CE - Sentencia 25000233600020180090102 de 2025

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C. once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00901-02 (71.495)

Actor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Demandado: La Nación – Congreso de la República y otro Medio de control: Reparación directa

Temas: PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL - Se encuentra determinada por la fuente del daño en que se fundamenta la causa petendi y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Es el medio de control idóneo cuando el origen del daño invocado es un acto administrativo y solo al cuestionar y desvirtuar su legalidad se abra paso el restablecimiento o reparación del derecho que se considera lesion ado / PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO EN EXCESO O DE LO NO DEBIDO EN MATERIA TRIBUTARIA - Regulado en los artículos 850 a 865 del Estatuto Tributario – RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO POR LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO - La Sección Cuarta del Consejo de Estado unificó su criterio, precisando que la norma que se debe aplicar en tales eventos es el artículo 863 ibidem, en el que el legislador dentro de la libertad de

Consejo de Estado unificó su criterio, precisando que la norma que se debe aplicar en tales eventos es el artículo 863 ibidem, en el que el legislador dentro de la libertad de configuración legislativa que le es propia determinó la forma en qué se causan i ntereses / REPARACIÓN INTEGRAL - No es una consecuencia automática de la nulidad, pues el juez debe analizar si el acto administrativo generó un daño antijurídico y si existe una relación de causalidad entre el acto y el daño y, en caso afirmativo, deberá ordenar la reparación de todos los perjuicios solicitados que se encuentren acreditados - No resulta aceptable respaldar la procedencia de un medio de control distinto al previsto por el legislador bajo el amparo del principio de reparación integral para cambiar a voluntad, el objeto y la naturaleza de los medios de control, cuyos presupuestos para su procedencia están establecidos en la ley.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se analiza la responsabilidad de las entidades demandadas por los perjuicios causados con ocasión de l pago del impuesto al patrimonio del año gravable 2011 efectuado por la actora, con fundamento en un concepto emitido por la DIAN, que a la postre fue declarado nulo.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la proferida el 9 de mayo de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada el 25 de septiembre de 20181, por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –en adelante EPM– contra la

pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada el 25 de septiembre de 20181, por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –en adelante EPM– contra la Nación – Congreso de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas

1 Folio 3, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00901-02 (71.495)

Actor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Demandado: La Nación – Congreso de la República y otro Medio de control: Reparación directa

2

Nacionales –en adelante DIAN–, con el fin de que se le s declare patrimonialmente responsables2 por la privación del capital que debió destinar para el pago de un impuesto del que no era sujeto pasivo, pero que se vio obligada a pagar debido a la expedición de la Ley 1370 de 2009 3 y la interpretación que de ésta hizo la DIAN mediante Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010, el cual fue anulado por el Consejo de Estado.

2. A título de indemnización, solicitó la suma de $73.668 ’922.000, por concepto del valor no restituido por la DIAN , más los intereses moratorios “pendientes de pago”, causados desde que se cancelaron cada una de las cuotas del impuesto al patrimonio hasta el momento en que se acredite el pago total del capital.

3. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que decidió el Tribunal fueron

los siguientes:

Hechos

4. El 11 de junio de 20084, la actora suscribió el contrato de estabilidad jurídica EJ

3. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que decidió el Tribunal fueron

los siguientes:

Hechos

4. El 11 de junio de 20084, la actora suscribió el contrato de estabilidad jurídica EJ - 04 con la Nación – Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto consistió en “(…) la realización por parte del INVERSIONISTA, del proyecto – Para la actividad de generación de energía con base en las inversiones del Proyecto Hidroeléctrico PORCE III… para cuyo propósito la NACIÓN garantiza la estabilidad jurídica sobre las normas identificadas como determinantes para la inversión, señaladas en la cláusula cuarta del contrato” 5. Entre ellas, los artículos 292 a 296 del Estatuto Tributario, modificados por la Ley 1111 de 2006, relativos al impuesto al patrimonio.

