PEDRAZA, JHON FREDDY BEDOYA DUQUE, DIEGO LEON SILVA GARCÍA (QEPD), tras el ataque a la Estación de Policía de San Carlos Antioquia, ocurrido el 3, 4 y 5 de agosto de 1998”.

3. La parte actora solicitó: 1. Indemnización de los perjuicios morales a favor de todos los demandantes; 2. Indemnización por el daño a la salud a favor de todos los demandantes; 3. Indemnización por “ la violación a bienes

3. La parte actora solicitó: 1. Indemnización de los perjuicios morales a favor de todos los demandantes; 2. Indemnización por el daño a la salud a favor de todos los demandantes; 3. Indemnización por “ la violación a bienes constitucionalmente protegidos” para cada una de las víctimas directas; 4.

Indemnización por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor de cada víctima directa, teniendo en cuenta la pérdida de la capacidad laboral dictaminada por la Junta Médica en cada caso y , respecto de Diego León Silva García (fallecido), una indemnización a favor de su madre, con base en la totalidad del salario devengado por la víctima a la fecha de su muerte y su edad de vida

5 Grupo familiar de Juan Martín Patiño Jiménez: María Mirelly Valencia Guzmán (cónyuge), Juan Manuel Patiño Valencia (hijo), María Nelly Patiño Jiménez (hermana), Leidy Johana Bolívar Patiño (hermana). 6 Grupo familiar de Ángel Giovani Penna Casas: Ligelia Hernández Ramírez (cónyuge), Andrés Felipe Penna Hernández (hijo), Edilma Casas de Penna (madre), Braulio Efrén Penna Casas (hermano), Gaby Soraya Penna Casas (hermana), María del Pilar Penna Casas (hermana), Rosa Paola Penna Casas (hermana), Zulieth Penn a Casas (hermana), Gladis Penna Casas (hermana), James Santiago Cuellar Penna (sobrino), Jesús Eduardo Penna Casas (sobrino), Juan Pablo Cuellar Penna (sobrino).

Casas (hermana), Gladis Penna Casas (hermana), James Santiago Cuellar Penna (sobrino), Jesús Eduardo Penna Casas (sobrino), Juan Pablo Cuellar Penna (sobrino). 7 Grupo familiar de Máximo Enrique Quiroz Pedraza: Digna Rosa Pedraza Rojas (madre), Juan José Quiroz Cataño (hijo), Juliet Tatiana Quiroz Cataño (hija), Jesús Manuel Quiroz Rodas (hijo), Kevin Alejandro Quiroz Idarraga (hijo), Dellys María Quiroz Pedraza (hermana), Dalgira Quiroz Pedraza (hermana), Eder Rafael Quiroz Pedraza (hermano), Nelly Yajai ra Quiroz Pedraza (hermana), Filomena Quiroz Pedraza (hermana), Dalgi Luisa Cárdenas Quiroz (hermana), Yennys Arley Zambrano Pedraza (hermana), María Rosa Zambrano Pedraza (hermana), Jhoan Alberto Zambrano Pedraza (hermano), Andrés Eduardo Meza Quiroz (sobrino), Dailys Rosa Meza Quiroz (sobrino), Caterin Julieth Ayos Quiroz (sobrino), Yulianis Yaneth Ayos Quiroz (sobrina), Cindy Maolis Cárdenas Quiroz (sobrina), Durvi Elena Cárdenas Quiroz (sobrina), Loren Zulay García Quiroz (sobrina), Elkin René García Quiroz (sobrino), Eder Stiven Quiroz Salazar (sobrino), Waila Quiroz Salazar (sobrina), Elianys Jeanneth Saad Quiroz (sobrina), Margaret Dayana Quiroz Centeno (sobrina). 8 Grupo familiar de Jhon Freddy Bedoya Duque: Bernardina Duque Castaño (madre), Edison Bedoya Duque (hermano), Fabiola Bedoya Duque (hermana), Fernando León Bedoya Duque (hermano), Aseneth Bedoya Duque

8 Grupo familiar de Jhon Freddy Bedoya Duque: Bernardina Duque Castaño (madre), Edison Bedoya Duque (hermano), Fabiola Bedoya Duque (hermana), Fernando León Bedoya Duque (hermano), Aseneth Bedoya Duque (hermana), Helio Fabio Bedoya Duque (hermano), José Fernando Duque Ocampo (hermano), Sigifredo Cardona Bedoya (primo). 9 Grupo familiar de Diego León Silva García: Rosalba García de Silva (madre), John Henry Silva García (hermano), Anderson Silva Londoño (sobrino), Nevardo García Gutiérrez (tío), Luis Enrique Navia Ulubares (tío), Diego Armando Montiya García (primo). 10 Folios 145 al 272 del documento “4_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_001201800109C1Demand_0_20241017102020180 .pdf” que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965) Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________ 3 de 16

probable; 5. Una medida no pecuniaria de reparación integral similar a la señalada en la sentencia proferida el 11 de abril de 2016, dentro del proceso Rad. 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079), en la que se resolvió la responsabilidad del Estado por el ataque por parte de grupos armados a la Base Militar Antinarcóticos de Miraflores.

4. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, la parte demandante

responsabilidad del Estado por el ataque por parte de grupos armados a la Base Militar Antinarcóticos de Miraflores.

4. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, la parte demandante refirió que Nicolás Antonio Giraldo García, Cruz Darío Londoño Arango, Rubén Sadid Correa Restrepo, Juan Martín Patiño Jiménez, Ángel Giovani Penna Casa, Máximo Enrique Quiroz Pedraza, Jhon Freddy Bedoya Duque y Diego León Silva García eran integrantes de la Policía Nacional. El 3 de agosto de 1998, un grupo de 400 guerrilleros, pertenecientes a las FARC y el ELN, atacó el municipio de San Carlo s (Antioquia). El ataque se prolongó hasta el día siguiente. Los integrantes de los grupos armados “perpetraron asaltos bancarios, destrucción de instalacione s militares, vías y comunicaciones en pueblos y caseríos aledaños y atentaron la infraestructura petrolera ”, además, atacaron la estación de la Policía Nacional en la que se encontraban las víctimas directas. Los policías fueron secuestrados y permanecieron en cautiverio por 1260 días. Diego León Silva García fue asesinado en cautiverio, mientras que los demás, pese a que fueron liberados, sufrieron graves secuelas , entre ellas, trastornos de estrés postraumático. Entre los años 2010 a 2014 se les practicó exámenes médicos que establecieron una pérdida de la capacidad laboral en porcentajes de 67,21% a 86,14%11.

5. La parte actora afirmó que la entidad demandada es responsable por los hechos narrados, ya que “el ataque en la estación de Policía de San Carlos

67,21% a 86,14%11.

5. La parte actora afirmó que la entidad demandada es responsable por los hechos narrados, ya que “el ataque en la estación de Policía de San Carlos Antioquia estaba anunciado de acuerdo con los informes de inteligencia.

Sin embargo, en una evidente falla del servicio (…) no se tomaron las acciones para evitarlo, y una vez en combate, no se contó con los recursos suficientes para disminuir los efectos de las salvajes acciones subversivas, pues faltó personal, entrenamiento, armas y apoyo logístico, bélico, estratégico”. Refirió que, meses previos al ataque, a finales de 1997, el grupo armado FARC anunció amenazas de que atentaría en contra de la Fuerza Pública y el 20 de diciembre de 1997, el grupo guerrillero atacó la Base Militar ubicada en el cerro Patascoy, lo cual dejó varios soldados muertos y otros secuestrados. Pese a ello, la institución no adoptó medidas preventivas con el fin de contrarrestar otros posibles ataques. Indicó que los hechos constituyeron una grave violación de derechos humanos, por lo cual, de

11 Nicolás Antonio Giraldo García, según acta de la junta m édica laboral de 12 de noviembre de 2010 present ó una disminución de la capacidad laboral de 86,14%; Cruz Darío Londoño Arango, según acta de la junta médica laboral de 17 de marzo de 2010 presentó una disminución de la capacidad laboral de 79,98%; Rubén Sadid Correa Restrepo, según acta de la junta m édica laboral de 26 de agosto de 2010 presentó una disminución de la

laboral de 17 de marzo de 2010 presentó una disminución de la capacidad laboral de 79,98%; Rubén Sadid Correa Restrepo, según acta de la junta m édica laboral de 26 de agosto de 2010 presentó una disminución de la capacidad laboral de 79,98%; Juan Martín Patiño Jiménez, según acta de la junta m édica laboral de 19 de diciembre de 2014 presentó una disminución de la capacidad laboral de 67,21%; Ángel G iovani Penna Casa, según acta de la junta médica laboral de 23 de septiembre de 2010 presentó una disminución de la capacidad laboral de 78,95%; Máximo Enrique Quiroz Pedraza, según acta de la junta médica laboral de 18 de marzo de 2010 presentó una disminución de la capacidad laboral de78%; y Jhon Freddy Bedoya Duque, según acta de la junta médica laboral de 16 de septiembre de 2011 presentó una disminución de la capacidad laboral de 86,5%.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965) Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________ 4 de 16

acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos pr onunciamientos del Consejo de Estado, no era aplicable el término de caducidad de la acción.

