CE - Sentencia 25000233600020190012001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00120-01 (68383) Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandados: Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otros Referencia: Reparación directa –Ley 1437 de 2011

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA EN EL SERVICIO – muerte de Julio César Peñalosa Sánchez en los mismos hechos en los que falleció Luis Carlos Galán Sarmiento - acciones y omisiones atribuidas al extinto DAS y a la Policía Nacional / RESPONSABILIDAD AGRAVADA - resulta procedente en los casos en los que se han encontrado probadas violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos o al derecho internacional humanitario, específicamente, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra / SUCESIÓN PROCESAL DEL DAS – corresponde a la Previsora S.A. / FLEXIBILIZACIÓN PROBATORIA - aplicación en casos de graves violaciones de derechos humanos.

1. La Subsección profiere sentencia de reemplazo en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 14 de marzo de 2024 por la Sala Plena de la Corte Constitucional1, que ordenó dejar sin efectos la providencia del 23 de septiembre de 2022 adoptada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,

Constitucional1, que ordenó dejar sin efectos la providencia del 23 de septiembre de 2022 adoptada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, integrar en debida forma el contradictorio y, cumplida esta etapa, proceder a resolver la segunda instancia2.

2. Así las cosas, se decidirán los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 3 de marzo de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó al Ministerio de Defensa -Policía Nacional (en adelante, la Policía Nacional o la demandada) a indemnizar los perjuicios causados, en calidad de “sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (en lo qu e sigue, el DAS)”.

Adicionalmente se resolverán los planteamientos realizados por las entidades vinculadas en cumplimiento del fallo de tutela.

1 Comunicada el 14 de junio de 2024 mediante el oficio No. STA -162/2024, índice 33 SAMAI, documento 69RECIBE MEMORIAL_11001031500020230108(.pdf) 2 El numeral segundo de la parte resolutiva dispuso: “ TERCERO. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de este proveído, proceda a aplicar sus poderes oficiosos para integrar en debida forma el contradictorio, que como mínimo deberá conta r con la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con la Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera del

forma el contradictorio, que como mínimo deberá conta r con la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con la Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera del patrimonio autónomo “PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del Extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS y su f ondo rotatorio”, además de las demás entidades que estime deben acudir a reparar el daño. Surtida esa etapa, dentro de los términos legales, deberá proceder a dictar sentencia de segunda instancia resolviendo las apelaciones, sin desconocer la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de tal forma que defina qué conceptos se reparan, el o los obligado(s) a hacerlo y la tasación de los perjuicios respectivos”.Radicación:25000-23-36-000-2019-00120-01 (68383)

Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandado: Nación -Ministerio De Defensa -Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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SÍNTESIS DEL CASO

3. El 18 de agosto de 1989, durante el ataque perpetrado contra el entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en la plaza principal del municipio de Soacha, el señor Julio César Peñaloza Sánchez también resultó herido por arma de fuego y el 23 de agosto siguiente falleció como consecuencia de las graves lesiones que padeció. Las demandantes piden declarar la responsabilidad del Estado por hechos que atribuyen al DAS y a la Policía Nacional y solicitan la indemnización de los perjuicios.

ANTECEDENTES

La demanda

de las graves lesiones que padeció. Las demandantes piden declarar la responsabilidad del Estado por hechos que atribuyen al DAS y a la Policía Nacional y solicitan la indemnización de los perjuicios.

ANTECEDENTES

La demanda

4. El 20 de febrero de 2019 3, las señoras Gloria Mercedes Rojas Escobar, Gloria Marcela y Sandra Paola Peñaloza Rojas, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional.

5. Al respecto, formularon las siguientes pretensiones 4 (transcritas en su

tenor literal):

“PRIMERA: Que se declare que la Nación — Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional son responsables de forma agravada, por las graves violaciones a los derechos humanos que significó el homicidio de Julio César Peñaloza Sánchez, producto del atentado perpetrado el día 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha - Cundinamarca.