5. En el año 2009, el Congreso de la República expidió la Ley 1370, por medio de la cual se prorrogó, con el apelativo de “nuevo”, el impuesto al patrimonio y se estableció una nueva causación de ese tributo para el año 2011, pagadero entre los años 2011 y 2014, regulación que se incorporó en los artículos 292 -1, 293-1, 2941, 295-1 y 296 -1 del E .T. Adicionalmente, mediante Decreto Legislativo 4825 de 2010, se estableció una sobretasa equivalente al 25% del impuesto al patrimonio, la cual debía ser pagada en ocho (8) cuotas, dentro de los plazos previstos para el pago del respectivo impuesto.

6. La Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN emitió el Concepto 098797 de 2010,

la cual debía ser pagada en ocho (8) cuotas, dentro de los plazos previstos para el pago del respectivo impuesto.

6. La Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN emitió el Concepto 098797 de 2010, por medio del cual interpretó las disposiciones contenidas en la Ley 1370 de 2009,

2 Como pretensión principal declarativa, solicitó que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de la DIAN y de la Nación – Congreso de la República por los “daños antijurídicos” ocasionados a EPM, en virtud “de la privación del capital que debió destinar para el pago del impuesto al patrimonio del año gravable 2011”, vinculado a la actividad de generación de energía, que legalmente no l e correspondía asumir, porque estaba amparada por un contrato de estabilidad jurídica, pero que se vi o obligada a pagar, debido a la expedición de la Ley 1370 de 2009 y el concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010 de la DIAN, este último declarado nulo por el Consejo de Estado. Además, formuló pretensión “subsidiaria a la pretensión declarativa principal 1.1.” y “Segunda pretensión subsidiaria a la pretensión declarativa principal”, en las que alegó una falla en el servicio y un daño especial o cualquier otro título de imputación que se encuentre probado, respectivamente (folio 217, c. 1). 3 Que reguló el impuesto al patrimonio. 4 Así se indicó en la demanda; sin embargo, al revisar las pruebas aportadas, se observa que esa fecha corresponde al acta de inicio del contrato, ya que en realidad fue suscrito el 31 de marzo de 2018.

4 Así se indicó en la demanda; sin embargo, al revisar las pruebas aportadas, se observa que esa fecha corresponde al acta de inicio del contrato, ya que en realidad fue suscrito el 31 de marzo de 2018. 5 Folio 7 del cuaderno 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00901-02 (71.495)

Actor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Demandado: La Nación – Congreso de la República y otro Medio de control: Reparación directa

3

y frente al problema jurídico No. 2 planteado6, indicó que el impuesto sobre el patrimonio “creado” por dicha ley –que se causaba desde el 1° de enero de 2011–, era aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de estabilidad jurídica consagrado en la Ley 963 de 2005, dado que este tipo de contratos no garantizaba a los contribuyentes que se les exonerara de los nuevos impuestos creados durante su vigencia.

7. El 16 de mayo de 2012, EPM presentó la declaración del impuesto al patrimonio y la sobretasa, correspondiente al año gravable 2011, por un valor de $276.532’145.000, oportunamente cancelado en ocho (8) cuotas, de acuerdo con los respectivos vencimientos. De la anterior suma, $200.873’708.000 correspondía a la actividad de generación de energía.

8. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2016, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la tesis e interpretación jurídica establecidas para el problema jurídico

No. 2 del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010 de la DIAN.

nulidad de la tesis e interpretación jurídica establecidas para el problema jurídico No. 2 del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010 de la DIAN.

9. EPM radicó ante la DIAN veintiún solicitudes de devolución de lo pagado en exceso por concepto de impuesto al patrimonio del año gravable 2011, asociado a la generación de energía –objeto del contrato de estabilidad jurídica –, respecto de las cuales la entidad se declaró inhibida (Resoluciones 9 a 29 del 1° de abril de 2016). Contra esos actos administrativos, EPM interpuso recursos de reconsideración y la DIAN al resolverlos ordenó a la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín avocar el conocimiento de cada una de estas solicitudes.

10. Agotados los recursos dentro de ese trámite, a través de Resoluciones 10362, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370 del 22 de diciembre de 2017 y 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 y 275 del 12 de enero de 2018, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN ordenó reconocer a favor de EPM la suma de $127.204’786.000 (sumatoria de los valores reconocidos en cada una de las resoluciones como pago en exceso del impuesto al patrimonio del año gravable 2011), al tiempo que negó el reconocimiento de $73.668’922.000 (sumatoria de los valores no reconocidos en cada una de las resoluciones por no constituir pago en exceso del impuesto al patrimonio).

patrimonio del año gravable 2011), al tiempo que negó el reconocimiento de $73.668’922.000 (sumatoria de los valores no reconocidos en cada una de las resoluciones por no constituir pago en exceso del impuesto al patrimonio).

