CE - Sentencia 25000233600020180082602 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-36-000-2018-00826-02 (72.451)

Actor: VANESSA ALEXANDRA MENDOZA BUSTOS Demandados: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTROS Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CPACA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO

DE NULIDAD ELECTORAL

Síntesis del caso: la señora Vanessa Alexandra Mendoza Bustos alega que sufrió un daño antijurídico debido a la posesión tardía como representante a la Cámara por la circunscripción especial de afrodescendientes para el periodo 2014-2018, por cuanto se realizó el 29 de agosto de 2017 y no desde el 20 de julio de 2014; ello ocurrió porque, en su juicio, las entidades demandadas incurrieron en fallas del servicio por permitir que se postulara para dicha circunscripción un candidato que no cumplía con los requisitos legales, lo cual llevó a que su elección fuera anulada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas en contra de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que resolvió lo siguiente:

demandadas en contra de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE

RESPONSABLE A LA NACIÓN – MINISTERIOR DEL INTERIOR – CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL, de los perjuicios causados a la demandante de conformidad con la parte motivo de la presente providencia, y en consecuencia,

SEGUNDA: CONDENAR A LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL, a pagar en favor de Vanessa Alexandra Mendoza Bustos, las siguientes sumas de dinero.

1. Por Perjuicios Morales, la suma correspondiente a SETENTA (70) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes a la ejecutoria de la presente providencia.2

Expediente 25000-23-36-000-2018-00826-02 (72.451) Actor: Vanessa Alexandra Mendoza Bustos Reparación directa - apelación de sentencia

1. Por Perjuicios Materiales en la modalidad de lucro cesante, la

suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($1.490.384.901,9) mcte, correspondiente a los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social por pensión dejados de cancelar del 20 de julio de 2014 al 28 de agosto de 2017.

TERCERA: Negar las demás pretensiones de la demanda.

correspondiente a los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social por pensión dejados de cancelar del 20 de julio de 2014 al 28 de agosto de 2017.

TERCERA: Negar las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR en costas de primera instancia a las entidades demandadas en partes iguales, incluyendo como agencias en derecho la suma correspondiente a 3 SMLMV, suma que deberá ser liquidada por la Secretaría de la Sección, en los términos del artículo 366 del CGP.

(…)” (fls. 41 y 42 índice 91 SAMAI – mayúsculas sostenidas originales).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 31 de agosto de 2018 (fl. 57 cdno. 1), la señora Vanessa Alexandra Mendoza Bustos promovió demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (fls. 4 a 57 ibidem) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que se declare a las demandadas NACI ÓNMINISTERIO DEL INTERIOR, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

TOTAL DE PREJUICIOS MATERIALES EN FAVOR DE VANESSA ALEXSANDRA MENDOZA BUSTOS SALARIOS $1.014.722.157,oo PRESTACIONES (Primas de

Servicios, Navidad, Cesantías e Intereses de Cesantías) $217.604.903,oo Aportes Seguridad Social por pensión

$258.057.841,9

PRESTACIONES (Primas de Servicios, Navidad, Cesantías e Intereses de Cesantías) $217.604.903,oo Aportes Seguridad Social por pensión

$258.057.841,9

TOTAL DE SALARIOS Y

PRESTACIONES DEJADOS DE

PERCIBIR POR VANESSA

MENDOZA

$1.490.384.901,93

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ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, responsables extracontractual y patrimonialmente por los daños materiales e inmateriales causados a la demandante Vanessa Alexandra Mendoza Bustos.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, SE CONDENE a las demandadas NACI ÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL al reconocimiento y pago de Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su pago efectivo, como perjuicios morales generados a mi poderdante, en el porcentaje a cada una, de acuerdo con su responsabilidad. La estimación del daño moral a la fecha (2018) se

estima en SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO

MIL DOSCIENTOS PESOS ($78.124.200).

