CE - Sentencia 25000233600020180064702 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00647-02 (71.759)

Actor: Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR ERROR JURISDICCIONAL – Como título de imputación de responsabilidad del Estado, comporta la exigencia probatoria de tener certeza respecto del ejercicio abiertamente irr egular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional que se materializa en decisiones contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable o jurídicamente atendible / ERROR JURISDICCIONAL - La labor del juez administrativo no e stá llamada a debatir o resolver controversias propias del juicio primigenio, pues no se trata de asimilar el ejercicio de verificación del error a una instancia adicional / PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DEL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE ERROR JUDICIAL - Están previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 y debe acreditarse: i) la interposición de los recursos de ley por parte del afectado contra las providencias cuestionadas; y, ii) la firmeza de aquellas. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES - El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos

providencias cuestionadas; y, ii) la firmeza de aquellas. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES - El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial - La exigencia relacionada con la interposición de los recursos tiene como claro propósito permitirle al juez natural de la causa corregir posibles yerros cometidos en su labor jurisdiccional, por cuanto el proceso está dotado de mecanismos de autocorrección y corrección que van desde la activación de las potestades oficiosas del juez para hacerlo, hasta la capacidad dispositiva de los sujetos procesales para impulsar su corrección - La labor del juez contencioso no está ligada al análisis de controversias que solo pueden ser ventiladas dentro del proceso original y decididas por el juez natural / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – En materia de error jurisdiccional cuando la parte afectada no interpuso los recursos en contra de la actuación con respecto a la cual se predica un yerro no existe perjuicio o, en caso de aceptarse lo contrario, el perjuicio sería ocasionado po r su negligencia y no por el supuesto error jurisdiccional

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad del Estado por el supuesto error judicial contenido en la sentencia del 28 de marzo de 2007 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la dictada el 27 de enero de 2016, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de las c uales se definió un

Cundinamarca, y la dictada el 27 de enero de 2016, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de las c uales se definió un proceso de reparación directa promovido en contra del Distrito Capital de Bogotá.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 29 de mayo de 2024, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Ad ministrativo de CundinamarcaRadicación: 25000-23-36-000-2018-00647-02 (71759)

Actor: Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de control de reparación directa

2 negó las pretensiones de la demanda presentada el 4 de julio de 2018 1 por los señores Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez, Claudia Eugenia Piñeros de Moreno y Amalia Inés Angélica Piñeros Pérez2 en contra de la Nación – Rama Judicial3.

2. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las que el Tribunal adoptó la sentencia que ahora se cuestiona es la siguiente:

Pretensiones

3. Reclamaron los demandantes la declaración de responsabilidad por el supuesto error jurisdiccional cometido en la s sentencias del 28 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y del 27 de enero de 2016, emanada de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa con radicado número 1999-02189, al ti empo que deprecaron una indemnización por perjuicios materiales4.

emanada de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa con radicado número 1999-02189, al ti empo que deprecaron una indemnización por perjuicios materiales4.

Hechos

4. Se narró que los señores Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez, Claudia Piñeros de Moreno y Amalia Inés Angélica Piñeros Pérez, junto con otras personas, promovieron una demanda de re paración directa en contra de l Distrito Capital de Bogotá, por los perjuicios causados a los predios “Yerbabuena” y “Cantarrana” con ocasión de un deslizamiento de residuos del relleno sanitario “Doña Juana” ocurrido el 27 de septiembre de 1997.

5. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad patrimonial del Distrito Capital de Bogotá y lo condenó al pago de $1.269’675.090 a título de indemnización por la afectación del predio “ Cantarrana”; adicionalmente, señaló que dicha decisión obraba como título translaticio de dominio en favor de la entidad condenada de acuerdo con lo indicado en el artículo 220 del CCA.

6. La anterior decisión fue apelada por la parte actora en relación con el monto de la condena; señaló que la indemnización se debía tasar con base en el área total del predio “Cantarrana” y que el valor comercial del metro cuadrado se debía indexar desde cuando ocurrió la afectación del inmueble.

7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, modificó la condena reconocida en primera instancia en los términos solicitados por la parte

desde cuando ocurrió la afectación del inmueble.

7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, modificó la condena reconocida en primera instancia en los términos solicitados por la parte apelante y la fijó en la suma de $6.526’832.562.