11. La DIAN ordenó pagar a EPM los valores reconocidos en dichos actos administrativos a través de TIDIS –Títulos de devolución de impuestos – y dispuso que, una vez finalizara los trámites de apropiación presupuestal , pagaría los intereses causados. La actora señaló que mediante oficio UAE DIAN 1-11243798 la entidad informó que “sólo reconocería intereses moratorios” entre la fecha de notificación de las reso luciones que accedieron a la devolución parcial y las de cumplimiento, desconociendo los causados entre la fecha de pago del impuesto y la expedición de los actos que negaron por improcedente la devolución. Agregó que, por estos mismos hechos , presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

6 Definido, así: ¿El nuevo impuesto sobre el patrimonio, creado por la Ley 1370 de 2009 y que se causa el 1º de enero de 2011, es aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de estabilidad jurídica consagrado en la Ley 963 de 2005?Radicación: 25000-23-36-000-2018-00901-02 (71.495)

Actor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Demandado: La Nación – Congreso de la República y otro Medio de control: Reparación directa

4

derecho, proceso que para ese momento se adelantaba ante el Tribunal Administrativo de Antioquia bajo número de radicado 2018-00935-00.

Medio de control: Reparación directa

4

derecho, proceso que para ese momento se adelantaba ante el Tribunal Administrativo de Antioquia bajo número de radicado 2018-00935-00.

Fundamentos de derecho

12. La parte demandante sostuvo que el hecho generador del daño radicaba en la expedición de la Ley 1370 de 2009 y el Concepto 098797 de 2010 de la DIAN, declarado nulo, lo que se tradujo en una lesión para el patrimonio de EPM, en tanto que ello implicó la privación del capital que tuvo que destinar al pago del impuestosin estar obligada a ello -, así como a los rendimientos económicos que no pudo obtener respecto de las sumas de dinero destinadas a dicho pago. Señaló que el procedimiento previsto en el E.T. para la devolución del pago en exceso o de lo no debido, no permit ía una reparación integral de los perjuicios, dado que en ese trámite no se establece ningún tipo de interés entre la fecha del pago del impuesto y la fecha en que la DIAN n egó las solicitudes de devolución, lo que “ratifica que esta demanda tiene un origen, causa y fundamento distinto” a la de nulidad y restablecimiento del derecho y que para obtener una reparación integral , el medio de control procedente era el de reparación directa7.

La defensa

13. La Nación – Congreso de la República se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que la génesis del daño alegado no devino del hecho del legislador, pues la Ley 1370 de 2009 no fue declarada inexequible. Dijo que EPM presentó ante la DIAN la solicitud de devoluc ión o compensación de lo pagado en

legislador, pues la Ley 1370 de 2009 no fue declarada inexequible. Dijo que EPM presentó ante la DIAN la solicitud de devoluc ión o compensación de lo pagado en exceso por el impuesto al patrimonio del año gravable 2011, procedimiento idóneo para obtener el resarcimiento del daño sufrido , por lo que , si tenía reproches en relación con los montos o intereses allí reconocidos , el medio de control que debió ejercer era el de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que resultara viable acudir al de reparación directa so pretexto de ser reparado integralmente. Con base en lo anterior, formul ó las excepciones que denominó: (i) “Imposibilidad legal de ejercer la acción de reparación directa para pretender la indemnización del presunto daño ocasionado por el cumplimiento del deber constitucional de hacer leyes” ; (ii) “ineptitud sustantiva de la demanda por inadecuada escogencia de la acción ” y “caducidad”; (iii) “Falta legitimación por pasiva” y “hecho exclusivo y determinante de un tercero”; (iv) “Inexistencia del daño antijurídico - perjuicios indemnizables” e, (v) “Inexistencia del nexo de causalidad”8.