TERCERA: Así mismo, SE CONDENE a las demandadas NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, al

TERCERA: Así mismo, SE CONDENE a las demandadas NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, al reconocimiento y pago de Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su pago efectivo por afectación de la honra y buen nombre como derechos constitucional y convencionalmente protegidos, en el porcentaje a cada una, de acuerdo con su responsabilidad. La estimación de este perjuicio a la fecha (2018) se estima en SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($78.124.200).

CUARTA: QUE SE CONDENE a las demandadas NACI ÓNMINISTERIO DEL INTERIOR, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, al reconocimiento y pago de la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 31 CENTAVOS ($1.220'360.109 ,31), por daños materiales en la modalidad de lucro cesante, que corresponden a los salarios, primas, cesantías e intereses sobre las cesantías desde el 20 de julio de 2014, al 28 de agosto de 2017, dejados de percibir por VANESSA ALEXANDRA MENDOZA BUSTOS como Representante a la Cámara, cargo en el que debió posesionarse en la primera fecha mencionada y no en la última descrita, en el porcentaje a cada una, de acuerdo con su responsabilidad.

QUINTA: QUE SE CONDENE a las demandadas NACI ÓNa la Cámara, cargo en el que debió posesionarse en la primera fecha mencionada y no en la última descrita, en el porcentaje a cada una, de acuerdo con su responsabilidad.

QUINTA: QUE SE CONDENE a las demandadas NACI ÓNMINISTERIO DEL INTERIOR, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, al reconocimiento y pago del valor de los aportes al Sistema General de Pensiones en el lapso comprendido entre el 20 de julio de 2014 y el 28 de agosto de 2017, que asciende a la suma de DOSCIENTOS

CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 78/100 ($252'650.428,78), dineros que hacen parte del ahorro del trabajador para construir su futura pensión, en el porcentaje a cada una, de acuerdo con su responsabilidad.

SEXTA: QUE SE CONDENE a las demandadas NACI ÓNMINISTERIO DEL INTERIOR, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL al reconocimiento y pago de los intereses moratorios por valor de4

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TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA

Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 92 CENTAVOS

($378'162.802,92).

SÉPTIMA: Se actualicen las anteriores sumas de conformidad con lo

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA

Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 92 CENTAVOS

($378'162.802,92).

SÉPTIMA: Se actualicen las anteriores sumas de conformidad con lo previsto en el inciso 40 del artículo 187 de la ley 1437 de 2011, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo.

OCTAVA: Se ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia, en los términos del artículo 192 de la ley 1437 de 2011”

(fls. 6 a 8 ibidem– mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. La señora Vanessa Alexandra Mendoza Bustos se inscribió en la Registraduría Nacional del Estado Civil el 9 de diciembre de 2013 como candidata a la Cámara de Representantes del Congreso de la República por la circunscripción especial de afrodescendientes para el periodo 2014-2018 con el aval otorgado por el consejo comunitario de los corregimientos de San Antonio y El Castillo del municipio de Cerrito (Valle del Cauca).

1. A su turno, los señores María del Socorro Bustamante Ibarra, Moisés Orozco Vicuña y Álvaro Gustavo Rosado Aragón también se inscribieron por la misma circunscripción e igual periodo con el aval que obtuvieron de la Fundación Ébano de Colombia (FUNECO), la cual no representa a las comunidades afrodescendientes.

circunscripción e igual periodo con el aval que obtuvieron de la Fundación Ébano de Colombia (FUNECO), la cual no representa a las comunidades afrodescendientes.

1. La ahora demandante, junto con otras personas, solicitó al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de aquella inscripción realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, petición que fue denegada a través de la Resolución número 0396 del 30 de enero de 2014, decisión que fue confirmada mediante la Resolución número 0955 del 4 de marzo de 2014 expedidas por el aludido consejo.

