CE - Sentencia 25000233600020180011501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 250002336000201800115 01 (70669)

Demandante: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Demandado: JOSÉ JAIRO CORREDOR GÓMEZ Y OTRO

Tema: Medio de control de repetición. Régimen previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo. No se acreditó la culpa grave de los agentes. Condena en costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de agosto de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 23 de julio de 2014 , el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios causados a Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera, pues en el curso de un proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado Civil Municipal de La Mesa “se incurrió en un error de hecho al no haberse identificado plenamente el inmueble objeto de las medidas dentro del proceso ejecutivo, lo cual conllevó a que se profirieran unas providencias judiciales

de Bogotá y el Juzgado Civil Municipal de La Mesa “se incurrió en un error de hecho al no haberse identificado plenamente el inmueble objeto de las medidas dentro del proceso ejecutivo, lo cual conllevó a que se profirieran unas providencias judiciales que, a la postre, permitieron que se entregaran a otra persona los inmuebles de propiedad de los aquí demandantes”.

Como la Nación – Rama Judicial afirma que pagó una indemnización por t al concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de los jueces José Jairo Corredor Gómez y José de la Cruz Colmenares2

Radicado: 250002336000201800115 01 (70669)

Demandante: Nación – Rama Judicial

Amador, señalando que debía n reembolsarle dicho dinero, pues ellos fueron los servidores públicos que con su actuar gravemente culposo había n incidido en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 8 de febrero de 20181, la Nación – Rama Judicial, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de José Jairo Corredor Gómez y José de la Cruz Colmenares Amador , para que se le s declarara patrimonialmente responsable s del pago de $745.917.563 a Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera, realizado en cumplimiento de la condena que le impuso el Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de julio de 2014.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha indeterminada, Gustavo Santoyo Ávila promovió proceso ejecutivo singular contra

condena que le impuso el Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de julio de 2014.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha indeterminada, Gustavo Santoyo Ávila promovió proceso ejecutivo singular contra Gilberto Rodríguez Bobadilla.

Señala que mediante auto del 11 de junio de 1991, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá decretó el embargo del 50% de la parte o derechos que Gilberto Rodríguez Bobadilla tuviera sobre los predios identificados con las matrículas inmobiliarias No. 166-0027681 y 166 -0026542 y, en tal sentido , libró los oficios correspondientes dirigidos al registrador de instrumentos públicos de La Mesa para que llevara a cabo la inscripción de la medida cautelar en la proporción de los derechos que le pudieran corresponder al ejecutado.

Manifiesta que, mediante auto del 3 de diciembre de 1991 , el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá decretó el avalúo y remate de los bienes embargados.

1 Folio 16, C. 1.3

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Demandante: Nación – Rama Judicial

Indica que en proveído del 31 de julio de 1992 , el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá ordenó el secuestro de los referidos inmuebles y, a su vez, comisionó al Juzgado Civil Municipal de La Mesa para la práctica de dicha diligencia, con la advertencia de que para el secuestro del inmueble identifica do con la matrícula

de Bogotá ordenó el secuestro de los referidos inmuebles y, a su vez, comisionó al Juzgado Civil Municipal de La Mesa para la práctica de dicha diligencia, con la advertencia de que para el secuestro del inmueble identifica do con la matrícula inmobiliaria No. 166-0027681 el interesado debía alinderar, concretar y acreditar la porción que aún conservaba el demandado sobre dicho bien.

Sostiene que el 16 de septiembre de 1 993, el Juzgado Civil Municipal de La Mesa llevó a cabo la diligencia de secuestro de los inmuebles identificados con l os folios de matrículas inmobiliarias No. 166-0027681 y 166-0026542.

Afirma que mediante Escritura Pública No. 2296 de l 10 de septiembre de 1995, el adjudicatario Hermógenes Rodríguez Losada procedió a protocolizar ante la Notaría Única de la Mesa la diligencia de remate e inscribió la propiedad sobre los referidos inmuebles en su totalidad.

