CE - Sentencia 25000233600020180031001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 65648

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01

Demandante: Emma Alzate Hernández Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho

ASUNTOS MINEROS -El Código de Minas, Ley 685 de 2001, distribuye las competencias para conocer de controversias mineras en las diferentes autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia del medio de control contra actos generales, conforme al inciso segundo art. 138 del CPACA. CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA -Es el principal instrumento que utiliza el Estado para encauzar la iniciativa privada en la actividad minera y regula los derechos, deberes, facultades y obligaciones emanados del desarrollo de dicha actividad . INTERÉS GENERAL-Por ser prevalente, permite las autoridades restringir la actividad minera en áreas de importancia ambiental . ZONAS EXCLUIDAS DE MINER ÍA-El Código de Minas –artículo 34 – establece que para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado .

restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado . SABANA DE BOGOTÁ-Sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos son de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal –art. 61 de la Ley 99 de 1993–.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a decidir los recursos de apelación, interpuestos por la parte demanda da –Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agencia Nacional de Minería–, contra la sentencia del 25 de septiembre de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección Tercera, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

Emma Alzate Hernández presentó demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que se declare la nulidad de un a parte del artículo 5 de la Resolución 2001 de 2016, por la cual se determinaron las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá y se adoptaron otras determinaciones. Lo anterior, porque se afirmó que el acto acusado se expidió con falsa motivación e infracción de las normas superiores en las que debía fundarse. A título de restablecimiento del derecho , se pidió reparar el daño causado por la supuesta imposibilidad de desarrollar un proyecto minero en los términos y

falsa motivación e infracción de las normas superiores en las que debía fundarse. A título de restablecimiento del derecho , se pidió reparar el daño causado por la supuesta imposibilidad de desarrollar un proyecto minero en los términos y condiciones pactadas en el contrato de concesión minera No. EEU -082, suscrito entre INGEOMINAS (hoy, Agencia Nacional de Minería-ANM) y la demandante.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

Demandante: Emma Alzate Hernández Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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II. ANTECEDENTES

La demanda

El 29 de junio de 2017 1, Emma Alzate Hernández , por conducto de apoderado judicial, presentó de manda en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso los errores):

2.1 Que se declare la nulidad parcial de la resolución No. 2001 de diciembre 2 de 2016 expedida por el MADS, publicada en el Diario Oficial 50 .079 del 6 de diciembre de 2016 “por la cual se determinan las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, y se adoptan otras determinaciones” y, específicamente su artículo 5, polígono No. 12, cuya descripción, según el acto ad ministrativo en cuestión, es: “Se ubica al

explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, y se adoptan otras determinaciones” y, específicamente su artículo 5, polígono No. 12, cuya descripción, según el acto ad ministrativo en cuestión, es: “Se ubica al suroriente de Cogua, comprende un área de 1.039.9 Hectáreas.

2.2 Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de la demandante y se condene a la demandada Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a pagar a la demandante las sumas de dinero, actualizadas a la fecha de la sentencia y acreditadas dentro del proceso, que la demandante hubiese dejado de percibir con ocasión de quedar impedida, en razón de la norma demandada, para el desarrollo de su proyecto minero en las condiciones y términos p actados con la autoridad minera en el Contrato de Concesión Minera No. EEU -082, celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS-, hoy Agencia Nacional de Minería -ANM-.

2.3 Que se condene en costas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Hechos

Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

El 2 de diciembre de 2016, la Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS] profirió la Resolución No. 2001, por la cual se determina ron las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, y se adoptaron otras determinaciones. El artículo 5 estableció dichas zonas y, en particular, el polígono 12, que se ubica al suroriente del municipio de Cogua –Cundinamarca, el

otras determinaciones. El artículo 5 estableció dichas zonas y, en particular, el polígono 12, que se ubica al suroriente del municipio de Cogua –Cundinamarca, el cual comprende un área de 1093,9 hectáreas, delimitado por coordenadas.