1 Según consta en el folio 64 del archivo “002PoderDemanda” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 2 Poderes obrantes a folios 1 y 2 del archivo “002PoderDemanda” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 3 La demanda se admitió en auto del 31 de mayo de 2019 y su reforma mediante auto de 8 de marzo de 2021, archivos “002PoderDemanda”, “AMISIONGASTOSNOTI” y “ AUTOADMITEDEMANDA” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 4 Como pretensiones indemnizatorias los demandantes soli citaron $260.000’000.000 por concepto del valor comercial del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 50S -110108 ubicado en el Distrito Capital de Bogotá, en la proporción que les correspondiere en calidad de comuneros . Folio 53 del archivo “002PoderDemanda” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00647-02 (71759)

Actor: Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de control de reparación directa

3

8. La parte actora solicitó la corrección, aclaración y/o complementación del fallo, para que se precisara el fundamento de la conclusión respecto de la existencia de

Referencia: Medio de control de reparación directa

3

8. La parte actora solicitó la corrección, aclaración y/o complementación del fallo, para que se precisara el fundamento de la conclusión respecto de la existencia de una ocupación permanente, así como las pruebas que sirvieron de base para tasar el precio del i nmueble, y si la condena era a título de indemnización o de venta forzosa, petición que fue negada en auto de 27 de abril de 2016.

9. A su vez, los demandantes interpusieron demanda de tutela en contra de las referidas providencias, petición que fue declarada improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez5.

Fundamentos de derecho

10. A juicio de la parte actora, las sentencias acusadas incurrieron un er ror jurisdiccional, dado que la demanda de reparación directa pretendía que se les indemnizara conservando la propiedad y titularidad del bien.

11. Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un error de derecho en cuanto señaló que su decisión produciría los efectos jurídicos del artículo 220 del CCA en relación con el predio “Cantarrana”, dado que desconoció que i) la suma tasada por concepto de indemnización no correspondía con el valor comercial del inmueble; ii) el predio no desapareció físicamente ni quedó totalmente inutilizable para actividades mineras e inmobiliarias y iii) el daño que se alegó y probó no fue una ocupación total permanente, sino que consistió en una ocupación temporal del 5% del área del inmueble.

12. Indicó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó

probó no fue una ocupación total permanente, sino que consistió en una ocupación temporal del 5% del área del inmueble.

12. Indicó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la condena y erradamente indicó que del contenido de la decisión de primera instancia se infería que la condena no era por concepto de indemnización, sino por el valor del predio por una supuesta ocupación permanente, hecho que no se probó ni sobre el que versaron las pretensiones de la demanda.

13. Precisó que , pese a que para el momento en que se dictó la sentencia de segunda instancia habían transcurrido 20 años desde la ocurrencia de los hechos y 9 desde la decisión de primera instancia, no se verificó que los supuestos en los que se edificaron las pretensiones no hubiesen variado y se concluyó erróneamente que ocurrió una ocupación permanente de la totalidad del predio “ Cantarrana”, aspecto frente al cual se solicitó aclaración, petición que no fue resuelta de fondo.

14. Señaló que las referidas providencias incurrieron en un error por señalar que constituyen un justo título para transferir la propiedad a la demandada , lo cual , además desconocía que no existía el modo, dado que el dinero correspondiente a la condena no había sido entregado a los demandantes, en virtud de una medida cautelar de embargo impuesta por un juzgado civil del circuito de Bogotá.

15. Reiteró que nunca existió una ocupación permanente y que las pruebas aportadas con la demanda por error jurisdiccional daban cuenta de que el predio “Cantarrana” había sido recuperado en aproximadamente un 95% desde una década antes, que era utilizado de manera continua para actividades económicas

aportadas con la demanda por error jurisdiccional daban cuenta de que el predio “Cantarrana” había sido recuperado en aproximadamente un 95% desde una década antes, que era utilizado de manera continua para actividades económicas

5 Folios 3 a 6 del archivo “002PoderDemanda” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00647-02 (71759)

Actor: Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de control de reparación directa

4 por parte de los accionantes , y que adquirió un valor económico considerable, reflejado en el avalúo catastral que sirve de base para el impuesto predial, el cual ascendía a $80.000000.000, suma que al ser contrastada con el monto de la condena reconocida en las sentencias acusadas, daba cuenta del agravio causado a los accionantes pues únicamente se les reconoció una suma aproximada de $6.000’000.000 por el valor del inmueble6.

La defensa

16. La Nación - Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que las decisiones dictadas en el proceso primigenio se sustentaron en el análisis adecuado de las normas aplicables y en la valoración probatoria del caso y que el supuesto error no puede basarse en simples interpretaciones diferentes de la ley, sino en decisiones abiertamente irrazonables, lo cual no ocurrió.

