CE - Sentencia 25000233600020180057001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

Demandante: Sociedad HÆbitat Calera & Cía. S.A.S.

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otro

Referencia: Reparación directa – CPACA

TEMAS: DAÑO INDEMNIZABLE - Debe ser cierto y directo. CAR`CTER CIERTO DEL DAÑO - Se refiere a aquel que da cuenta de que efectivamente se ha producido o que su ocurrencia futura resulta inevitable. CAR`CTER DIRECTO DEL DAÑO - Se refiere a la r elación inmediata y sin intermediarios entre el hecho generador de la afectación y el perjuicio que sufre la víctima. CARGA PROBATORIA DE QUIEN ALEGA UN DAÑO - Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas qu e consagran el efecto jurídico que ellas persiguen

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 10 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. S˝NTESIS DEL CASO

La sociedad Fajardo y Compaæía S. en C. adquirió un predio en La Calera, q ue

Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. S˝NTESIS DEL CASO

La sociedad Fajardo y Compaæía S. en C. adquirió un predio en La Calera, q ue fue sometido a propiedad horizontal en 2005, conformando la agrup ación de vivienda Rincón Alpino, con 65 unidades habitacionales. En 2011, med iante nueva escritura pœblica, el reglamento se modificó para autorizar solo 58 unidades de vivienda, constituyØndose ademÆs el Fideicomiso Recursos Prad os del Este, para desarrollar el proyecto urbanístico sobre la cantidad de inmuebles referidos. Durante la calificación de esta escritura, la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ omitió trasladar a los folios segregados las inscripciones de demanda vigentes en seis folios abiertos con ocasión de la primera constitución del reglamento. Mientras se definía la situación jurídica de los inmuebles, la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ procedió a realizar un “bloqueo” registral de los 58 folios de matrícula, los cuales permanecieron paralizados hasta que se concluyó la actuación administrativa, el 10 de diciembre de 2013.

El 20 de mayo de 2016 se expidió un nuevo reglamento de propiedad horizontal para el proyecto urbanístico Prados del Este. No obstante, para inscribirlo fueRadicado: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

Demandante: Sociedad HÆbitat Calera & Cía. S.A.S.

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necesario cerrar folios de matrícula duplicados y actualizar linderos y datos catastrales. La sociedad demandante considera que la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto GeogrÆfico Agustín Codazzi son patrimonialmente responsables por los perjuicios que sufrió mientras no pu do disponer de las 58 unidades habitacionales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que las actuaciones desplegadas por las entida des accionadas no fueron la causa del daæo alegado en el libelo introducto rio. Esta decisión fue apelada por la sociedad demandante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 8 de junio de 2018 1, la sociedad HÆbitat Calera & Cía. S.A.S. 2-3, mediante apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de contro l de reparación directa, contra la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto GeogrÆfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC), para que fueran declarados patrimonialmente responsables por los perjuicios que sufrió mientras no pudo disponer de las 58 unidades habitacionales del proyecto urbanístico Prados del Este.

En consecuencia, solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar: i) por daæo emergente, la suma de $8.228.145.621; y ii) por lucro cesante, $3.054.092.382.

Como antecedentes fÆcticos, la parte actora narró que el 16 de febrero de 1995

daæo emergente, la suma de $8.228.145.621; y ii) por lucro cesante, $3.054.092.382.

Como antecedentes fÆcticos, la parte actora narró que el 16 de febrero de 1995 la sociedad Fajardo y Cía. S. en C. —hoy Inversiones OFAC y Cía. S. en C. — adquirió el inmueble identificado con folio de matrícula No. 50N-286424, ubicado en el municipio de La Calera (Cundinamarca).

Seæaló que, mediante escritura pœblica No. 909 del 26 de abri l de 2005, se constituyó sobre dicho inmueble un reglamento de propiedad horizontal, conformando la agrupación de vivienda Rincón Alpino, con 65 unidades

1 Fl. 6 a 37, Cuaderno 1 principal. 2 Mediante auto del 22 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cund inamarca aceptó el contrato de cesión del 20 % de los derechos litigiosos suscrito entre Hábitat Calera & Cía. S.A.S. (cedente) y Alfonso Amazo Romero y Mauricio Alberto Amazo Romero (cesionari os), el cual produce efectos en este proceso en lo relacionado con los perjuicios que eventualme nte se llegaren a reconocer. Fl. 182 a 186, Cuaderno 1 principal. 3 Mediante auto del 15 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundi namarca aceptó el contrato de cesión del 80% de los derechos litigiosos suscrito entre HÆbitat Calera & Cía. S.A.S. y Brillaseo S.A.S., el cual produce efectos en este proceso en lo relaci onado con los

el contrato de cesión del 80% de los derechos litigiosos suscrito entre HÆbitat Calera & Cía. S.A.S. y Brillaseo S.A.S., el cual produce efectos en este proceso en lo relaci onado con los perjuicios que eventualmente se la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ omitió trasladar a los folios de llegaren a reconocer. Exp. 2018-00570-00, Samai , índice 60.Radicado: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

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habitacionales, a cada una de las cuales se le asignó un folio de m atrícula independiente.

