CE - Sentencia 25000233600020180084401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: GRUPO AGROINDUSTRIAL HACIENDA LA GLORIA S.A.

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA-LEY 1437 DE 2011

Temas: Procedencia del medio de control de reparación directa cuando hay actos administrativos. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error judicial y la forma de control y su caducidad. El daño derivado de los procedimientos agrarios de clarificación y recuperación de baldíos.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia del 7 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. estima que existieron fallas del servicio de las autoridades agrarias y registrales, así como un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y un error judicial por parte de la Corte Constituci onal, en el marco de las actuaciones administrativas y judiciales tendientes a definir el estatus jurídico de los predios que hacen parte de la Hacienda

funcionamiento de la administración de justicia y un error judicial por parte de la Corte Constituci onal, en el marco de las actuaciones administrativas y judiciales tendientes a definir el estatus jurídico de los predios que hacen parte de la Hacienda Bellacruz. En consecuencia, solicita las indemnizaciones correspondientes. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en demanda de reconvención, sostiene que fue la firma arriba referida la que impidió injustificadamente la recuperación de tales predios y, por consiguiente, pide la indemnización de los perjuicios causados.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

2

II. ANTECEDENTES

En este acápite se incorporará (i) el resumen de la demanda, (ii) el trámite relevante de primera instancia, (iii) la correspondiente sentencia, (iv) el recurso de apelación y (v) las actuaciones surtidas ante esta Corporación.

A. La demanda

1. El 5 de septiembre de 2018 (fl. 86, c. ppal, 1ª instancia) , el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. presentó demanda de reparación directa contra la NaciónRama Judicial, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras, con base en las siguientes pretensiones (fl. 153, c. ppal, 1ª instancia):

1. Que se declare responsable extracontractualmente a la AGENCIA

NACIONAL DE TIERRAS, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y

de Tierras, con base en las siguientes pretensiones (fl. 153, c. ppal, 1ª instancia):

1. Que se declare responsable extracontractualmente a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y la CORTE CONSTITUCIONAL por el daño antijurídico consistente en la pérdida de aproximadamente 1200 hectáreas que hoy en día se encuentran cultivadas con palma de aceite, y de las que se espera obtener unos rendimientos proyectados al año 2034, tal como se encuentra discriminado en el rubro de “Lucro cesante” de esta demanda.

2. En consecuencia, se pague la suma de CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($402.536.712.991 m/cte) como monto correspondiente a los perjuicios materiales causados, por concepto tanto de daño emergente como de lucro cesante.

3. Dichas cifras deberán hacerse efectivas con la debida indexación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

4. Que se condene en costas a las entidades demandadas.

2. Como fundamentos fácticos de la demanda y su reforma 1 (fls. 2 a 19 , c. ppal, 1ª instancia), se plantearon las siguientes grupos de hechos: (i) los relacionados con la propiedad del inmueble denominado Hacienda La Gloria; (ii) los atinentes al proceso de clarificación de títulos adelantado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –Incora–; (iii) los que dan cuenta de las transformaciones que ha sufrido el inmueble;

de clarificación de títulos adelantado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –Incora–; (iii) los que dan cuenta de las transformaciones que ha sufrido el inmueble; (iv) los relativos al proceso de recuperación de los predios supuestamente baldíos e indebidamente ocupados; (v) los que tienen que ver con el proceso de acción de tutela n.° T-3.098.508 que culminaría con la expedición de la sentencia SU -235 de 2016, y (vi) los que se refieren a la ejecución de dicha providencia judicial.

1 El 6 de junio de 2019, la parte actora reformó la demanda, la cual fue admitida por auto del 11 de julio de 2019 (fls. 303 y 304, c. ppal, 1ª instancia).Radicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

3

3. La propiedad del inmueble Hacienda La Gloria

3.1. La sociedad actora, antes Dolce Vita Estate, INC., adquirió –sin que se especifique fecha– la totalidad de las acciones de la sociedad MR de Inversiones S.A.S., propietaria del predio denominado Hacienda Bellacruz, con folio de matrícula inmobiliaria n.° 196 -1038 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, Cesar. Para el momento de dicha negociación el predio se identificaba con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 196 -39010 y tenía un área de 5.833 hectáreas.