17. Precisó que la sentencia de primera instancia señaló que, según las pruebas recaudadas, resultaba aplicable el artículo 220 del Código Contencioso Administrativo a todo el predio “ Cantarrana” para reconocer la indemnización ,

17. Precisó que la sentencia de primera instancia señaló que, según las pruebas recaudadas, resultaba aplicable el artículo 220 del Código Contencioso Administrativo a todo el predio “ Cantarrana” para reconocer la indemnización , decisión que no fue cuestionada por los demandantes, razón por la cual la segunda instancia únicamente versó sobre la tasación de la condena bajo la premisa que debía corresponder al pago del valor del inmueble por una ocupación permanente7.

Etapa probatoria y alegatos de conclusión

18. Concluida la fase probatoria8, la Rama Judicial indicó que no se incurrió en error jurisdiccional, dado que las decisiones cuestionadas contienen un análisis lógico y

6 Folios 16 a 57 del archivo “002PoderDemanda” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 7 Archivo “004contestación demanda” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 8 El Tribunal a quo en audiencia del 17 de noviembre de 2022 decretó como pruebas: i) copia de piezas procesales de la acción de reparación directa con radicado número 1999 -02189: alegatos de conclusión; sentencias de primera y segunda instancia; solicitud de aclaración y complementación de la sentencia de segunda instancia, y auto del 11 de abril d e 2016, por medio del cual se negó la solicitud de aclaración de la sentencia; ii) comunicaciones N°1113 del 27 de marzo; 5739 de 10 de diciembre de 1998, y 0271 de 14 de

enero de 1999 de la UESP del Distrito Capital de Bogotá; iii) oficio 20175530038921 del 17 de marzo de 2017, suscrito por el alcalde local de Usme; iv) oficio 2-2017-3924 del 07 de abril de 2017, suscrito por la directora Distrital de Defensa Judicial y Prevención del daño Antijurídico de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá; v) oficios 20172010024451 del 22 de febrero y 20172010032431 del 08 de marzo de 2017 del DADEP; vi) oficio S-2017-057164 del 30 de marzo de 2017, suscrito por la directora Administrativa de Bienes Raíces de la EAAB; vii) oficio 25510-2017-00776 del 08 de mayo de 2017 de la EAAB; viii) oficio 01172104155 del 30 de mayo de 2017 de la CAR, junto con el informe técnico 0373 del 6 de abril de 2017; ix) oficio 25510-2017-01090 del 27 de junio de 2017 de la EAAB; x) oficio 01172107104 del 13 de septiembre de 2017 de la C AR, incluye como anexo el informe Técnico 0765 del 27 de julio de 2017, los autos 1083 y 1084 del 16 de agosto de 2017 de la misma Corporación, y el oficio 20173000099521 que la UAESP remitió a la CAR el 31 de julio de 2017; xi)

oficios 20164010162951 de 19 de diciembre de 2016; 20173000001121 y 20173000003921 de 11 y 18 de enero de 2017, de la UAESP; xii) certificación de 7 de abril de 2017, del administrador general del predio “Cantarrana” señor Juan Esteban Piñeros Pérez con 5 Anexos; xiii) fotografía panorámica publicada en el diario “El Tiempo” el día 29 de septiembre de 1997; xiv) imagen del predio “Cantarrana” tomada de “Google Earth” de diciembre de 2016; xv) acta de la diligencia de conciliación de fecha 19 de mayo del año 2005, surtida con ocasión del proceso 1999-2189; xvi) folio de matrícula inmobiliaria No. 50S - 110108 del predio “Cantarrana”; xvii) querella No. 5084 por perturbación a la posesión de Juan Esteban Piñeros Pérez, en calidad de propietario del predio “Cantarrana” contra la EAAB; xviii) acta conciliación querella N° 5084 por perturbación a la posesión de Juan Esteban Piñeros Pérez a la EAAB del 17 de mayo de 2005; xix) acta de compromiso entre Juan Esteban Piñeros Pérez y la EAAB para permitir el ingreso al predio “ Cantarrana”, folio 50S-110108, para la construcción del interceptor “Tunjuelo Alto derecho etapa I ” del 7 de octubre del 2005; xxi) oferta constitución de servidumbre por parte de la EAAB a los propietarios del predio “ Cantarrana”, derivada de la construcción del “ Proyecto

