CE - Sentencia 25000233600020180020601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020180020601 (68205)

Demandante: ADONAIS PÉREZ PRADO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL

Tema: Detonación controlada de artefactos explosivos improvisados

(AEI) por miembros del Ejército Nacional. Afectación de edificaciones construidas en predio rural, muerte de semovientes y destrucción de cultivos. Límites al recurso de apelación. No se acreditó que los “cilindros bomba” fueron instalados con el propósito de atentar contra la fuerza pública. “Desplazamiento forzado”. Omisión en los deberes de seguridad y protección. La presencia de la fuerza pública no es una fuente generadora de daños. El hecho lesivo no es atribuible al Estado. Condena en costas en segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el extremo activo contra la sentencia del 24 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En fecha indeter minada y debido a que en esa zona había influencia de varios grupos subversivos, miembros del Ejército Nacional se “asentaron” sobre el predio

I. SÍNTESIS DEL CASO

En fecha indeter minada y debido a que en esa zona había influencia de varios grupos subversivos, miembros del Ejército Nacional se “asentaron” sobre el predio “El Potrero – Babilonia” ubicado en el municipio de Concepción (Norte de Santander), de propiedad de Adonais Pérez Prado. Posteriormente, el 15 de enero de 2016, uniformados de esa institución fueron informados sobre la existencia de dos “cilindros bomba” en el predio referido, por lo que solicitaron apoyo especializado del grupo de explosivos y demoliciones – EXDE. Instantes después,2

Radicado: 25000233600020180020601 (68205)

Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

el personal capacitado en explosivos hizo presencia en la zona donde encontró dos artefactos y, seguidamente, procedió a detonarlos de “forma controlada y con todas las medidas de seguridad, para evitar afectar la población civil”. No ob stante, lo anterior, según lo narrado en la demanda, dicho acto produjo graves afectaciones a las edificaciones construidas sobre el citado predio, así como la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados. A raíz de esos hechos, los demandantes aducen que sufrieron amenazas por parte del ELN debido a que se les catalogó de “ayudantes del Ejército” y por ello tuvieron que abandonar forzosamente el inmueble.

En primer lugar, Adonais Pérez Prado considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio de su propiedad, así como por

forzosamente el inmueble.

En primer lugar, Adonais Pérez Prado considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio de su propiedad, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados, toda ve z que “[los soldados] detonaron ‘fallidamente’ los artefactos explosivos sin previo aviso a los propietarios y a los habitantes del multicitado predio”.

Por otra parte, los demandantes estiman que la Administración es responsable por el “desplazamiento f orzado” del que fueron víctimas, pues afirman que “la presencia del Ejército en la finca fue determinante para recibir amenazas por parte de alzados en armas que afirmaron pertenecer al ELN, como quiera que ‘estaban ayudando al Ejército’, y teniendo en cuenta la magnitud de los problemas de orden público fue necesario abandonar el sitio”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 9 de marzo de 2018 1, Martín Emilio Quintero Sánchez y Adonais Pérez Prado, en nombre propio y en representación de Andrés Felipe y Ana María Quintero Pérez; Walber Antonio Quintero Pinz ón y Sandra Milena Pérez Prado, en nombre

1 Fl. 15 a 51, C.1.3

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

propio y en representación de Mariana Alexandra Quintero Pérez; Uber Alonso Pérez en nombre propio y en representación de Sebastián y María Camila Pérez

Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

propio y en representación de Mariana Alexandra Quintero Pérez; Uber Alonso Pérez en nombre propio y en representación de Sebastián y María Camila Pérez Muñoz; Ayanibe Pérez Prado en nombre propio y en representación en Jhon Fredy Baena Pérez; y Luz Marina Pérez Prado, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (en adelante “El Ejército Nacional”), para que se le declare patrimonialmente responsable por: i) la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio “El Potrero – Babilonia”, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados, luego de la activación de los artefactos explosivos improvisados ocurrida el 15 de enero de 2016; y ii) por “el desplazamiento forzado” que estos sufrieron debido a la presencia de la fuerza pública y a las amenazas por integrantes del ELN.

En primera medida, como pretensiones de su demanda, Adonai Pérez Prado solicita condenar al Ejército Nacional a pagarle, por perjuicios morales , debido a la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio de su propiedad, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados, el equivalente a 100 SMLMV; por daño emergente , la suma de $705.326.000 y, por lucro cesante, la suma de $617.642.018.

En segundo lugar, Martin Emilio Quintero Sánchez solicita condenar a la entidad pública demandada a pagarle, por la afectación de las edificaciones construidas

$705.326.000 y, por lucro cesante, la suma de $617.642.018.

En segundo lugar, Martin Emilio Quintero Sánchez solicita condenar a la entidad pública demandada a pagarle, por la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio “El Potrero – Babilonia”, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados, por lucro cesante, la suma de $46.944.144.

