CE - Sentencia 25000233600020190008103 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Limitada.

Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros Medio de control: Reparación directa

Temas: ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO – Detrimento sufrido por una persona como consecuencia de la lesión a un derecho jurídicamente tutelado / ANTIJURIDICIDAD - No toda lesión a un derecho es indemnizable, sobre todo si la misma es resultado de una actividad lícita. La afectación se torna antijurídica cuando no exista un título legal conforme al ordenamiento jurídico que justifique o legitime el menoscabo / CONFIANZA LEGÍTIMA / La declaratoria de responsabilidad del Estado por la vulneración de este principio constitucional de cara a las nociones del interés público, colectivo y social, así como a los fines del estado, es exigente y trasciende más allá de la noción personal del individuo acerca de lo esperado / PROPIEDAD PRIVADA, LIBERTAD ECONÓMICA Y DE EMPRESA - se trata de derechos subjetivos a los que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas que están dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los que se

PROPIEDAD PRIVADA, LIBERTAD ECONÓMICA Y DE EMPRESA - se trata de derechos subjetivos a los que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas que están dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los que se destacan el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, proteger el medio ambiente y velar por su conservación, y la promoción de la justicia y el interés general / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA – Es el principal instrumento que utiliza el Estado para encauzar la iniciativa privada en la acti vidad minera y regula los derechos, deberes, facultades y obligaciones emanados del desarrollo de dicha actividad - No existen derechos adquiridos en el contrato de concesión minera, en tanto que los conferidos no son absolutos, ya que pueden verse afectad os durante su ejecución, por la prohibición de la actividad respectiva, dada su sujeción al interés general / PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL - Una interpretación acorde con la regla constitucional de prevalencia del interés general permite afirmar que el legislador y las autoridades administrativas tienen la potestad de prohibir una actividad que venían desarrollando con un particular, cuando ello se haga para evitar un riesgo sobre un bien jurídico de mayor importancia.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los perjuicios causados por la prohibición de las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el marco del contrato de concesión minera FKJ-081 de 2005, lo que tuvo por causa la delimitación del Páramo de Guerrero.

actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el marco del contrato de concesión minera FKJ-081 de 2005, lo que tuvo por causa la delimitación del Páramo de Guerrero.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 25 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cualRadicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.

Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros Medio de control: Reparación directa

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se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada el 8 de febrero de 20191, por la sociedad Carbones de Río Negro Peña Liza Limitada – en adelante Carbo R ío Ltda.–, contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Minería –en adelante ANM –, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –en adelante CAR– y el Servicio Geológico Colombiano, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables, a título de daño especial, por los efectos de la Resolución 1769 de 2016, expedida por la primera de las entidades mencionadas y las demás decisiones que la desarrollaron, por medio de l as cuales se delimitó el Páramo de Guerrero y se prohibieron las actividades de exploración y explotación minera, lo que conllevó a que se redujera en una tercera parte el área explotable del yacimiento de carbón mineral dentro del

por medio de l as cuales se delimitó el Páramo de Guerrero y se prohibieron las actividades de exploración y explotación minera, lo que conllevó a que se redujera en una tercera parte el área explotable del yacimiento de carbón mineral dentro del contrato de concesión No. FJK -081 suscrito el 9 de noviembre de 2005, en el que fungía como concesionaria la sociedad actora. A título de indemnización solicitó la suma de $11.700’000.000, por concepto de lo que dejaría de explotarse – disminución de las reservas– en 16 años que quedaban de vigencia del citado contrato2.

2. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que el Tribunal se pronunció fueron los siguientes.

Hechos

3. El 9 de noviembre de 2005, el Instituto Colombiano de Geología y Minería y los señores José Alfonso Rincón Zamora, Guillermo Uriel Pérez Gómez, Jorge Manzanera Neuman y José Joaquín Hernández Ojeda suscribieron el contrato de concesión No. FJK -081 para la exploración y explotación de un yacimiento de carbón mineral en el municipio de Pacho, Cundinamarca . A través de Resolución del 1° de julio de 2009, la CAR otorgó licencia ambiental para explotar en el marco de ese contrato un área de 155 hectáreas y 9.928,5 m2, con vigencia hasta el 21 de febrero de 2036.

4. Por medio de la Resolución SFO M 381 del 18 de diciembre de 2009, Ingeominas declaró perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones que le correspondían a los concesionarios en favor de Carbo Río Ltda. Posteriormente, el

Ingeominas declaró perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones que le correspondían a los concesionarios en favor de Carbo Río Ltda. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 1753 de 2015, por medio de la cual adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” y, en el parágrafo primero del artículo 173 de la mencionada ley se estableció que, al interior del área delimitada como páramo, los contratos y licencias otorgadas con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para actividades de minería podían seguir ejecutándose hasta su terminación sin posibilidad de prórroga.

