CE - Sentencia 25000233600020180091701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

ciembre de dos mil XXXXXXX (20XX)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: JAIRO EVANGELISTA SÁNCHEZ VEGA

Demandado: BOGOTÁ D.C - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tema: Irregularidades en trámite de cancelación de tarjeta de operación y licencia de tránsito de vehículo de servicio público.

Caducidad del medio de control de reparación directa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 30 de junio de 20 21 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante actos administrativos CTO No. 17040 y CL No. 30965 del 23 de septiembre de 2004, la entonces Secretar ía de Tránsito y Transporte de Bogotá (hoy Secretar ía Distrital de Movilidad) aprobó la cancelación de la tarjeta de operación y la licencia de tránsito del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, del cual afirma ser poseedor Jairo Evangelista Sánchez Vega. Sin embargo, el 9 de septiembre de 2015, la Fiscalía General de la Nación ordenó

operación y la licencia de tránsito del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, del cual afirma ser poseedor Jairo Evangelista Sánchez Vega. Sin embargo, el 9 de septiembre de 2015, la Fiscalía General de la Nación ordenó “restablecer las cosas al estado anterior ”, al constatar q ue se presentó una falsificación de los documentos, firmas y huellas utilizadas en la solicitud de l mentado trámite de cancelación. Finalmente, mediante acto administrativo No. 46826 del 30 de agosto de 2016, la Secretar ía de Tránsito y Transporte de Bogotá anuló los certificados de cancelación de licencia de tránsito y tarjeta de operación del vehículo de placa SFQ133, y en su lugar, lo reactivó al servicio público.

El demandante considera que la Secretaría Distrital de Movilidad es patrimonialmente responsable por la merma patrimonial que sufrió, consistente enRadicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

2 la imposibilidad de operar el vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ 133, pues aduce que ello se debió a la “aprobación ilegal y fraudulenta de la cancelación de la matrícula del vehículo de servicio público”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 28 de septiembre de 201 81, Jairo Evangelista Sánchez Vega , mediante apoderado judicial y en ejercicio d e la acción de reparación directa, present ó demanda en contra de Bogotá D.C. - Secretaría Distrital de Movilidad , por los perjuicios causados con ocasión de la cancelación de la tarjeta de operación y la

apoderado judicial y en ejercicio d e la acción de reparación directa, present ó demanda en contra de Bogotá D.C. - Secretaría Distrital de Movilidad , por los perjuicios causados con ocasión de la cancelación de la tarjeta de operación y la licencia de tránsito del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133.

Como pretensiones de su demanda, Jairo Evangelista Sánchez Vega solicita condenar a la demandada a pagarle, por perjuicios morales, la suma de 50 SMLMV; y por lucro cesante, la suma de $427.675.184.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante contrato de permuta No. 0215452 d el 4 de septiembre de 2002, Jairo Evangelista Sánchez Vega adquirió la posesión del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133.

Señala que el 13 de septiembre de 2004, Luis Alejandro García, quien fuera propietario del vehículo de placa SFQ133, solicitó ante el Servicio Especializado de Tránsito y Transporte, la cancelación de la tarjeta de operación del vehículo referido, por destrucción total.

Sostiene que, mediante actos administrativos CTO No. 17040 y CL No. 30965 del 23 de septiembre de 2004, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá aprobó la cancelación de la tarjeta de operación y la licencia de tránsito del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, por destrucción total.

1 Fl. 2 a 6, C. 1.Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

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1 Fl. 2 a 6, C. 1.Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

3 Aduce que en fecha indeterminada, Jairo Evangelista Sánchez Vega denunció ante la Fiscalía General de la Nación, irregularidades en el trámite de cancelación del registro de operación y de licencia de tránsito de su vehículo de placa SFQ133, pues el mismo nunca fue objeto de destrucción y/o chatarrización.

Señala que , mediante proveído del 9 de septiembre de 2015, la Fiscalía 106 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá ordenó restablecer las cosas al estado anterior , al constatar que se presentó una falsificación de los documentos, firmas y huellas utilizadas en la solicitud de cancelación de la tarjeta de operación y la licencia de tránsito del vehículo de placa SFQ133.

Asevera que, mediante acto administrativo No. 46826 del 30 de agosto de 2016, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá anuló los certificados de cancelación de licencia de tránsito y tarjeta de operación del vehículo de placa SFQ133, y en su lugar, lo reactivó al servicio público.

La demandante sostiene que padeció un daño antijuridico, consistente en la imposibilidad de operar el vehículo de servicio público tipo taxi del cual era poseedor.

Textualmente manifiesta que “la entidad demandada es responsable administrativa, patrimonial y extracontractualmente del daño antijurídico ocasionado con motivo de la falla en el servicio causado a mi representado por la aprobación de manera ilegal

poseedor.