Finalmente, los demandantes solicitan condenar a la accionada a pagarle a cada uno de ellos, por el “desplazamiento forzado” que aducen sufrieron, por perjuicios morales, 100 SMLMV.

En apoyo de las pretensiones, la parte demand ante afirma que Adonais Pérez Prado es propietaria del predio “El Potrero – Babilonia” identificado con el folio de4

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matrícula No. 266 – 2519 y ubicado en la veredera Miraflores del municipio de Convención (Norte de Santander). Además, que el citado predio estaba destinado a actividades agrícolas y pecuarias.

Señala que, en fecha indeterminada, miembros del Ejército Nacional se “asentaron” sobre el predio referido porque en esa zona había presencia de diferentes grupos al margen de la ley.

Indica que, el 15 de enero de 2015, uniformados de la institución castrense fueron informados sobre la existencia de dos “cilindros bomba” en el citado inmueble, por lo que solicitaron apoyo del grupo especializado EXDE.

Indica que, el 15 de enero de 2015, uniformados de la institución castrense fueron informados sobre la existencia de dos “cilindros bomba” en el citado inmueble, por lo que solicitaron apoyo del grupo especializado EXDE.

Destaca que, instantes después, el personal capacitado en explosivos del Ejército Nacional se presentó en la zona y allí localizó dos artefactos explosivos, de manera que procedieron con su detonación de “forma controlada y con todas las medidas de seguridad, para evitar afectar la población civil”.

Aduce que dicho acto produjo graves afectaciones a las edificaciones construidas sobre el citado predio, así como la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados.

Resalta que a raíz de esos hechos sufrieron amenazas por parte del ELN debido a que se les catalogó de “ayudantes del Ejército” y por ello tuvieron que abandonar forzosamente el predio.

Adonais Pérez Prado considera que el Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio de su propiedad, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados , toda vez que “[los soldados] detonaron los artefactos explosivos sin p revio aviso a los propietarios y a los habitantes del multicitado predio”.5

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

Además, los demandantes estiman que la Administración es responsable por el “desplazamiento forzado” del que fueron víctimas, pues afirman que “la presencia

Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

Además, los demandantes estiman que la Administración es responsable por el “desplazamiento forzado” del que fueron víctimas, pues afirman que “la presencia del Ejército en la finca fue determinante para recibir amenazas por parte de alzados en armas que afirmaron pertenecer al ELN, como quiera que ‘estaban ayudando al Ejército’, y teniendo en cuenta la magnitud de los problemas de orden público fue necesario abandonar el sitio”.

2. Contestación

El 19 de abril de 2018 2, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la accionada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional 3 argumentó que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le han sido conferidas. Además, advirtió que los daños derivados del “desplazamiento forzado” no le eran imputables, toda vez que no se acreditó que dicha situación hubiera sido puesta en conocimiento de las autoridades y, en todo caso, se produjo por una conducta ilegal, exclusiva y determinante de un tercero. Formuló como excepciones las que denominó “ausencia de antijuridicidad del daño”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “hecho del tercero”.

3. Audiencia inicial

El 21 de mayo de 2019 4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que, entre otras, realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

El 21 de mayo de 2019 4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que, entre otras, realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría a establecer la responsabilidad del Ejército Nacional por los puntos centrales del litigio así: “la destinación agraria y comercial del bien para el sustento, si el bien que

2 Fl. 58, C.1. 3 Fl. 75 a 91, C.1. 4 Fl. 134 C.1.6

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se ocupó por la demandada se encontraba en una zona roja por alteración del orden público, si la explosión de los cilindros fue controlada o no, y si se tomaron las medidas de seguridad, si con las explosión de causaron daños a los demandantes y el desplazamiento forzado”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 27 de febrero de 20205 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. Los demandantes6 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda.

4.2. El Ejército Nacional y el ministerio público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de junio de 2020 7 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que “ no se

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de junio de 2020 7 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que “ no se acreditó que la detonación controlada de los artefactos explosivos hubiera sido efectuada sin el conocimiento de los habitantes del predio, pues la mis ma se llevó a cabo por información de la comunidad”. Por otra parte, estimó que lo probado en el proceso no permitió establecer las circunstancias modales en que ocurrió el desplazamiento forzado alegado, de modo que “no se cumplió con la carga probatoria exigida para la configuración de una falla del servicio”. En conclusión, el a quo consideró que los daños alegados por los demandantes no eran imputables al Ejército Nacional debido a que no se probó la falla del servicio que le fue atestada.

6. Recurso de apelación

El 31 de mayo de 2021 8, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el

5 Fl. Fl. 153, C.1. 6 Fl 163 a 182, C.1. 7 Índice No. 21, SAMAI – Consejo de Estado. Archivo: “01 sentencia”. 8 Fl. Índice No. 21, SAMAI – Consejo de Estado. Archivo: “04. Apelación”7

Radicado: 25000233600020180020601 (68205)

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cual fue concedido el 29 de noviembre de 2021 9 y admitido el 18 de marzo de 202210.