14. La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y, en su defensa , adujo que la indemnización de perjuicios por la afectación patrimonial que alega con los correspondientes intereses por el período de tiempo transcurrido entre los pagos efectuados y su efectiva devolución por parte de la entidad debió solicitarse en la demanda con radicado 2018-00935-00 que cursa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en tanto que el medio de control de nulidad y restablecimiento del

efectuados y su efectiva devolución por parte de la entidad debió solicitarse en la demanda con radicado 2018-00935-00 que cursa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en tanto que el medio de control de nulidad y restablecimiento del

7 Demanda (folios 3 a 35, c. 1). Esta fue reformada para “aclarar” las pretensiones y adicionar hechos, fundamentos jurídicos y pruebas (folios 216 a 277, c. 1). La reforma fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 28 de agosto de 2019 (folios 328 y 329, c. 1). 8 Folios 71 a 84 y 340 a 365, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00901-02 (71.495)

Actor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Demandado: La Nación – Congreso de la República y otro Medio de control: Reparación directa

5

derecho no sólo permite la declaratoria de nulidad de los actos que causaron el supuesto daño sino también la reparación integral o restablecimiento del mismo.

15. Agregó que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico, en tanto que el Concepto 098797 de 2010 , declarado nulo por la jurisdicción contencioso administrativa, no definió situaciones particulares y concretas, sino generales, impersonales y abstractas y, en todo caso, la actora contaba con un mecanismo especial previsto en la normativa tributaria para solicitar la devolución del mayor valor pagado , en el que no era procedente el reconocimiento de intereses moratorios ni los legales, equivalentes al 6% anual, durante el período solicitado9.

especial previsto en la normativa tributaria para solicitar la devolución del mayor valor pagado , en el que no era procedente el reconocimiento de intereses moratorios ni los legales, equivalentes al 6% anual, durante el período solicitado9.

Los alegatos de conclusión

16. Resueltas las excepciones previas y mixtas10 y concluido el debate probatorio11, al alegar de conclusión, la parte actora insistió en que se encontraban probados los elementos necesarios para declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, toda vez que incurrieron en una falla del servicio al expedir la Ley 1370 de 2009 -órgano legislativoy el Concepto 098797 de 2010 -la DIAN-, pues amparada e n su legalidad declaró y pag ó unos conceptos por impuesto al patrimonio del año gravable de 2011 a los que no estaba obligada 12. La DIAN aseguró que la nulidad del concepto no generó a EPM un daño antijurídico porque terminado el trámite administrativo tributario se le devolvieron las sumas pagadas en exceso por concepto de impuesto al patrimonio con los correspondientes intereses13. El Congreso de la República reiteró que el daño invocado no se derivó de la actividad legislativa, sino por acciones imputables a la DIAN , entidad que emitió el Concepto 098797 de 2010 –declarado nulo –, y que tramitó el proceso adelantado por la demandante de devolución de lo pagado en exceso14.

9 Folios 90 a 122, c. 1. 10 De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, el a quo mediante auto del 3 de

adelantado por la demandante de devolución de lo pagado en exceso14.

9 Folios 90 a 122, c. 1. 10 De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, el a quo mediante auto del 3 de diciembre de 2020 , resolvió las excepciones formuladas por las demandadas y declaró no probada la de falta de legitimación material en la causa por pasiva de la Nación – Congreso de la República, la de ineptitud sustantiva de la demanda por la indebida escogencia del medio de control, la de caducida d y la de no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios (folios 379 a 386, c. Ppal). Contra la decisión de declarar no probada la falta de legitimación por pasiva del Congreso de la República se interpuso recurso de apelación, el cual fue re suelto a través de providencia del 4 de febrero de 2022, proferida por este despacho, en la que se confirmó tal decisión, al considerar que en la demanda se identificó una clara imputación fáctica contra esa entidad, por lo que ese punto del litigio debía ser analizado al dictar sentencia, toda vez que correspondía a un aspecto sustancial que debía ser valorado y decidido a partir del acervo probatorio recaudado en la etapa correspondiente, por lo que se consideró acertado dejar vinculado al proceso al Cong reso de la República (folios 501 a 505, c. Ppal.). 11A través de auto del 18 de abril de 2023 (que adecuó el trámite a sentencia anticipada), el Tribunal decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1. Concepto No. 98797 del 28 de diciembre de 2010, expedido por la

11A través de auto del 18 de abril de 2023 (que adecuó el trámite a sentencia anticipada), el Tribunal decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1. Concepto No. 98797 del 28 de diciembre de 2010, expedido por la DIAN. 2. Contrato de estabilidad jurídica EJ - 04 del 11 de junio de 2008. 3. Sentencia del 30 de agosto de 2016, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, bajo radicado No. 110010327000201100003-00. y edicto por medio del cual se notificó. 4. Procedimiento administrativo tributario de devolución de pago de lo no debido.