interceptor “Tunjuelo Alto derecho etapa I ” del 7 de octubre del 2005; xxi) oferta constitución de servidumbre por parte de la EAAB a los propietarios del predio “ Cantarrana”, derivada de la construcción del “ Proyecto Interceptor Tunjuelo Alto Derecho ”; xxii) copias de los títulos Mineros N° 14661 y 16603 a nombre de los propietarios de los inmuebles y título minero 12633 a nombre de Gravillera Albania S.A.; xxiii) piezas procesales de la demanda de restitución promovida por los propietarios del predio “ Cantarrana” contra el arrendatario “Triturados Nacionales”, auto Juzgado 11 Civil Municipal de Bogotá en el proceso con radicado número 200120174-01 del 22 de abril de 2005, mediante el cual se ordenó la restitución de la zona arrendada; acta de diligencia de entrega de la zona arrendada del predio “Cantarrana” al señor Juan Esteban Piñeros; xxiv) querellaRadicación: 25000-23-36-000-2018-00647-02 (71759)

Actor: Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de control de reparación directa

5 razonado con sustento probatorio, argumentativo y normativo9. La parte demandante insistió en sus alegaciones acompañadas de las precisiones probatorias que estimó pertinentes 10. El Ministerio Público no intervino en esta etapa.

policiva No. 2947 por perturbación a la propiedad y a la posesión del señor Juan Esteban Piñeros Pérez contra Carlos Alberto Ruiz García del 30 de junio de 2000, acta conciliación querella N° 2947 del señor Juan Esteban

policiva No. 2947 por perturbación a la propiedad y a la posesión del señor Juan Esteban Piñeros Pérez contra Carlos Alberto Ruiz García del 30 de junio de 2000, acta conciliación querella N° 2947 del señor Juan Esteban Piñeros Pé rez al señor Carlos Alberto Ruiz García del 23 de agosto de 2000; xxv) querella N° 7735 por perturbación a la posesión del señor Juan Esteban Piñeros Pérez contra la señora Cris Sánchez Ardila del 7 de junio de 2012 y conciliación querella N° 7735 del seño r Juan Esteban Piñeros Pérez contra el señor Cris Sánchez Ardila del 29 de abril del 2013; xxvi) querella No. 7790 por perturbación a la posesión del señor Juan Esteban Piñeros Pérez contra el señor Julio Alberto Araque del 26 de noviembre de 2012, acta di ligencia querella N° 7790 del 28 de octubre de 2013; xxvii) contratos de arrendamiento comercial suscrito entre “el señor Juan Esteban Piñeros, Los Topos Minería; Murillo - Loboguerrero S.A.; Mincivil SA., hoy Gravas Tunjuelo; Agregados Cantarrana y Concretera Tremix”; xxviii) contratos de operación minera suscritos por el señor Juan Esteban Piñeros con Triturados Nacionales; Mincivil SA; xxix) contrato de indemnización por servidumbres mineras entre Juan Esteban Piñeros y Topeo Minería S.A.; Comunicaciones Nos. 20144010112551 del 21 de

agosto de 2014; 20164010162951 del 19 de diciembre de 2016; 2017300001121 y 2017300003921 del 11 y 18 de enero de 2017, por medio de las cuales la UAESP, solicita el permiso para ingresar al predio “ Cantarrana”, al administra dor Juan Esteban Pineros Pérez; xxx) oficio AB -3000-2014 de Aguas de Bogotá S.A. ESP, solicitando permiso para ingresar al predio “ Cantarrana” al señor Juan Esteban Piñeros Pérez; xxxi) informe técnico 005 realizado por el señor Hernán Ortiz Caicedo, videó grafo judicial y técnico en criminalística, en el cual se describe la visita realizada por la UAESP al predio “ Cantarrana” el 5 de marzo de 2019; xxxii) autos 000811 del 31 de agosto de 2017 y 000831 del 5 de septiembre de 2017 de la Agencia Nacional Miner a sobre visitas al predio “Cantarrana” en función de seguimiento de las actividades relacionadas con los títulos mineros 16603 y 14661; xxxiii) solicitud de ingreso al predio “ Cantarrana” enviada por la ANLA, dirigida al señor Juan Esteban Pineros Pérez y soporte del control de ingreso al predio de la respectiva visita realizada el 10 de mayo de 2019; xxxiv) solicitud radicada ante la Procuraduría General de la Nación por parte del señor Juan Esteban Piñeros Pérez por medio de la cual solicitó acompañamient o en la visita de la ANLA al predio “ Cantarrana”; xxxv) resolución N° 0965 del 16 de mayo de 2000, del DAMA mediante la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental para el predio “Cantarrana” mediante la disposición de residuos de construcción en zonas de antigua

