CE - Sentencia 25000233600020190022401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., diecisiete (17) de septiembre de 2025

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00224-01 (68181)

Demandantes: Consorcio Vial P&P Demandado: Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

TEMAS: ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad del acto administrativo de adjudicación y perseguir la indemnización de perjuicios causados, y de controversias contractuales para s olicitar la anulación del contrato estatal / RÉGIMEN DE SUBSANABILIDAD DE LAS PROPUESTAS – el rØgimen de subsanabilidad aplicable al caso concreto era el contenido en el parÆgrafo 1° del artíc ulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 / OPORTUNIDAD P ARA SUBSANAR LAS PROPUESTAS – Las propuestas solo pueden ser subsanadas por solicitud de la entidad a cargo del procedimiento de selección, y hasta el tØrmino de traslado del i nforme de evaluación. De manera excepcional, ante errores de la entidad estatal en el trÆmite de evaluación de las propuestas, se podría llegar a subsanar con posterioridad al traslado del informe de evaluación / ALCANCE DE LA SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS – lo subsanable es la prueba del requisito

las propuestas, se podría llegar a subsanar con posterioridad al traslado del informe de evaluación / ALCANCE DE LA SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS – lo subsanable es la prueba del requisito no necesario para la comparación de las propuestas, pero no el requisito en sí mismo / INCENTIVO POR VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD – Se deben cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 392 de 2018.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. S˝NTESIS DEL CASO

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, (en lo sucesivo FDLBU o el Fondo), adelantó el proceso de licitación pœblica No. FDLBU-LP-001-2018, con el objeto de contratar la ejecución de las obras para la conservación de la malla local, intermedia y espacio pœblico de la localidad. Como resultado, suscribió con la firma Concretos AsfÆlticos de Colombia S.A., oferente adjudicatario, el contrato de obra No. 116 de 2018.

El Consorcio Vial P&P promovió demanda en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales, en la qu e solicitó (i) la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación y del contrato celebrado; (ii) el reconocimiento de que su propuesta debió ser considerada la mÆs

nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales, en la qu e solicitó (i) la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación y del contrato celebrado; (ii) el reconocimiento de que su propuesta debió ser considerada la mÆs favorable, conforme al pliego de condiciones; y (iii) la condena a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales que, en su criterio, le fueron irrogados por la indebida adjudicación del contrato, a título de restablecimiento del derecho.

En sustento de sus pretensiones, el actor alega que el procedimiento de selección vulneró los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, al permitir deRadicado: 25000-23-36-000-2019-00224-01 (68181)

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forma irregular la reapertura de la etapa de subsanación durante la audiencia de adjudicación, habilitar indebidamente a oferentes que no cumplieron con requisitos tØcnicos esenciales —en particular, la disponibilidad de laboratorio — y excluir sin justificación el puntaje inicialmente otorgado por la vinculación de personas en condición de discapacidad, pese a haber acreditado los requisitos exigidos en e l pliego y en el Decreto 392 de 2018.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 20 de marzo de 2019 1, el Consorcio Vial P&P, integrado por las sociedades Promciviles S.A.S. y Promotora Puga Ltda., mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales contra el Fondo de Desarrollo Loc al de

Promciviles S.A.S. y Promotora Puga Ltda., mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales contra el Fondo de Desarrollo Loc al de Barrios Unidos, con las siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERA: Declarar que el FDLBU dentro del proceso de Licitación Pœblica No. FDLBU-LP-001-2018 no cumplió con lo establecido en el pliego de condiciones y en consecuencia estableció de forma errada el orden de elegibilidad.

SEGUNDA: Declarar que el FDLBU dentro del proceso de Licitación Pœblica No.

FDLBU-LP-001-2018 no cumplió con lo establecido en el pliego de condiciones y en el Decreto 392 de 2018 y consecuencia decidió de manera errada no otorgar el puntaje al CONSORCIO VIAL P&P por la vinculación de personas en condici ón y/o situación de discapacidad.

