CE - Sentencia 25000233600020180119202 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL Y OTROS

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Tema: Daños ocasionados por obra pública. Caducidad del medio de control.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda, el 20 de febrero de 2012, el Instituto de Desarrollo Urbano y el consorcio AIA-CONCAY 2012 suscribieron el contrato de obra IDU-05 de 2012, con el objeto de “realizar a precios unitarios, las obras requeridas para la construcción de la intersección a desnivel de la Avenida Laureano Gómez (Ak 9) por calle 94 y su conexión con la Avenida Santa Bárbara (Ak19) en Bogotá D.C .”. El 23 de enero de 2013, el consorcio AIA -CONCAY 2012 inició la etapa de construcción. Posteriormente, en el mes de mayo de 2013, el inmueble donde opera

El 23 de enero de 2013, el consorcio AIA -CONCAY 2012 inició la etapa de construcción. Posteriormente, en el mes de mayo de 2013, el inmueble donde opera el Hotel Urban Royal 93 sufrió una inundación como consecuencia de las obras ejecutadas en virtud del referido contrato . Finalmente, la obra contratada fue inaugurada el 22 de marzo de 2017.

La parte actora solicita que se declare patrimonialmente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano “por concepto de la afectación financiera ocasionada (…) debido a la disminución en los ingresos operativos y en la utilidad bruta operacional en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 durante la ejecución de las obras del contrato IDU -05 de 2012”, así como por el daño emergente “correspondiente al deducible del pago delRadicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

2 siniestro por la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., luego de la inundación que afectó el sótano del inmueble en donde funciona el Hotel NH 93”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de diciembre de 20181-2 la Sociedad Operadora Urban Royal Calle 93 S.A.S., Hoteles Royal S.A. y Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera del Fideicomiso Hotel Urban Royal 93 , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra del Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante IDU), con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados con las obras realizadas en la ejecución del

control de reparación directa, presentaron demanda en contra del Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante IDU), con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados con las obras realizadas en la ejecución del contrato de obra IDU-05 de 2012, cuyo objeto fue “la construcción de la intersección a desnivel de la avenida Laureano Gómez (AK 9) por calle 94 y su conexión con la avenida Santa Bárbara (AK 19) en Bogotá D.C.”.

Como pretensiones de su demanda, los actores solicitan condenar al IDU a pagar, por daño emergente, la suma de $5.090.245 a la Sociedad Operadora Urban Royal Calle 93 S.A.S; y por lucro cesante , las sumas de $ 1.484.480.935 a Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera del Fideicomiso Hotel Urban Royal 93, $140.555.705 a Hoteles Royal S.A. y $449.353.110 a la Sociedad Operadora Urban Royal Calle 93 S.A.S.

En apoyo de las pretensiones, la parte actora afirma que el 20 de febrero de 2012, el IDU y el consorcio AIA-CONCAY 2012 suscribieron el contrato de obra IDU-05 de 2012, con el objeto de “realizar a precios unitarios, las obras requeridas para la construcción de la intersección a desnivel de la Avenida Laureano G ómez (Ak 9) por calle 94 y su conexión con la Avenida Santa Bárbara (Ak19) en Bogotá D.C.,

1 Fl. 1, C. 1. 2 El 4 de abril de 2019, la parte actora reformó la demanda, respecto de algunos hechos, pretensiones

por calle 94 y su conexión con la Avenida Santa Bárbara (Ak19) en Bogotá D.C.,

1 Fl. 1, C. 1. 2 El 4 de abril de 2019, la parte actora reformó la demanda, respecto de algunos hechos, pretensiones y pruebas (Fl 155 a 191, C. 1.). Mediante auto del 23 de agosto de 2020 (Samai, índice 30 de primera instancia.) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la reforma a la demanda.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

3 correspondiente al código de obra 104 del Acuerdo 180 de Valorización”.

Señala que el 23 de enero de 2013, el consorcio AIA-CONCAY 2012 inició la etapa de construcción de la referida obra.

Sostiene que entre el 23 de enero de 2013 y el 22 de enero de 2015, el contrato IDU-05 de 2012 fue prorrogado por las partes en 4 oportunidades, ext endiéndose su plazo de ejecución hasta el 22 de marzo de 2017.