Como consecuencia de la anterior declaración, se solicita lo siguiente:

SEGUNDA: La Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional deberá indemnizar a las demandantes, por concepto de daños o perjuicios morales subjetivos, con la suma de 300 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (en adelante SMMLV) para cada una de ellas.

TERCERA: La Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional deberá indemnizar a las demandantes, por concepto de perjuicio inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados, con la suma de 100 SMMLV para cada una de ellas.

deberá indemnizar a las demandantes, por concepto de perjuicio inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados, con la suma de 100 SMMLV para cada una de ellas.

CUARTA: La Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional deberá indemnizar: a las demandantes por concepto de perjuicio inmaterial por afectación a las condiciones de existencia, con la suma de 100 SMMLV para cada una de ellas.

QUINTA: La Nación — Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional deberá indemnizar a las demandantes, por concepto de perjuicio inmaterial por daño a la salud, con la suma de 100 SMMLV para cada una de ellas.

SEXTA: La Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional deberá indemnizar a las demandantes, por concepto de perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, con la suma de cuatro mil setecientos ocho millones doscientos cuarenta mil ciento cinco pesos M/Cte. ($4.708.240.105).

3 Así consta en el sello de presentación personal en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca visible a folio 24 del cuaderno 1. 4 Folios 2-4 del cuaderno 1.Radicación:25000-23-36-000-2019-00120-01 (68383)

Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandado: Nación -Ministerio De Defensa -Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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La anterior suma deberá ser actualizada y liquidada con base en el SMMLV que se encuentre vigente al momento que cobre ejecutoria la Sentencia que ponga fin al proceso.

Referencia: Reparación directa

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La anterior suma deberá ser actualizada y liquidada con base en el SMMLV que se encuentre vigente al momento que cobre ejecutoria la Sentencia que ponga fin al proceso.

SÉPTIMA: La Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional deberá realizar, a título de medidas de satisfacción como forma de reparación a bienes o derechos convencional o constitucionalmente

amparados, lo siguiente:

1. Construir un monumento de Julio César Peñaloza Sánchez para honrar su buen nombre en el municipio de Soacha, el cual deberá ser acordado con las autoridades municipales para ser ubicado en la Villa Olímpica que en la actualidad se está construyendo en dicha locación. Lo anterior, en atención al impulso que Julio César Peñaloza hizo en vida como líder comunitario y político.

2. Realizar un reconocimiento público sobre la responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad en el asesinato de Julio César Peñaloza Sánchez, en el cual el Director de la Policía Nacional deberá ofrecer disculpas públicas a la familia por los hechos.

3. Construir y colocar una placa conmemorativa de Julio César Peñaloza en la Plaza Central de Soacha, donde se mencionen sus aportes a la comunidad soachuna.

3. Financiar la realización de un evento conmemorativo el 23 de agosto de cada año en el municipio de Soacha, a través de un acto realizado en la

Plaza Central.

4. Financiar la realización de dos piezas, una impresa y la otra audiovisual sobre la vida de Julio César Peñaloza Sánchez, con el fin de generar

Plaza Central.

4. Financiar la realización de dos piezas, una impresa y la otra audiovisual sobre la vida de Julio César Peñaloza Sánchez, con el fin de generar material biográfico y pedagógico que permita honrar el buen nombre del líder político en instituciones educativas y otros espacios comunitarios.

5. Financiar los estudios de posgrado de las hijas de Julio César Peñaloza Sánchez, Gloria Marcela y Sandra Paola Peñaloza Rojas en una universidad del territorio nacional.

6. Financiar la valoración y tratamiento psicológico de las demandantes, las cuales deberán incluir un enfoque psicosocial que contenga complementariamente un enfoque de género, en donde se reconozcan los comportamientos y respuestas de las víctimas desde un contexto cultural, político, económico y social determinado. Además, el sistema familiar deberá decidir de manera voluntaria el profesional con el cual desean abordar los motivos de consulta relacionados con la recuperación emocional y la superación o resignificación de los hechos de violencia sociopolítica, para lo cual se hará necesaria una concertación previa para la elección del personal de psicología al momento de la valoración. Los profesionales en salud mental y psicosocial deberán acreditar experiencia en la atención a víctimas de violencia sociopolítica y de graves violaciones a los derechos humanos. La atención será acordada con las necesidades propias del sistema familiar concertando los planes a seguir y que la atención psicosocial que se brinde a la familia no se restrinja al nivel individual sino que comprenda el nivel familiar, dado que el daño y las afectaciones a la salud integral son visibles en múltiples niveles. El cumplimiento de la medida se debe poder realizar por un particular a través de un fondo autónomo o

