CE - Sentencia 25000233600020190011901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: AUGUSTO RODRÍGUEZ PARDO Y OTROS

Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tema: Falla del servicio en proceso de responsabilidad fiscal.

Consideraciones generales sobre r esponsabilidad del Estado. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide l os recursos de apelación interpuesto s por la s partes contra la sentencia del 6 de octubre de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 29 de enero de 2014, la Contralora Delegada Intersectorial de la Contraloría General de la República dictó auto de imputación de responsabilidad fiscal contra los integrantes del Consorcio Intercol, entre ellos, las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. , con base en el hallazgo de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la construcción y adecuación de la fase III del Transmilenio. Posteriormente, el 10 de octubre de 2016, la misma funcionaria declaró sin responsabilidad fiscal a las sociedades

irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la construcción y adecuación de la fase III del Transmilenio. Posteriormente, el 10 de octubre de 2016, la misma funcionaria declaró sin responsabilidad fiscal a las sociedades procesadas. Dicha decisión fue confirmada en grado de consulta el 19 de diciembre de 2016 por la Contralora General de la República.

Los demandantes consideran que la Contraloría General de la República es patrimonialmente responsable por haber vinculado infundadamente a las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. a un proceso de responsabilidad fiscal, pues este culminó en favor de los imputados.2

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 20 de febrero de 20191-2, Augusto Rodríguez Pardo , y las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda., mediante apoderado judicial y en ejercicio de l medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Contraloría General de la República, para que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos con ocasión de la vinculación infundada de las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. a un proceso de responsabilidad fiscal.

Como pretensiones de la demanda, la parte actora solicita condenar a la accionada a pagar, por perjuicios morales, la suma equivalente a 100 SMLMV a Augusto

RP & Cía. Ltda. a un proceso de responsabilidad fiscal.

Como pretensiones de la demanda, la parte actora solicita condenar a la accionada a pagar, por perjuicios morales, la suma equivalente a 100 SMLMV a Augusto Rodríguez Pardo; por “daño al buen nombre”, la suma equivalente a 100 SMLMV a Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda.; por daño emergente, las sumas de $3.521.924.040 a Vías y Ambiente Ltda., y $1.678.225.921 a Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda.; por lucro cesante, las sumas de $1.720.630.700 a Augusto Rodríguez Pardo, $1.337.517.520 a Vías y Ambiente Ltda., y $694.093.237 a Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. También se solicita condenar a la entidad demandada a “pedir disculpas al señor Augusto Rodríguez Pardo por el daño moral sufrido”.

En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante afirma que el 17 de diciembre de 20 10, la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República dictó auto de apertura de un proceso de responsabilidad fiscal identificado con No. 000257 contra los miembros del Consorcio I ntercol - entre ellos, las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. -, quien fungía como interventor del contrato de obra No. 137 de 2007, que tenía por objeto la ejecución de las obras de

1 Fl. 1 a 112, C. 1.

Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. -, quien fungía como interventor del contrato de obra No. 137 de 2007, que tenía por objeto la ejecución de las obras de

1 Fl. 1 a 112, C. 1. 2 El 6 de septiembre de 2019 , la parte actora reformó la demanda, respecto de algunos hechos, pretensiones y pruebas (Fl. 1 a 108, C. 4.). Mediante auto del 11 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la reforma a la demanda (Fl. 182, C. 1.).3

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

la fase III de l Transmilenio, al encontrar reunidos los presupuestos legales del artículo 40 de la Ley 610 de 2000.

Indica que el 29 de enero de 2014, la Contralora Delegada Intersectorial de la Contraloría General de la República dictó auto de imputació n de responsabilidad fiscal, entre otros, contra las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda., con base en el hallazgo de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la construcción y adecuación de la fase III del sistema Transmilenio.

Señala que el 10 de octubre de 2016 , la referida funcionaria declaró sin responsabilidad fiscal a las sociedades procesadas, pues advirtió que su actuar estuvo acorde con las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría No. 174 de 2007 y de obra pública No. 137 de 2007.

responsabilidad fiscal a las sociedades procesadas, pues advirtió que su actuar estuvo acorde con las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría No. 174 de 2007 y de obra pública No. 137 de 2007.

Advierte que el 19 de diciembre de 2016 , la Contralora General de la República resolvió el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 000257, confirmando la ausencia de responsabilidad fiscal de los integrantes del Consorcio Intercol.

Los demandantes consideran que la Contraloría General de la República es patrimonialmente responsable por haber vinculado infundadamente a las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. a un proceso de responsabilidad fiscal, pues este culminó en favor de los imputados.