Advierte que en mayo de 2013, el inmueble donde funciona el Hotel Urban Royal 93 sufrió una inundación como consecuencia de las obras que se estaban realizando en ejecución del referido contrato.

Manifiesta que el 22 de marzo de 2017, el Alcalde Mayor de Bogotá inauguró la obra contratada.

La parte actora considera que el IDU es responsable por los daños y perjuicios que le causó la obra realizada en inmediaciones del Hotel Urban Royal 93, pues durante la ejecución de esta los ingresos disminuyeron considerablemente y, además, en

contratada.

La parte actora considera que el IDU es responsable por los daños y perjuicios que le causó la obra realizada en inmediaciones del Hotel Urban Royal 93, pues durante la ejecución de esta los ingresos disminuyeron considerablemente y, además, en una ocasión, se inundaron los sótanos del inmueble donde opera el referido hotel.

Textualmente en la demanda se solicita que se declare patrimonialmente responsable al IDU “por concepto de la afectación financiera ocasionada (…) debido a la disminución en los ingresos operativos y en la utilidad bruta operacional en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 durante la ejecución de las obras del contrato IDU-05 de 2012”, así como por el daño emergente “correspondiente al deducible del pago del siniestro por la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., luego de la inundación que afectó el sótano del inmueble en donde funciona el Hotel NH 93”.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

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2. Contestación

El 4 de abril de 20193 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. El IDU4 se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo en su defensa que no s e configuró una falla en el servicio, así como tampoco existió un desequilibrio de las cargas públicas, dado que la parte actora no fue sometida a situaciones desproporcionadas que hubieren dado lugar a un perjuicio económico concreto y grave.

desequilibrio de las cargas públicas, dado que la parte actora no fue sometida a situaciones desproporcionadas que hubieren dado lugar a un perjuicio económico concreto y grave.

Seguidamente, propuso la excepción de caducidad, aduciendo que respecto al daño alegado por el pago del deducible con ocasión de una inundación, la parte actora tuvo conocimiento desde mayo de 2013; y, frente a los perjuicios causados por la supuesta disminución de sus ingresos operativos y la utilidad bruta operacional, tuvo conocimiento desde 2014 cuando presentó a las autoridades tributarias sus estados financieros. En ese orden de ideas, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó hasta el 7 de junio de 2018, se tiene que ya había caducado el medio de control de reparación directa.

2.2. El consorcio AIA-CONCAY-20125, llamado en garantía por el IDU, sostuvo que culminó y entregó las obras a entera satisfacción de esa entidad y en el tiempo establecido en el contrato IDU -05-2012, sin que en la demanda se cuestionen las actividades y obras ejecutadas por el consorcio. Adujo que los perjuicios reclamados por la parte actora no son reales ni ciertos y por lo tanto no son indemnizables . Finalmente, p ropuso la s excepciones de: i) caducidad del medio de control , en atención que desde que la parte actora tuvo conocimiento del daño alegado y la presentación de la demanda transcurrieron más de 2 años; y, ii) falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Acción Fiduciaria, como vocera del

3 Fl. 37, C. 1. 4 Samai, índice 52 de primera instancia.

en la causa por activa de la sociedad Acción Fiduciaria, como vocera del

3 Fl. 37, C. 1. 4 Samai, índice 52 de primera instancia. 5 Samai, índice 77 de primera instancia.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

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5 Fideicomiso Hotel Urban Royal 93 , dado que dicho patrimonio autónomo tiene la capacidad de constituirse como parte en el proceso.

2.3. El consorcio Gómez Cajiao – JOYCO6, llamado en garantía por el IDU, se opuso a las pretensione s de la demanda , alegando que no existe nexo causal entre su actuación como interventora del contrato IDU -05-2012 y el daño alegado en la demanda. De conformidad con lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, así como la configurac ión de la caducidad del medio de control de reparación directa , pues la parte actora tuvo conocimiento del daño desde 2014 y la demanda se presentó en 2018.