que comprenda el nivel familiar, dado que el daño y las afectaciones a la salud integral son visibles en múltiples niveles. El cumplimiento de la medida se debe poder realizar por un particular a través de un fondo autónomo o fideicomiso suscrito con el Ministerio de Salud y financiado por el Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional.

OCTAVA: Se declare que las sumas a las que resulte comprometida la Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional, serán actualizadas de conformidad con lo previsto en los artículos 297 y 298 de la Ley 1437 de 2011, y se reconocerán los interes es correspondientes liquidados conforme a la variación promedio mensual del Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta elRadicación:25000-23-36-000-2019-00120-01 (68383)

Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandado: Nación -Ministerio De Defensa -Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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momento en que se dé cumplimiento a la Sentencia que ponga fin al proceso, es decir, hasta que se realice el pago efectivo por parte de las autoridades responsables”.

Los hechos

6. En síntesis, se narraron los siguientes5:

7. El señor Julio César Peñaloza Sánchez fue un líder político y concejal del municipio de Soacha.

8. El 16 de agosto de 1989, el senador Luis Carlos Galán Sarmiento, quien para la época también era candidato presidencial, se reunió con sus asesores para ultimar los detalles sobre el evento público que se llevaría a cabo en Soacha

8. El 16 de agosto de 1989, el senador Luis Carlos Galán Sarmiento, quien para la época también era candidato presidencial, se reunió con sus asesores para ultimar los detalles sobre el evento público que se llevaría a cabo en Soacha el 18 de agosto siguiente, en el que el señor Peñaloza Sánchez sería el maestro de ceremonias.

9. El 17 de agosto de 1989, el comandante de la Policía Cundinamarca instruyó al jefe seccional del F2 a fin de que realizara labores de inteligencia en Soacha y designara a un grupo de 5 agentes que cumplieran esa misión; además, tal funcionario dispuso que se debía realizar un operativo especial para mantener el orden público.

10. A las 8 de la mañana del 18 de agosto de 1989, el director de la Policía Nacional le ordenó al comandante de la Policía Cundinamarca que tomara las medidas tendientes a garantizar la integridad física del candidato presidencial, operativo de seguridad en e l que participaron 73 uniformados, de los cuales 13 formaban parte de la escolta personal del senador y candidato presidencial, junto con otros 13 integrantes del entonces Departamento Administrativo de

Seguridad.

11. A las 8:45 de la noche del 18 de agosto de 1989, unas 7.000 personas se reunieron en la plaza central de Soacha para ver al candidato Galán Sarmiento, cuando este fue objeto de un ataque que le causó la muerte y en el que el señor Julio César Peñaloza Sánc hez, que estaba a su lado, sufrió heridas que lo llevaron a fallecer el 23 de agosto siguiente.

12. En marzo de 2007, en diligencia de versión libre en el proceso de justicia

Julio César Peñaloza Sánc hez, que estaba a su lado, sufrió heridas que lo llevaron a fallecer el 23 de agosto siguiente.

12. En marzo de 2007, en diligencia de versión libre en el proceso de justicia y paz, el exjefe “ paramilitar” Iván Roberto Duque Gaviria, alias “ Ernesto Báez”, señaló que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento fue planeado en 1989 por Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y Henry Pérez; asimismo, aseguró que el DAS brindó la colaboración necesaria a los “sicarios” para que el atentado tuviera éxito.

13. El 23 de noviembre de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez, en su calidad de director del DAS para la época de los hechos, como coautor del homicidio con fines terroristas d e Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñaloza Sánchez, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla -este último en el grado de tentativa -, por haber colaborado de manera significativa,

5 Folios 4-8 del cuaderno 1.Radicación:25000-23-36-000-2019-00120-01 (68383)

Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandado: Nación -Ministerio De Defensa -Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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previo acuerdo con las autodefensas del Magdalena Medio, para lograr la muerte del primero.