Sin embargo, se indica que en el área fijada del polígono 12 , el MADS eliminó por completo las áreas compatibles con el contrato de concesión minera No. EEU-082

1 Folios 1 a 21 del cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

Demandante: Emma Alzate Hernández Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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que tiene como titular a la demandante , pero en la zona compatible se encuentran (transcripción literal) «varios títulos mineros de iguales o muy similares características ambientales y mineras a l EEU-082 lo que acentúa la odiosa discriminación y por lo tanto el daño causado a la titular».

Menciona que el artículo 8 de la Resolución No. 2001 de 2016 dispuso que, sobre las zonas no compatibles, i) no se podían otorgar nuevos títulos mineros, ii) las actividades mineras existentes debían ser sometidas a Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental-PMRRA y iii) «quienes posean un título minero pero no cuenten con licenciamiento ambiental deberán ser objeto de cierre definitivo, si están explotando (caso de la demandante), o de decisión por parte de

Recuperación y Restauración Ambiental-PMRRA y iii) «quienes posean un título minero pero no cuenten con licenciamiento ambiental deberán ser objeto de cierre definitivo, si están explotando (caso de la demandante), o de decisión por parte de la autoridad minera acerca del futuro de su título minero si no tienen trabajos actuales».

Lo anterior implicaba «dar por terminado definitivamente su proyecto minero EEU082», el cual fue suscrito el 23 de julio de 2004 e inscrito en el Registro Minero Nacional el 14 de octubre de 2005, cuyo plazo de ejecución se pactó en 30 años, en los cuales se desarrollarían unas actividades, así (transcripción literal): «i) tres años para las labores de exploración, ii) tres años para las actividades de construcción y montaje , y iii) 24 años para la fase de la explotación propiamente dicha, término susceptible de prórroga por un período igual para cuya operatividad se suscribe el acta correspondiente».

Además, se aduce que en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipal de Cogua (PBOT), la zona del contrato de concesión No. EEU-082 está habilitada para las labores de extracción de materiales de construcción debido a que el uso del suelo lo permite, según lo dispone el Acuerdo Municipal No. 022 de 2000, actualizado por el Acuerdo No. 014 de 2011 , lo que significa que desde la perspectiva de las autoridades municipales el proyecto minero es completamente viable. Incluso, la normativa anterior al acto acusado, esto es, la Res olución No. 1197 de 2004, expedida por el MADS, permitió que, casos como el del contrato No.

perspectiva de las autoridades municipales el proyecto minero es completamente viable. Incluso, la normativa anterior al acto acusado, esto es, la Res olución No. 1197 de 2004, expedida por el MADS, permitió que, casos como el del contrato No. EEU-082, pudieran continuar sus trabajos mineros conforme a l instrumento ambiental denominado Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA), es decir, una herramienta de control y seguimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, con la condición de que mientras el PMRRA no se encuentre definitivamente aprobado, no habría lugar a actividad minera alguna.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

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Con base en lo anterior, señaló como concepto de violación que la parte del acto acusado incurrió en una «falta de motivación», debido a que se excluye –sin ningún fundamento– la zona del contrato de concesión No. EEU-082, desconociendo la normativa aplicable a la Sabana de Bogotá –artículos 61 de la Ley 99 de 1993 y 34 de la Ley 685 de 2001 –, según la cual la adopción de zonas mineras debe soportarse en estudios técnicos, ambientales y sociales, pero para este caso dichos estudios no incluyeron el carácter social, lo que implicaba «medir los impactos socioeconómicos que genera el hecho de eliminar la minería de algunos espacios del

soportarse en estudios técnicos, ambientales y sociales, pero para este caso dichos estudios no incluyeron el carácter social, lo que implicaba «medir los impactos socioeconómicos que genera el hecho de eliminar la minería de algunos espacios del territorio nacional, por una parte, y por la o tra, verificar el impacto medioambiental en la comunidad». Además, no se tuvo en cuenta que el uso del suelo que tiene el área del contrato permite la actividad minera, ya que el Municipio de Cogua así lo determinó en su plan de ordenamiento territorial.