1 Folio 1 y 21, C. Ppal. 2 Al respecto, se señaló en la demanda: “la reducción del área explotable implicó una evidente pérdida económica para la sociedad demandante consistente en la drástica disminución de las reservas explotables, las cuales pasaron de 9 millones de toneladas a 3’000.000 (sic) toneladas aproximadamente, de acuerdo con los estimados existentes sobre el particular, con una pérdida inmediata del derecho a explotar seis millones de toneladas. “Teniendo en cuenta que el derecho a la explotación de cada tonelada in si tu se negocia en el mercado internacional al US$ 0,65, los 6 millones de toneladas que quedan inexplotadas alcanzan un valor de pérdida de aproximadamente… $11.700’000.000 que dejaran de explotarse en los 16 años faltantes de explotación de la mina que nos ocupa.” (folios 12 y 13, c. Ppal.).Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

la mina que nos ocupa.” (folios 12 y 13, c. Ppal.).Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.

Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros Medio de control: Reparación directa

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5. Sin embargo, ese parágrafo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C -035 de 2016 y, en virtud de ello, el Minambiente expidió la Resolución 1769 del 28 de octubre del mismo año, por medio de la cual delimitó el Páramo de Guerrero y prohibió las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables dentro de su perímetro.

6. La ANM mediante auto GSC-ZC 001737 notificado el 30 de enero de 2017, le informó a la actora que el contrato de concesión minera No. FJK-081 de 2005 se encontraba superpuesto parcialmente en un 66% con el Páramo de Guerrero y, por tanto, le ordenó abstenerse de adelantar labores de explotación en esa área. El 10 de febrero de 2017, la CAR respondió una petición formulada por Carbo Río Ltda., en la que especificó que el área del polígono de la concesión que se encontraba dentro del mismo era de 103,038 hectáreas y, por tanto, allí debía suspenderse toda actividad minera, contara o no con licencia ambiental.

Fundamentos de derecho

7. La parte actora manifestó que tales decisiones, aunque legales, conllevaron

actividad minera, contara o no con licencia ambiental.

Fundamentos de derecho

7. La parte actora manifestó que tales decisiones, aunque legales, conllevaron a la reducción y limitación de las reservas explotables de la concesión , lo que produjo un detrimento patrimonial derivad o del desequilibrio del principio de igualdad frente a las cargas públicas, la vulneración de sus derechos adquiridos y la defraudación de la confianza legítima y, por ende, no pretendía la declaratoria de nulidad de ninguno de estos actos administrativos, sino la reparación del daño causado con sus efectos, pues no estaba en el deber jurídico de soportarlo3.

La defensa

8. El Servicio Geológico Colombiano formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 4, la cual se declaró probada por el Tribunal , decisión que se confirmó en su momento por esta Subsección5.

9. La CAR se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual propuso las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la prohibición de ejercer actividades mineras en los páramos delimitados por el Minambiente provino de una orden contenida en un fallo proferido por la Corte Constitucional y su actuación se limitó a dar respuesta a una petición elevada por la sociedad actora; y, (ii) inexistencia de daño antijurídico , pues el dictamen pericial aportado no probaba la pérdida económica alegada por la demandante6.

10. La ANM igualmente se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que no se configuraban los elementos para declarar la responsabilidad

aportado no probaba la pérdida económica alegada por la demandante6.

10. La ANM igualmente se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que no se configuraban los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial de es a entidad, por cuanto la decisión de delimitar el páramo de Guerrero no provino de ella y de conformidad con el artículo 36 de la Ley 685 de 2001, en los contratos de concesión se entenderían excluidas o restringidas de

3 Folios 1 a 17, c. Ppal. 4 Folios 55 a 60, c. Ppal. 5 Mediante auto del 3 de diciembre de 2020, el Tribunal declaró probada la excepción de la falta de legitimación en la causa por pasiva del Servicio Geológico Colombiano (SAMAI: Tribunal índice 24), decisión confirmada el 27 de agosto de 2021, por esta Subsección (folios 169 a 175, c. Ppal.). 6 Folios 79 a 96, c. Ppal.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

Actor: Carbones de Río Negro Peña Liza Ltda.

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“pleno derecho” las zonas o trayec tos en los que estuviera prohibida la actividad minera, más aún cuando fuera en aras de proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano7.