3.2. Mediante documento privado (no se indica fecha), unos accionistas particulares

con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 196 -39010 y tenía un área de 5.833 hectáreas.

3.2. Mediante documento privado (no se indica fecha), unos accionistas particulares (tampoco se identifican) adquirieron el 100% de las acciones de la sociedad Dolce Vista Estate, INC., con el fin de desarrollar en el referido predio una proyecto agroindustrial de gran escala, cultivo de palma.

3.3. El 28 de septiembre de 2010, las sociedades M.R. de Inversiones S.A.S. y el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. firmaron un contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Davivienda, a través del cual se creó el fideicomiso Dolce Vista, titular del derecho de dominio del pluricitado predio.

4. Hechos sobre el proceso de clarificación de títulos adelantado por el Incora

4.1. El 6 de agosto de 1990, mediante resolución n.° 03948, el Incora ordenó adelantar el proceso de clarificación sobre los terrenos de la Hacienda Bellacruz, con el fin de determinar si una parte o la totalidad de los predios eran de propiedad privada o si tenían la calidad de baldíos.

4.2. La anterior resolución fue inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria n.°s 196-1038 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica (anotación n.° 16) y 192-2897 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua, ambas del departamento del Cesar (anotación n.° 8).

4.3. El 20 de abril de 1994, por medio de la resolución n.° 1551, el Incora concluyó

Chimichagua, ambas del departamento del Cesar (anotación n.° 8).

4.3. El 20 de abril de 1994, por medio de la resolución n.° 1551, el Incora concluyó que los títulos de algunos predios de la Hacienda Bellacruz (Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel) resultaban insuficientes para demostrar el dominio frente al Estado; sin embargo, no declaró que dichosRadicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

4 bienes fueran baldíos ni tampoco ordenó su inscripción en los respectivos folios de matrícula.

5. Hechos sobre las transformaciones del inmueble

En el tiempo transcurrido entre la adquisición del predio y la terminación del proceso de clarificación, la Hacienda Bellacruz fue objeto de ventas parciales. El predio que en 1970 constaba de 9.000 hectáreas, pasó a tener 5.833 en el 2007, que fueron las que adquirió el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

6. La recuperación de predios baldíos

6.1. El 5 de septiembre de 2011, a través de la resolución n.° 2294, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en adelante Incoder, ordenó iniciar las diligencias tendientes a la recuperación de los terrenos indebidamente ocupados de la Hacienda Bellacruz (Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel).

tendientes a la recuperación de los terrenos indebidamente ocupados de la Hacienda Bellacruz (Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel).

6.2. Dicha resolución no fue notificada a todos los propietarios, como quiera que se adelantó sobre la totalidad de las 9.000 hectáreas del predio.

6.3. El Incoder al percatarse de que la resolución n.° 1551 de 1994 no había sido registrada en el respectivo folio de matrícula, solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro proceder de conformidad.

6.4. Esas solicitudes fueron rechazadas por la referida Superintendencia, toda vez que la resolución n.° 1551 no lo ordenó así.

6.5. La sociedad MR de Inversiones S.A.S. interpuso recurso de reposición en contra de la resolución n.° 2294 de 2011, porque no cumplía con los presupuestos legales para iniciar dicho procedimiento, por la falta de objeto, de identificación predial, la omisión de precisar la condición de la recurrente, la indebida integración del litisconsorcio y la falsa motivación.

6.6. Al resolver el referido recurso (no se indica el número de la resolución), el Incoder señaló que se podían pedir pruebas para acreditar lo que echaba de menos la recurrente. En consecuencia, la sociedad MR de Inversiones S.A.S. solicitó losRadicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

5

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

5 medios probatorios pertinentes. Esa solicitud fue respaldada por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

6.7. Después de practicadas las pruebas, entre estas, una visita al predio y un dictamen pericial para su identificación, mediante la resolución n.° 0481 del 1 de abril de 2013, el Incoder concluyó que los bienes objeto del proceso de recuperación eran baldíos y ordenó su inscripción en los respectivos folios de matrícula.

6.8. Mediante la resolución n.° 3322 del 9 de septiembre de 2013, el Incoder confirmó la resolución arriba referida al desatar los recursos presentados por las sociedades MR y el Grupo Agroindustrial, pero modificó los polígonos de las coordenadas del predio.