Asimismo, se afectó: i) el «principio de igualdad », debido a que el acto acusado incluyó títulos mineros con iguales características a las del contrato No. EEU-082, y ii) el de seguridad jurídica, ya que se afirma que, al obtener un contrato minero, existe un reconocimiento estatal que debe ser respetado al brindar «las garantías necesarias a fin de que las distintas etapas de la actividad minera se cumplan sin altibajos, sin sorpresas que atenten contra la misión del minero», pero las motivaciones de la au toridad demandada no aplican a la realidad, ya que carecen del rigor científico suficiente, por lo que «el código de la materia debe imponerse por sobre cualquier otra consideración y el contrato minero debe continuar sin reparo alguno».

Contestaciones de la demanda

La Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], en memorial del 6 de agosto de 2018 2, se opuso a las pretensiones de la demanda , porque la resolución acusada fue expedida en estricto cumplimiento de las disposiciones legales; así como con el propósito de garantizar la prevalencia de los

memorial del 6 de agosto de 2018 2, se opuso a las pretensiones de la demanda , porque la resolución acusada fue expedida en estricto cumplimiento de las disposiciones legales; así como con el propósito de garantizar la prevalencia de los intereses comunes y generales frente a derechos subjetivos de particulares, por lo que no se configura alguno de los vicios alegados, en la medida en que la normativa de carácter especial de la Sabana de Bogotá prevé que esta área es un ecosistema de interés nacional, cuya vocación prioritaria es agropecuaria y forestal. Por ello, al definir las zonas compatibles para actividades mineras se cumple con dicho mandato.

2 Folios 130 a 137 del cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

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Expresó que el supuesto desconocimiento de la facultad de las autoridades municipales para regular el uso del suelo encuentra límites en la competencia privativa establecida en la Ley 99 de 1993 –artículo 61 –, por lo que «en ningún momento podrán extralimitarse en sus funciones estableciendo zonas compatibles con minería teniendo en cuenta que esta competencia es exclusiva para este ente Ministerial», en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-534 de 1996, que analizó la consti tucionalidad de dicho artículo . De modo que corresponde a los entes territoriales, «modificar o hacer los respectivos

Ministerial», en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-534 de 1996, que analizó la consti tucionalidad de dicho artículo . De modo que corresponde a los entes territoriales, «modificar o hacer los respectivos ajustes a su plan de ordenamiento territorial, con el fin de tener en cuenta la determinate (sic) ambiental de que trata el artículo 61 de la Ley 99 de 1993».

La Agencia Nacional de Minería–ANM3, en escrito del 18 de diciembre de 20184, contestó la demanda y señaló que, en el desarrollo de actividades de explotación de minerales, tal como ocurre en el contrato de concesión No. EEU-082, se requiere contar con la respectiva licencia ambiental.

Por su parte, el Código de Minas –Ley 685 de 2001– estableció la restricción en la ejecución de los contratos mineros perfeccionados en ciertas zonas o a la necesidad de contar con determinados permisos o bajo ciertas restricciones, por razones de orden ambiental o por intereses que corresponde al Estado conciliar o proteger, aún ante la autorización previa de la concesión. Por ello, dicha normativa prescribe la posibilidad de que normas posteriores determinen zonas de exclusión de la actividad minera, dada la especial protección a los recursos naturales y al ambiente por parte del Estado, tal como lo prevén los artículo s 34 y 35 de dicha ley, bajo las consideraciones realizadas por Corte Constitucional en la sentencia C-339 de 2002.