TERCERA: Declarar que de conformidad a los pliegos de condiciones del proceso o licitación pœblica No. FDLBU-LP-001-2018 y a lo establecido en la Ley 1882 de 2018 el FDLBU permitió de forma errada subsanar la propuesta a todos los prop onentes que no cumplían con la acreditación de requisitos tØcnicos.

CUARTA: Declarar que de conformidad a los pliegos de condiciones del proceso de licitación pœblica No. FDLBU-LP-001-2018 la mejor propuesta era la presentada por el proponente denominado CONSORCIO VIAL P&P.

CUARTA: Declarar que de conformidad a los pliegos de condiciones del proceso de licitación pœblica No. FDLBU-LP-001-2018 la mejor propuesta era la presentada por el proponente denominado CONSORCIO VIAL P&P.

QUINTA: Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 327 del 04.09.2018, por haber sido expedida con infracción a las normas en que deberían fundarse, por haber sido expedida de manera irregular y desconociendo el derecho de audiencia y defensa, por haber sido expedido mediante falsa motivación y/o con desviación de poder.

SEXTA: Declarar la NULIDAD del Contrato No. 116 de 2018, que con ocasión a la Resolución No. 327 del 04.09.2018 se suscribió entre el FDLBU y la sociedad comercial denominada CONCRESCOL SA NIT. 830.071.114-6, representado por OSCAR ALBERTO TORRES SERRANO o quien haga sus veces.

SÉPTIMA: A título de restablecimiento de derecho, CONDENAR al FDLBU a pagar la totalidad de los perjuicios que se le han ocasionado a los integrantes del proponente CONSORCIO VIAL P&P por la indebida adjudicación del proceso de licitación pœblica No. FDLBU-LP-001-2018 y que se logren demostrar en el presente proceso.

OCTAVA: CONDENAR en costas al FDLBU a favor del demandante.”

1 Fl 1 a 6, C.1.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00224-01 (68181)

Demandante: Consorcio Vial P&P

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1.2. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

Demandante: Consorcio Vial P&P

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1.2. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

1.2.1. Mediante Resolución No. 221 del 3 de julio de 2018, el FDLBU ordenó la apertura del proceso de licitación pœblica No. FDLBU-LP-001-2018, el cual tenía por objeto “ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial local, intermedia y espacio pœblico de la Localidad de Barrios Unidos, el cual incluye apropiación de los diseæos existentes, diagnóstico, estudios y diseæos para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y demÆs actividades que se detallan en los anexos técnicos”.

1.2.2. El pliego de condiciones exigió como requisito para participar en el procedimiento de selección, que toda propuesta fuera acompaæada de una certificación que acreditara la disponibilidad de un laboratorio que contara con los recursos mínimos para la valoración de asfaltos, materiales granulares y concretos, lo cual era requerido durante la ejecución del contrato para garantizar la estabilidad de la obra. AdemÆs, el pliego de condiciones estableció como factor ponderable un incentivo por vinculación de personas en condición de discapacidad, punto en e l cual se destacó que, para acceder al reconocimiento del puntaje establecido por este concepto, se debía cumplir lo exigido en el Decreto 392 de 2018.

1.2.3. El 19 de julio de 2018, el Fondo efectuó el cierre del proceso de selección;

este concepto, se debía cumplir lo exigido en el Decreto 392 de 2018.

1.2.3. El 19 de julio de 2018, el Fondo efectuó el cierre del proceso de selección; diligencia a partir de la cual verificó que 27 oferentes presentaron propuestas dentro del periodo establecido para el efecto. Entre los proponentes figuraba el Conso rcio Vial P&P, el cual allegó los documentos pertinentes para dar cumplimiento al requisito exigido en punto a la disponibilidad del laboratorio para la valoración de asfaltos, materiales granulares y concretos; al igual que los documentos necesarios para acceder al reconocimiento del puntaje por concepto de personas en condición de discapacidad.