1. Efectuados los comicios del 9 de marzo de 2014, mediante Resolución número 2528 de esa misma fecha el Consejo Nacional Electoral declaró la5

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elección de María del Socorro Bustamante Ibarra y Moisés Orozco Vicuña para ocupar las dos curules de esa circunscripción especial, pese a la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación de abstenerse de hacerlo y dar cumplimiento a las sentencias C-702 de 2010 y C-490 de 2011 de la Corte Constitucional.

1. Con ocasión de lo anterior, la ahora demandante, junto con otras personas, interpuso acción de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral para que le fuesen amparados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, entre otros; paralelamente, varias personas interpusieron demandas de nulidad electoral en contra de los aludidos actos de elección.

fuesen amparados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, entre otros; paralelamente, varias personas interpusieron demandas de nulidad electoral en contra de los aludidos actos de elección.

1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá expidió la sentencia de primera instancia el 4 de julio de 2014 en la cual declaró improcedente la acción de tutela por existir el medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho para definir la controversia; sin embargo, en segunda instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó la anterior decisión, accedió al amparo transitorio de los derechos fundament ales invocados y suspendió provisionalmente los efectos del acto administrativo de elección, mientras la jurisdicción de lo contencioso-administrativa definía la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. No obstante, en providencia del 24 de febrero de 2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que dicho amparo cesó cuando denegó las pretensiones de cuatro (4) demandas de nulidad contra la Resolución número 2528 de 2014, razón por la cual los señores Moisés Orozco Vicuña y María del Socorro Bustamante Ibarra debían ocupar las curules de la Cámara de Representantes; por lo tanto, el primero de los mencionados se posesionó el 27 de febrero de 2015, en tanto que la segunda no lo hizo y el 20 de marzo siguiente falleció; esa decisión fue revocada por auto del 5 de marzo de 2015.

1. La Corte Constitucional escogió para revisión la referida sentencia de acción

siguiente falleció; esa decisión fue revocada por auto del 5 de marzo de 2015.

1. La Corte Constitucional escogió para revisión la referida sentencia de acción de tutela de segunda instancia y en fallo T-161 de 2015 la confirmó, por considerar que los candidatos inscritos y luego electo s con el aval de la6

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Fundación Ébano de Colombia no cumplieron con los requisitos regulados en el artículo 3 de la Ley Estatutaria 649 de 2001, con lo cual se afectaron los derechos fundamentales de los entonces accionantes.

1. De otra parte, en sentencia del 14 de julio de 2016, dentro del proceso de nulidad electoral 2014-099 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Moisés Orozco Vicuña como representante a la Cámara por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes para el periodo constitucional 2014-2018, por encontrarse configurada la causal de falsa motivación del acto administrativo de elección debido al incumplimiento del requisito regulado en el artículo 3 de la Ley 649 de 2001 consistente en el aval de un consejo comunitario, pues, se lo otorgó una organización que no representaba a dichas comunidades.

1. En cumplimiento de la anterior decisión, que ordenó convocar al candidato de la única lista que se había inscrito con cumplimiento de los requisitos legales, el Consejo Nacional Electoral llamó a ocupar la curul de Representante a la Cámara del Congreso de la República a la ahora demandante Vanessa

de la única lista que se había inscrito con cumplimiento de los requisitos legales, el Consejo Nacional Electoral llamó a ocupar la curul de Representante a la Cámara del Congreso de la República a la ahora demandante Vanessa Mendoza Bustos, cuya posesión ocurrió el 29 de agosto de 2017.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente razonamiento de responsabilidad:

1. La señora Vanessa Mendoza Bustos ha debido declararse electa el 9 de marzo de 2014 para posesionarse el 20 de julio siguiente y no como ocurrió, el 29 de agosto de 2017, debido a las omisiones atribuibles a las entidades demandadas, pues, era la única inscrita como candidata que cumplía los requisitos exigidos, especialmente por el hecho de haber obtenido el aval de un consejo comunitario que representara a las comunidades afrodescendientes.

