CE - Sentencia 25000233600020180069301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591) Demandantes: Clínica Santa María SAS Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro Medio de control: Reparación directa

EXCEPCIONES DE FONDO -El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término de caducidad para demandar inicia desde el día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de julio de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

La Superintendencia de Salud –en adelante, Supersalud – ordenó la intervención forzosa administrativa para liquidar a Humana Vivir S.A. EPS –en adelante, EPS Humana Vivir–. En el proceso de liquidación, la Clínica Santa María SAS presentó una acreencia por la prestación de servicios médicos de urgencias, el agente

forzosa administrativa para liquidar a Humana Vivir S.A. EPS –en adelante, EPS Humana Vivir–. En el proceso de liquidación, la Clínica Santa María SAS presentó una acreencia por la prestación de servicios médicos de urgencias, el agente liquidador –al graduar el crédito – lo estableció como de quinta clase y reconoció $496.905.287.

El 11 de abril de 2016, s e declararon insolutas las acreencias de quinta clase, por agotamiento de los activos de la soci edad, y el 31 de mayo de 2016, se declaró la terminación de la existencia legal de la EPS Humana Vivir.

La demandante aduce omisión en las funciones de inspec ción, vigilancia y controlRadicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

Demandantes: Clínica Santa María SAS Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro.

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de las demandadas, porque autorizaron el funcionamiento de la EPS, a pesar de que desde el año 2006 tenía conocimiento de las irregularidades financieras de la empresa promotora de salud.

ANTECEDENTES

La demanda

El 18 de julio de 2018, la Clínica Santa María SAS, a través de apoderado, presentó demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Salud y Protección Social y la Supersalud para que se hicieran las siguientes declaraciones:

«1. Que se declare que las enti dades demandadas son civil y administrativamente responsables por el daño antijurídico causado a mi representada y provocado por

Protección Social y la Supersalud para que se hicieran las siguientes declaraciones:

«1. Que se declare que las enti dades demandadas son civil y administrativamente responsables por el daño antijurídico causado a mi representada y provocado por su actuación omisiva o cuando menos por el incumplimiento defectuoso de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamenta rias, al haber autorizado la operación de la EPS Humana Vivir y no haber realizado a tiempo un proceso de intervención que garantizara su liquidación exitosa, a pesar de tener los conocimientos y la información necesaria.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se reconozca y se ordene el pago a Santa María de la suma de mil trescientos cincuenta y dos millones cuatrocientos veintidós mil doscientos veinte pesos mcte ($1.352.422.220) con ocasión de los perjuicios materiales que le fueron caus ados. La anterior cifra se compone de: (i) cuatrocientos noventa y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y nueve pesos ($495.666.269), por concepto de daño emergente y (ii) ochocientos cincuenta y seis millones setecientos cincue nta y cinco mil novecientos cincuenta y un pesos mcte ($856.755.951), por motivo de lucro cesante.

3. Que, por obra de la primera declaración, se reconozca y ordene el pago de los intereses pagados por Santa María, por los créditos tomados para mantener e l equilibrio económico y seguir funcionando como IPS.

4. Que se condene en costas a las entidades demandadas […]»1.

Hechos

Los demandantes afirmaron que la Supersalud autorizó el funcionamiento de la

equilibrio económico y seguir funcionando como IPS.

4. Que se condene en costas a las entidades demandadas […]»1.

Hechos

Los demandantes afirmaron que la Supersalud autorizó el funcionamiento de la EPS Humana Vivir y a través de cinco resoluciones amplió su cobertura geográfica y capacidad de afiliación. El 6 de febrero de 2006, la entidad, de nuevo, habilitó a la EPS para que continuara su funcionamiento, previo a que adoptara y cumpliera un plan de mejoramiento de actividades. Sostuvieron que la nec esidad de adoptar ese plan indicaba que, para ese momento, la EPS tenía problemas en el

1 Folio 3 c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

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cumplimiento de metas e indicadores.