1.2. Trámite relevante

6. El 24 de octubre de 2018, el tribunal admitió la demanda solo respecto de

Humanos y algunos pr onunciamientos del Consejo de Estado, no era aplicable el término de caducidad de la acción.

1.2. Trámite relevante

6. El 24 de octubre de 2018, el tribunal admitió la demanda solo respecto de las víctimas directas. En relación con los demás demandantes declaró probada la caducidad de la acción. La parte actora interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocato ria del auto, ya que “ al tratarse de actuaciones violatorias del DIH, en especial del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y de las normas de protección internacional de los Derechos Humanos por parte del grupo armado insurgente FARC no es posible predicar su caducidad”. En auto de 31 de julio de 2019 12, esta Sala de Subsección consider ó que los hechos narrados en la demanda constituían crímenes de guerra tipificados en el Estatuto de Roma, por lo cual debía aplicarse la garantía de imprescriptibilid ad de la acción de reparación, la cual integraba el bloque de constitucionalidad. Además, indicó que ese razonamiento aplicaba a todos los demandantes del caso, ya que la garantía de imprescriptibilidad de la acción se fundamenta en la naturaleza de los hechos y no en la calidad de las víctimas. De acuerdo con lo anterior, la Sala decidió revocar parcialmente la decisión, inaplicar cautelarmente el artículo 164 del CPACA, aplicar la regla internacional que alude a la imprescriptibilidad de esta acción y admitir la demanda respecto de todos los demandantes, con excepción de Aseneth Bedoya Duque, Fernando León Bedoya Duque y Rubiela Bedoya Duque, frente a quienes se

alude a la imprescriptibilidad de esta acción y admitir la demanda respecto de todos los demandantes, con excepción de Aseneth Bedoya Duque, Fernando León Bedoya Duque y Rubiela Bedoya Duque, frente a quienes se dispuso su desvinculación porque el abogado no contaba con poder para representarlos13.

1.3. Posición de la parte demandada

7. La Policía Nacional no contestó la demanda . En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión 14, la entidad señaló que se configuró la caducidad de la acción, toda vez que los hechos ocurrieron del 3 al 5 de agosto de 1998, por lo que, respecto de la muerte de Diego León Silva García, el término de oportunidad se extendió desde el 19 de noviembre de 1998 (fecha en la cual se expidió la resolución que ordenó el retiro por muerte) hasta el 20 de noviembre de 2000. Respecto de los secuestros, para los grupos familiares, el término de oportunidad inició en la fecha en que se profirieron las resoluciones que decretaron el s ecuestro (Resoluciones de 18 y 28 de diciembre de 1998) y finalizó el 19 y 29 de diciembre de 2000. Y, para

12 Auto de 31 de julio de 2018, expediente No. 63119, salvamento de voto de Martín Bermúdez Muñoz. 13 Documento “5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_002201800109C1Consej_1_20241017102020680.pdf” que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI. 14 Documento “86_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08320230322AlegatosC_33_20241017105007330.pdf” que obra en

registro de actuaciones del aplicativo SAMAI. 14 Documento “86_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08320230322AlegatosC_33_20241017105007330.pdf” que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965) Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________ 5 de 16

las víctimas directas, el plazo oportuno se extendió desde la fecha en la que se expidió la resolución que reconoció la libertad de los policías (Resoluciones de 17 de julio y 3 de agosto de 2001) hasta el 18 de julio y 4 de agosto de 2003. Lo anterior, teniendo en cuenta que no había prueba que acreditara la existencia de una circunstancia que impidiera a los actores acudir a la jurisdicción. Citó la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, exp. 85001333300220140014401 (61.033) y , solicitó aplicarla al cas o concreto.

8. Por otra parte, adujo que se configuró la causal de exoneración de hecho de un tercero, ya que el daño fue causado por un grupo armado ilegal .

Refirió que la Policía tenía conocimiento de la presencia de grupos guerrilleros en el departamento de Antioquia, pero no tenía información de que la Estación de Policía de San Carlos sería objeto de ataque . En todo caso, advirtió que el daño se trató de la materialización de un riesgo propio

guerrilleros en el departamento de Antioquia, pero no tenía información de que la Estación de Policía de San Carlos sería objeto de ataque . En todo caso, advirtió que el daño se trató de la materialización de un riesgo propio del servicio, dado el contexto de conflicto en el que se encontraba el país para la época, y habida cuenta de que la entidad empleó todos los recursos humanos y logísticos c on los que contaba para repeler la incursión de los grupos armados. Respecto de Jhon Fredy Bedoya Duque, indicó que no se demostró su legitimación activa en la causa, toda vez que no había prueba de su calidad de policía , ni de su presencia en la estación el día en que ocurrieron los hechos.