Señala que a través del Despacho Comisorio No. 489 de 25 de septiembre de 1995, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá comisionó al Juzgado Civil Municipal de La Mesa para la entrega real y material de los pluri citados inmuebles

Manifiesta que el 10 de octu bre de 1995, el Juzgado Civil Municipal de La Mesa suspendió la diligencia de entreg a de los inmuebles de la referencia, toda vez que era “indispensable la identificación plena y previa de los bienes para tal efecto” , aunado al hecho que “en relación con el predio denominado ‘Villa Carolina’ [folios

suspendió la diligencia de entreg a de los inmuebles de la referencia, toda vez que era “indispensable la identificación plena y previa de los bienes para tal efecto” , aunado al hecho que “en relación con el predio denominado ‘Villa Carolina’ [folios de matrículas inmobiliarias No. 166 -0027681], al rematante se le adjudicó tan solo el 50% del mismo, y en el despacho o sus anexos no se hace referencia a la persona de su copropietario”.

Indica que el 20 de octubre de 1995, el Juzgado Civil Municipal de La Mesa efectuó la entrega real y material de los referidos inmuebles.

Sostiene que en el trámite de la precitada diligencia, Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera se opusieron a la entrega del inmueble identificado con4

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el folio de matrícula inmobiliaria No. 166-0027681, alegando que dicho predio era de su propiedad. Por lo anterior, interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron negados por el Juzgado Civil Municipal de La Mesa, frente a lo cual interpusieron el recurso de queja.

Señala que mediante auto del 12 de enero de 1996, el Tribunal Superior de Bogotá declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto por Manrique Bustamante contra la decisión adoptada en la diligencia del 20 de octubre de 1995.

Manifiesta que el 17 de octubre de 1997, Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo

Bustamante contra la decisión adoptada en la diligencia del 20 de octubre de 1995.

Manifiesta que el 17 de octubre de 1997, Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por lo errores judiciales contenidos en el trámite de las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo adelantado en contra de Gilberto Rodríguez Bobadilla.

Indica que mediante sentencia del 10 de octubre de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Señala que mediante sentencia del 23 de julio de 2014, el Consejo de Estado revocó la anterior decisión y, en su lugar, declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios causados a Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera , pues en el curso del referido proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado Civil Municipal de La Mesa “se incurrió en un error de hecho al no haberse identificado plenamente el inmueble objeto de las medidas dentro del proceso ejecutivo, lo cual conllevó a que se profirieran unas providencias judiciales que, a la postre, permitieron que se entregaran a otra persona los inmuebles de propiedad de los aquí demandantes”.

Atendiendo a que la Nación – Rama Judicial afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición contra los jueces José Jairo Corredor Gómez y José de la Cruz Colmenares Amador, pues considera que fueron los servidores públicos que con su actuar5

por tal condena, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición contra los jueces José Jairo Corredor Gómez y José de la Cruz Colmenares Amador, pues considera que fueron los servidores públicos que con su actuar5

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gravemente culposo incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada, comoquiera que fueron los jueces que “vincularon al proceso ejecutivo unos inmuebles de propiedad de unas personas diferentes al deudor, sin haber satisfecho los requisitos para ello, pues no adelantaron labor alguna tendiente en lograr su plena identificación”.

2. Contestación

El 13 de marzo de 201 82, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público.

2.1. José Jairo Corredor Gómez 3 se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que ni en la sentencia del Consejo de Estado, ni en l a demanda de repetición se realizó una imputación clara y detallada sobre los errores judiciales supuestamente cometidos en el proceso ejecutivo, así como tampoco se acreditó el dolo y/o culpa grave en que incurrió durante el trámite del referido proceso.

En línea con lo anterior, precisó que en el transcurso del proceso ejecutivo actuaron tres jueces diferentes en calidad de titulares del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. De hecho, refirió que si bien él fue quien decretó el embargo parcial de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 166 - 0026542

Bogotá. De hecho, refirió que si bien él fue quien decretó el embargo parcial de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 166 - 0026542 y 166-0027681, lo cierto es que el juez Germán Rodríguez Velásquez decretó el secuestro de dichos bienes y el juez Israel Bosiga Higuera los remató y adjudicó.