1.2.4. El 27 de julio de 2018, el FDLBU publicó el informe preliminar de evalua ción de las propuestas. Luego de agotada la etapa de subsanación de los ofrecimientos, la entidad demandada publicó un nuevo informe de evaluación que d io cuenta de los proponentes que resultaron habilitados, figurando entre ellos el Consorcio Vial P&P. Acto seguido, la entidad asignó el puntaje de los factores ponderables distintos a la propuesta económica, ejercicio a partir del cual al Consorcio Vial P&P le fue asignado el puntaje mÆximo por concepto de vinculación de personas en condición de discapacidad.

1.2.5. El 10 de agosto de 2018, el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos dio inicio a la audiencia de adjudicación, en cuyo desarrollo se presentaron observaciones dirigidas a cuestionar el puntaje otorgado al Consorcio Vial P&P, por cuenta de la vinculación de personas en condición de discapacidad. En vista de

inicio a la audiencia de adjudicación, en cuyo desarrollo se presentaron observaciones dirigidas a cuestionar el puntaje otorgado al Consorcio Vial P&P, por cuenta de la vinculación de personas en condición de discapacidad. En vista de estas observaciones, la entidad demandada retiró el puntaje asignado por este concepto, en tanto consideró que la certificación allegada para el efecto no fue otorgada en favor del Consorcio Vial P&P, ni de ninguno de sus integrantes, al paso que estimó que “[…] el integrante del proponente que aporta la persona en situación de discapacidad no cumple con el porcentaje mínimo exigido, este es 40%, to da que [sic] segœn los cÆlculos de la entidad el integrante (Promotora Puga) aporta e l 30.31% de la experiencia acreditada por el consorcio”.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00224-01 (68181)

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1.2.6. En el trÆmite de la audiencia de adjudicación, el Consorcio Vial P&P tambiØn presentó observaciones dirigidas a cuestionar la habilitación de la mayoría de los oferentes que participaron en el procedimiento de selección. En tal sentido, segœn lo expuesto en la demanda, puso de presente que el requisito exigido en punto a la disponibilidad de un laboratorio solo fue cumplido por el Consorcio Vial P&P y por el Consorcio IG 2018, por lo que los 25 oferentes que no observaron dicho requerimiento estaban incursos en causal de rechazo por haber presentado propuestas incompletas. De ahí que, a juicio de la parte actora, la entida d

el Consorcio IG 2018, por lo que los 25 oferentes que no observaron dicho requerimiento estaban incursos en causal de rechazo por haber presentado propuestas incompletas. De ahí que, a juicio de la parte actora, la entida d demandada debía proceder al rechazo de cada uno de los ofrecimient os que no fueron presentados de manera completa.

1.2.7. No obstante lo anterior, en lugar de proceder conforme con lo ordenado en el pliego de condiciones, la entidad demandada decidió “reaperturar” la etapa de subsanación de las ofertas para que los proponentes que no cumplieron el requisito exigido en punto a la disponibilidad del laboratorio lo hicieran dentro del period o comprendido entre el 13 y el 17 de agosto de 2018. Así, como consecuencia de la “reapertura” de la etapa de subsanación de las propuestas, los oferentes que no presentaron la certificación exigida en el pliego de condiciones complementaron su ofrecimiento en el tØrmino otorgado por la entidad.

1.2.8. Ante este escenario, el Consorcio Vial P&P solicitó al Fondo que declarara la nulidad de esta irregular etapa de subsanación de las propuestas, así como tambiØn que le fuera reconocido el puntaje por concepto de vinculación de trabajad ores en condición de discapacidad. Sin embargo, esta petición fue contestada de manera parcial en el trÆmite de la audiencia de adjudicación.

1.2.9. Mediante Resolución No. 327 del 4 de septiembre de 2018, el Fondo adjudicó el contrato a la sociedad Concretos AsfÆlticos de Colombia S.A. En consecuencia, el 7 de septiembre de 2018 la entidad demandada y el oferente ad judicatario

el contrato a la sociedad Concretos AsfÆlticos de Colombia S.A. En consecuencia, el 7 de septiembre de 2018 la entidad demandada y el oferente ad judicatario suscribieron el contrato de obra No. 116, para ejecutar las obras de conservación de la malla vial local, intermedia y espacio pœblico de la Localidad de Barrios Unidos.