Adujeron que la Clínica Santa María SAS y EPS Humana Vivir mantuvieron relaciones comerciales para la atención de usuarios en serv icios de urgencias, y que, aunque la clínica presentó las facturas de los servicios de forma oportuna, la EPS no cumplió con el pago. El 14 de mayo de 2013, la Supersalud ordenó la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa para liquidar a la EPS Humana Vivir. En el proceso de liquidación, la Clínica Santa María SAS presentó dos acreencias, el liquidador las clasificó como créditos de quinta clase y reconoció en total $496.905.287. El 31 de mayo de

administrativa para liquidar a la EPS Humana Vivir. En el proceso de liquidación, la Clínica Santa María SAS presentó dos acreencias, el liquidador las clasificó como créditos de quinta clase y reconoció en total $496.905.287. El 31 de mayo de 2016, el agente liquidador terminó el proceso y comunicó a los acreedores que los recursos no eran suficientes para pagar las acreencias.

La demandante alegó que las entidades demandadas no ejercieron a tiempo sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la EPS Humana Vivir. Resaltó que el Ministerio de Salud y Protección Social no evaluó, a través de indicadores de gestión y resultados, la solvencia y capacidad financiera de la EPS y así, evitar la liquidación forzosa administrativa. Sostuvo que la Supersal ud habilitó el funcionamiento de la EPS, amplió su cobertura territorial y el número de afiliados, sin evaluar en debida forma si tenía capacidad y sostenibilidad financiera. Agregó que dicha habilitación constituía una garantía pública de que la EPS reuní a los requisitos para funcionar y prestar servicios en salud2.

Contestación de la demanda

La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social señaló que, aunque la entidad ejerce control tutelar sobre la Supersalud, dicha función está dirigida sólo a asegurar y constatar que esta cumpla sus funciones, en armonía con las políticas gubernamentales, con respeto de la autonomía administrativa y presupuestal. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, porque los hechos de la demanda es tán relacionados con omisiones y actuaciones en el curso de un proceso de liquidación forzosa administrativa que adelantó la

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, porque los hechos de la demanda es tán relacionados con omisiones y actuaciones en el curso de un proceso de liquidación forzosa administrativa que adelantó la Supersalud, en el que no tuvo injerencia el Ministerio. Agregó que el Ministerio de Salud y Protección Social no ejerce funciones de inspección, vigilancia y control de

2 Folios 4 a 27 c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

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entidades que presten servicios de salud3.

La Supersalud afirmó que ejerció sus funciones de inspección, vigilancia y control dentro del marco de sus competencias, desde el momento en que tuvo conocimiento de las irre gularidades en la EPS Humana Vivir. Manifestó que la parte demandante no precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los supuestos incumplimientos y se limitó a enunciar las atribuciones legales de la Supersalud. Agregó que la decisión que afectó a la sociedad demandante la expidió el agente especial liquidador, que no es subordinado ni representante de la entidad. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva4.

Sentencia de primera instancia

El 10 de julio de 2019, el Tri bunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que negó las pretensiones, al considerar que no obran elementos probatorios que acrediten que la Supersalud tenía conocimiento de las deficiencias

El 10 de julio de 2019, el Tri bunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que negó las pretensiones, al considerar que no obran elementos probatorios que acrediten que la Supersalud tenía conocimiento de las deficiencias e irregularidades en la EPS Humana Vivir desde el año 2006. Estimó que la falta de pago de las acreencias de la Clínica Santa María SAS obedeció a la falta de recursos para cubrir los pasivos y que si la demandante estaba en desacuerdo con las decisiones del liquidador, debió manifestar su inconformida d en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra esas decisiones.