6.9. El 19 de marzo de 2014, el Incoder solicitó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, Cesar, la inscripción de la resolución n.° 0481 de 2013, la cual fue denegada, porque así no lo ordenó la resolución n.° 1551 de 1994. Decisión que fue confirmada mediante resolución n.° 10446 del 18 de septiembre de 2014 del Director de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, al desatar el recurso de apelación interpuesto por el Incoder, para lo cual, además, adujo que dentro del proceso de recuperación, los bienes nunca fueron individualizados, según el dictamen pericial practicado.

de apelación interpuesto por el Incoder, para lo cual, además, adujo que dentro del proceso de recuperación, los bienes nunca fueron individualizados, según el dictamen pericial practicado.

6.10. El 19 de febrero de 2015, por medio de la resolución n.° 0334, el Incoder declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones n.°s 3948 del 6 de agosto de 1990 y 1551 del 20 de abril de 1994, debido al cambio de la situación jurídica de los bienes, la falta de identificación de los mismos y la omisión de inscripción del proceso de clarificación. En consecuencia, dispuso reiniciar las diligencias para tal fin frente a los predios de la Hacienda Bellacruz.

6.11. A través de la resolución n.° 5659 del 14 de octubre de 2015, el Incoder también declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones n.°s 2294 del 5 de septiembre, 3246 del 2 de diciembre de 2011, 0481 del 1 de abril y 3322 del 9 de septiembre de 2013.

7. La acción de tutela n.° T-3.098.508 que finalizó con la sentencia SU-235 de 2016Radicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

6 7.1. El 8 de abril de 2011, el señor Fredy Antonio Rodríguez Corrales, como representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte, Asocol, presentó una

Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

6 7.1. El 8 de abril de 2011, el señor Fredy Antonio Rodríguez Corrales, como representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte, Asocol, presentó una acción de tutela para amparar los derechos a la vida, la igualdad, honra, paz, trabajo, seguridad so cial y vivienda digna de la referida agrupación, como consecuencia de la omisión de recuperar los baldíos del predio Bellacruz.

7.2. El 28 de abril de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó por improcedente la referida acción, puesto que existían otros medios judiciales de defensa.

7.3. El 30 de junio de 2011, la Corte Constitucional seleccionó para revisión el fallo atrás referido.

7.4. El 24 de noviembre de 2014, mediante auto A-363, la Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, declaró la nulidad de todo lo actuado, pues no se vinculó a la Fiduciaria Davivienda S.A.

7.5. El 5 de febrero de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga profirió nuevamente falló denegatorio de la tutela, con los mismos argumentos de su decisión inicial.

7.6. El 26 de marzo de 2015, en el marco del recurso de la impugnación en contra de la decisión precedente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declaró la nulidad de todo lo actuado, en atención a que la vinculación de la autoridad pública demandada fue aparente y no material.

de la decisión precedente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declaró la nulidad de todo lo actuado, en atención a que la vinculación de la autoridad pública demandada fue aparente y no material.

7.7. Sometido a un nuevo reparto el asunto, el 22 de abril de 2015, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga denegó la tutela por improcedente al considerar que se contaban con otros instrumentos jurídicos de defensa.

7.8. El 29 de julio de 2015, el anterior fallo fue asumido para su revisión por parte de la Corte Constitucional.

7.9. El 12 de mayo de 2016, el Pleno de la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-235, mediante la cual amparó los derechos fundamentales al debido proceso, vida, trabajo y vivienda digna de los actores. En consecuencia, dejó sin efectos las resoluciones n.°s 334 del 19 de febrero de 2015 y 5659 del 14 de octubre de 2015,Radicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

7 por medio de las cuales el Incoder declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones que adelantaron la clarificación y recuperación de los baldíos; ordenó adelantar la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados e identificados en la resolución n.° 481 de 2013 y dispuso la cancelación de los registros de propiedad de las sociedades M.R. de Inversiones y Cía. Ltda., hoy M.R. de Inversiones S.A.S.,

la resolución n.° 481 de 2013 y dispuso la cancelación de los registros de propiedad de las sociedades M.R. de Inversiones y Cía. Ltda., hoy M.R. de Inversiones S.A.S., de los bienes de que trataban las resoluciones n.° 1551 de 1994 y 481 de 2013. 7.10. La anterior decisión fue notificada a la parte actora y demás interesados.