Afirmó que el decreto del embargo se efectuó de conformidad con la petición efectuada por la parte accionante y sobre los bienes identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 1660026542 y 166-0027681, precisando que la medida cautelar recaía únicamente respecto de la parte que era propiedad de Gilberto Rodríguez Bobadilla.

2 Folio 23, C. 1. 3 Folio 33 a 43, C. 1.6

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Asimismo, indicó que al sub examine no le resulta aplicable los supuestos de presunción de dolo previstos en la Ley 678 de 2001, dado que los hechos que dieron origen a la demanda de reparación directa fueron anteriores a la vigencia de dicha norma.

Finalmente, señaló que el valor pretendido en la demanda de repetición no guarda consonancia con la condena impuesta por el Consejo de Estado , toda vez que en la sentencia del 23 de julio de 20 14 el valor a pagar correspondió a la suma $265.486.326, mientras que en el sub examine se pretende el reembolso

consonancia con la condena impuesta por el Consejo de Estado , toda vez que en la sentencia del 23 de julio de 20 14 el valor a pagar correspondió a la suma $265.486.326, mientras que en el sub examine se pretende el reembolso $745.917.563.

2.2. José de la Cruz Colmenares Amador4 sostuvo que su actuación se limitó a dar cumplimiento al despacho comisorio proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, sin que hubiese actuado con dolo o culpa grave . Asimismo, señaló que en el sub examine operó la caducidad del medio de control de repetición , de conformidad con lo previsto en el artículo 945 del C.G.P.

3. Audiencia inicial

El 19 de octubre de 2022 6 el Tribunal Administrativo de C undinamarca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si los demandados - José Jairo Corredor Gómez, Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá D.C. y José De La Cruz Colmenares Amador, Juez Civil Municipal de La Mesa (Cundinamarca) -para la época de los hechos-, actuaron con

4 Samai, índice 54 de primera instancia. 5 “Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al

presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado”. 6 Samai, índice 76 de primera instancia.7

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culpa grave en el ejercicio de sus funciones dentro del proceso ejecutivo de Gustavo Santoyo Ávila contra Gilberto Rodríguez Bobadilla, que derivó en la condena contra la Rama Judicial por error judicial, según providencia proferida el 23 de julio de 2014 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por el presunto incumplimiento del deber de identificar plenamente el inmueble objeto de las medidas dentro del referido proceso ejecutivo. ii). De igual forma, si los funcionarios judiciales que dieron la orden de embargo y secuestro de los bienes inmuebles son diferentes a los aquí demandados y, en consecuencia, la identificación de las actuaciones adelantadas por cada uno de ellos. iii). Si la calidad de Juez Comisionado del Doctor José de la Cruz Colmenares, que dio cumplimiento a un despacho comisorio, determina en concreto una culpa grave de ese demandado”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de febrero de 20237 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de febrero de 20237 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Nación – Rama Judicial 8, José Jairo Corredor Gómez 9 y José de la Cruz Colmenares Amador 10, reiteraron los argumentos expues tos en la demanda y en sus contestaciones, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de agosto de 202 311 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó la conducta gravemente culposa de los demandados.

7 Samai, índice 94 de primera instancia. 8 Samai, índice 92 de primera instancia. 9 Samai, índice 91 de primera instancia. 10 Samai, índice 93 de primera instancia. 11 Samai, índice 99 de primera instancia.8