Afirmó que en los folios de matrícula de seis de dichas unidades se inscribió una demanda de servidumbre de conducción de energía.

Indicó que, posteriormente, mediante escritura pœblica No. 2220 del 12 de agosto de 2011, se adoptó un nuevo reglamento de propiedad horizontal, en el que se seæaló que el proyecto urbanístico sólo dispondría de 58 unidades de vivi enda. Como consecuencia de dicha modificación, fue necesario cancelar los folios de matrícula asignados inicialmente a los inmuebles y proceder a la apertura de nuevos folios para cada una de las 58 unidades habitacionales.

Sostuvo que el 30 de septiembre de 2011 las sociedades HÆbitat Calera & Cía.

S. A. S., Urban Group Colombia S. A., MBC Market Business Center S. A. S. e Inversiones OFAC y Cía. S. en C. —antes Fajardo & Cía. S. en C.— celebraron

S. A. S., Urban Group Colombia S. A., MBC Market Business Center S. A. S. e Inversiones OFAC y Cía. S. en C. —antes Fajardo & Cía. S. en C.— celebraron un contrato de fiducia mercantil con Acción Sociedad Fiduciaria S. A., en virtud del cual se constituyó el Fideicomiso Recursos Prados del Este como patrimonio autónomo destinado a la construcción del proyecto urbanístico sobre los 58 lotes referidos.

Manifestó que en el proceso de calificación de la escritura pœblica No. 2220 de l 12 de agosto de 2011, la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ omitió trasladar a los nuevos folios de matrícula las anotaciones registrales que daban cuenta de la inscripción de las demandas de servidumbre de conducción energía.

Por esta razón, mÆs adelante, la Oficina de Registro referida tuvo que adelantar una actuación administrativa para definir la situación jurídica del folio matriz No. 50N-286424 y de los 58 folios segregados de aquel, la cual se inició mediante la Resolución No. 000068 del 4 de julio de 2013 - en la que se ordenó el “bloqueo” provisional de todos los folios de matrícula - y culminó con la Resolución No. 000288 del 10 de diciembre de 2013 - a travØs de la cual se levantó dicha medida cautelar.

Agregó que el 23 de septiembre de 2015 el Fideicomiso Recursos Prados de l Este elevó una solicitud al IGAC para que actualizara la información catastral de los 58 predios del proyecto urbanístico Prados del Este, la cual fue resuelta por

Agregó que el 23 de septiembre de 2015 el Fideicomiso Recursos Prados de l Este elevó una solicitud al IGAC para que actualizara la información catastral de los 58 predios del proyecto urbanístico Prados del Este, la cual fue resuelta por el `rea de Conservación de esa entidad mediante las Resoluciones No. 25-3770410-2015 del 8 de diciembre de 2015, 25-377-0411-2015 del 8 de diciembre de 2015, 25-377-0412-2015 del 12 de diciembre de 2015 y 25 -377-0416-2015 del 14 de diciembre de 2015.

Finalmente, seæaló que a travØs de la escritura pœblica No. 776 del 20 de mayo de 2016 se expidió un nuevo reglamento de propiedad horizontal para el proyectoRadicado: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

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urbanístico Prados del Este. No obstante, para inscribirlo fue necesario cerrar folios de matrícula duplicados y actualizar linderos y datos catastrales.

La sociedad demandante considera que la Superintendencia de Notariado y Registro es patrimonialmente responsable por los perjuicios que sufrió mientras no pudo disponer de las 58 unidades habitacionales del proyecto urbanístico Prados del Este, pues: (i) no trasladó oportunamente a los folios de matrícula correspondientes las anotaciones de inscripción de demanda de servidumbre de conducción de energía y (ii) asignó folios de matrícula duplicados a algunas unidades inmobiliarias. Asimismo, aduce que el IGAC es patrimonialmente

correspondientes las anotaciones de inscripción de demanda de servidumbre de conducción de energía y (ii) asignó folios de matrícula duplicados a algunas unidades inmobiliarias. Asimismo, aduce que el IGAC es patrimonialmente responsable por esta misma razón, pues (iii) incurrió en mora en el proceso de actualización de las cØdulas catastrales de los 58 lotes, lo que prolongó las dificultades en la identificación de los inmuebles y la posibilidad de disponer de ellos.