Textualmente manifiesta que “la entidad demandada es responsable administrativa, patrimonial y extracontractualmente del daño antijurídico ocasionado con motivo de la falla en el servicio causado a mi representado por la aprobación de manera ilegal y fraudulenta, de la cancelación de la matrícula del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, hecho acaecido el día 23 de septiembre de 2004 (…) que generó un perjuicio económico al demandante, toda vez que no pudo volver a realizar la explotación económica de su vehículo tipo taxi”.

2. Contestación

El 26 de noviembre de 20182, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2 Fl. 32 y 33, C. 1.Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

4 2.1. La Secretaría Distrital de Movilidad guardó silencio.

3. Audiencia inicial

El 3 de diciembre de 2019 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señal ó que se trata ba de determinar “si la cancelación de la matrícula del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133 le causo un daño antijurídico al demandante Jairo Evangelista Sánchez Vega. En caso afirmativo, si la Secretaría Distrital de Movilidad incurrió en

determinar “si la cancelación de la matrícula del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133 le causo un daño antijurídico al demandante Jairo Evangelista Sánchez Vega. En caso afirmativo, si la Secretaría Distrital de Movilidad incurrió en una falla del servicio por haber permitido que se aprobara la referida cancelación de manera ilegal y fraudulenta”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 13 de abril de 20214 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora 5 insistió en la responsabilidad administrativa de la entidad demandada.

4.2. La Secretaría Distrital de Movilidad6 argumentó que Jairo Evangelista Sánchez Vega no estaba legitimado en la causa por activa, pues para la época de los hechos no fungía como propietario del vehículo de placa SFQ133. Sobre el particular, señaló que el demandante registró la propie dad del vehículo solo hasta el 17 de mayo de 2017.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

3 Fl. 79 a 82, C. 1. 4 Índice 28, Samai, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 5 Índice 31, Samai, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 6 Índice 32, Samai, Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

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5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de junio de 20 217 el Tribunal Administrativo de

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

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5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de junio de 20 217 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda advirtiendo que Jairo Evangelista Sánchez Vega no soportó un daño antijur ídico, pues no probó ser poseedor del vehículo de placa SFQ133 entre el 23 de septiembre de 2004 y el 30 de agosto de 2016, fechas durante las cuales se tramitó la cancelación de tarjeta de operación y licencia de tránsito de dicho vehículo.

De otro lado , señaló que el demandante tampoco demostró la falla del servicio endilgada a la Secretar ía Distrital de Movilidad, toda vez que dicha entidad no estaba en la obligación de verificar la autenticidad de los documentos que se presentan para adelantar el trámite referido, así como tampoco le correspondía verificar la chatarrización del vehículo.

6. Recurso de apelación

El 19 de julio de 20218, la parte actora interpuso el recurso de apelación que fue concedido el 4 de octubre de 20219 y admitido el 28 de enero de 202210.

6.1. La parte actora argumentó que el Tribunal a quo confundió los conceptos de poseedor y propietario, y esto lo llevó a hacer una valoración incorrecta del material probatorio, y, en consecuencia, de la responsabilidad de la entidad demandada. Señaló que la Secretaría Distrital de Movilidad era responsable por el daño antijurídico causado a Jairo Evangelista Sánchez Vega, quien se vio imposibilitado para operar el

Señaló que la Secretaría Distrital de Movilidad era responsable por el daño antijurídico causado a Jairo Evangelista Sánchez Vega, quien se vio imposibilitado para operar el vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, pues esta entidad se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia de sucesos fraudulentos como los que acontecieron en el trámite de la cancelación de tarjeta de operación y licencia de tránsito de su vehículo.

7 Índice 33, Samai, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 8 Índice 36, Samai, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 9 Índice 38, Samai, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 10 Índice 3, Samai, Consejo de Estado.Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

No se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 2021 11, no se decretaron pruebas en segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el Ministe rio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia del 30 de junio de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia del 30 de junio de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación12, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial procedente

11 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 20 80 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sente ncia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”.

para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sente ncia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”. 12 El valor de la pretensión se estima en la suma de $427.675.184. 13 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.”Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

7 para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional14.

Según el libelo introductorio, e l accionante pretende el resarcimiento de perjuicios causados por la vigencia de las decisiones adoptadas el 23 de septiembre de 2004 por la Secretaría de Tránsito y Transporte (hechos probados 6.1.3. y 6.1.4.) , las cuales fueron anuladas por la misma entidad el 30 de agosto de 2016 (hecho probado 6.1.18.).

En ese sentido, es necesario poner de presente que esta Corporación ha reconocido la reparación directa como el medio de control idóneo para demandar la indemnización de perjuicios por daños ocasionados por la expedición y e jecución de un acto administrativo que ha sido objeto de anulación o revocatoria directa15.

la reparación directa como el medio de control idóneo para demandar la indemnización de perjuicios por daños ocasionados por la expedición y e jecución de un acto administrativo que ha sido objeto de anulación o revocatoria directa15.