1.3. Como fundamento jurídico , la parte accionante afirmó que el acto administrativo de adjudicación desconoce de manera abierta los artículos 23, 24 y 28 de la Ley 80 de 1993, al igual que el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 1° de la Ley 1882 de 2018.

1.3.1. Para brindar sustento a este reproche, la parte accionante explicó que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pœblica regula lo atinente a la oportunidad para subsanar las propuestas, a propósito de lo cual destac ó que el parÆgrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el a rtículo 5 de la Ley 1882 de 2018, prescribe que dicha oportunidad se extiende hasta el traslado del informe de evaluación de las ofertas; tØrmino que consideró de carÆcter preclusivo y perentorio.

1.3.2. Agregó que la jurisprudencia de esta Corporación es abundante en cua nto a la prohibición de crear etapas dentro del procedimiento precontractual, así como tambiØn en lo referente a la imposibilidad de revivir tØrminos perentorios fenecidos por descuido de la entidad directora del procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el demandante refirió que “[…] la Administración no se encuentra

tambiØn en lo referente a la imposibilidad de revivir tØrminos perentorios fenecidos por descuido de la entidad directora del procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el demandante refirió que “[…] la Administración no se encuentra investida de potestad alguna para modificar los tØrminos de manera discrecional, arbitraria y apelando a su propia culpa por omisión de una correcta evaluación, puesRadicado: 25000-23-36-000-2019-00224-01 (68181)

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de hacerlo, ademÆs de violar el debido proceso constitucional y legal o que enmarca el proceso de selección, estaría en causal flagrante de violación al principio d e Transparencia y de economía en desmedro de la selección objetiva”.

1.3.3. Bajo el anterior contexto, la accionante alegó que en este caso el FD LBU no evaluó adecuadamente las ofertas presentadas en el marco del procedimiento d e selección, en tanto no advirtió que la mayoría de los proponentes no cumplieron el requisito exigido en punto a la disponibilidad del laboratorio.

En línea con lo anterior, afirmó que el hecho de que la entidad dema ndada no hubiere estudiado detalladamente las propuestas presentadas no la habilitaba para que, en el desarrollo de la audiencia de adjudicación, reviviera el tØrmino de subsanación de las propuestas en detrimento de los oferentes que, obran do de manera correcta, cumplieron con la carga de debida diligencia y, en dicho orden, presentaron su propuesta de manera completa. En su concepto, una vez verificado que la mayoría de las propuestas presentadas en el procedimiento d e selección

manera correcta, cumplieron con la carga de debida diligencia y, en dicho orden, presentaron su propuesta de manera completa. En su concepto, una vez verificado que la mayoría de las propuestas presentadas en el procedimiento d e selección estaban incompletas, la entidad debió rechazarlas, en lugar de otorgar una nueva oportunidad para subsanar que en realidad habilitaba a los oferentes para complementar su ofrecimiento.

1.3.4. Para el demandante, la actuación desplegada por la entidad demandada –en los anteriores tØrminos – comportó la vulneración del principio de economía que debía ser observado en el proceso administrativo de selección, en tanto n o se cumplieron los procedimientos y etapas estrictamente necesarias para asegurar la selección objetiva de la propuesta mÆs favorable, ni mucho menos se respetó la preclusividad y perentoriedad de los tØrminos establecidos para el efecto.