Trámite relevante en primera instancia

Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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previo acuerdo con las autodefensas del Magdalena Medio, para lograr la muerte del primero.

Trámite relevante en primera instancia

14. Admitida la demanda el 7 de marzo de 20196 se notificó a la parte pasiva, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 7 y al Ministerio Público 8.

Por auto del 22 de agosto de 2019 fue admitida su reforma9.

15. La Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional en su contestación 10, se opuso a las pretensiones y planteó la excepción de caducidad, habida cuenta que los hechos se presentaron el 18 de agosto de 1989 y la demanda fue interpuesta el 20 de febrero de 2019. Adicionalmente, propuso la de indebida representación del DAS, dad o que el día de los hechos la seguridad del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento se encontraba a cargo de los funcionarios de la extinta entidad, hoy Unidad Nacional de Protección, quien debió ser llamada a juicio como su sucesora procesal. Igualmente, adujo la inexistencia de falla del servicio y expuso que el hecho fue causado por un tercero ajeno a la institución, además de la irresistibilidad e imprevisibilidad del “demencial acto cometido”. En cuanto a la reforma de la demanda, no hizo pronunciamiento alguno.

16. Mediante auto del 22 de octubre de 2020 11, el a quo resolvió las excepciones de caducidad e indebida representación del DAS 12. Frente a la primera, señaló que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

excepciones de caducidad e indebida representación del DAS 12. Frente a la primera, señaló que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que el homicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y los delitos conexos fueron declarados de lesa humanidad, lo que convertía a la acción en imprescriptible.

17. Argumentó que las demandantes solo tuvieron conocimiento de la participación de agentes del Estado en los hechos a partir del fallo del 23 de noviembre de 2016 13, por lo que, según lo dispuesto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ellas contaban hasta el 24 de noviembre de 2018 para demandar, para el efecto, presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 23 de noviembre de ese año, la cual se declaró fallida el 19 de febrero de 2019 y la demanda fue radicada al día siguiente, esto es, de forma oportuna.

6 Folio 41 del cuaderno 1. 7 En adelante la ANDJE 8 Folios 44-50 del cuaderno 1. 9 Folios 74-75 del cuaderno 1. El escrito de reforma de reforma de la demanda obra a folio 69 del cuaderno 1. La reforma consistió en la modificación del Capítulo VI. Pruebas, con el objeto de incluir las siguientes pruebas documentales aportadas en CD: 1) informe de evaluación psicológica y psicosocial de los familiares de Julio C ésar Peñaloza Sánchez y 2) Copia de la Resolución del 11 de julio de 2012, proferida por la Fiscalía Décima delegada ante la Corte

psicológica y psicosocial de los familiares de Julio C ésar Peñaloza Sánchez y 2) Copia de la Resolución del 11 de julio de 2012, proferida por la Fiscalía Décima delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La admisión de la reforma fue notificada por estado según consta a folios 75-76 del cuaderno 1. 10 Folios 54-68 del cuaderno 1. 11Expediente digital en SAMAI, índice 2, actuación registrada el 5 de mayo de 2022. 12 Conforme lo establecía el artículo 12 del Decreto 820 de 2020. 13 Por medio de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez, entonces director del DAS, como coautor del homicidio tanto de Luis Carlos Galán Sarmiento como de Julio César Peñalosa SánchezRadicación:25000-23-36-000-2019-00120-01 (68383)

Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandado: Nación -Ministerio De Defensa -Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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18. En cuanto a la excepción de indebida representación del DAS, el a quo consideró que, en estricto sentido, lo que alegaba la entidad demandada era su falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que la entidad extinta era la que tenía a su cargo la seguridad del candidato Galán Sarmiento, sin embargo, concluyó que las pretensiones no giraban en torno a tal función, sino a la grave violación a los derechos humanos como consecuencia del homicidio del concejal en el atentado que se presentó el día 18 de agosto de 1989 en el

embargo, concluyó que las pretensiones no giraban en torno a tal función, sino a la grave violación a los derechos humanos como consecuencia del homicidio del concejal en el atentado que se presentó el día 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha. Por lo anterior, negó la excepción propuesta.