8. De la ejecución de la sentencia SU-235 de 2016

8.1. El 30 de septiembre de 2016, la ANT profirió la resolución n.° 138 que adoptó las medidas necesarias para cumplir con la sentencia SU -235 de 2016. Esta resolución no fue notificada a los interesados.

8.2. El 19 de diciembre de 2016, mediante la resolución n.° 810, la ANT asumió la administración de los predios declarados como baldíos mediante la resolución n.° 1551 de 1994 del Incora. Igualmente, solicitó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, Cesar, la segregación a nombre de la ANT de cinco (5) folios de matrícula del folio n.° 196-1038, correspondiente a cinco globos de terrenos baldíos denominados Potosí, Venecia-San Simón, Caño Negro, Los Bajos y San Miguel.

8.3. La anterior resolución fue confirmada mediante la n.° 1826 de 2017, por medio de la cual la ANT consideró improcedente el recurso interpuesto por el Grupo aquí actor (no se indica el tipo de recurso).

8.4. Con base en la resolución n.° 810 de 2016, la Oficina de Registro de Instrumento Públicos de Aguachica, Cesar, abrió los folios de matrícula inmobiliaria

actor (no se indica el tipo de recurso).

8.4. Con base en la resolución n.° 810 de 2016, la Oficina de Registro de Instrumento Públicos de Aguachica, Cesar, abrió los folios de matrícula inmobiliaria de los predios baldíos de la Hacienda Bellacruz y procedió a identificarlos y alinderarlos.

8.5. Por su parte, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga, en cumplimiento de la sentencia SU-235 de 2016, ordenó a las autoridades de registro aclarar los folios de matrícula en los términos de la resolución n.° 810 de 2016, para que sólo fueran afectadas 1.200 hectáreas de baldíos y requirió a la ANT para que en el ámbito de sus competencias, expidiera la regulación correspondiente a la administración del cultivo de palma de dichos predios.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

8 8.6. En cumplimiento de lo anterior, la ANT expidió el Acuerdo 58 del 16 de abril de 2018, en el cual se estableció el reglamento para la administración de los baldíos de la Hacienda Bellacruz y, en consecuencia, celebrar un contrato de aprovechamiento respectivo.

9. El 4 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

10. En el marco fáctico descrito, estimó que hubo fallas en las actuaciones de las

9. El 4 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

10. En el marco fáctico descrito, estimó que hubo fallas en las actuaciones de las autoridades agrarias y registrales; defectos en el reparto del asunto para su revisión en la Corte Constitucional y error judicial en su sentencia SU -235 de 2016. Esos cuestionamientos se precisarán al resolver de fondo el asunto. También adujo que había daño especial porque las autoridades administrativas, so pretexto de cumplir con las órdenes de tutela, han desconocido el principio de confianza legítima, toda vez que dejaron sin efectos las decisiones que finalizaban el proceso de clarificación y de recuperación y, además, otras autoridades del nivel municipal le han autorizado a la actora las actividades necesarias para la explotación del cultivo de palma de aceite. Bajo el mismo título, sostuvo que la autoridades agrarias se han extralimitado en el cumplimiento de las mismas al expedir el Acuerdo n.° 056 de 2018 para el aprovechamiento económico del predio.

B. El trámite en primera instancia

11. En auto del 25 de septiembre de 2018, el Tribunal a quo admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 89 y rev., c. ppal, 1ª instancia).

12. El 6 de junio de 2019, la parte actora reformó la demanda, en un escrito unificado, el cual fue admitido por auto del 11 de julio de 2019 (fls. 303 y 304, c.

12. El 6 de junio de 2019, la parte actora reformó la demanda, en un escrito unificado, el cual fue admitido por auto del 11 de julio de 2019 (fls. 303 y 304, c. ppal, 1ª instancia). En las pretensiones, los hechos y los fundamentos de derechos contenidos en esta providencia se incorporaron estas reformas.