1. resolución N° 0965 del 16 de mayo de 2000, del DAMA mediante la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental para el predio “Cantarrana” mediante la disposición de residuos de construcción en zonas de antigua minería; xxxvi) resolución 1019 del 23 de febrero de 2011, modificada por la Resolución 3287 del 7 de junio de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante la cual se aprobó un Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, PMRRA, para el predio “Cantarrana”; xxxvii) oficios 2015ER103579 del 12 de junio de 2015, 2016ER12380 del 22 de enero de 2016 y 2016ER59024 del 14 de abril de 2016, 2016ER80101 del 19 de mayo de 2016 y 2016ER90718 del 7 de junio de 2016 mediante los cuales el señor Juan Esteban Piñeros Pérez solicitó prórroga del PMRRA para el predio “Cantarrana” y oficio 2016EE88559 del 2 de junio de 2016, mediante el cual la SDA dio respuesta parcial a la solicitud de prórroga del PMRRA; xxxviii) resolución 00765 del 16 de junio de 2016, mediante la cual la Secretaría Distrital de Ambiente ordenó la suspensión de actividades del PMRRA en el predio “ Cantarrana”; xxxix) oficio 2017ER60346 mediante el cual se presentó información solicitada por la SDA para continuar con las actividades del PMRRA; xl) actas de visita de seguimiento a las actividades de ejecución del PMRRA por parte de la SDA durante los años 2011 al 2016; xli) constancias de

solicitada por la SDA para continuar con las actividades del PMRRA; xl) actas de visita de seguimiento a las actividades de ejecución del PMRRA por parte de la SDA durante los años 2011 al 2016; xli) constancias de radicación de 10 informes semestrales de las actividades realizadas en el PMRRA presentados por el señor Juan Esteban Piñeros Pérez a la SDA; xlii) certificaciones expedidas por “ Constructora Sinco” en calidad de operador del PMRRA para el predio “Cantarrana” sobre el recibo de escombros de construcción en el predio; xliii) oficio 2014EE021202 de la SDA dirigido al señor Juan Esteban Piñeros Pérez sobre autorización para el ingreso al predio “Cantarrana”; xliv) constancias de radicación de los oficios referentes al estudio, aprobación y prórrogas del Plan de Manejo de Tránsito del predio “Cantarrana” solicitado por el señor Juan Esteban Piñeros ante la SDM y aprobados por citada entidad; xlv) oficio 21053150341701 del 13 de marzo de 2015 del IDU dirigido al señor Juan Esteban Piñeros Pérez sobre permiso para el ingreso al predio “Cantarrana”; xlvi) factura N° 5332596840 de 9 de julio de 2001 expedida por Codensa por concepto de servicio de energía a “ Triturados Nacionales”, en su calidad de arrendatario de una zona del predio “Cantarrana”; xlvii) factura N° 541540044-5 del 4 de marzo de 2019 expedida por ENEL por concepto de servicio de energía a “Agregados Cantarrana S.A.”, en calidad de arrendatario de una zona del predio “Cantarrana”; xlviii) factura N° 33531707918 de 5 de febrero

del 4 de marzo de 2019 expedida por ENEL por concepto de servicio de energía a “Agregados Cantarrana S.A.”, en calidad de arrendatario de una zona del predio “Cantarrana”; xlviii) factura N° 33531707918 de 5 de febrero de 2019 expedida por la EAAB por concepto de servicio de aseo a “ Gravas del Tunjuelo”, arrendatario de una zona del predio “ Cantarrana”; xlix) contratos laborales entre el señor Juan Esteban Piñeros Pérez como empleador y los señores Dimas Motta como administrador finca “ Cantarrana” de 1° de marzo de 1987 y del señor Héctor Alirio Ariza Gerena como portero -controlador de viajes en el predio “ Cantarrana” del 4 de septiembre de 2000; l) contrato laboral de Construc tora Sinco Ltda. como empleador y el señor Enoc Díaz Céspedes para desempeñar el cargo de oficios varios en el predio “ Cantarrana” del 1° de mayo de 2005; li) factura del impuesto predial unificado N° 2019201041624655096 del predio “Cantarrana” para el año 2019, expedida por la SDH; lii) oficio 2019EE36122 del 24 de abril de 2019 mediante el cual la SDS contestó el oficio JALU-I2019-03-20-036 por el cual se reportó el valor del avalúo del predio que pretende adquirir la Secretaria Distrital de Salud para la construcción del nuevo Hospital de Usme en dicha localidad; liii) dictamen pericial “avaluó predio San Isidro de Cantarrana” de junio 30 de 2016, rendido por el arquitecto Edwin Fernando Ayerbe