5. Certificado del contador de EPM. 6. Documento explicativo de la liquidación de los perjuicios reclamados en las pretensiones principales de condena y el primero, segundo, tercero y cuarto grupo de pretensiones subsidiarias de condena y documentos de Excel con la liquidación de perjuicios reclamados. 7. Estados financieros de EPM de los años 2010 y 2011, junto con el dictamen del auditor externo. 8. Gacetas del Congreso.

9. Documentos CONPES 3406 y 3366 de 2005. 10. Comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda del 1ª de diciembre de 2009 y otras notas periodísticas. 11. Copia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por EPM contra la DIAN ante el Tribunal A dministrativo de Antioquia bajo el radicado No. 050012333 0002 1018 0093500 y del auto admisorio (SAMAI: Tribunal, índice 50). 12 SAMAI: Tribunal, índice 61. 13 SAMAI: Tribunal, índice 60.

050012333 0002 1018 0093500 y del auto admisorio (SAMAI: Tribunal, índice 50). 12 SAMAI: Tribunal, índice 61. 13 SAMAI: Tribunal, índice 60. 14 SAMAI: Tribunal, índice 63.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00901-02 (71.495)

Actor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Demandado: La Nación – Congreso de la República y otro Medio de control: Reparación directa

6

La decisión del Tribunal

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la declaratoria de nulidad de

la tesis y la interpretación jurídica establecidas para el problema jurídico No. 2 del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010, no implicaban, per se, que el pago del impuesto al patrimonio del año gravable 201 1 efectuado por EPM pudiera calificarse como un daño antijurídico, toda vez que dicha declaratoria no conllevaba efectos retroactivos15 y, por tanto, su vigencia y obligatoriedad permaneció incólume entre su expedición y la declaratoria de nulidad, lo que se traducía en una carga que la demandante estaba obligada a soportar.

18. Agregó que, en cualquier caso, el pago en exceso del impuesto al patrimonio del referido año fue reintegrado por la DIAN a la sociedad actora; de modo que no se acreditó un daño susceptible de indemnización , ya que “desapareció” con la devolución efectuada por esta entidad. De otro lado, condenó en costas y fijó

del referido año fue reintegrado por la DIAN a la sociedad actora; de modo que no se acreditó un daño susceptible de indemnización , ya que “desapareció” con la devolución efectuada por esta entidad. De otro lado, condenó en costas y fijó agencias en derecho por el valor equivalente a un (1) SMLMV a favor de cada una de las demandadas y, a cargo de la demandante.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

19. La parte actora manifestó su disenso con la decisión adoptada por el a quo.

Señaló que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general tiene efectos retroactivos o “ex tunc”, por lo que elimina sus efectos jurídicos desde el momento de su expedición y, por tanto, afecta cualquier situación que se geste antes de la de claratoria de nulidad y que no se encuentre consolidada ; en ese sentido, aseguró que el Concepto 098797 de 2010 , que la indujo en error , fue expulsado del ordenamiento con efectos retroactivos , desapareció el fundamento jurídico de la carga impuesta y, por tanto, el daño que padeció era pasible de calificarse como antijurídico . Indicó que para el momento en que se declaró nul o dicho concepto no existía una situación jurídica consolidada, pues la discusión sobre las sumas que “ las entidades demandadas” la obligaron a pagar, así como la determinación de los intereses que se debían reconocer , estaba siendo debatida ante la DIAN; tanto es así, que por ello fue procedente la devolución, pero con ella no se reparó integralmente el daño ocasionado, puesto que se imputaron indebidamente los pagos efectuados, no se reconoció la indexación del capital, ni

ante la DIAN; tanto es así, que por ello fue procedente la devolución, pero con ella no se reparó integralmente el daño ocasionado, puesto que se imputaron indebidamente los pagos efectuados, no se reconoció la indexación del capital, ni