2.4. La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.7, llamada en garantía por el IDU y por el consorcio AIA-CONCAY-2012, alegó que la acción derivada de los contratos de seguro Nos. 05 RE002067 y 01 RO013468 había prescrito, de conformidad con el artículo 11318 del Código de Comercio. Adicionalmente, sostuvo que “los seguros objeto de llamamiento no están llamados a afectarse, en la medida en que los hechos y pretensiones antedichos, no son objeto de cobertura precisamente porque

el artículo 11318 del Código de Comercio. Adicionalmente, sostuvo que “los seguros objeto de llamamiento no están llamados a afectarse, en la medida en que los hechos y pretensiones antedichos, no son objeto de cobertura precisamente porque la naturaleza de tales seguros se contrae a indemnizar menoscabo de la salud, o el deterioro o destrucción d e bienes, por lesiones o muerte, daños a la propiedad causados exclusivamente a terceros, conceptos estos que no involucran evidentemente, y por expresa exclusión utilidades o beneficios financieros económicos que no son consecuencia de un daños material o personal”.

2.5. Seguros Generales Suramericana S.A. 9, llamado en garantía por el consorcio AIA-CONCAY-2012, afirmó que no existe “un nexo causal entre las afectaciones patrimoniales presuntamente sufridas por la parte actora y cualquier conducta desplegada por la parte pasiva y/o las llamadas en garantía con ocasión de la ejecución del Contrato de Obra No. IDU -05-2012”. Adicionalmente, manifestó que

6 Samai, índice 69 de primera instancia. 7 Samai, índice 68 de primera instancia. 8 “Artículo 1131. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”. 9 Samai, índice 110 de primera instancia.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

formula la petición judicial o extrajudicial”. 9 Samai, índice 110 de primera instancia.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

6 no estaba acreditada la existencia y la cuantía de los referidos perjuicios. Por último, sostuvo que en el sub examine se configuró la caducidad del medio de control, dado que la parte actora conoció del daño alegado , a más tardar, el 31 de diciembre de 2013.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia10

El 18 de enero de 202411 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante 12 sostuvo que los daños ocasionados “fueron instantáneos; ocurrieron en un solo momento y de manera concomitante a la realización de la obra pública” y, por tanto, el término de caducidad debía contarse a partir del momento en que finalizó la obra, esto es, desde el 22 de marzo de 2017.

3.2. El IDU 13, el consorcio AIA -CONCAY-201214, el consorcio Gómez Cajiao – JOYCO15, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. 16 y Seguros Generales Suramericana S.A.17 reiteraron lo expuesto en la contestación de la demanda.

3.3. El Ministerio Público 18 indicó que en el presente asunto operó el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que la parte actora tuvo conocimiento del daño desde el 7 de mayo de 2014, fecha en la que presentó

la caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que la parte actora tuvo conocimiento del daño desde el 7 de mayo de 2014, fecha en la que presentó una queja ante la Alcaldía Mayor de Bogotá por los inconvenientes para ingresar y salir del Hotel Urban Royal Calle 93 , con ocasión de la s obras que allí se adelantaban.

10 El 27 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió dictar sentencia anticipada prescindiendo de la audiencia inicial, con el propósito de resolver la excepción de caducidad, según lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA (Samai, índice 130 de primera instancia). 11 Samai, índice 137 de primera instancia. 12 Samai, índice 149 de primera instancia. 13 Samai, índice 142 de primera instancia. 14 Samai, índice 148 de primera instancia. 15 Samai, índice 145 de primera instancia. 16 Samai, índice 141 de primera instancia. 17 Samai, índice 143 de primera instancia. 18 Samai, índice 144 de primera instancia.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

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4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de mayo de 20 2419 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, al constatar que frente al dañ o alegado por el pago del de ducible a la aseguradora con ocasión de la inundación del Hotel Urban Royal Calle 93 , el término de caducidad empezó a correr a partir del pago realizado por dicho concepto, esto es,

constatar que frente al dañ o alegado por el pago del de ducible a la aseguradora con ocasión de la inundación del Hotel Urban Royal Calle 93 , el término de caducidad empezó a correr a partir del pago realizado por dicho concepto, esto es, desde el 24 de octubre de 2014 ; mientras que por el daño consistente en la reducción de los ingresos operativos y utilidad bruta operacional en la actividad hotelera desarrollada por las sociedades demandantes en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 se estimó que el referido término inició su cómputo desde el 2 de abril de 2014 “día siguiente al que tenían las sociedades para reunirse por derecho propio y aprobar sus estados financieros”.