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Al efecto, sostuvo que José Jairo Corredor Gómez decretó el embargo de los bienes de Gilberto Rodríguez Bobadilla de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, pues “: i) el ejecutante solicitó la medida de embargo y presentó caución, lo que cumplió el requisito del juramento; ii) el juzgado envío al registrador el oficio con los datos para inscribir la medida; iii) e l registrado la inscribió, sin que

caución, lo que cumplió el requisito del juramento; ii) el juzgado envío al registrador el oficio con los datos para inscribir la medida; iii) e l registrado la inscribió, sin que obre en el expediente alguna comunicación en la que él informe al juzgado que los bienes objeto de la medida no pertenecían al ejecutado” . Adicionalmente, señaló que, de acuerdo con la sentencia proferida por el Consejo de Estado, la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial se fundamentó en el hecho que los inmuebles no fueron plenamente identificados al momento de decretar la medida cautelar de secuestr o; sin embargo, dicha providencia fue proferida por Germán Rodríguez Velásquez, quien no fue demandado en este proceso.

En la parte resolutiva, el a quo condenó en costas a la parte demanda y fijo la suma de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes como agencias en derecho a favor de cada uno de los demandados.

6. Recurso de apelación

El 23 de septiembre de 202 312, la Nación – Rama Judicial interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 24 de octubre de 202313 y admitido el 2 de febrero de 202414.

6.1. La parte demandante indicó que la conducta de José de la Cruz Colmenares Amador en su calidad de Juez Civil Municipal de la Mesa – Cundinamarca, se enmarca en la presunción de culpa grave contenida en el artículo 90 de la Constitución, toda vez que el daño antijurídico fue consecuencia de una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho y una omisión en el ejercicio de las funciones como Juez de la Republica.

vez que el daño antijurídico fue consecuencia de una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho y una omisión en el ejercicio de las funciones como Juez de la Republica.

12 Samai, índice 79 de primera instancia. 13 Samai, índice 103 de primera instancia. 14 Samai, índice 10.9

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Afirmó que “si los demandados hubiesen aplicado el articulo 515 en concomitancia con el 34 del C. de P.C, tanto el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá como su comisionado Juzgado Civil Municipal de La Mesa, hubieran encontrado ‘plenamente identificado’ el inmueble objeto de las medidas con base en una prueba que no es la idónea, esto es, la certificación suscrita por el Jefe de la Oficina Delegada de Catastro de la Mesa - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuando, como es sabido, el documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho de dominio es el certificado que expide el registrador de instrumentos públicos”.

Finalmente, en cuanto a la condena en costas, afirmó que “sólo habrá lugar a imponer las costas procesales cuando se encuentre acreditada su causación, se hallen comprobadas, o se evidencie una carencia de fundamento legal”, situaciones que no se configuraron en el presente asunto.

7. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el

se configuraron en el presente asunto.

7. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 15, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. En esta instancia procesal los demandados José Jairo Corredor Gómez16 y José de la Cruz Colmenares Amador 17 se pronunciaron respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, reiterando los argumentos expuestos a lo largo del proceso y solicitando confirmar la sentencia de primera instancia. El Ministerio Público guardó silencio.

15 Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia. (…); 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia (…)”. 16 Samai, índice 20. 17 Samai, índice 12.10

alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia (…)”. 16 Samai, índice 20. 17 Samai, índice 12.10

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Demandante: Nación – Rama Judicial

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se e ncuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 18 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200119.

En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 20, de ac uerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 20, de ac uerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

18 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 19 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 20 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $745.917.563 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en el año 2018 el SMLMV ascendía a la suma de $781.242, de ahí que 500 SMLMV correspondían a $390.621.000.11

Radicado: 250002336000201800115 01 (70669)

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2. Medio de control procedente

$390.621.000.11

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Demandante: Nación – Rama Judicial

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 21, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política22, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gr avemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a José Jairo Corredor Gómez y a José de la Cruz Colmenares Amador patrimonialmente responsable s del pago de $ 745.917.563, realizado en cumplimiento de la sentencia del 23 de julio de 2014 , proferida por el Consejo de Estado.

3. Vigencia del medio de control

Si bien José de la Cruz Colmenares Amador propuso la excepción de caducidad de la acción y en la sentencia no se estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio23.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

de oficio23.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia d efinitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”12

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protección del interés general 24, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 25, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimi ento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

24 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrer o de 2006. Rad.: 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El