15 Como soporte de su decisión, cit ó la sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 13 de marzo de 2018, expediente: 28.769 (IJ), en la que se analizó la responsabilidad de la Nación-Congreso de la República por los supuestos daños causados por cuenta d el cobro de la tasa especial por servicios aduaneros –TESA– consagrada en los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Sobre la antijuridicidad del daño y los efectos de la declaratoria de inexequibilidad, señaló: “(…) el criterio determinante para establecer la antijuridicidad del daño por ellas causado [se refiere a las decisiones que declaran la inexequibilidad] es la cuestión de su validez y vigencia, lo que conlleva necesariamente a tener en cuenta los efectos que la Corte Constitucional haya decidido otorgarle a su decisión de inexequibilidad. Así, si los efectos de esta última son retroactivos, esto es, si se entiende que la ley desapareció del ordenamiento desde su expedición, las consecuencias patrimoniales que haya podido causar serían antijurídicas, por haber perdido su fundamento legal; al contrario, si los efectos son hacia futuro, es decir, si la ley sólo fue retirada a partir de la sentencia que declaró su inconstitucionalidad, se asume que conservó su validez entre el momento de su expedición y aquel, de manera que los efectos producidos durante ese período

si la ley sólo fue retirada a partir de la sentencia que declaró su inconstitucionalidad, se asume que conservó su validez entre el momento de su expedición y aquel, de manera que los efectos producidos durante ese período conservan plena eficacia y, en consecuencia, no pueden ser considerados como antijurídicos…” y la sentencia SU-037 del 31 de enero de 2019 de la Corte Constitucional.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00901-02 (71.495)

Actor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Demandado: La Nación – Congreso de la República y otro Medio de control: Reparación directa

7

tampoco los intereses o rendimientos que hubiera podido generar ese dinero entre el momento en que se pagó el impuesto y el que negó -inicialmentela devolución.

20. Añadió que el referido concepto condicionó de manera determinante el actuar de EPM, pues, una vez fijada la interpretación de la Ley 1370 de 2009, no podía sustraerse al pago del impuesto sobre la actividad estabilizada, dado que se hubiese visto expuest a a sanciones tributarias, el cobro de intereses y a procesos de responsabilidad fiscal, lo que denota que no pagó voluntariamente el impuesto ni por un error de derecho imputable a ella, sino por hechos atribuibles exclusivamente a la DIAN.

21. En cuanto a la condena en costas, dijo que no se acreditó su causación, así como tampoco una conducta temeraria o de mala fe por parte de la demandante, de modo que no se cumplían los supuestos para condenarla en costas y/o agencias en derecho en la primera instancia16.

como tampoco una conducta temeraria o de mala fe por parte de la demandante, de modo que no se cumplían los supuestos para condenarla en costas y/o agencias en derecho en la primera instancia16.

22. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 201117. El Ministerio Público guardó silencio18.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

23. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.

Objeto de la apelación

24. Previo a analizar si en el caso concreto se encuentra acreditado el daño cuya indemnización se solicita, y si éste resulta imputable al extremo pasivo de la litis, corresponde a la Sala determinar el cauce procesal procedente para solicitar la reparación del daño que reclama la demandante, de acuerdo con el contenido y finalidad de las pretensiones formuladas, y el origen del daño . Definido lo anterior, se procederá a determinar si había lugar a condenar en costas a EPM en la primera instancia.

Lo pretendido por la parte demandante y la causa que lo sustenta

16 SAMAI: Tribunal, índice 68. 17 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso fue interpuesto el 30 de mayo de 2024, esto es, en vigencia de la Ley 2080 de 2021, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones

17 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso fue interpuesto el 30 de mayo de 2024, esto es, en vigencia de la Ley 2080 de 2021, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramita rá de acuerdo con el siguiente procedimiento: “(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla fuera del texto). 18 CPACA. “Art. 247… 6 . El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”. SAMAI: índice 9.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00901-02 (71.495)

Actor: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Demandado: La Nación – Congreso de la República y otro Medio de control: Reparación directa

8

2