Esta premisa es plenamente aplicable al presente caso, máxime teniendo en cuenta que en el sub lite las decisiones dictadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte el 23 de septiembre de 2004, constituyen verdaderos actos administrativos, en tanto se trataron de unas decisiones de la Administración que produjeron efectos jurídicos al disponer la cancelación de la tarjeta de operación y la licencia de tráns ito del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, del cual afirma ser poseedor Jairo Evangelista Sánchez Vega. Lo anterior se acompasa con el concepto que esta Corporación ha adoptado frente a los actos administrativos, definiéndolos como “ la expresión de voluntad de las entidades públicas o de un particular en ejercicio de funciones públicas, con la capacidad de producir efectos jurídicos”16.

Entonces, como la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado en este caso se deriva de unos actos administrativos que fueron anulados por la Administración, se advierte que el medio de control procedente es el de reparación directa.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769; Sentencia del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de

del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1998, Radicado 13685; Sentencia del 7 de julio de 2005, Radicado: 27842; Sentencia del 13 de abril de 2013. Radicado 26437. 16 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 2 de junio 2011, Rad.: 66001-23-31-000-2005 0519-01Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control.

5. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal17.

Así pues, con el propósito de otorgar se guridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 18, estableció unos plazos para poder ejercer

tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 18, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser

17 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguien te: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, com o se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo

18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

9 razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de a ccionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 19, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,

controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 19, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones ju rídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de cará cter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 20 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien den tro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el

promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien den tro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la e stabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 20 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

10 reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

10 reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 22, señala que el medio de control de reparación directa deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso concreto

En el sub lite el demandante pretende que se declare patrimonialmente responsable a la Secretaría Distrital de Movilidad por la merma patrimonial por él sufrida, consistente en la imposibilidad de operar el vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, la cual, a su juicio, se ocasionó debido a la “aprobación ilegal y fraudulenta de la cancelación de la matrícula del vehículo de servicio público”.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.

21 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plaz os constituyen

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plaz os constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”. 22 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

11 6.1. Hechos Probados

Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1.1. Se demostró que el 4 de septiembre de 2002, María Teresa Vargas Acosta y Jairo Evangelista Sánchez Vega celebraron contrato de permuta, por el cual la primera

6.1.1. Se demostró que el 4 de septiembre de 2002, María Teresa Vargas Acosta y Jairo Evangelista Sánchez Vega celebraron contrato de permuta, por el cual la primera se obligó con el segundo a entregarle en permuta el vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, y correlativamente el segundo entregó a la primera el vehículo particular de placa AHH302, según da cuenta copia simple de dicho contrato23.

6.1.2. Se verificó que el 13 de septiembre de 2004, Luis Alejandro García, quien fuera propietario del vehículo de placa SFQ133, solicitó ante el Servicio Especializado de Tránsito y Transporte, la cancelación de la tarjeta de operación del vehículo referido, por destrucción tot al, según da cuenta copia simple de dicho memorial 24 y del formulario correspondiente25. En efecto, en el memorial se solicitó lo siguiente:

“[…] Por medio de la presente me permito informarles, que el vehículo Chevrolet modelo 91, de placas SFQ133, se le hace cancelación de TARJETA DE OPERACION, ya que el chasis 5PB30917 se desintegro y fue chatarrizado: que no ha sido objeto de reposición con anterioridad y este vehículo no se encuentra afectando ningún proceso judicial, administrativo o policivo […]”

6.1.3. Consta que mediante acto administrativo CTO No. 17040 del 23 de septiembre de 2004, la Secretaría de Tránsito y Transporte aprobó la cancelación de la tarjeta de operación del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, previo el cumplimiento de los requisitos legales, según da cuenta copia simple de dicha certificación26.

6.1.4. Se demostró que mediante acto administrativo CL. No. 30965 del 23 de

previo el cumplimiento de los requisitos legales, según da cuenta copia simple de dicha certificación26.

6.1.4. Se demostró que mediante acto administrativo CL. No. 30965 del 23 de septiembre de 2004, la Secretaría de Tránsito y Transpor te aprobó la cancelación de la licencia de tránsito del vehículo de servicio público tipo taxi de placa SFQ133, por destrucción total, según da cuenta copia simple de dicha comunicación27.

23 Fl. 2 y 3, C. 2. 24 Fl. 8, C. 2. 25 Fl. 9, C. 2. 26 Fl. 5, C. 2. 27 Fl. 7, C. 2.Radicado: 25000233600020180091701 (67871)

Demandante: Jairo Evangelista Sánchez Vega

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6.1.5. Se probó que el 5 de febrero de 2011, el Minister