11. El Minambiente, en su defensa, formuló las excepciones que denominó: (i) “habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente” y caducidad, dado

por la conservación de un ambiente sano7.

11. El Minambiente, en su defensa, formuló las excepciones que denominó: (i) “habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente” y caducidad, dado que los perjuicios reclamados provienen de la expedición de la Resolución 1769 de 2016 y, por tanto, el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) pleito pendiente, ya que cursaban unos procesos de nulidad contra la mentada resolución8; (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no era parte del contrato de concesión minera y su única relación con el proceso se derivaba de la expedición de la Resolución 1769 de 2006 , la cual gozaba de presunción de legalidad ; (iv) cobro de lo no debido, toda vez que el Ministerio no estaba llamado a asumir condenas originadas en controversias sobre contratos en los que no obraba como parte; (v) “ausencia de daño y responsabilidad causados a la demandante por parte del Ministerio” , para lo cual hizo referencia a los fundamentos constitucionales y legales para la delimitación y protección de los páramos y sostuvo que conforme a los artículos 332 y 334 de la Constitución Política, el Estado era el propietario de los recursos naturales no renovables y tenía a cargo la obligación de intervenir a fin de preservar un ambiente sano y proteger las riquezas naturales de la Nación9.

Alegatos de conclusión

12. Concluido el debate probatorio10, en el término para alegar de conclusión, la demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial 11. La ANM sostuvo que la resolución a través de la cual se delimitó el Páramo de Guerrero y

demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial 11. La ANM sostuvo que la resolución a través de la cual se delimitó el Páramo de Guerrero y se prohibió la actividad minera fue proferida diez años después del otorgamiento del título FJK -081, y para el momento en que se otorgó no existía restricción o prohibición que impidiera allí la explotación de recursos naturales no renovables 12. El Minambiente13 y la CAR14 indicaron que la jurisprudencia de las altas cortes había sido pacífica en señalar que no existen derechos adquiridos derivados de los contratos de concesión , en tanto que su vigencia no impedía al Estado limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión, cuando con ello se pretendiera proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional y, por tanto, no existía un daño susceptible de indemnizarse.

7 Folios 113 a 122, c. Ppal. 8 Citó los expedientes: 2017-00220-00 y 2017-00116-00. 9 Folios 131 a 151, c. Ppal. 10 En la audiencia inicial llevada a cabo el 9 de agosto de 2022, el Tribunal decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1. Resolución 1769 de 2016. 2. Contrato FJK-081 de 2005 y otrosí. 3. Petición del 20 de febrero de 2017, elevada por Carbo Río Ltda. 4. Comunicación 20172105205 del 10 de febrero de 2017. 5. Plano de

mina FJK-081. 6. Comunicación 2017220005711 de la ANM. 7. Cuadro informativo de la ANM. 8. Comunicación 20173320057901 de la ANM. 9. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora. 10. Expediente de licencia ambiental No. 1123 -384 (2025 folios). 11. Antecedentes administrativos. Testimonial: Campo Elías Ballesteros. Dictamen: aportado con la demanda para probar la afectación económica por la disminución de reservas de explotación (SAMAI: Tribunal, índice 70. 11 SAMAI: Tribunal, índice 92. 12 SAMAI: Tribunal, índice 93. 13 SAMAI: Tribunal, índice 86. 14 SAMAI: Tribunal, índice 87.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

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La decisión del tribunal

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la prohibición de las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables al interior del área de superposición con el Páramo de Guerrero antes de su finalización, no implicó la causación de un daño antijurídico, ni se vulneraron derechos adquiridos y tampoco se desconoció el principio de confianza legítima , dado que tal determinación obedeció a la aplicación de preceptos constitucionales

finalización, no implicó la causación de un daño antijurídico, ni se vulneraron derechos adquiridos y tampoco se desconoció el principio de confianza legítima , dado que tal determinación obedeció a la aplicación de preceptos constitucionales y legales para materializar la protección del medio ambiente como bien jurídico constitucional prevalente en relación con los derechos económicos de la sociedad demandante.

14. Señaló que la determinación de áreas protegidas y de exclusión de actividades mineras estaba prevista en la legislación (art. 34 y 36 de la Ley 685 de 2001), de ahí qu e era una situación susceptible de ocurrir en el desarrollo del contrato de concesión, en este caso, para evitar la producción de un daño al medio ambiente, bien que prevalecía sobre la libertad y desarrollo económico de los particulares. Agregó que el contrato de concesión FKJ -081 de 2005 se siguió ejecutando en el área que no se superpone con el páramo, lo que permitía concluir que la sociedad actora continuó desarrollando el objeto de la concesión en el porcentaje restante y, por ende, no se acreditó que el daño alegado en la demanda revistiera las características de cierto y antijurídico15.

