CE - Sentencia 25000233600020180031302 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309) Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación– Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA - DAÑOS CAUSADOS POR LA LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA – CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓNno se satisface con afirmaciones genéricas o exposición de argumentos esgrimidos en etapas procesales precedentes / DEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN - Se deben atacar los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la decisión de primer grado con razones que soporten la consideración de que lo fallado no corresponde en derecho a una decisión acertada / MARCO DE COMPETENCIA DEL JUZGADOR AD QUEM - Lo determina los argumentos expuestos en la apelación - La competencia del ad quem solo se circunscribe a los argumentos expuestos en la apelación en tanto confronten la ratio decidendi del fallo cuestionado, caso en el cual la labor del juez de segunda instancia consistirá en analizar tales fundamentaciones de cara a confirmar o revocar la decisión impugnada / ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑO ANTIJURÍDICO - El demandante no solo

la labor del juez de segunda instancia consistirá en analizar tales fundamentaciones de cara a confirmar o revocar la decisión impugnada / ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑO ANTIJURÍDICO - El demandante no solo debe acreditar el daño ef ectivamente materializado, sino también que tal daño no está justificado por la ley o el derecho.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los perjuicios causados por las entidades demandadas que han p ropiciado y permitido la limitación parcial del uso de un predio de propiedad del demandante.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la proferida el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la demanda de reparación directa instaurada el 18 de abril de 2018 1 por la sociedad Play Park S.A.S. –en liquidación–, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional

– Policía Nacional, el Distrito Capital de Bogotá D.C. – Alcaldía Mayor de Kennedy, el Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público –en adelante DADEP– y l a Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –en adelante UAECD–, con el fin de que se les declare responsables por los perjuicios causados con ocasión de “la limitación injustificada del uso de la propiedad y la no protección

DADEP– y l a Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –en adelante UAECD–, con el fin de que se les declare responsables por los perjuicios causados con ocasión de “la limitación injustificada del uso de la propiedad y la no protección

1 Folio 42 -reversoy 43, c. 1.Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309) Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación– Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

2 de derechos adquiridos”2 de la demandante, como titular del predio ubicado en la calle 7C Bis No. 76A - 41 sur, localidad de Kennedy en Bogotá, al tiempo que solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales3 y morales4.

2. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal

fueron los siguientes:

Fundamento fáctico

3. Mediante escritura pública 1971 del 15 de abril de 2014, otorgada en la Notar ía 73 del Círculo de Bogotá, se perfeccionó el contrato de compraventa entre el señor Julián Alirio Martínez Suárez (vendedor) y la sociedad Play Park S.A.S.

(compradora) sobre un lote de terreno ubicado en la calle 7C Bis No. 76A - 41 sur, barrio Castilla de la localidad de Kennedy, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50S-01159234 y cédula catastral D7B 76A 1 , conocido como “La Gloria”. Dicho

barrio Castilla de la localidad de Kennedy, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50S-01159234 y cédula catastral D7B 76A 1 , conocido como “La Gloria”. Dicho negocio tuvo como soporte la informació n contenida en diferentes documentos públicos, especialmente, la escritura pública 1688 del 16 de abril de 2010, por medio de la cual fue actualizada el área del lote, de acuerdo con la certificación de cabida y linderos emitida el 30 de marzo de 2010 por la UAECD, que indicaba que ese inmueble contaba con 4.643 m 2, y la Resolución 64900 del 1 de octubre de 2013, proferida también por catastro que determinó que para esa fecha el lote estaba avaluado en $4.179’150.000.

4. Desde el 11 de enero de 2011 , cursaba una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca5, en la que se alegaba que parte del referido predio (2.000 m2, aproximadamente) había sido objeto de apropiación por parte de particulares, a pesar de ser un bien de uso público. A juicio de la demandante, esa acción carecía de fundamento legal, pues mediante Resolución 147 del 8 de julio de 2008, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de Hábitat-, se dispuso que ese lote privado debía ser destinado a desarrollo prioritario de urbanización, lo cual no había sido posible debido a la limitación de su uso no solo por la comunidad sino también por las entidades demandadas.