1. El Ministerio del Interior incurrió en omisiones que fueron destacadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-161 de 2015, a saber: i) mantener inscritas a las organizaciones de base que no representan a las comunidades afrodescendientes, por lo que no podrían avalar candidatos a la Cámara de Representantes por tales comunidades; ii) no ejercer control de7

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constitucionalidad por vía de excepción al Decreto 3770 de 2008 e inaplicarlo sobre la base de establecer que las organizaciones de base representaban tales comunidades, pese a que la Sección Primera del Consejo de Estado había

constitucionalidad por vía de excepción al Decreto 3770 de 2008 e inaplicarlo sobre la base de establecer que las organizaciones de base representaban tales comunidades, pese a que la Sección Primera del Consejo de Estado había anulado tal autorización dispuesta en el Decreto 2448 de 1995, y iii) expedir una certificación el 15 de enero de 2014 con apoyo en el Decreto 3770 de 2008 que fue derogado por el Decreto 2163 de 2012, que expresamente puso la representación de las comunidades afrodescendientes en lo s consejos comunitarios.

1. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil omitió verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por en el artículo 3 de la Ley 649 de 2001 a los candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de afrodescendientes, específicamente el hecho de contar con el aval de un consejo comunitario que representara a dichas comunidades, pues, la candidatura del señor Moisés Orozco Vicuña fue avalado por una comunidad de base.

1. A su turno, el Consejo Nacional Electoral incurrió en las siguientes omisiones: i) no revocar la inscripción de Moisés Orozco Vicuña a pesar de la solicitud de varias personas; ii) declarar su elección con desconocimiento de la sentencia del 5 de agosto de 2010 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso con radicación número 11001032400020070003900 que declaró la nulidad parcial del Decreto 2248 de 1995, especialmente la expresión “las organizaciones de base”, así como también la sentencia de la

de Estado en el proceso con radicación número 11001032400020070003900 que declaró la nulidad parcial del Decreto 2248 de 1995, especialmente la expresión “las organizaciones de base”, así como también la sentencia de la Corte Constitucional T-823 del 17 de octubre de 2012; también por no efectuar una interpretación sistemática y armónica de la Ley 649 de 2001 y de la sentencia C-169 de 2001 con el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2013, y no aplicar el Decreto 2163 del 19 de octubre de 2013 sobre la representación de las comunidades afrodescendientes en cabeza de los consejos comunitarios.8

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2. Posición de las entidades demandadas

2.1 El Consejo Nacional Electoral

1. El Consejo Nacional Electoral (fls. 82 a 92 cdno. 1) se opuso a las súplicas de la demanda con fundamento en que, si bien se anuló la elección del señor Moisés Orozco Vicuña, en virtud de lo cual la ahora demandante fue llamada a posesionarse en su reemplazo, lo cierto es que, ello obedeció a un enredado debate jurídico en relación con la participación política en la circunscripción afrodescendiente; a la actora no le asistía el derecho a ocupar la curul de manera automática amén de los resultados de las elecciones en la que la lista de la que formaba parte no logró superar el umbral electoral previsto por la norma, situación que luego se debió dilucidar por vía de interpretación

manera automática amén de los resultados de las elecciones en la que la lista de la que formaba parte no logró superar el umbral electoral previsto por la norma, situación que luego se debió dilucidar por vía de interpretación sistemática del ordenamiento jurídico y previa ponderación jurídica de derechos, en la que se zanjó la dicotomía entre la aplicación del umbral versus el derecho a la representación de las minorías; la declaración de nulidad no reconoció la existencia de un derecho en cabeza de la actora.

1. Aunado a lo anterior, la entidad expidió los actos administrativos con fundamento en una certificación emitida por la dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, según la cual la Fundación Ébano de Colombia

(FUNECO) se encontraba inscrita, lo cual desconocía la normatividad vigente, según la cual la representación de las comunidades afrodescendientes es de los consejos comunitarios y no de las organizaciones de base; de manera que, dicha entidad indujo en error al Consejo Nacional Electoral, quien actuó con buena fe y confianza legítima respecto de dicha entidad.