Sentencia de primera instancia

El 25 de septiembre de 20195, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección

3 Mediante auto del 11 de septiembre de 2018, el Tribunal vinculó a la ANM, en calidad de litisconsorte necesario

Sentencia de primera instancia

El 25 de septiembre de 20195, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección

3 Mediante auto del 11 de septiembre de 2018, el Tribunal vinculó a la ANM, en calidad de litisconsorte necesario (visible a folios 149 a 152 del cuaderno 1 del Tribunal). Decisión que fue recurrida por la ANM en memorial del 24 de septiembre de 2018 (folios 166 a 169, ibidem) y confirmada en pr ovidencia del 8 de octubre de 2018 (folios 179 a 181, ibidem). Por auto del 29 de octubre de 2018, se corrió traslado de la demanda a la ANM (folio 191, ibidem). 4 Folios 197A a 205 del cuaderno 2 del Tribunal. 5 Folios 361 a 372 del cuaderno del Consejo de Estado. Decisión que se notificó a las partes por mensaje de datos del 26 de septiembre de 2019 (folios 373 a 377, ibidem). El término para interponer el recurso de apelación corrió inicialmente entre el 27 de septiembre al 10 de octubre de 2019; sin embargo, se advierte que hubo cese de actividades por paro judicial los días 2 y 3 de octubre de esa anualidad, por lo que, en atención al inciso final del artículo 118 del CGP, esos días no se tiene en cuenta en la contabilización del mencionado término, el cual se extendió hasta el 15 de octubre de 2019.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

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Tercera, Subsección B, declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 2001 de 2016, en particular el polígono No. 12 del artículo 5, y, como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó al « Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, con audiencia de la autoridad minera en virtud del postulado de colaboración que estable ce la Ley 685 de 2001, determine de nuevo la zona compatible con las actividades mineras del polígono No. 12, la zona donde se encuentra delimitado el título minero EEU-082 de la demandante».

Como sustento de esa disposición, estimó que, al proferir el acto acusado, la entidad se relevó del estudio social y la determinación del uso del suelo definido por las autoridades locales, ya que no fue expuesto o considerado en el acto , prueba de ello es que se excluyó el titulo minero de la demandante en el polígono No. 12 de zonas compatibles con la minería, pero el Plan de Ordenamiento Territorial autoriza el uso del suelo para explotación minera.

Además, encontró vulnerado el principio de igualdad, debido a que con el dictamen pericial se acreditó que se había dado un trato diferente a la determinación del polígono No. 12 de la Resolución No. 2001, ya que (transcripción literal):

[S]us terrenos o zonas presentan las mismas características que las del título minero en cuestión, sin que las entidades hayan logrado acreditar que la zona de

polígono No. 12 de la Resolución No. 2001, ya que (transcripción literal):

[S]us terrenos o zonas presentan las mismas características que las del título minero en cuestión, sin que las entidades hayan logrado acreditar que la zona de dicho título debía ser excluida por ser de conservación ambiental y dicha prueba resulta claro con el dictamen pericial que en efecto a la demandante se le dio un trato diferente a quienes están dentro del polígono 12 y sus terrenos o zonas presentan las mismas características que las del título minero en cuestión, sin que las entidades hayan logrado acreditar que la zona de dicho título debía ser excluida por ser de conservación ambiental y dicha prueba.

En lo que respecta al supuesto desconocimiento del principio de seguridad jurídica, indicó que la Ley 685 de 2001 establece el marco legal de explotación minera y regula lo atinente al contrato de concesión minera, pero a pesar de que el acto acusado afectó el derecho de la parte demandante , el contrato aún está vigente y dicho título se mantiene incólume hasta la fecha.

Recursos de apelación

La ANM presentó recurso de apelación mediante escrito radicado el 11 de octubre de 2019 6, con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y se

6 Folios 378 a 382 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

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negaran las pretensiones de la demanda.

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negaran las pretensiones de la demanda.