2. Contestaciones

2.1. La Superintendencia de Notariado y Registro 4 se opuso a las pretensiones de la demanda, precisando que en el presente asunto el debate jurídico se circunscribía a lo resuelto en las Resoluciones No. 000068 del 4 de julio de 2013 y 000288 del 10 de diciembre de 2013, mediante las cuales se orde nó el “bloqueo” provisional del folio de matrícula matriz No. 50N-286424 y de los 5 8 folios segregados de aquel y, posteriormente, se dispuso el levantamiento de la medida cautelar. En consecuencia, sostuvo que la parte actora debió ac udir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controve rtir dichos actos administrativos. Como excepciones propuso las de: i) caducidad del medio de control; ii) cumplimiento de un deber legal; iii) inexistencia de falla en el servicio; iv) inexistencia del daæo; y v) indebida determinación de la cuantía.

2.2. El IGAC5 solicitó denegar las pretensiones de la demanda, argumentando que los errores y retardos alegados en el libelo introductorio obedecieron a

2.2. El IGAC5 solicitó denegar las pretensiones de la demanda, argumentando que los errores y retardos alegados en el libelo introductorio obedecieron a actuaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro. Como excepciones propuso: i) caducidad del medio de control; ii) falta de requisito de procedibilidad de la acción; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva; y iv) falta de legitimación en la causa por activa.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte demandante 6, la Superintendencia de Notariado y Registro 7 y el IGAC8 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

4 Fl. 75 a 85, Cuaderno principal 1. 5 Fl. 59 a 74, Cuaderno principal 1. 6 Exp. 2018-00570-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 97. 7 Exp. 2018-00570-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 100. 8 Exp. 2018-00570-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 95.Radicado: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

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3.2. El Ministerio Pœblico guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de noviembre de 2023 9 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó las pretensiones de la demanda, al constatar: (i) que

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de noviembre de 2023 9 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó las pretensiones de la demanda, al constatar: (i) que la Superintendencia de Notariado y Registro no ocasionó un daæo antij urídico a la accionante, porque los errores registrales en que incurrió la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ fueron subsanados, y (ii) que el IGAC realizó la actualización de las cØdulas catastrales en un tØrmino oportuno.

Al efecto, precisó que los errores registrales en que incurrió la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ fueron corregidos con fundamen to en el artículo 59 10 de la Ley 1579 de 2012 11. Asimismo, manifestó que la anotación registral sobre la inscripción de las demandas de servidumbre en los folios de matrícula de algunos de los inmuebles no limitó el derecho de la accionante para disponer libremente de ellos.

De otro lado, el a quo advirtió que el IGAC resolvió en un tØrmino oportuno la solicitud de actualización de las cØdulas catastrales, pues aquella fue radicad a el 15 de octubre de 2015 y admitida el 12 de diciembre de ese mismo aæo.

5. Apelación

5.1. La parte actora 12 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, aduciendo que no pudo disponer de las 58 unidades habitacionales del proyecto urbanístico Prados del Este, porque fueron bloqueados por la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ, quien: (i) no trasladó oportunamente a los

aduciendo que no pudo disponer de las 58 unidades habitacionales del proyecto urbanístico Prados del Este, porque fueron bloqueados por la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ, quien: (i) no trasladó oportunamente a los folios de matrícula correspondientes las anotaciones de inscripción de demanda de servidumbre de conducción energía y (ii) asignó folios de matrícula duplicados a algunas unidades inmobiliarias.