2 Se formularon cinco pretensiones idénticas, en las que únicamente se modificó la entidad contra la que se dirigía, así: “PRIMERA: Declarar Administrativa y Patrimonialmente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO

2 Se formularon cinco pretensiones idénticas, en las que únicamente se modificó la entidad contra la que se dirigía, así: “PRIMERA: Declarar Administrativa y Patrimonialmente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA de los perjuicios causados a la demandante con motivo de la limitación injustificada uso de la propiedad y la no protección de derechos adquiridos por la sociedad PLAY PARK SOCIEDAD PLAY PARK S.A.S como titular de dominio del predio ubicado en la Calle 7C Bis No. 76A41 Sur, de la Localidad de Kennedy, con folio de matrícula inmobiliaria No. 050S01159234, cedula catastral D7B 76A 11, código del sector catastral No. 006508 37 01 000 00000, y CHIP No. AAA0082MCWF otorgados por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá zona Sur, el cual según Certificación Catastral cuenta con 4.643 metros cuadrados y es de propiedad PARTICULAR, con destinación catastral: 61 URBANIZADO NO EDIFICADO”. Las pretensiones segunda, tercera, cuart a y quinta cuentan con la misma redacción, pero en contra de: (i) la Alcaldía Mayor de Bogotá, (ii) la Alcaldía Local de Kennedy, (iii) el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), y (iv) la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), respectivamente. 3 Por concepto de daño emergente pidió: (i) $4.179’150.000, que corresponde al valor del lote, (ii) $250’000.000

por la destrucción del cerramiento por parte de los residentes del sector; (iii) $355’707.000, correspondiente al valor que pagó por impuestos en los años 2013 y 2014 y, (iv) $30’000.000 que canceló por celaduría. En la modalidad de lucro cesante pidió la suma de $8.149’343.000, que corresponde a “lo que ha dejado de percibir desde el momento de la ocurrencia de los hechos perturbatorios y limitantes del uso de la propiedad en el 2016, hasta el momento del pago efectivo de la indemnización a cargo del Estado”, teniendo en cuenta la destinación de “desarrollo prioritario” establecida por las autoridades, y durante el tiempo que estuvo embargado por parte de la DIAN. 4 Por este concepto solicitó la suma equivalente a veinticinco (25) SMLMV. 5 Bajo radicado No. 25000232400020110000201.Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309) Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación– Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

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5. El 18 de mayo de 2016, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá realizó una diligencia de entrega del lote antes indicado 6, pero no fue posible su entrega material porque la comunidad y el DADEP se opusieron, por considerar que una porción de ese terren o era de uso público e imposibilitaron su cerramiento y explotación económica. El 3 de octubre de 2016, el representante legal de Play Park S.A.S. solicitó a la UAECD que incorporara los planos topográficos del referido lote;

porción de ese terren o era de uso público e imposibilitaron su cerramiento y explotación económica. El 3 de octubre de 2016, el representante legal de Play Park S.A.S. solicitó a la UAECD que incorporara los planos topográficos del referido lote; no obstante, su petición fue n egada, bajo el argumento de que se encontraba en curso una acción popular y hasta que no se profiriera un pronunciamiento de fondo no se podían actualizar y/o modificar los archivos cartográficos.

6. Indicó que , a pesar de que la UAECD al contestar la demanda de la acción popular manifestó que los predios cedidos al DADEP por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Resolución 18 del 4 de julio de 2014, no hacían parte del predio cuya propiedad ostenta Play Park S.A.S., luego, en los alegatos de conclusión de ese proceso sostuvo que el predio “La Gloria” no contaba realmente con 4.643 m 2, dado que existían inconsistencias e ntre el área reportada en l as certificaciones y el levantamiento topográfico realizado en el año 2010, toda vez que al certificar su cabida y linderos se presentó una superposición con aquellos inmuebles y, debido a esas inconsistencias, tomó medidas como la restricción de la inscripción del predio e n la base de datos del Sistema Integrado de Información Catastral -SICC-, lo que impedía cualquier trámite catastral.