2.2 La Nación – Ministerio del Interior

1. La Nación a través de esta cartera ministerial (fls. 101 a 106 cdno. 1) propuso la excepción de “falta de legitimación material en la causa por pasiva” porque el daño alegado en la demanda es la no elección de la actora por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, el cual se originó con la declaración de nulidad del acto administrativo por medio del cual se9

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circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, el cual se originó con la declaración de nulidad del acto administrativo por medio del cual se9

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declaró la elección del señor Moisés Orozco Vicuña, actuación administrativa en la que únicamente intervienen las autoridades electorales como lo son la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral ; el Ministerio del Interior no tiene ninguna función relacionada con el procedimiento electoral.

Aunque en la demanda se justifica su vinculación por el hecho de que expidió una certificación que permitió la inscripción como candidato al ciudada no declarado electo, lo cierto es que la inscripción para la contienda electoral de cualquier ciudadano debe ser revisado en el cumplimiento de sus requisitos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y puede ser impugnada ante el Consejo Nacional Electoral; ese mismo análisis efectuó para la excepción que denominó “falta de los elementos para declarar la responsabilidad del Ministerio del Interior”.

1. Asimismo, esgrimió la excepción de “caducidad frente al acto de intervención del Ministerio del interior” con fundamento en que del daño causado con su actuación reprochada, esto es, la expedición de la certificación y su actualización, tuvo conocimiento cierto cuando le fue notificado a la actora el acto administrativo del 4 de marzo de 2014 a través del cual el Consejo Nacional Electoral confirmó la decisión de denegar la solicitud de revocatoria del acto de elección de Moisés Orozco Vicuña.

acto administrativo del 4 de marzo de 2014 a través del cual el Consejo Nacional Electoral confirmó la decisión de denegar la solicitud de revocatoria del acto de elección de Moisés Orozco Vicuña.

1. Por último, adujo también la excepción de “indebida escogencia del medio de control” toda vez que la actuación reprochada pudo ser impugnada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos que actualizaron el registro de unas actuaciones de base o de los que negaron la revocatoria de la inscripción del aludido candidato.

2.3 La Registraduría Nacional del Estado Civil

1. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 110 a 124 cdno. 1) controvirtió las súplicas de la demanda e interpuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” con fundamento en que las funciones de la entidad en el proceso de inscripción de candidaturas son totalmente ajenas10

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a las decisiones administrativas que se tomen al respecto dado que ese asunto le corresponde al Consejo Nacional Electoral ; la Registraduría no tiene injerencia alguna en el análisis de fondo de los presupuestos para negar o revocar una inscripción de candidatos a cargos de elección popular, pues, la entidad efectúa un análisis meramente formal para el cumplimiento de los requisitos según el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011 sin hacer ningún juicio subjetivo; su labor es meramente logística y técnica; de manera que, no verifica

entidad efectúa un análisis meramente formal para el cumplimiento de los requisitos según el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011 sin hacer ningún juicio subjetivo; su labor es meramente logística y técnica; de manera que, no verifica inhabilidades, incompatibilidades ni cuestiona la legalidad de actos administrativos como los expedidos por el Ministerio del Interior en este caso.

1. De igual manera, formuló la excepción que denominó “inexistencia de nexo de causalidad del daño alegado por la demandante”, porque no solo no se acreditaron los supuestos daños económicos, sino que, tampoco se probó la relación entre estos y la actuación de la entidad ; la actora manifiesta, sin sustento probatorio, que a partir de la eventual denegación de la inscripción de la lista inscrita por parte de FUNECO, que en su errado criterio debía hacer la Registraduría, la actora resultaría elegida en una de las dos curules asignadas a las minorías afrodescendientes; asegura que en el imaginario de la ausencia de los candidatos inscritos por FUNECO, los votantes se hubiesen inclinado indiscutiblemente en favor de ella, lo cual no se acreditó; en todo caso, su actuación y sus funciones no se relacionan con la causación del daño alegado.