II. RECURSO DE APELACIÓN

15. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación.

Como sustento de su inconformidad, sostuvo que el Tribunal se limitó a citar jurisprudencia sobre la faculta d del Estado para intervenir en las actividades económicas de los particulares, cuando con ello se pretenda la defensa del bien común y la prevalencia del interés general , y fundamentó su decisión de negar las pretensiones, en la legalidad de los actos administrativos cuyos efectos generaron

económicas de los particulares, cuando con ello se pretenda la defensa del bien común y la prevalencia del interés general , y fundamentó su decisión de negar las pretensiones, en la legalidad de los actos administrativos cuyos efectos generaron la reducción del área concedida a la sociedad actora para la explotación de carbón, a pesar de que en la demanda se aceptó y no hubo disenso frente a la legalidad de aquellos, pues “simplemente pidió ser indemnizado por los perjuicios que estas decisiones le causaron”.

16. Afirmó que se trató de una decisión sin motivación e infundada en la que se obvió analizar la causación del daño antijurídico alegado bajo supuestos similares a los aplicados cuando se estudia la responsabilidad del Estado por trabajos públicos u ocupaciones que, aunque l ícitas, dan lugar a reparar los daños que causen.

17. Con fundamento en lo anterior, dijo que el a quo no tuvo en cuenta las pretensiones formuladas, ni la sustentación legal de la demanda , ni la naturaleza

15 SAMAI: Tribunal, índice 99.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

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indemnizatoria del medio de control ejercido, ya que resolvió el asunto como si se tratara de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho16.

18. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr

indemnizatoria del medio de control ejercido, ya que resolvió el asunto como si se tratara de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho16.

18. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 201117. El Ministerio Público guardó silencio18.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, y analizados los presupuestos procesales correspondientes, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso

20. Se circunscribe a verificar (i) si la motivación del a quo fue incongruente con los supuestos del medio de control de reparación directa y, (ii) si se encuentran acreditados los elementos necesarios para declarar patrimonialmente responsable al extremo pasivo de la litis.

Análisis propuesto por el Tribunal y medio de control procedente en el sub examine

21. En la demanda la parte actora fue enfática en indicar que lo pretendido no era cuestionar la legalidad de las decisiones con las cuales se prohibieron las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables al interior del Páramo de Guerrero , sino la reparación de los perjuicios ocasi onados con tales decisiones que, calificándolas como ajustadas al ordenamiento legal, implicaron la reducción del área conc esionada a la sociedad Carbo Río Ltda. para la explotación de carbón y, por consiguiente, una afectación patrimonial y el desconocimiento de los derechos adquiridos; de ahí que se le debiera indemnizar

implicaron la reducción del área conc esionada a la sociedad Carbo Río Ltda. para la explotación de carbón y, por consiguiente, una afectación patrimonial y el desconocimiento de los derechos adquiridos; de ahí que se le debiera indemnizar con fundamento en el título de imputación de daño especial.

22. Si bien en el recurso de alzada la apelante alega que el a quo no tuvo en cuenta la naturaleza indemnizatoria del medio de control ejercido ni las pretensiones formuladas, dado que resolvió el asunto como si se tratara de uno de nulidad y restablecimiento del derecho y negó las pretensiones aludiendo a la legalidad de los actos administrativos cuyos efectos causaron el daño que reclama, lo cierto es que el análisis realizado en la sentencia objeto de impugnación no correspondió con uno

16 SAMAI: Tribunal, índice 102. 17 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 2 de mayo de 2024, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: “(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado

“(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El s ecretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla fuera del texto). 18 SAMAI: índice 15.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

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de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que no se aplicó el término de caducidad de cuatro (4) meses para su ejercic io y tampoco se realizó un examen de legalidad de tales actos, sino que bajo los supuestos del medio de control de reparación directa -procedente en el presente asuntola Sala se refirió a la facultad que tenía el Estado para limitar, condicionar o prohibir la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en áreas protegidas, con el fin de descartar la antijuridicidad del daño invocado.