7. Agregó que tuvo conocimiento de que la UAECD inició un proceso de nulidad contra las Resoluciones 2010-31196 y 2010-31262 de 2010, a través de las cuales se actualizó la información jurídica del predio y se ratificó su área, y que en el trámite

contra las Resoluciones 2010-31196 y 2010-31262 de 2010, a través de las cuales se actualizó la información jurídica del predio y se ratificó su área, y que en el trámite de la acción popular se ordenó a la DIAN suspender el proceso administrativo de cobro coactivo No. 200409006 que se adelanta contra la sociedad Play Park S.A.S. “las acciones tendientes a obtener y/o lograr el remate del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50s-1159234”.

Fundamentos de derecho

8. La parte actora indicó que las irregularidades en que incurrió la UAECD al emitir los correspondientes certificados y resoluciones la indujeron en error, pues confiando en la autenticidad, veracidad y actualidad de esa información adquirió el inmueble “La Gloria”, el cual a la fecha no ha podido usar. Sostuvo que la Poli cía Nacional omitió ejercer presencia continua en el sector y se negó a proteger su propiedad, pese a las denuncias presentadas por daño en bien ajeno . Frente al Distrito Capital de Bogotá y el DADEP, señaló que se opusieron a la entrega material ordenada por sentencia judicial, interviniendo sin competencia para ello y coadyuvando peticiones no ajustadas a derecho, lo cual generó los perjuicios cuya indemnización reclama7.

6 Previamente, se había intentado también su entrega al anterior propietario, ya que le había sido adjudicado desde el 18 de abril de 2008. 7 Folios 3 a 41, c. 1.Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309)

Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación–

desde el 18 de abril de 2008. 7 Folios 3 a 41, c. 1.Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309) Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación– Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

4 La defensa

9. La UAECD se opuso a las pretensiones de la demanda , y propuso las

excepciones de:

10. (i) caducidad e indebida escogencia del medio de control, toda vez que la parte actora conocía “todos los problemas que tenía el predio” desde el otorgamiento de la escritura pública 1971 del 15 de abril de 2014; además, el daño alega do tuvo como origen tres actos administrativos que se encontraban demandados en simple nulidad;

11. (ii) inexistencia de los elementos que configuran la responsabilidad estatal, en tanto que la sociedad demandante no concretó de manera clara y precisa como algún hecho u omisión de esta entidad le generó la supuesta limitación injustificada del uso de su inmueble y;

12. (iii) culpa exclusiva de la víctima, puesto que las inconsistencias al momento de certificar la cabida y linderos del lote surgieron, entre otras particularidades, de que el área estuviera inicialmente definida en una medida antigua que no correspond ía al sistema métrico, sino a varas cuadradas, las múltiples segregaciones realizadas sobre los folios matrices de los predios circundantes y la existencia de un vacío urbanístico en el área, circunstancias que aprovechó el anterior propietario (Julián

al sistema métrico, sino a varas cuadradas, las múltiples segregaciones realizadas sobre los folios matrices de los predios circundantes y la existencia de un vacío urbanístico en el área, circunstancias que aprovechó el anterior propietario (Julián Alirio Martínez Sánchez) para realizar un levantamiento topográfico con un área de 4.603,91 m 2, lo que indujo en error a la entidad, pues la condujo a interpretar erróneamente los títulos y a realizar el cambio de propietario, al paso que la demandante adquirió ese inmueble con pleno conocimiento de las acciones legales ejercidas por las autoridades públicas y la comunidad, asumiendo ese riesgo8.