9 Exp. 2018-00570-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 106. 10 “Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirÆn de la siguiente manera: Los errores aritmØticos, ortogrÆficos, de digitación o mecanogrÆficos que se deduzcan de los antecedentes y qu e no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial del mismo, podrÆn corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información errada por la correcta, o enmendando o bo rrando lo escrito y anotando lo correcto. Los errores en que se haya incurrido al momento d e la calificación y que se detecten antes de ser notificado el acto registral correspondiente, se corregirÆn en la forma indicada en el inciso anterior. Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrÆn ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimien to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley (…)”

los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimien to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley (…)” 11 Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos pœblicos y se dictan otras disposiciones. 12 Exp. 2018-00570-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 110.Radicado: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

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6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6.1. Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el tØrmino de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 13, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. En esta etapa del proceso el Ministerio Pœblico guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirÆ el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas en segunda instancia.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, segœn lo previsto en el artículo 104 14 del CPACA, estatuto

segunda instancia.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, segœn lo previsto en el artículo 104 14 del CPACA, estatuto vigente a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable, porque se demanda la responsabilidad extracontractual de la Superintendencia de Notariado y Registro15 y del IGAC16. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de noviembre de 2023, proferida por e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del

13 “Artículo 247.5. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizarÆ la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederÆ un tØrmino de diez (10) días. En caso contrario, no habrÆ lugar a dar traslado para alegar. El secretario pas arÆ el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 14 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdi cción de lo Contencioso Administrativo estÆ instituida para conocer, ademÆs de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios ori ginados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estØn involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…

contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estØn involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pœblica, cualquiera que sea el régimen aplicable […]” 15 Segœn lo previsto en el artículo 1° del Decreto 2163 de 2011 (vigente al moment o de los hechos), la Superintendencia de Notariado y Registro es “ una entidad descentralizada, tØcnica, con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y patrimonial”. 16 Segœn el artículo 2° del Decreto 2113 de 1992 (vigente para el 16 de diciembre de 2015, fecha en que el IGAC atendió la solicitud de actualización de las cØdulas catastra les de proyecto urbanístico Prados del Este): “El Instituto GeogrÆfico "Agustín Codazzi", creado por el Decreto Ley No. 0290 de 1957, es un Establecimiento Pœblico dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y CrØd ito Pœblico.”Radicado: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

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proceso, debido a que la cuantía excedió los 50017 SMLMV, en concordancia con los artículos 15018 y 15219 del CPACA.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando

los artículos 15018 y 15219 del CPACA.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daæo invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los tØrminos del artículo 140 20 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, el medio de control de reparación directa ejercido po r la parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de un daæo po r hechos imputables a la Superintendencia de Notariado y Registro y al IGAC.

No sobra advertir que las pretensiones formuladas por el extremo activo no buscan controvertir la legalidad de las Resoluciones No. 000068 del 4 de julio de 2013 y 000288 del 10 de diciembre de 2013 - mediante las cuales la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ reconoció y corrigió errores en el traslado de anotaciones registrales - sino que pretenden que se indemnicen perjuicios por la imposibilidad que tuvo la accionante de disponer de las unidades habitacionales del proyecto urbanístico Prados del Este. De hecho, se lee en la demanda: “ si se tiene en cuenta que por casi 5 aæos los folios de matrícula inmobiliaria contentivos del proyecto “Prados del Este” estuvieron bloqueados por los innumerables errores cometidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ, Zona Norte, lo que de suyo impidió a la

inmobiliaria contentivos del proyecto “Prados del Este” estuvieron bloqueados por los innumerables errores cometidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de BogotÆ, Zona Norte, lo que de suyo impidió a la sociedad demandante… desarrollar… el aludido proyecto inmobiliario”.

17 La pretensión mayor de la demanda se estimó en $8.228.145.621, monto que supera los 500 SMLMV para el aæo 2018 —fecha de presentación de la demanda —, cuando el SMLMV era de $781.242. 18 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y camb io de radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerÆ en segunda instancia de las apelaciones de l as sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 19 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerÆn en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pœblica en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servic ios pœblicos domiciliarios en los cuales se incluyan clÆusulas exorbitantes, cuando la cua ntía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”. 20 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Pol ítica, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antij urídico

quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”. 20 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Pol ítica, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antij urídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, u na omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueb le por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”.Radicado: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

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1.3. En el presente asunto, la sociedad demandante considera que la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto GeogrÆfico Agustín Codazzi son patrimonialmente responsables por los perjuicios que sufrió mientras no pudo disponer de las 58 unidades habitacionales del proyecto urbanístico Prados del Este, habida cuenta que la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos: (i) no trasladó oportunamente a los folios de matrícula correspondientes las anotaciones de inscripción de demanda de servidumbre de conducción energía y (ii) asignó folios de matrícula duplicados a algunas unidades inmobiliarias; y el IGAC (iii) incurrió en mora en el proceso de actualización de las cØdulas catastrales de los 58 lotes, lo que prolongó las

conducción energía y (ii) asignó folios de matrícula duplicados a algunas unidades inmobiliarias; y el IGAC (iii) incurrió en mora en el proceso de actualización de las cØdulas catastrales de los 58 lotes, lo que prolongó las dificultades en la identificación de los inmuebles y la posibilidad de disponer de ellos.