Sentencia de primera instancia

19. Mediante proveído del 3 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la responsabilidad de la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional “ como sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.

La parte resolutiva de la providencia dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, como sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por los daños ocasionados a la parte demandante, con ocasión de la muerte del señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA SÁNCHEZ, ocurrida el 23 de agosto de 1989, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, como sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a pagar por concepto de perjuicios

morales, los siguientes valores:

1. Para GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR, cónyuge del señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA SÁNCHEZ, el equivalente a 100 SMLMV.

morales, los siguientes valores:

1. Para GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR, cónyuge del señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA SÁNCHEZ, el equivalente a 100 SMLMV.

2. Para GLORIA MARCELA PEÑALOZA ROJAS, hija del señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA SÁNCHEZ, el equivalente a 100 SMLMV.

3. Para SANDRA PAOLA PEÑALOZA ROJAS, hija del señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA SÁNCHEZ, el equivalente a 100 SMLMV.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, como sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, los siguientes

valores:

1. Para GLORIA MARCELA PEÑALOZA ROJAS, la suma de

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO

CENTAVOS M/CTE ($230.747.663,75).

2. Para SANDRA PAOLA PEÑALOZA ROJAS, la suma DE CIENTO

CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES M/CTE

($155.319.175,83).

CUARTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA -

($155.319.175,83).

CUARTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL y a favor de la parte actora, por concepto de agencias en derecho, por la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000).Radicación:25000-23-36-000-2019-00120-01 (68383)

Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandado: Nación -Ministerio De Defensa -Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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SEXTO: Por Secretaría de la Sección Tercera NOTIFICAR esta decisión: a) A las partes, a los correos electrónicos: notificacioneslitigio@coljuristas.org,

socazionez@coljuristas.org, notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co, decun.notificacion@policia.gov.co, mafeto rres@coljuristas.org, dianamuriel@coljuristas.org, b) Al representante del Ministerio Público al siguiente correo electrónico: miescalante@procuraduria.gov.co. Lo anterior, de conformidad a las direcciones electrónicas que reposan en el plenario”.

20. El Tribunal consideró que, con la supresión del DAS 14, la demandada asumió las funciones de protección a su cargo y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6815 de la Ley 1564 de 2012 por la cual se expidió el Código General del Proceso -CGP, la tuvo como sucesor procesal. En la decisión se precisó que, al momento de los hechos, el organismo que tenía a cargo la seguridad de Luis

Proceso -CGP, la tuvo como sucesor procesal. En la decisión se precisó que, al momento de los hechos, el organismo que tenía a cargo la seguridad de Luis Carlos Galán Sarmiento era el DAS, función que fue asumida por la demandada, conforme lo dispuso el Decreto 4057 de 2011.

21. El a quo señaló que para el caso se configuran los elementos estructuradores del concepto lesa humanidad, como quiera que los hechos se realizaron en contra de la población civil, previa planificación y de forma direccionada. Consideró que la responsabilidad del Estado debía analizarse bajo el régimen de responsabilidad subjetivo, partiendo de que esta se concretaba en la omisión de las autoridades respecto de la protección del candidato presidencial Galán Sarmiento, que alcanzó a configurar un daño antijurídico frente a Julio C ésar Peñaloza Sánchez como víctima indirecta del atentado.

Razonó sobre el valor probatorio de la sentencia del 23 de noviembre de 2016 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y concluyó que los hechos contenidos en la misma y los medios de prueba de su demostración, “si no son objeto de contradicción en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”, pueden ser valorados con fundamento en el concepto procesal de prueba trasladada.