13. El DADEP solicitó negar las pretensiones formuladas y, en su defensa, formuló

las siguientes excepciones:

14. (i) caducidad, con base en los mismos argumentos expuestos por la UAECD;

15. (ii) culpa exclusiva de la víctima, en tanto que al momento de suscribir la escritura pública de venta 1971 del 15 de abril de 2014, aceptó sin reparo alguno las condiciones en que adquiría ese predio, donde se le informó de los problemas que tenía con la comunidad y de la acción popular que estaba en curso;

16. (iii) inexistencia de pruebas que comprometan la responsabilidad administrativa del DADEP, pues esta entidad realizó una oposición legítima, dado que a través de Resolución 0018 del 14 de julio de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le cedió unos inmuebles (50C -1913646 y 50C -1913647) catalogados como de uso público, los cuales se ven afectados por las pretensiones

Ciudad y Territorio le cedió unos inmuebles (50C -1913646 y 50C -1913647) catalogados como de uso público, los cuales se ven afectados por las pretensiones de esta demanda, pues se presenta una superposición con el objeto de la litis, por lo que le correspondía velar por su protección y defensa9.

8 Folios 92 a 110, c. 1. 9 Folios 114 a 132, c. 1.Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309) Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación– Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

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17. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional también se opuso a las súplicas de la demanda, para lo cual propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e “improcedencia de la falla del servicio”, toda vez que los daños reclamados no resultaban imputables a una acción u omisión suya en el trámite de restitución del predio invadido10.

18. El Distrito Capital de Bogotá contestó de manera extemporánea la demanda11.

Los alegatos de conclusión

19. Concluida la etapa probatoria12, la parte actora manifestó que adquirió el predio “La Gloria” con una expectativa de desarrollo; sin embargo, dos meses después de comprarlo una porción de aquel fue supuestamente cedida al Distrito de Bogotá, por estar afecto al interés público , lo que le generó unos perjuicios que debían ser resarcidos13.

comprarlo una porción de aquel fue supuestamente cedida al Distrito de Bogotá, por estar afecto al interés público , lo que le generó unos perjuicios que debían ser resarcidos13.

20. El DADEP sostuvo que no se acreditó la causación de un daño antijurídico, pues la sociedad demandante sacó provecho de un error ajeno a sabiendas , para reclamar un derecho que no le pertenecía14. El Distrito Capital de Bogotá indicó que a la actora no se le ocasionó daño alguno por parte de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que los actos vandálicos de los que presuntamente fue objeto el predio, n o podían ser atribuidos a la administración local, al configurar el hecho de un tercero15.

El Ministerio de Defensa - Policía Nacional señaló que no obraba ninguna prueba que acreditara que incurrió en una omisión en el ejercicio de sus funciones, pues la obligación de custodiar un predio privado recaía en su dueño o administrador, quien no solicitó a la autoridad competente vigilar el predio16. El Ministerio Público guardó silencio.

10 Folios 222 a 226, c. 1. 11 Folio 294, c. 1. 12 El 8 de octubre de 2021, al reanudar la audiencia inicial, se decretaron las siguientes pruebas: documentales:

1. Certificados de existencia y representación legal de la sociedad Play Park S.A.S. 2. Certificados de libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 05S 01159234 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur. 3. Certificado catastral del referido inmueble. 4. Escritura Pública 1688 del 16 de

tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 05S 01159234 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur. 3. Certificado catastral del referido inmueble. 4. Escritura Pública 1688 del 16 de abril de 2010, otorgada en la Notaría 68 del Círculo de Bogotá. 5. Escritura Pública 1971 del 15 de abril de 2014 otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá. 6. Resolución 653 del 3 de abril de 2012, proferida por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 7. Resolución 64900 del 1de octubre de 2013 , proferida por la UAECD. 7. Recibos de pago del impuesto predial unificado de los años 2013 y 2014. 8. Certificados de Tradición y Libertad de los bienes inmuebles identificados con matrícula s inmobiliarias 50C-1913646 y 50C-1913647, c edidos a título gratuito por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio al Distrito de Bogotá . 9. Resolución 18 del 14 de julio de 2014, proferida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 10. Acta de diligencia de entrega efectuada el 18/05/2016 po r la Inspección 8 de Policía de Kennedy. 11. Despacho comisorio 1146 del 23 de mayo de 2017. 12. Petición del 3 de octubre de 2016, formulada por la sociedad actora ante la UAECD. 13. Respuesta a dicha petición. 14. Piezas procesales de la acción popular. 15. Respuestas emitidas por la UAECD del 30 de