Frente a las pretensiones enfiladas contra el Ministerio de Salud y Protección Social sostuvo que no estaba facultado para ejercer sus funciones de vigilancia y control sob re la Supersalud, porque esta tiene autonomía para proferir actos administrativos, los cuales gozan de presunción de legalidad5.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia, en el que esgrimió que las entidad es demandadas no cumplieron las funciones de inspección, vigilancia y control, porque permitieron y habilitaron el funcionamiento de la EPS Humana Vivir a pesar de que presentaba problemas y deficiencias en la prestación del servicio. Insistió en que con la Resolución No. 0231 del 6 de febrero

3 Folios 43 a 51 c. 1. 4 Folios 63 a 80 c. 1. 5 Folios 120 a 129 c. principal.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

Demandantes: Clínica Santa María SAS Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro.

5 Folios 120 a 129 c. principal.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

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de 2006, la Supersalud condicionó la habilitación de la EPS al cumplimiento de un plan de mejoramiento que no se cumplió y que esa decisión no obra en el proceso, porque la Supersalud no aportó el expediente administr ativo completo con la contestación de la demanda.

Argumentó que la intervención en 2013 fue tardía y defectuosa, debido a que no mejoró el margen de solvencia y para el momento de la liquidación, los recursos no eran suficientes. Agregó que la mayor parte del crédito correspondía a la prestación de servicios de salud de urgencias entre el 23 de agosto de 2011 y el 31 de mayo de 2013, cuando la Supersalud intervino la EPS6.

Trámite de segunda instancia

El 21 de octubre de 2019, el Tribunal concedió el re curso de apelación7 y el 27 de marzo de 2020, el Despacho lo admitió 8. El 19 de febrero de 2021, esta Corporación negó como pruebas en segunda instancia la Resolución No. 0231 del 6 de febrero de 2006, solicitada en el recurso de apelación, porque la deman dante no la pidió en la demanda, no manifestó que dejó de aportarla como consecuencia de una respuesta defectuosa de un derecho de petición a la Supersalud y tampoco se decretó en primera instancia. Asimismo, la parte interesada tampoco actuó para

no la pidió en la demanda, no manifestó que dejó de aportarla como consecuencia de una respuesta defectuosa de un derecho de petición a la Supersalud y tampoco se decretó en primera instancia. Asimismo, la parte interesada tampoco actuó para subsanar la ausencia de esa prueba en las oportunidades procedentes9.

El 21 de mayo de 2021, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia10. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y solicitó que, en cas o de no acceder a las pretensiones, no sea condenada en costas, porque «la reclamación que hace es justa»11.

La Supersalud sostuvo que el tiempo que utilizó para ordenar la liquidación de la EPS Humana Vivir fue razonable y oportuno, y el legislador no es tableció un plazo o límite temporal para ello. Agregó que el daño alegado en la demanda no es antijurídico, porque la sociedad demandante, como acreedora situada en los créditos de quinta clase, debía soportar el hecho de no haber recibido el pago de

6 Folios 136 a 160 c. principal. 7 Folio 162 c. principal. 8 Folio 172 c. principal. 9 Folio 175 c. principal. 10 Folio 177 c. principal. 11 Índice 18 SAMAI, proceso con radicado No. 25000233600020180069301.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

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su ac reencia, al agotarse los activos de la liquidación 12. La Nación -Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que la parte demandante debió interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no la reparación directa, porque el daño alegado proviene de unos actos administrativos con presunción de legalidad13.

El Ministerio Público conceptuó que el Ministerio de Salud y Protección Social no estaba legitimado en la causa por pasiva, porque no es titular de las funciones que la demanda aduce fueron incumplidas. Es decir, no tenía a su cargo la inspección, vigilancia y control de la EPS Humana Vivir, ni lo relacionado con el proceso de liquidación. Estimó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, porque las pruebas allegadas no dan cuenta de la falla del servicio por omisión, alegada en la demanda. La parte demandante no acreditó que la entidad tenía conocimiento de los problemas de gestión de la EPS Humana Vivir desde el año 2006, ni que la demandada hizo un ejercicio tardío de sus facultades de policía administrativa frente a la toma de posesión y posterior liquidación de la empresa promotora de salud.