Distrital de Salud para la construcción del nuevo Hospital de Usme en dicha localidad; liii) dictamen pericial “avaluó predio San Isidro de Cantarrana” de junio 30 de 2016, rendido por el arquitecto Edwin Fernando Ayerbe Jara Especialista en Avalúos, como valuador designado de la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz; liv) constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 3 Judicial II delegada para Asuntos Administrativos. (Folios 1 a 647 del archivo “ CUADERNONO2PRUEBA”, 1 a 460 del archivo “ PRUEBASALLEGADASR”, 1 a 5 del archivo “ CONCILIACION” y acta y archivo de audio y video de la audiencia inicial, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en SAMAI). 9 Archivo “015_MemoruialWeb_Alegatos” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 10 Archivo “016_MemoruialWeb_Alegatos” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00647-02 (71759)

Actor: Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de control de reparación directa

6 La decisión del Tribunal

19. Para negar las pretensiones de la demanda , el tribunal señaló que además de los aquí demandantes, a los señores Ignacio Piñeros Pérez y Marcela Piñeros de Amaya también les asistía interés jurídico para promover el proceso de la referencia en cuanto integraron la pa rte demandante en la actuación en la que se profirieron las providencias que se acusan de haber incurrido en error jurisdiccional11.

Amaya también les asistía interés jurídico para promover el proceso de la referencia en cuanto integraron la pa rte demandante en la actuación en la que se profirieron las providencias que se acusan de haber incurrido en error jurisdiccional11.

20. Precisó que las referidas providencias se encontraban en firme y frente a ellas se agotaron los recursos procedentes; sin embargo, los demandantes no probaron la existencia de un error jurisdiccional.

21. Indicó que no se desvirtuó la presunción de legalidad y corrección que ampara las providencias judiciales, dado que no se probó una omisión en la valoración de los medios probatorios o su desconocimiento, aunado a que en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de marzo de 2007, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los motivos de inconformidad no gravitaron en la supuesta falta o deficiente valoración de la realidad procesal o la indebida aplicación del artículo 220 del CCA, sino que se pidió el aumento del quantum indemnizatorio en cuanto la condena debía comprender la totalidad del área del predio “Cantarrana” y que la indexación del valor del metro cuadrado se realizara desde el 27 de septiembre de 1997.

22. Se indicó que al solicitar el pago del valor total del predio, el reconocimiento de dicha pretensión implicaba, con forme a lo señalado en el artículo 220 del CCA, disponer el traslado del derecho de dominio del inmueble a favor de la entidad demandada, pues lo contrario ocasionaría una afectación al erario y un doble pago en favor de los demandantes.

23. Agregó que resultaban extrañ os a los cargos de error jurisdiccional los argumentos de inconformidad relacionad os con que las providencias acusadas

en favor de los demandantes.

23. Agregó que resultaban extrañ os a los cargos de error jurisdiccional los argumentos de inconformidad relacionad os con que las providencias acusadas constituían título, pero no acreditaban el modo, así como las razones relacionadas con que el predio “Cantarrana” se había recuperado en un 95%, que permitía su explotación económica y que su valor comercial había aumentado de forma considerable, dado que esos argumentos versaban sobre hechos acaecidos con posterioridad a los actos probatorios y procesales del proceso de reparación directa con radicado número 1999-02189, razón por la cual sobre ellos no se podía edificar una imputación por error jurisdiccional frente a las decisiones dictadas en esa actuación.

24. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas para lo cual indicó que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal12.

11 La demanda que fue resuelta en el fallo por el que se pretende la declaratoria de responsabilidad por un supuesto error jurisdiccional únicamente fue promovida por los señores Juan Esteban Lorenzo Piñeros Pérez, Claudia Eugenia Piñeros de Moreno y Amalia Inés Angélica Piñeros Pérez, según se advierte del contenido del escrito inicial, de los poderes conferidos para tal fin y del contenido del auto admisorio de la demanda. Los señores Ignacio Piñeros Pérez y Marcela Piñeros de Amaya , no integraron la parte demandante de esta actuación ni con posterioridad a la demanda fueron vinculados al proceso. 12 Archivo “020SENTENCIA_MCQF250023360002018” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia

actuación ni con posterioridad a