2017. 12. Petición del 3 de octubre de 2016, formulada por la sociedad actora ante la UAECD. 13. Respuesta a dicha petición. 14. Piezas procesales de la acción popular. 15. Respuestas emitidas por la UAECD del 30 de octubre, 2 de noviembre y 1 de diciembre del 2017. 16. Respuesta emitida por la DIAN el 13 de octubre de 2017. 17. Piezas procesales del proceso de simple nulidad radicado bajo número 110013334002 2016 0032900.

18. Denuncia instaurada por el señor Jairo Muñoz Martínez como representante legal de Play Park S.A.S. 19.

Acta de no conciliación del 19 de febrero de 2018, surtida ante la Procuraduría Primera Judicial para Asuntos Administrativos de Bogotá. 19. Oficio 2017 5800307741 del 10 de julio de 2017, proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 20. Oficio del 4 de octubre de 2017, proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 21. Certificado 200SRI, radicado 2008ER8031 del 5 de junio de 2016, expedido por la Defensoría del Espacio Público. 22. Informe técnico jurídico caso Castilla – Rincón de los Ángeles – predio La Gloria de la localidad de Kennedy – predios públicos de no cesión RUPIS 1 -4875 y 1 -4876. Interrogatorio de parte : al representante legal de Play Park S.A.S. Testimonios: 1. Diana Edith Díaz (testimonio técnico) 2. Pedro Alberto Jaramillo (SAMAI: Tribunal, índice 43). 13 SAMAI: Tribunal, índice 56.

S.A.S. Testimonios: 1. Diana Edith Díaz (testimonio técnico) 2. Pedro Alberto Jaramillo (SAMAI: Tribunal, índice 43). 13 SAMAI: Tribunal, índice 56. 14 SAMAI: Tribunal, índice 50. 15 SAMAI: Tribunal, índice 54. 16 SAMAI: Tribunal, índice 55.Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309) Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación– Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

6 La decisión del tribunal

21. Al resolver la controversia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró probada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

Consideró que fue la misma demandante la que asumió el riesgo al adquirir ese predio en las condiciones judiciales, administrativas y físicas en que s e hallaba, de manera que el daño alegado le resultaba imputable a su propia culpa.

22. Como soporte de tal conclusión, indicó que en la escritura pública por medio de la cual se perfeccionó el contrato de compraventa sobre ese inmueble quedó consignada la siguiente información : (i) que se estaba tramitando una acción popular en la jurisdicción contencioso-administrativa por la ocupación del espacio público en la que estaba involucrado ese lote de terreno y, (ii) los inconvenientes para acceder al inmueble y la perturbación a la propiedad por parte de la comunidad que se encontraba inconforme con el hecho de que ese bien estuviera en manos de

público en la que estaba involucrado ese lote de terreno y, (ii) los inconvenientes para acceder al inmueble y la perturbación a la propiedad por parte de la comunidad que se encontraba inconforme con el hecho de que ese bien estuviera en manos de particulares; circunstancias que la sociedad demandante —compradora— manifestó conocer y aceptó sin ninguna objeción. Agregó que, en la misma escritura pública, Play Park S.A.S. manifestó que la aceptación del inmueble se hacía conforme al estudio de títulos, el certificado de tradición y libertad y las situaciones de hecho antes enunciadas, lo que implicaba que asumió de manera inequívoca las “situaciones judiciales, administrativas y de hecho” del predio que compró.