13. El 17 de junio de 2019, la parte actora, con similares argumentos a los de la demanda, solicitó como medida cautelar de urgencia que la ANT se abstuviera de tomar posesión de los predios declarados como baldíos, con el fin de no agravar los perjuicios causados (fls. 1 a 20, c. medidas cautelares) . Una vez se corrió traslado (fl. 36, c. medidas cautelares) , mediante auto del 30 de julio de 2019, el a quo negó dichaRadicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

9 solicitud ante la falta de pruebas del peligro inminente alegado (fls. 59 a 64, c. medidas cautelares).

14. La Superintendencia de Notariado y Registro contestó la demanda y su reforma (fls. 109 a 127, 327 a 346, c. ppal, 1ª instancia) . Se opuso a las pretensiones y frente a los hechos sostuvo que debían probarse.

14.1. Propuso como excepciones previas las de caducidad, pues la fuente del daño

frente a los hechos sostuvo que debían probarse.

14.1. Propuso como excepciones previas las de caducidad, pues la fuente del daño lo fue la sentencia SU -235 de 2016, la cual se notificó a la actora el 8 de julio de 2016, mientras que la demanda se presentó el 5 de septiembre de 2018 , y la de falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la cancelación de los registros inmobiliarios a nombre de la sociedad M.R. de Inversiones S.A.S. fue consecuencia de la orden judicial contenida en la sentencia SU-235 de 2016.

14.2. Estimó que lo decidido en la sentencia SU-235 no constituía un daño especial sino que correspondía al tipo de cargas que debían ser asumidas por todos los asociados. En todo caso, precisó que l a responsabilidad que se p ersigue está dirigida a cuestionar la referida providencia de la Corte Constitucional y es en ese estricto marco que debe juzgarse, con todos sus elementos.

15. La Nación -Rama Judicial (fls. 253 a 274, c. ppal, 1ª instancia) afirmó que en la sentencia SU-235 de 2016 no se había incurrido en el error jurisdiccional alegado.

15.1. Añadió que en dicha providencia se precisó que la resolución n.° 1551 de 1994 era válida y ejecutable, hasta el punto de que el Consejo de Estado rechazó una demanda en su contra. Afirmó que la Corte, después de un análisis integral del régimen jurídico de los baldíos –cuestión de vital importancia si se tiene en cuenta que las actuaciones administrativas agrarias databan del año 1990 y se extendían

demanda en su contra. Afirmó que la Corte, después de un análisis integral del régimen jurídico de los baldíos –cuestión de vital importancia si se tiene en cuenta que las actuaciones administrativas agrarias databan del año 1990 y se extendían en el tiempo–, precisó que el régimen aplicable a la clarificación era el de la Ley 135 de 1961. Este marco legal imponía al Estado un rol activo en la dirección y administración de la política agraria, reflejado en la importancia de las resoluciones del Incora dictadas en dicho marco, hasta el punto de ser títulos de adjudicación, sin perjuicio de la posición ambivalente de la jurisprudencia sobre el particular.

15.2. En cuanto a la falta de publicación de dicho acto administrativo, es decir, la inscripción en el registro de instrumentos públicos, la Corte consideró que no afectó su validez , sino que constitu ía una exigencia de publicidad y toda vez que laRadicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

10 naturaleza de baldíos estaba determinada por la insuficiencia de títulos que demostraran la titularidad privada, que fue lo que echó de menos la pluricitada resolución, era menester demostrar lo contrario por parte de los ocupantes o autoridades y no fundarse en posibles defectos sin la entidad suficiente para enervar la propiedad de los predios en cabeza del Estado, único extremo que habilitaba su desconocimiento y que se concreta en la expedición de la resolución que así lo declare y, por consiguiente, oponible a terceros.

la propiedad de los predios en cabeza del Estado, único extremo que habilitaba su desconocimiento y que se concreta en la expedición de la resolución que así lo declare y, por consiguiente, oponible a terceros.

15.3. Para la Corte , el precedente del Consejo de Estado del 30 de julio de 1985, que ordenó inaplicar el artículo 12 del Decreto 1265 de 1970, el cual imponía la comunicación a la oficina de instrumentos públicos para la cancelación de los títulos de propiedad privada de un inmueble clarificado como baldío, resultaba insuficiente para amparar la omisión de su cumplimiento por parte de los funcionarios del Incora, toda vez que se dictó en el marco de un caso particular y diferente, hasta el punto de que fue anterior a la Consti tución Política de 1991; en todo caso, ninguna decisión judicial posterior anuló dicho artículo o lo dejó sin efectos.