1.3.5. En el mismo sentido, el demandante sostuvo que “[...] la creación de una nueva etapa de subsanación luego de las ya legalmente definidas en las leyes mencionadas y vigentes para el periodo contractual, viola por completo lo prescrito en el artículo 24 de la ley 80 de 1993, ya que se salta los tØrminos y p rocedimientos legalmente establecidos por el Estatuto General de la Contratación que o bligan a los servidores a no actuar con desviación o abuso de poder y ejercer sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les es prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demÆs requisitos previstos en el Estatuto de la contratación (art. 24. L.80/93), y por ello no existe

prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demÆs requisitos previstos en el Estatuto de la contratación (art. 24. L.80/93), y por ello no existe posibilidad discrecional de eludirlo con argucias y sin fundamento, que precisamente afecten el interØs legítimo de los proponentes que en igualdad de cond iciones presentamos correctamente nuestra oferta desde un inicio [...]”.

1.3.6. Sumado a todo lo anterior, la parte accionante citó jurisprudencia de esta Corporación que advierte que los oferentes deben cumplir todos los requisitos habilitantes exigidos para participar en el procedimiento de selección en el momento en que presentan una propuesta, así como tambiØn sentencias del Consejo de Estado que han precisado que lo subsanable en el procedimiento de selección es la prueba de los requisitos habilitantes y no el requisito como tal.

1.3.7. De otra parte, resaltó que el no otorgamiento del puntaje correspondiente a la vinculación de personas en condición de discapacidad evidenciaba la violación del principio de selección objetiva. Para respaldar esta afirmación, el demandante explicó que, en su calidad de proponente plural, presentó junto c on su propuesta todos los documentos que acreditaban que uno de sus integrantes empleab aRadicado: 25000-23-36-000-2019-00224-01 (68181)

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trabajadores en condición de discapacidad, situación que la entidad de mandada desconoció sin justificación alguna.

1.3.8. Por œltimo, la parte accionante seæaló que habría resultado adjudicatari a si el

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trabajadores en condición de discapacidad, situación que la entidad de mandada desconoció sin justificación alguna.

1.3.8. Por œltimo, la parte accionante seæaló que habría resultado adjudicatari a si el FDLBU (i) no hubiere permitido la complementación de las propuestas parciales presentadas en el procedimiento de selección, y (ii) le hubiere reconocido el puntaje por concepto de vinculación de personas en condición de discapacidad. A sí, concluyó que tiene derecho a la utilidad dejada de percibir, la cual estimó en $452.915.063, suma correspondiente al 6% aplicado sobre el costo directo estimado en la oferta económica.

2. Contestación de la demanda

2.1. El Distrito de BogotÆ – Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Barrios Unidos 2 se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

2.1.1. El Fondo tenía plena potestad para otorgar un tØrmino adicional para que los proponentes allegaran los documentos subsanables. En este punto, explicó que el otorgamiento de la oportunidad para subsanar las propuestas no era una m era facultad de la Administración, sino un deber a su cargo que, de ser omitido, generaba la vulneración al derecho al debido proceso de los participantes e n el procedimiento de selección.

2.1.2. En el mismo sentido, seæaló que la Agencia Nacional de Contratación Pœblica “Colombia Compra Eficiente”, en la Circular Externa Única de l 16 de julio de 2018, estableció “[…] una obligación específica para las entidades y un derecho para los

“Colombia Compra Eficiente”, en la Circular Externa Única de l 16 de julio de 2018, estableció “[…] una obligación específica para las entidades y un derecho para los proponentes, a partir de una situación no contemplada por el ParÆgrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 [sic], esto es, para aquellas situaciones en que la entidad pœblica haya omitido requerir al proponente para que subsane un requisito habilitante antes de la etapa de traslado del informe de evaluación, se h abilita a la entidad para que pueda hacer tal requerimiento en etapa posterior a dicho traslado, sin que ello implique la vulneración de los principios de preclusión y perent oriedad de las etapas y trÆmites del proceso de selección contractual, dado que se estÆ a nte un supuesto no contemplado en el mencionado parágrafo”.

2.1.3. Agregó que la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente” tenía competencia para expedir circulares externas en materia de compras y contratación pœblica, las cuales eran actos administrativos que contenían mandatos, orientaciones e instrucciones de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales y el pœblico en general. De ahí que las instrucciones, mandatos y orientaciones contenidos en la Circular Externa Única de julio de 2018, debieran ser observados dentro del procedimiento de selección que dio origen al proceso de la referencia.