23. Aun cuando declaró configurada dicha eximente —análisis que se realizó luego de encontrar acreditado el daño—, el a quo aseguró que no se probó el daño ni su imputación a las demandadas.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

24. La demandante pidió revocar la decisión adoptada por el Tribunal , para lo cual replicó los fundamentos jurídicos expuestos en la demanda.

25. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 201117. El Ministerio Público guardó silencio18.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. Surtido el trámite procesal , sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. Surtido el trámite procesal , sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

17 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 18 de abril de 202 4, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPAC A con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: “(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla fuera del texto). 18 SAMAI: índice 12.Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309) Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación– Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

7

El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

7

El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

27. Previo a proceder con el análisis del fondo del asunto, la Sala estima necesario detenerse en el examen de lo expresado por la parte demandante en su recurso de apelación, de cara a las razones que fundaron la decisión que se cuestiona, para establecer si la recurrente verdaderamente atacó los argumentos que expuso el a quo en relación con la configuración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

28. Sobre el alcance del recurso de apelación, como mecanismo de control de las decisiones judiciales, se resalta que no se dirige a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, ni puede estar orientado a repetir el trámite acontecido en la primera instancia. Tal recurso, fundamentalmente busca garantizar el principio de la doble instancia para controvertir las decisiones judiciales que se estimen contrarias al ordenamiento jurídico19.

29. Bajo esta orientación, si la aspiración de justicia que subyace al recurso de apelación tiene por finalidad que el superior jerárquico revise la decisión de primer grado, por ser errática, o porque lesiona el ordenamiento jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine los asuntos que deben ser resueltos ante el superior. De modo que no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta suficiente repetir argumentos desprovistos de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control, de

el superior. De modo que no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta suficiente repetir argumentos desprovistos de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control, de cara a los ejes centrales de la decisión judicial que es atacada.

30. En ese sentido, a través del recurso de apelación se busca controvertir los fundamentos de hecho y/o de derecho -ratio decidendique sirvieron de sustento a la decisión de primer grado, para lo cual re sultan insuficientes las afirmaciones genéricas, la simple solicitud de que se revoque, así como la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, en tanto que tales aspectos ya fueron objeto de comprobación y debate por p arte del a quo, siempre que éste no haya omitido pronunciarse sobre las mismas y que ello comprenda el reproche o motivo de censura de la apelación.

31. El artículo 320 del Código General del Proceso 20 prevé que el superior puede examinar “la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante” , de modo que la competencia del ad quem se

19 Sobre el particular, se recuerda la definición que del recurso de apelación ha ofrecido la doctrina especializada, al señalar que éste corresponde a la más importante herramienta de concreción de la regla de doble instancia, que constituye “… la forma más civilizada de expresar el descontento frente a providencias que nos son lesivas y evitar sus efectos … en virtud de ella será el juez de otra instancia, ad quem, directo superior del juez de la primera instancia, a quo, quien habrá de decidir la manifesta ción de inconformidad

que nos son lesivas y evitar sus efectos … en virtud de ella será el juez de otra instancia, ad quem, directo superior del juez de la primera instancia, a quo, quien habrá de decidir la manifesta ción de inconformidad presentada por una de las partes, o terceros habilitados por intervenir, contra una providencia judicial”. López Blanco, Hernán Fabio. “Código General del Proceso”, Segunda Edición, Dupré Editores, Bogotá, 2019. Pág. 802. 20 Norma aplicable de manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo (artículo 306 del CPACA).Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309) Actor: Play Park S.A.S. –en liquidación– Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y otros Medio de control: Reparación directa

8 circunscribe a los argumentos expuestos en la apelación en tanto confronten la ratio decidendi del fallo cuestionado. Por consiguiente, corresponde al apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste, exigencia que se cumple a través de la carga de sustentación, siendo “suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”, –artículo 322 ibidem– pues, aunque sucintas, deben ser suficientes por sí mismas para evidenciar las razones o motivos que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia resultó desacertado.

32. En esa medida, la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta vía es la que determina la competenc