Respecto de la impugnación de la condena en costas, el Ministerio Público consideró que, acorde con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, se puede acudir a un criterio subjetivo para determinar la procedencia de las costas en procesos en los que aplique el Código de

consideró que, acorde con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, se puede acudir a un criterio subjetivo para determinar la procedencia de las costas en procesos en los que aplique el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por ello, consideró que no es procedente la condena en costas en contra de la parte demandante14.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 18 de julio de 2018 , por lo tanto, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA –. Según al artículo 308 del CPACA 15, este

12 Índice 16 SAMAI, proceso con radicado No. 25000233600020180069301. 13 Índice 17 SAMAI, proceso con radicado No. 25000233600020180069301. 14 Índice 20 SAMAI, proceso con radicado N.º 25000233600020180069301. 15 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

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código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posteriorida d a la entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código 16, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP – en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA 17. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA 18, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA19, esto es, $390.621.00020.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para persegu ir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para persegu ir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

16 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los a spectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo». 17 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]». 18 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales ad ministrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]». 19 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]». 20 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018, $781.242, por 500.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

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proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo 21, en este caso por una omisión imputable a unas entidades públicas.

Demanda en tiempo

4. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal, por las razones que se pasarán a explicar.

Problema jurídico

5. Corresponde a la Sala de terminar si, en el caso bajo examen, operó el fenómeno preclusivo de la caducidad del término para demandar.

II. Análisis de la Sala

6. La Sala se detiene en el análisis del fenómeno preclusivo de la caducidad del término para demandar, toda vez que, al ser un presupuesto procesal, de configurarse, debe ser declarado por el juez, incluso de oficio. Es decir, aunque la materia de la apelación se concreta en la responsabilidad de la Supersalud y el

término para demandar, toda vez que, al ser un presupuesto procesal, de configurarse, debe ser declarado por el juez, incluso de oficio. Es decir, aunque la materia de la apelación se concreta en la responsabilidad de la Supersalud y el Ministerio de Salud y Protección Social por el no pago de la acreencia de la Clínica Santa María S.A.S. en el proceso de liquidación forzosa de la EPS Humana Vivir, se estudiará de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa interpuesta.

En primer lugar, el artículo 187 del CPACA 22 autoriza al fallador a decidir sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada, como es justamente la configuración del hecho jurídico de la caducidad del término para intentar la acción. Esta norma establece que el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no. En

21 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Te rcera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421. 22 «Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se de cidirá sobre las

legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se de cidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus […]».Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

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esa línea se pronunció la Sala Plena de esta Sección en sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, al sostener:

«[…] este entendimiento […] de los límites c ompetenciales del ad quem frente al recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que, si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general , aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada 23»

decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada 23» (resaltado fuera del texto).

7. El fenómeno de caducidad de l medio de control se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces y demandar. Término que, como ha señalado la jurisprudencia, está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.

El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA, es de 2 años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Este término de caducidad es una norma de orden público –y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 13 del CGP) – de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general.

Al respecto, la Corte Constitucional ha resaltado que ese fenómeno jurídico representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien

Al respecto, la Corte Constitucional ha resaltado que ese fenómeno jurídico representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, porque es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018, Rad. 46005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00693-01 (65591))

Demandantes: Clínica Santa María SAS Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro.

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ejerce s us derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos:

«[…] “Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa algun a para revivirlos ". "La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas […] de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por

término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas […] de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección , pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidade s procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado" […] (resaltado fuera del texto)24».

La Corte también ha destacado , además, que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino q ue apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. Señalando igualmente que la caducidad, dado su carácter de orden público, es irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia25.

Ahora, cuando se trata del medio de control de reparación directa, el artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en

término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u opera ción administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos qu