Ahora bien, para determinar la oportunidad en la formulación del medio de control de reparación directa, es necesario identificar previamente la actuación de la Administración que suscita el reproche de la parte actora, pues el tØrmino de caducidad de dos (2) aæos previsto en la ley procesal se computa desde el día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daæo, o desde el momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este21.

(i) En el caso de marras el derecho de acción no fue ejercido en tiempo por el “no traslado oportuno a los folios de matrícula correspondientes de las anotaciones de inscripción de demanda de servidumbre de conducción energía”, esto es, dentro del tØrmino de dos (2) aæos previsto en el artículo 164 22 del CPACA, pues: (a) el daæo derivado de esta actuación se concretó con el “bloqueo” provisional de los folios de matrícula de las unidades habitacionales del proyecto Prados del Este, que inició con la Resolución No. 000068 del 4 de julio de 2013 y culminó con la Resolución 000288 del 10 de diciembre de 2013 (hechos probados 3.9. y 3.10.); (b) si bien no obra en el expediente constancia

julio de 2013 y culminó con la Resolución 000288 del 10 de diciembre de 2013 (hechos probados 3.9. y 3.10.); (b) si bien no obra en el expediente constancia de la notificación ni de la ejecutoria de esta œltima resolución, se advierte que , mediante oficio No. 6010 del 16 de diciembre de 2015, el IGAC informó al Fideicomiso Recursos Prados del Este que había atendido la solicitud de cancelación, inscripción y desenglobe de las 58 unidades habitacionales que

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de mayo de 2025, Rad. 71833. “En relación con los eventos previstos como hechos daæosos, se identifica que ta nto la actuación administrativa promovida por el seæor Fray Alexander Murcia, como el bloqueo de los folios cesaron con la adopción y ejecutoria de la Resolución No.6130 del 15 de mayo de 2019, acto administrativo de carÆcter definitivo, que definió la situación jurídica de los inmuebles que motivaron el litigio y en su numeral tercero ordenó su desbloqueo. La anterior decis ión adquirió ejecutoria el 21 de mayo de 201923, por ende, la demanda se interpuso oportunamente el 14 de julio de 2021, pues el cómputo de la caducidad del medio de control estuvo s uspendido entre el 14 de mayo y el 12 de julio de 2021, mientras se agotó el trÆmite de la concili ación extrajudicial”. 22 “Artículo 164. […] Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse

14 de mayo y el 12 de julio de 2021, mientras se agotó el trÆmite de la concili ación extrajudicial”. 22 “Artículo 164. […] Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del tØrmino de dos (2) aæos, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daæo, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibil idad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […]”.Radicado: 25000-23-36-000-2018-00570-01 (71390)

Demandante: Sociedad HÆbitat Calera & Cía. S.A.S.

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conforman el proyecto urbanístico (hecho probado 3.14). Aunque en dicho oficio no se hizo referencia expresa a la culminación de la actuación administrativa ni al levantamiento del bloqueo registral, se infiere que, a mÆs tardar en esa fecha, la parte actora ya contaba con dicha información, dado que la atención de la solicitud de actualización de las cØdulas catastrales solo era posible una vez normalizadas las condiciones jurídicas y registrales de los folios; (c) la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de diciembre de 2017, la cual fue declarada fallida el 31 de enero de 2018 23; y (d) la demanda se presentó el 8 de junio de 2018.

(ii) Igualmente, se advierte que el medio de control tampoco fue ejercido en tiempo por “ la mora [del IGAC] en el proceso de actualización de las cØdulas

presentó el 8 de junio de 2018.

(ii) Igualmente, se advierte que el medio de control tampoco fue ejercido en tiempo por “ la mora [del IGAC] en el proceso de actualización de las cØdulas catastrales de los 58 lotes”, pues: (a) el 16 de diciembre de 2015, dicha entidad informó al Fideicomiso Recursos Prados del Este que había atendido la petición de “ cancelación, inscripción y desenglobe” de las 58 unidades habitacionales (hecho probado 3.14.); (b) la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de diciembre de 2017, la cual fue declarada fallida el 31 de enero de 2018; y (c) la demanda se presentó el 8 de junio de 2018.

(iii) Finalmente, se observa que el medio de control de reparació