Textualmente solicitan en la demanda : “Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Contraloría General de la República por los daños antijurídicos ocasionados a las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda., en su calidad de miembros del Consorcio Intercol al configurarse la falla en el servicio en el proceso de responsabilidad fiscal No. 000257, con ocasión de la imputación de responsabilidad fiscal que se hizo a dichas sociedades incumpliendo los requisitos exigidos en los artículos 5 y 48 de la Ley 610 de 2000, pues efectuó una valoración parcial de las pruebas recaudadas, con las cuales no acreditó, ni siquiera indiciariamente, los elementos de la responsabilidad fiscal, específicamente la4

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

indiciariamente, los elementos de la responsabilidad fiscal, específicamente la4

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

conducta que comportó ejercicio de gestión fiscal, el nexo causal de dicha conducta con el daño patrimonial que dio lugar al proceso de Responsabilidad Fiscal No. 000257 y la imputación a título de dolo”.

2. Contestación

El 29 de mayo de 20193, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2.1. La Contraloría General de la República 4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda , argumentando que s us actuaciones se ajustaron a derecho, en tanto se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que regulan los procesos de responsabilidad fiscal . Adicionalmente, sostuvo que las sociedades procesadas debían soportar la carga de ser objeto de ese tipo de investigaciones . Como excepción propuso la falta de legitimación en la causa por activa del señor Augusto Rodríguez Pardo, toda vez que la actuación administrativa no recayó sobre él, sino sobre la sociedad Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. que representaba legalmente para la época de los hechos.

3. Audiencia inicial

El 8 de septiembre de 2020 5 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, resolvió excepciones, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría

audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, resolvió excepciones, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si es responsable la Contraloría General de la República por los daños y perjuicios pretendidos a los demandantes, al haber adelantado un proceso de responsabilidad fiscal en contra de las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y

3 Fl. 123 y 124, C. 1. 4 Fl. 137 a 164, C. 1. 5 Fl. 192, CD. Actuaciones Electrónicas, C. 1.5

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

Proyectos RP & Cía. Ltda., quienes fungían como integrantes del Consorcio Intercol, que terminó con fallo absolutorio”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 28 de octubre de 20206 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante7 y la Contraloría General de la República 8 insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 6 de octubre de 20 219 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones invocadas en la demanda, al advertir que la entidad accionada formuló imputación en contra de las sociedades

Mediante sentencia del 6 de octubre de 20 219 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones invocadas en la demanda, al advertir que la entidad accionada formuló imputación en contra de las sociedades demandantes sin la configuración de indicios graves de responsab ilidad. Adicionalmente, estimó que el ente de control incurrió en una indebida valoración de las pruebas obrantes en el expediente administrativo, pues de las mismas resultaba evidente que el consorcio interventor no cometió el hecho por el cual estaba siendo investigado. De otra parte, denegó la cesión de derechos litigiosos por parte de la sociedad Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. en favor de Iniciativa Inmobiliaria S.A.S.

Al efecto, sostuvo que: “para la Sala el razonamiento o interpretación realizado por la Contraloría en auto No. 231 de 29 de enero de 2014 a través del cual se imputa responsabilidad fiscal a las sociedades aquí demandantes, no cumple con los requisitos dispuestos por el ordenamiento legal frente a esta actuación (art. 48 de la Ley 610 de 2000) , y además, la decisión resulta ser contraria a la evidencia física

6 Fl. 192, CD. Actuaciones Electrónicas, C. 1. 7 Fl. 192, CD. Actuaciones Electrónicas, C. 1. 8 Fl. 192, CD. Actuaciones Electrónicas, C. 1. 9 Fl. 194 a 241. C. Ppal.6

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

que fue allegada durante la etapa probatoria (…) la administración vulneró el debido

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

que fue allegada durante la etapa probatoria (…) la administración vulneró el debido proceso de las sociedades aquí demandantes dentro del proceso de responsabilidad fiscal, esto por cuanto, resulta desproporcionado proferir auto de imputación y concretar la responsabilidad de los investi gados sin obrar indicios graves o pruebas directas que comprometieran su actuar en gestiones fiscales (…) Luego, se denota una indebida valoración de estas pruebas en el auto de imputación No. 000231 del 29 de enero de 2014, ya que con las mismas y valoradas en forma conjunta, resulta evidente que el consorcio interventor dio cumplimiento a sus obligaciones contractuales contenidas en el contrato de interventoría No. 174 de 2007 y de obra No. 137 de 2007 (…) por lo que no ameritaba la continuación del proceso de responsabilidad fiscal, pues el mismo resultaba irracional y desproporcionado ante la evidencia probatoria que existía al momento de realizar la respectiva imputación (…) no obstante, la administración sometió a las sociedades aquí demandantes a una investigación fiscal”.