Reprochó el análisis sobre la supuesta vulneración al principio de igualdad, porque no se tuvo en consideración que el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional , cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal . Este mandato se desarrolló por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo , al establecer zonas de la Sabana de Bogotá compatibles con la actividad de explotación minera y otras incompatibles. Además, el artículo 6 de la Resolución No. 2001 de 2016, modificado por el art ículo 8 de la Resolución No.1499 de 2018, estableció que el titular minero puede solicitar, a través de la entidad ambiental competente, la precisión cartográfica para la inclusión del título minero en el polígono No. 12 de la zona compatible.

Por ello, insistió en que no se configuran los vicios de nulidad alegados por la demandante, ni los motivos falsos por parte de la autoridad ambiental en la expedición del acto acusado. Incluso, dicha delimitación de zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá se realizó en cumplimiento de la orden impartida en la sentencia del 28 de marzo de 2014 de la Sección Primera del Consejo de Estado, proferida dentro de la acción popular No. 2001-90479 [caso río Bogotá].

en la sentencia del 28 de marzo de 2014 de la Sección Primera del Consejo de Estado, proferida dentro de la acción popular No. 2001-90479 [caso río Bogotá].

A su vez, en memorial del 15 de octubre de 2019 7, e l MADS radicó recurso de apelación solicitando que se revocara la sentencia de primera instancia. Como fundamento arguyó que el objetivo del artículo 61 de la Ley 99 de 1993 no fue determinar zonas compatibles con la minería, sino declarar un ecosistema de importancia ecológica nacional y determinar una vocación prioritaria agropecuaria y forestal para esa área , de manera que la minería es una actividad excepcional y sujeta a estudios ambientales y de compatibilidad con el principal uso de la Sabana de Bogotá.

Por ello, las zonas determinadas en la resolución acusada fueron producto de un estudio técnico–científico para valorar las tensiones entre conservación y desarrollo sostenible. Esta circunstancia la pasó por alto el juez de primera instancia , que valoró inadecuadamente las pruebas, pues se limitó a hacer un análisis netamente físico sin tener en cuenta las condiciones y presupuestos fácticos de delimitación de

7 Folios 385 a 398 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

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los polígonos. Tampoco reparó en la normativa aplicable al caso.

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los polígonos. Tampoco reparó en la normativa aplicable al caso.

Resaltó que el contrato de concesión minera No. EEU-082 nunca había estado en una zona compatible con la actividad minera, conforme a las Resoluciones Nos. 222 de 1994 y 1197 de 2004 expedidas por MADS, por lo que el Municipio de Cogua no acató lo establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, debido a que en su Plan de Ordenamiento Territorial habilitó nuevas áreas compatibles para la explotación minera en la Sabana de Bogotá, con abierta trasgresión del mandato según el cual la delimitación de las zonas compatibles con la actividad minera debe tener como fuente una norma de superior jerarquía –Resolución 2001 de 2016 proferida por el MADS–. Por demás, el ordenamiento ambiental del territorio no p uede ser modificada al arbitrio de las entidades territoriales.

Junto con la impugnación, el MADS aportó la memoria justificativa de la Resolución 2001 de 2016 y unas actas de la audiencia de verificación de cumplimiento de la orden 4.26 de la sentencia del 28 de marzo de 2014, proferid a por el Consejo de Estado, dentro de la acción popular Rad. No. 25000-23-27-000-2001-90479-01, en la que orden ó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la delimitación geográfica de unas zonas excluidas de minería y el auto del 1 de octubre de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en relación con un incidente de

la que orden ó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la delimitación geográfica de unas zonas excluidas de minería y el auto del 1 de octubre de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en relación con un incidente de desacato de la referida providencia del Consejo de Estado.