22. En ese sentido, llegó a la conclusión de que “ se configuró una falla en el servicio en virtud de la omisión por parte del extinto DAS (Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional) de acuerdo con la situación fáctica expuesta en la sentencia penal y que no fue desvirtuada en lo Contencioso Administrativo”. Lo anterior porque, pese a que existían amenazas en contra del entonces candidato

DefensaPolicía Nacional) de acuerdo con la situación fáctica expuesta en la sentencia penal y que no fue desvirtuada en lo Contencioso Administrativo”. Lo anterior porque, pese a que existían amenazas en contra del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y el DAS estaba a cargo de su protección, se presentó una omisión que conllevó a que el atentado se llevara a cabo y no solo falle ciera el candidato sino también otras personas, entre ellas, Julio César Peñaloza Sánchez, quien se encontraba en la tarima como maestro de ceremonia.

23. En consecuencia, reconoció la indemnización por concepto de perjuicios morales para las tres demandantes. Para el efecto, indicó que se tenían en cuenta, entre otras circunstancias, que se trató de la pérdida de la cabeza de su

14 Mediante el Decreto -Ley 4057 de 2011 se suprimió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 15 “ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. [modificado por el artículo 59 de la Ley 1996 de 2019]: […] Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá e fectos respecto de ellos aunque no concurran. […]”.Radicación:25000-23-36-000-2019-00120-01 (68383)

Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandado: Nación -Ministerio De Defensa -Policía Nacional y otros

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Demandante: Gloria Rojas Escobar y otras Demandado: Nación -Ministerio De Defensa -Policía Nacional y otros

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grupo familiar, el hecho de haber presenciado la muerte de su cónyuge y padre, y la espera de 27 años para que se profiriera una sentencia penal condenatoria. También reconoció el lucro cesante a favor de las hijas por cuanto al momento del fallecimiento d e su padre eran menores de edad y de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado se presume que recibirían su ayuda hasta los 25 años. Negó el lucro cesante para la cónyuge, por considerar que no se probó su dependencia económica.

24. Adicionalmente, no accedió a las sumas solicitadas a título de daño a la salud y afectación a las condiciones de existencia. En cuanto al primero, el Tribunal explicó que las demandantes no cumplieron con la carga probatoria de acreditarlo, puesto que no a portaron la historia clínica y, por consiguiente, las afirmaciones relacionadas con los aspectos psicosociales no tienen respaldo en esta. Respecto del segundo, precisó que se trata de una categoría superada y que actualmente los daños inmateriales se reducen a los morales, la afectación a la salud y a bienes convencional y constitucionalmente protegidos. Frente a estos últimos, afirmó que no se demostró la vulneración de un derecho de tal naturaleza, distinto al resarcido por concepto de daño moral.

25. En cuanto a las medidas de satisfacción sostuvo que la parte actora no justificó ni aportó pruebas que acreditaran que, con ellas, se puede restituir de alguna manera el derecho vulnerado, además, argumentó que no resultan

25. En cuanto a las medidas de satisfacción sostuvo que la parte actora no justificó ni aportó pruebas que acreditaran que, con ellas, se puede restituir de alguna manera el derecho vulnerado, además, argumentó que no resultan necesarias, ni proporcionales, teniendo en cuenta que el atentado no iba dirigido en contra del señor Peñaloza Sánchez

26. Finalmente, condenó en agencias en derecho al extremo demandado.

Los recursos de apelación

27. La Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional apeló la sentencia de primera instancia el 22 de marzo de 2022 16. Alegó que no era la llamada a suceder procesalmente al extinto DAS, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 4057 de 2011, con la supresión de esa entidad, las autoridades de la rama ejecutiva a las cuales se les asignaron las funciones pertinentes debían asumir los procesos en curso, no los promovidos con posterioridad. Así las cosas, atendiendo a que la función le correspondió a la Unidad Nacional de Protección, esta debió se r llamada al juicio como sucesora procesal y, en todo caso, el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015 creó un patrimonio autónomo administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A. para atender los procesos judiciales y reclamaciones administrativas contra el abolido organismo.

28. Señaló que para definir los efectos de la supresión del DAS no resultaba aplicable el artículo 68 del CGP, dado que para ello se profirió el Decreto 4057 de 2011 y, en todo caso, la norma