1.4. Sentencia de primera instancia

9. El 5 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B profirió Sentencia de primera instancia 15 en la que

resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de: Leidy Johana Bolívar Patiño, María Nelly Patiño Jiménez, María Mirelly Valencia Guzmán, Jhon Freddy Bedoya Duque, Bernardina Duque Castaño, Helio Fabio Bedoya Duque, Edinson Bedoya Duque , Fabiola Bedoya Duque, José Fernando Duque Ocampo, Sigifredo Cardona Bedoya y Diego Armando Montoya García.

SEGUNDO: DECLARAR probada la caducidad de la acción, de acuerdo con las consideraciones desarrolladas en esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. (…)”

11. El tribunal consideró que Jhon Freddy Bedoya Duque no era miembro de la Policía Nacional, ni se encontraba en la estación de policía, en la fecha

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. (…)”

11. El tribunal consideró que Jhon Freddy Bedoya Duque no era miembro de la Policía Nacional, ni se encontraba en la estación de policía, en la fecha en que ocurrieron los hechos. En consecuencia, declaró su falta de legitimación activa en la causa y de su grupo familiar. Respecto de los demás demandades, indicó que la acción se encontraba caducada. El tribunal advirtió que los hechos por los cuales se demandó constituían un delito de lesa humanidad, según lo previsto en el literal e) del artículo 1 del

15 Documento “87_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_084Sentencia1_Instan_34_20241017105007580.pdf” que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965) Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________ 6 de 16

Estatuto de Roma (privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional). En ese sentido, aplicó la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera de esta corporación, por considerar que la regla allí contenida constituía un criterio vinculante, incluso para los hechos ocurridos con anterioridad a la expedición de la providencia. En efecto, la aplicación de ese precedente jurisprudencial no implicaba una defraudación de la confianza legítima, pues en la sentencia d e unificación no se modificaron

anterioridad a la expedición de la providencia. En efecto, la aplicación de ese precedente jurisprudencial no implicaba una defraudación de la confianza legítima, pues en la sentencia d e unificación no se modificaron las condiciones para adquirir un derecho ni para ejercerlo en sede judicial, sino que se desarrolló e interpretó adecuadamente una disposición legal; además, previo a la expedición de la providencia no existía una única postura sobre la materia, por lo que no existía un precedente vigente distinto al que fue objeto de unificación.

12. El tribunal contabilizó el termino de oportunidad por los hechos relacionados con el secuestro desde día siguiente en el que las víctimas recobraron su libertad. Esto es, para Nicolás Antonio Giraldo García , Cruz Darío Londoño Arango, Rubén Sadid Correa Restrepo, Ángel Giovani Penna Casa y Máximo Enrique Quiroz Pedraza (quienes permanecieron en cautiverio desde el 3 de agosto de 1998 hasta el 30 de junio de 2001) , el plazo se extendió desde el 1 de julio de 2001 hasta el 1 de julio de 2003 ; y para Juan Martín Patiño Jiménez (quien permaneció en cautiverio desde el 3 de agosto de 1998 hasta el 17 de junio de 2001 y estuvo hospitalizado el 17 y el 18 de junio de 2001) , el plazo se extendió desde el 19 de junio de 2001 hasta el 19 de junio de 2003 . Dado qu e la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada en 2017 y la demanda en 2018, el tribunal concluyó que operó la caducidad de la acción. El tribunal precisó que algunos de los demandantes menores de edad nacieron durante o con

extrajudicial fue presentada en 2017 y la demanda en 2018, el tribunal concluyó que operó la caducidad de la acción. El tribunal precisó que algunos de los demandantes menores de edad nacieron durante o con posterioridad al periodo de cautiverio de su familiar, por lo que, respecto de ellos, el término de caducidad se contabilizaba a partir de la fecha en que fueron reconocidos como personas y podían reclamar sus derechos, no obstante, en todos los casos el término se encontraba vencido.