15.4. La sentencia cuestionada también precisó que el artículo 5º del Decreto 1265 de 1977, reproducido en el artículo 49 de la Ley 160 de 1994, dispone que la sola inscripción del acto por el cual se inicia el proceso administrativo de clarificación hace que las decisiones del mismo sean oponibles a terceros, lo cual ocurrió en el presente asunto. Asimismo, los bienes fueron ubicados y alinderados.

15.5. Explicó que, para la Corte, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica, Cesar y el Incoder frustraron, injustificadamente, las expectativas de las personas desplazadas del predio Bellacruz en 1996, accionantes de la tutela, porque la primera omitió registrar la resolución n.° 481 de 2012 y dar otras órdenes

personas desplazadas del predio Bellacruz en 1996, accionantes de la tutela, porque la primera omitió registrar la resolución n.° 481 de 2012 y dar otras órdenes en dicho marco y, la segunda, dejó sin efectos los procesos de clarificación y recuperación, con base en defectos insuficientes para dejar sin piso la condición de baldío de los bienes.

15.6. Además, a juicio de la Corte Constitucional, las actuaciones de las demandadas (las autoridades agrarias ) fueron irrazonables y desproporcionadas, en la medida que variaban todas las reglas para la demostración de la propiedad de los bienes declarados baldío s. Lo anterior como quiera que al dejarse sin efectos los actos de clarificación y recuperación y ordenarse reiniciar dichas actuaciones, ya no se aplicaría lo dispuesto en la Ley 200 de 1936, que permitía demostrar unaRadicación: 25000-23-36-000-2018-00844-01 (69444)

Actor: Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros Referencia: Sentencia de segunda instancia confirmatoria

11 cadena ininterrumpida de títulos inscritos desde 1937, para aplicar la Ley 160 de 1994, que reprodujo el mismo supuesto, pero a partir de 1974.

15.7. Sostuvo que se omitió interponer el recurso de nulidad de la sentencia SU-235 y, además, en los términos del artículo 1893 y siguientes del Código Civil, solicitar la acción de saneamiento por evicción.

15.8. Precisó que la tutela fue seleccionada para revisión y repartida, pero, después de verificarse la falta de vinculación de un interesado, se declaró la nulidad de lo

la acción de saneamiento por evicción.

15.8. Precisó que la tutela fue seleccionada para revisión y repartida, pero, después de verificarse la falta de vinculación de un interesado, se declaró la nulidad de lo actuado y se dispuso que una vez se surtiera el trámite respectivo volviera a la magistrada sustanciadora del reparto inicial de la revisión. Esto, a diferencia de lo expuesto por la parte actora, no configuró ninguna violación al debido proceso o a las garantías de ninguna de las partes, sino un trámite legal y normal dentro de cualquier proceso judicial. En todo caso, este mismo argumento se resolvió en el auto 457 de 2016, en el que la Corte desestimó la falta de competencia de la Sala de Revisión para seleccionar el asunto.

15.9. Finalmente, hizo un recuento sobre la problemática de acumulación de tierras y desplazamiento forzado en el departamento del Cesar.

15.10. Propuso como excepciones de fondo la ausencia de daño y de causa, porque la sentencia respetó el ordenamiento jurídico, lo que descartaba fallas o errores judiciales en su expedición; la culpa exclusiva de la víctima, si se tiene en cuenta que la pa rte actora no solicitó la nulidad de la sentencia SU -235 de 2016 ni el saneamiento por evicción, y el hecho de un tercero al ser necesario determinar el impacto de las actuaciones de las otras autoridades demandadas.

16. La ANT (fls. 278 a 292, 347 a 363, c. ppal, 1ª instancia) estimó que la prosperidad de las pretensiones de la demanda estaba condicionada a la demostración de la propiedad de los predios baldíos; sin embargo, esto es improcedente, en tanto la

las pretensiones de la demanda estaba condicionada a la demostración de la propiedad de los predios baldíos; sin embargo, esto es improcedente, en tanto la resolución n.° 1551 de 1994 declaró que los predios Los Bajos, Caño Ne gro, San Simón-Venecia, Potosí y San Miguel, parte del globo de terreno de