3. Audiencia inicial

El magistrado ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso y denegó la excepciones previas de falta de legitimación por pasiva propuesta por el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional del Estado Civil y de caducidad elevada por el primero de los mencionados; contra la primera decisión la Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado en el sentido de

caducidad elevada por el primero de los mencionados; contra la primera decisión la Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado en el sentido de confirmarla, en providencia dictada el 25 de noviembre de 2019.11

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Una vez reanudada la audiencia inicial se procedió a fijar el litigio1 y a decretar las pruebas documentales solicitadas por las partes (fls. 205 a 211, 216 a 221 y 278 a 282 cdno. ppal.).

4. Alegatos de conclusión de primera instancia

1. La Nación – Ministerio del Interior (índice 79 SAMAI) reiteró las excepciones propuestas en la contestación de la demanda y enfatizó en que la certificación por este expedida no constituye un acto definitivo susceptible de generar responsabilidad patrimonial, pues, el registro de las organizaciones no equivale a su habilitación como grupos representativos de comunidades afrodescendientes ni sustituye las competencias de las autoridades electorales encargadas de evaluar las candidaturas.

1. A su turno, la parte actora (índice 80 SAMAI) solicitó que se acceda a sus pretensiones, porque con los elementos de prueba obrantes en el expediente se encuentran plenamente acreditados el daño, el nexo de causalidad y la imputación, particularmente con la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección, así como también con los actos de designación tardía de la demandante; la indemnización resulta procedente

imputación, particularmente con la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección, así como también con los actos de designación tardía de la demandante; la indemnización resulta procedente porque también se acreditaron los perjuicios materiales y morales reclamados con la demanda.

1. De su lado, el Consejo Nacional Electoral (índice 81 SAMAI) insistió en los argumentos expuestos en la contestación a la demanda y agregó que no se probó un daño antijurídico, por cuanto la actora no tenía un derecho cierto ni consolidado antes de su elección; durante el período anterior a su posesión no existía más que una expectativa, por lo cual no procede la indemnización por la supuesta oportunidad frustrada de acceder a la curul; tampoco se acreditó el nexo causal con la actuación del CNE ni que hubiera sido defectuosa; de igual 1 Lo hizo en los siguientes términos: “¿Son responsables el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio del Interior por no advertir de forma oportuna que la Fundación Ébano de Colombia, que le otorgó el aval al candidato Moisés Orozco Vicuña, no cumplía con los requisitos del artículo 3° de la Ley Estatutaria 649 del 2001 y por tanto, no representaba a las comunidades negras, que generó la supuesta demora presentada en la posesión de Vanessa Alexandra Mendoza Bustos como representante a la Cámara en el periodo 2014-2018?” (índice 45 SAMAI).12

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manera, no probó el daño moral alegado y no se puede condenar por emolumentos que tienen naturaleza laboral en un proceso de reparación directa por responsabilidad extracontractual del Estado; finalmente, invocó el hecho exclusivo y determinante de un tercero como eximente de responsabilidad porque fue el Ministerio del Interior quien expidió la certificación en contravía del Decreto 2163 de 2012, derogado desde antes de su actuación, hecho que fue imprevisible, irresistible y ajena al CNE, lo que excluye toda responsabilidad de esta entidad.

1. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil (índice 82 SAMAI) reiteró los argumentos que presentó en la contestación de la demanda.

1. El Ministerio Público guardó silencio.

5. La sentencia apelada

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B (índice 91 SAMAI) en sentencia del 30 de agosto de 2024 declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades demandadas y, en consecuencia, las condenó a pagar la correspondiente indemnización de perjuicios.

1. En primer lugar, encontró acreditado el daño, esto es, la tardía posesión de Vanessa Alexandra Mendoza Bustos el 29 de agosto de 2017 como representante a la Cámara de