De conformidad con lo anterior indicó que, pese a que la solicitud de conciliación extrajudicial se pres entó el 7 de junio de 2018 , no se suspendió el término para presentar la demanda, la cual se radicó el 18 de dicie mbre de 2018, cuando ya había operado la caducidad del medio de control de reparación directa.

5. Recurso de apelación

El 18 de junio de 202420, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 21 de junio de 202421 y admitido el 12 de julio de 202422.

5.1. La parte actora sostuvo que la sentencia de primera instancia se dictó con fundamento en la providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 26 de julio de 2022 (Exp. 66679), que a la postre desconoce la propia jurisprudencia de la Corporación , según la cual , en los casos que se reclama un

Estado el 26 de julio de 2022 (Exp. 66679), que a la postre desconoce la propia jurisprudencia de la Corporación , según la cual , en los casos que se reclama un

19 Samai, índice 154 de primera instancia. 20 Samai, índice 158 de primera instancia. 21 Samai, índice 162 de primera instancia. 22 Samai, índice 3.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

8 daño por obra pública el término de caducidad se debe contabilizar cuando termina la obra o cuando después de finalizada se conoce el hecho dañoso.

Conforme lo expuesto , afirmó que “para efectos de la caducidad, lo que debe tenerse en cuenta es el hecho generador del daño y no el daño mismo. Es irrelevante que el daño se hubiera conocido antes de terminar la obra, pues, es claro que, ante perjuicios instantáneos, la caducidad solo puede contarse cuando termina la obra ”. Así las cosas, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, pues estima que no se configuró la caducidad del medio de control porque la obra pública ejecutada en virtud del contrato IDU-05 de 2012, finalizó el 22 de marzo de 2017 y la demanda de reparación directa se presentó el 18 de diciembre de 2018.

6. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 23, modificado por el artículo 67 de la Ley

auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 23, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.

En esta instancia procesal el IDU24, el consorcio AIA-CONCAY-201225, el consorcio Gómez Cajiao – JOYCO26, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.27 y Seguros Generales Suramericana S.A.28 se pronunciaron respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, reiterando los argumentos expuestos a lo largo

23 Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia. (…); 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia (…)”. 24 Samai, índice 24. 25 Samai, índice 20. 26 Samai, índice 18. 27 Samai, índice 16. 28 Samai, índice 14.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

24 Samai, índice 24. 25 Samai, índice 20. 26 Samai, índice 18. 27 Samai, índice 16. 28 Samai, índice 14.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

9 del proceso y solicitando confirmar la sentencia de primera instancia. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo29, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda30, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación31.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma , según lo dispone el artículo 140 32 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma , según lo dispone el artículo 140 32 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

29 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia p or los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 30 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor […]”. 31 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $ 1.484.480.935, lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó (2018). 32 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupaciónRadicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

10

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños por hechos imputables al IDU.

3. Problema jurídico

otros

10

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños por hechos imputables al IDU.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente frente a los daños irrogados con ocasión de la ejecución del Contrato de Obra No. IDU-05-2012 o si, por el contrario, éste se encontraba caducado al momento en que se presentó la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general33, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la

temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 33 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglome rado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

11 extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 34, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y

controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 34, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure35 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apara to judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

34 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de lo s plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el

promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de lo s plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilid ad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. 35 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.Radicado: 25000233600020180119202 (71494)

Demandante: Sociedad Operadora Urban Royal y otros

12 reconocimiento o protección de la justicia36, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

otros

12 reconocimiento o protección de la justicia36, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omis ión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

6. Caso concreto

En el sub lite la demandante pretende que se declare patrimonialmente responsable al IDU “por concepto de la afectación financiera ocasionada (…) debido a la disminución en los ingresos operativos y en la utilidad bruta operacional en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 dur ante la ejecución de las obras del contrato IDU -05 de 2012”, así como por el daño emergente