13. Respecto de las lesiones, indicó que el término debía contabilizarse a partir de la fecha e n que cada víctima directa tuvo conocimiento cierto, preciso y definitivo de las distintas afecciones derivadas de su privación de la libertad. Entonces, con base en los exámenes médicos y dictámenes de la junta médico laboral, consideró que: Nicolás Antonio Giraldo García tuvo certeza de su daño el 7 de abril de 2005, por lo que para él y su grupo familiar el término se extendió hasta el 8 de abril de 2007; Cruz Darío Londoño Arango tuvo certeza de su daño el 13 de junio de 2007, por lo que para él y su grupo familiar el término se extendió hasta el 14 de junio de 2009 ; Juan Martín Patiño Jiménez tuvo certeza de su daño el 10 de diciembre de 2008, p or lo que para él y su grupo familiar el término se extendió hasta el 11 de diciembre de 2010; Rubén Sadid Correa Restrepo tuvo certeza de su dañoRadicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)

Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros

diciembre de 2010; Rubén Sadid Correa Restrepo tuvo certeza de su dañoRadicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965) Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________ 7 de 16

el 24 de mayo de 2010 , por lo que para él y su grupo familiar el término se extendió hasta el 25 de mayo de 2 012; Ángel Giovani Penna Casa tuvo certeza de su daño el 11 de octubre de 2008 , por lo que para él y su grupo familiar el término se extendió hasta el 12 de octubre de 2010 ; Máximo Enrique Quiroz Pedraza tuvo certeza de su daño el 13 de enero de 2012, por lo que para él y su grupo familiar el término se extendió hasta el 14 de enero de 2014.

14. Finalmente, en relación con la muerte de Diego León Silva García, refirió que esta ocurrió el 3 de agosto de 1998, sin embargo, sus familiares no conocieron en esa fecha las circunstancias en las que murió, solo cuando los compañeros de la víctima directa fueron liberados, la madre pudo entablar comunicación con ellos y enterarse de esas circunstancias y la posible atribución de responsabilidad al Estado. De manera q ue, si bien el hecho dañoso ocurrió en 1998, el término de caducidad debía contabilizarse desde el 1 de julio de 2001, encontrándose vencido para la fecha de la presentación de la demanda.

hecho dañoso ocurrió en 1998, el término de caducidad debía contabilizarse desde el 1 de julio de 2001, encontrándose vencido para la fecha de la presentación de la demanda.

1.5. Recurso de apelación

15. La parte actora presentó recurso de apelación16 con el fin de que se revocara la decisión de primera instancia . Indicó que la sentencia de unificación no era aplicable al caso, toda vez que atentaba contra el principio de seguridad jurídica. Señaló que esta corporación ha establecido la prohibición de la aplicación retroactiva del precedente, ya que ello implica la violación al debido proceso y las garantías judiciales, los derechos de libertad e igualdad y la defraudación de la confianza legítima. Indi có que, de acuerdo con esa jurisprudencia , “si la ley y en general cualquier precepto o criterio jurídico normalmente no puede regular de manera retroactiva hechos anteriores a su vigencia, a esa elemental consideración no escapa la jurisprudencia, pues si de esta se predica su carácter de fuente de derecho vinculante, claro resulta que sus enunciados (ratio decidendi), que son auténticas normas o directrices jurídicas, están llamadas a correr esa misma suerte”.

16. Citó la Sentencia de tutela de 7 de julio d e 2022, exp. 11001 -03-15-0002022-01694-01; la Sentencia de tutela de 8 de febrero de 2018, exp.

11001031500020170348100; y la Sentencia 12 de marzo de 2021, exp. 1100103-15-000-202000688-01, en la s que se ampar aron los derechos de los accionantes, porque el juez natural aplicó la figura de la caducidad en casos de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, citó la Sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 05001-23-33-000-2016-0077401(60194), en la que se excepcionó la aplicación del término de caducidad,

16 Documento “89_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08620240805RecursoDe_36_20241017105007815.pdf” que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965) Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________ 8 de 16

y la Sentencia de 11 de abril de 2016, exp. 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079), en la que se resolvió las pretensiones de reparación de las víctimas y familiares de la toma de la Base Militar de Miraflores en los cuales resultaron secuestrados y lesionados varios miembros de la fuerza pública y solicitó que el análisis allí realizado se extendiera al presente asunto. En el mismo sentido, citó la Sentencia de 5 de septiembre de 2016, exp. 05001233300020160058701 (57625).

el análisis allí realizado se extendiera al presente asunto. En el mismo sentido, citó la Sentencia de 5 de septiembre de 2016, exp. 05001233300020160058701 (57625).

17. Explicó que, en este caso, por tratarse de una grave violación de derechos humanos, la valoración probatoria debe se