Trámite de segunda instancia

El 16 de octubre de 20198, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió los recursos de apelación . Decisión que fue corregida por auto del 16 de enero de

20209. En providencia del 3 de abril de 2020, el Despacho admitió los recursos de apelación interpuestos10.

El 23 de abril de 2021, se negó tener como prueba , en segunda instancia, los documentos aportados por el MADS con su recurso de apelación11. Decisión contra la que no se interpuso recurso alguno.

El 20 de agosto de 2021, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y

8 Folios 415 y 416 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 Folios 432 y 433, ibidem. 10 Cfr. SAMAI, índice 3. Decisión que se notificó por estado del 1 de septiembre de 2020 (visible a índice 4). 11 Cfr. SAMAI, índice 7. Decisión que se notificó por estado del 27 de mayo de 2021 (visible a índice 8).Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

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al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto 12. En esa oportunidad, la parte demandante y el MADS guardaron silencio.

Por su parte, en escrito del 4 de octubre de 202113, la ANM reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso, en particular, los de su recurso de apelación. Adujo que el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria es la agropecuaria y forestal, por lo que correspond e al MADS determinar las zonas en las cuales exist e compatibilidad con las explotaciones mineras , con base en criterios técnicos y la ponderación de variables para la definición y determinación de estas.

Asimismo, señaló que la Resolución 2001 de 2016, contempló –artículo 6– que el titular minero pudiera solicitar a través de la entidad ambiental correspondiente, una precisión cartográfica para inclusión del título en el interior del polígono de las zonas compatibles con la minería de la Sábana de Bogotá, opción que no se ejerció en el presente asunto. Además, no se podía obviar que la determinación de las zonas compatibles se dio en cumplimiento de la orden impartida en la sentencia del 28 de marzo de 2014 por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de la acción

presente asunto. Además, no se podía obviar que la determinación de las zonas compatibles se dio en cumplimiento de la orden impartida en la sentencia del 28 de marzo de 2014 por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de la acción popular No. No. 2001 -90479, por lo que en el acto acusado se realizaron los estudios geológicos, físico-bióticos y socioeconómicos relacionados con la actividad minera, así como también se llevaron a cabo inspecciones judiciales en dichas áreas. Así, la autoridad ambiental ejecutó todos los estudios correspondientes con el fin de la adecuada delimitación de las zonas compatibles con la minería.

El procurador delegado ante el Consejo de Estado conceptuó 14 en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, debido a que no se encuentra configurada la causal nulidad por falsa motivación, en la medida en que para la expedición de la resolución acusada se realizaron los estudios pertinentes, con observancia del marco constitucional y legal que regula la actividad minera –artículos 61 de la Ley 99 de 1993 y 34 de la Ley 685 de 2001–. Destacó que los planes municipales de ordenamiento territorial «deben ajustarse a las normas y disposiciones ambientales y no lo contrario. En este sentido, el Municipio de Cogua, al momento de reglamentar los usos de suelo, debe

12 Cfr. SAMAI, índice 11. Decisión que se notificó por estado del 21 de septiembre de 2021 (visible a índice 13). 13 Cfr. SAMAI, índice 15.

12 Cfr. SAMAI, índice 11. Decisión que se notificó por estado del 21 de septiembre de 2021 (visible a índice 13). 13 Cfr. SAMAI, índice 15. 14 Cfr. SAMAI, índice 16.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)

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tener en cuenta de forma obligatoria la determinación de las zonas compatibles con la minería que realice el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible».

En lo que respecta a la afectación a los «principios de igualdad y seguridad jurídica», lo cual se enmarca en la causal genérica de infracción de norma superior , sostuvo que (transcripción literal):

la demandante no indica cuales son las demás personas cuya igualdad de trato predica, máxime cuando no hay referencia específica de los demás títulos mineros que si fueron incluidos en las zonas compatibles con la actividad minera pues, no basta con predicar una presunta vulneración del derecho a la igualdad cuando no se prueba ese supuesto de hecho en que se fundamenta tal argumentación, razón por la cual, este cargo de nulidad tampoco está llamado a prosperar