En la parte resolutiva el a quo condenó a la Contraloría General de la Repúbli ca a pagar, por perjuicios morales, la suma equivalente a 70 SMLMV a Augusto Rodríguez Pardo.

6. Recursos de apelación

El 8 de noviembre de 2021 10-11, la parte actora y la entidad demandada interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 28 de febrero de 202212 y admitidos el 8 de abril de 202213.

El 8 de noviembre de 2021 10-11, la parte actora y la entidad demandada interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 28 de febrero de 202212 y admitidos el 8 de abril de 202213.

6.1. La parte actora14 solicitó reconocer perjuicios por concepto de daño emergente y lucro cesante a favor de todos los demandantes. Sobre el particular, estimó que, de los elementos de prueba allegados al proceso, en especial, los dictámenes periciales, se encontraba suficientemente acreditado el detrimento económico que padecieron Augusto Rodríguez Pardo , y las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y

10 Fl. 246 a 264, C. Ppal. 11 Fl. 265 a 272, C. Ppal. 12 Fl. 274, C. Ppal. 13 Fl. 280 y 281, C. Ppal. 14 Fl. 246 a 264, C. Ppal.7

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. De otro lado, solicitó aceptar la cesión de derechos litigiosos presentada por la sociedad Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. a favor de Iniciativa Inmobiliaria S.A.S.

6.2. La Contraloría General de la República 15 manifestó que no causó un daño antijuridico a l a parte demandante, pues su actuar estuvo amparado en las disposiciones sustanciales y formales que regían el procedimiento de responsabilidad fiscal y que le exigían adel antar dicha actuación administrativa . Además, indicó que la formulación de imputación en contra de las sociedades

disposiciones sustanciales y formales que regían el procedimiento de responsabilidad fiscal y que le exigían adel antar dicha actuación administrativa . Además, indicó que la formulación de imputación en contra de las sociedades procesadas estuvo debidamente fundamentada en las pruebas obrantes en el plenario que daban cuenta de su presunta participación en los hechos investigados.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 202116, no se decretaron pruebas en segunda instancia. En esta etapa del proceso el ministerio público17 rindió concepto y consideró que debía confirmarse la sentencia de prime ra instancia, pues “ se configuró una falla del servicio, al habérsele imputado responsabilidad fiscal a la parte demandante cuando el material probatorio permitía acreditar que el consorcio interventor cumplió con las obligaciones a su cargo y puso en cono cimiento del IDU las situaciones que presentaban inconvenientes antes de que se realizaran los pagos al contratista”. De otro lado, la Contraloría General de la República presentó pronunciamiento frente al recurso de apelación presentado por la parte actora, solicitando la “revocatoria de

15 Fl. 265 a 272, C. Ppal. 16 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en

Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”. 17 Archivo “CONCEPTO0592022”, índice 13, Samai. Consejo de Estado.8

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

los artículos 3 y 4 del fallo proferido en primera instancia y de todo lo demás que resulte adverso a los intereses de la entidad”.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación18, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 19 del Código de

supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación18, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 19 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14020 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

18 El valor de la pretensión mayor se estima en la suma de $3.521.924.040 19 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.” 20 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artí culo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras , cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras , cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.9

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

En el presente caso, la parte actora reclama la reparación del daño causado por una actuación administrativa adelantada por la Contraloría General de la República, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, por lo que el medio de control procedente es el de reparación directa.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad d el medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio o portuno de l medio de control es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio21.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando

presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio21.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 22, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como ex cepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”

fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fu ndamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”10

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

El establec imiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 23, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caduci dad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 24 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por demandar más

23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el

promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. 24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectiv o su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 25 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa al guna para revivirlos. Dichos plazos constituyen11

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa al guna para revivirlos. Dichos plazos constituyen11

Radicado: 25000233600020190011901 (68284)

Demandante: Augusto Rodríguez Pardo y otros

allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo26, señala que el medio de control de reparación directa deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de control , teniendo en cuenta: i) que el fallo del 19 de diciembre de 2016, por el cual se dio por terminado el proceso de responsabilidad fiscal No. 000257 en contra de las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. , quedó en firme en la misma fecha, teniendo en cuenta que no procedía recurso alguno en su contra27; ii) que el 13 de diciembre 2018, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación , la cual se

firme en la misma fecha, teniendo en cuenta que no procedía recurso alguno en su contra27; ii) que el 13 de diciembre 2018, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación , la cual se declaró fallida el 14 de febrero de 201928; y iii) que la demanda se presentó el 20 de febrero de 201929.

entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fen