5.1. El extremo activo 11 afirmó, en primera medida, que lo probado en el proceso

cual fue concedido el 29 de noviembre de 2021 9 y admitido el 18 de marzo de 202210.

5.1. El extremo activo 11 afirmó, en primera medida, que lo probado en el proceso permitió constatar que los daños derivados del desplazamiento forzado eran imputables al Ejército Nacional, toda vez que aquellos se causaron por la presencia de la fuerza pública en el predio “El Po trero – Babilonia” y a las consecuentes amenazas de las que fueron objeto en tanto se les catalogó de ser “ayudantes del Ejército”.

Por otra parte, refirió que asistía responsabilidad a la institución castrense porque, a su juicio, los “cilindros bomba” que causaron los daños estaban dirigidos y pretendían afectar a la fuerza pública que se encontraba en la zona. Sobre este punto, la recurrente textualmente señaló:

“[…] el objetivo de las fuerzas ilegales fue la finca en la cual el Ejército se asentó como sitio estratégico, de donde puede deducirse que si en una casa, latifundio o establecimiento se afincan personas que representan a entes del Estado puede estimarse que están prestando ayuda o servicio a estos. No se discute que la labor militar es legítima, pero creadora de circunstancias riesgosas lejanas de ser imprevisibles como una emboscada a la instalación de bombas en jurisdicción de la finca. No se pone un cilindro bomba porque sí, porque la intención era causar el mayor destrozo posible, con esto queda claro que los insurgentes sabían a quien iban a atacar y sabían cuáles eran las motivaciones al respecto. Adicionalmente, en una

finca. No se pone un cilindro bomba porque sí, porque la intención era causar el mayor destrozo posible, con esto queda claro que los insurgentes sabían a quien iban a atacar y sabían cuáles eran las motivaciones al respecto. Adicionalmente, en una zona álgida y peligrosa, la pr esencia del Estado aun cuando su intención sea contrarrestar el accionar ilegal es generadora de riesgos, los cuales se maximizaron por ubicarse en un bien o sitio habitado con destinación agropecuaria”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 12 y habida cuenta que no se

9 Índice No. 21, SAMAI – Consejo de Estado. Archivo: “05. Auto concede recurso”. 10 Fl. 186 a 187, C.1. 11 Fl. 1072 a 1080, C.5. 12 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámi te del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de8

Radicado: 25000233600020180020601 (68205)

Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

Radicado: 25000233600020180020601 (68205)

Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

Pese a lo anterior, la parte demandante 13 presentó un memorial de “alegatos de conclusión” en el que reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLM V para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación14, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no

artículo 140 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”. 13 Índice No. 9, SAMAI - Consejo de Estado. 14 La pretensión mayor de la demanda se estimó en 1300 SMLMV 15 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación9

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se reclama el resarcimiento de unos daños por hechos imputables al Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal16.

Así, con el propósito de otorgar seguridad j urídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

se trata de un presupuesto procesal16.

Así, con el propósito de otorgar seguridad j urídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud

administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de esta. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 16 Se advierte que el juez tiene la fa cultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclus ive dota al juez de la facultad para

generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclus ive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”10

esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”10

Radicado: 25000233600020180020601 (68205)

Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apa rato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que imp one al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es

tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.11

Radicado: 25000233600020180020601 (68205)

Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En primer lugar, se evidencia que el derecho de acción se ejerció en tiempo frente a la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio “El Potrero – Babilonia”, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos, toda vez que: i) el 15 de enero d e 2016, ocurrió la explosión de los dos

Babilonia”, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos, toda vez que: i) el 15 de enero d e 2016, ocurrió la explosión de los dos “cilindros bomba”, sobre lo cual se alega la configuración de unos daños; ii) que los accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 52 Judicial II para Asuntos Administrativos e l 12 de enero de 2018 21, la cual se declaró fallida el 7 de marzo siguiente 22; y iii) que la demanda se presentó el 9 de marzo de 201823, es decir, antes del término preclusivo de dos (2) años dispuesto por el legislador.

En segundo lugar, se evidencia que en el sub-lite no obra prueba que dé cuenta de la fecha exacta en que se ocasionó el “desplazamiento forzado” alegado por los demandantes ni alguna otra de las circunstancias que den cuenta de la fecha desde la que se debe contar el término para establecer si el derecho de acción se ejerció

20 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”. 21 Fl. 176, C.2. 22 Fl. 177, C.2. 23 Fl. 15 a 51, C.1.12

Radicado: 25000233600020180020601 (68205)

Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

de forma oportuna o no. Sin embargo, atendiendo los criterios fijados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias de unificación del 29 de enero de 2020 y SU 429 del 10 de octubre de 2024 24, respectivamente, en aplicación de los principios pro actione y pro damnato 25, y para garantizar el acceso a la administración de justicia, se estudiará