23. Conforme lo evidencia el contenido del fallo apelado , se negaron las pretensiones por estimar el a quo que no estaba acreditado un daño susceptible de indemnización ni haberse demostrado la defraudación de la confianza legítima o el

23. Conforme lo evidencia el contenido del fallo apelado , se negaron las pretensiones por estimar el a quo que no estaba acreditado un daño susceptible de indemnización ni haberse demostrado la defraudación de la confianza legítima o el desconocimiento a los derechos adquiridos, puesto que la normativa y jurisprudencia en punto a este tema era contundente al señalar que la libertad económica encontraba límites en el bien común y en la función social de la propiedad y de la empresa , los cuales se materializ aban a través del deber del Estado de regular la economía y, en el caso particular, los deberes de conservar las áreas de especial importancia ecológica ; de modo que no es cierto que el a quo desconociera las pretensiones formuladas en la demanda, ni el fundamento fáctico y jurídico en que estaban soportadas, así como tampoco que obviara analizar la existencia del daño, sino que encontró que el causado no era pasible de calificarse como antijurídico, porque la sociedad afectada con tales decisiones est aba en la obligación de soportarlo.

24. En ese contexto, el debate en esta instancia se limita a establecer si el daño alegado en la demanda, consistente en la reducción del área explotable dentro del título minero FJK -081 como consecuencia de la delimitació n del Páramo de Guerrero, puede calificarse como un daño anormal o superior capaz de comprometer la responsabilidad del Estado, el cual habría sido causado con ocasión de una actividad legítima, esto es, la adopción de decisiones restrictivas con el fin de prevenir y controlar los factores de deterioro medio ambiental.

Prueba del daño en el caso concreto

de una actividad legítima, esto es, la adopción de decisiones restrictivas con el fin de prevenir y controlar los factores de deterioro medio ambiental.

Prueba del daño en el caso concreto

25. La cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política es el fundamento con el cual se resuelve todo debate acerca de la obligación de reparar a cargo del Estado, cuyos elementos esenciales son el daño, su antijuridicidad y su imputación.

26. El daño como primer elemento de la responsabilidad debe estar debidamente estructurado. La noción de daño antijurídico impone considerar que no toda lesión a un derecho es indemnizable, sobre todo si la misma es resultado de una actividad lícita, pues solamente originan el deber de re paración patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. En ese sentido, la afectación se torna antijurídica cuando no exista un título legal conforme al ordenamiento jurídico que justifique o legitime el menoscabo a un derecho o interés tutelado y, en esa medida, se puede afirmar que la víctima no se encontraba en el deber de soportarlo; de ahí que la antijuridicidad no dependa de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454)

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27. Bajo ese contexto , el demandante no solo debe acreditar el daño efectivamente materializado, sino también que no está justificado por la ley o el derecho, pues hay perjuicios que material o jurídicamente son el resultado del devenir propio de las relaciones sociales, comunitarias, empresariales o de trabajo, en las que los derechos, intereses y prerrogativas deben someterse a límites y pueden resultar afectados. Por tanto, en aquellos casos en los cuales se está en presencia de una falta de prueba respecto del daño antijurídico, dicha circunstancia torna inocuo adelantar un análisis respecto del elemento de la imputación.

28. Asimismo, en oportunidades ant eriores se ha discurrido sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por la defraudación de la confianza legítima, señalando que los derechos adquiridos son el presupuesto de existencia del daño, ya que su configuración depende de la lesión a un interés protegido ex ante por la ley o amparado por el principio de la confianza legítima, de manera que se está ante un deber de reparar cuando hay prueba de ello y resulte imputable a la

Administración.

29. Sin perjuicio de lo anterior, la declaratoria de responsabilidad del Estado por la vulneración del principio constitucional de la confianza legítima de cara a las nociones del interés público, colectivo y social, así como a los fines estatales, resulta especialmente exigente y trasciende más allá de la noción personal del individuo

la vulneración del principio constitucional de la confianza legítima de cara a las nociones del interés público, colectivo y social, así como a los fines estatales, resulta especialmente exigente y trasciende más allá de la noción personal del individuo acerca de lo esperado, pues en sociedades actuales construidas sobre criterios antropocéntricos es posible que el individualismo niegue la coexistencia con lo público, lo social y lo colectiv o, desconociendo que bajo la égida del artículo 1° constitucional, cuando existe tensión entre el interés general y el particular siempre prevalecerá el primero.

30. De conf ormidad con los medios de convicción allegados al proceso se acreditó que el 9 de noviembre de 2005, el Instituto Colombiano de Geología y Minería –Ingeominas– y los señores José Alfonso Rincón Zamora, Guillermo Uriel Pérez Gómez, Jorge Manzanera Neuman y José Joaquín Hernández Ojeda sus