2.1.4. De esta forma, la demandada sostuvo que, aun cuando el parÆgrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 estableció un límite temporal para la subsanación

la referencia.

2.1.4. De esta forma, la demandada sostuvo que, aun cuando el parÆgrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 estableció un límite temporal para la subsanación de los “requisitos habilitantes”, lo cierto era que la Circular Externa Única de julio de 2018 tambiØn contemplaba un criterio que le permitía otorgar oportunida des para subsanar en escenarios distintos al establecido en el referido parÆgrafo 1° del

2 Fl 48 a 62, C.1.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00224-01 (68181)

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artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, como en el caso con creto la entidad verificó el incumplimiento de un requisito que no otorgaba punt aje en el marco de la audiencia de adjudicación, le era permitido requerir a los oferentes para que subsanaran su propuesta, so pena de desconocer sus derechos.

2.1.5. De otra parte, estimó que la decisión de no otorgar el puntaje al Con sorcio Vial P&P por concepto de vinculación de trabajadores en condición de discapacidad había sido acertada, pues aquel no tenía derecho al incentivo, dado qu e presentó un certificado de vinculación de personas en condición de discapacidad expedido por el Ministerio del Trabajo a nombre de una persona distinta a sus integrantes.

2.1.6. Por œltimo, la entidad demandada propuso las excepciones que denominó (i) “legalidad de la actuación surgida por la Alcaldía Local – Fondo de Desarrollo de

2.1.6. Por œltimo, la entidad demandada propuso las excepciones que denominó (i) “legalidad de la actuación surgida por la Alcaldía Local – Fondo de Desarrollo de Barrios Unidos ”, sustentada en el hecho de que desde el mismo pliego de condiciones se previó la posibilidad de otorgar oportunidades para subsanar p or fuera de los parÆmetros establecidos en el parÆgrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1 150 de 2007, aspecto que fue conocido por los proponentes y aceptado en dichos tØrminos; e (ii) “inexistencia de prueba y fundamento sobre el perjuicio sufrido ”, al considerar que no existía prueba concreta, expresa y formal que indicara que la parte accionante sufrió perjuicios.

2.2. Concretos AsfÆlticos de Colombia S.A., sociedad vinculada al proceso como litisconsorte necesario por pasiva por resultar adjudicataria del proceso de selección, no contestó la demanda, segœn se desprende de lo consignado en la providencia judicial del 15 de diciembre de 20203.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte accionante 4, luego de referir las pruebas documentales que respaldaban las afirmaciones contenidas en el libelo introductorio, afirmó que e n este caso la entidad demandada incurrió en un vicio en la motivación del acto de adjudicación por errores de hecho y de derecho, así como tambiØn en desviación de poder.

3.1.1. En lo que respecta al primer cargo de nulidad, el demandante refirió que existía un error de derecho, dada la ausencia de disposiciones normativas que

de poder.

3.1.1. En lo que respecta al primer cargo de nulidad, el demandante refirió que existía un error de derecho, dada la ausencia de disposiciones normativas que permitieran “ revivir” tØrminos precluidos para que los proponentes subsanaran defectos no advertidos por la entidad al momento de efectuar la evaluación de las propuestas. En este punto, destacó que la entidad demandada no po día acudir a los manuales y guías de la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente” como sustento para contrariar los principios rectores del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, “[…] pues ello riæe de manera abierta con las bases de la ley 80 de 1993, que como se extrajo de la jurisprudencia del Consejo de estado, procuran la seguridad jurídica de los procesos así como la igualdad misma en las actuaciones, razón por la cual no existe norma de igual o superior rango jurídico que el Estatuto General de la Contratación.”

3.1.2. De otra parte, refirió que los funcionarios que participaron en la expedición del acto de adjudicación actuaron con desviación de poder, al desconoc er que los

3 SAMAI DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, índice No. 15. 4 SAMAI DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, índice No. 27.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00224-01 (68181)

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procesos de contratación deben seguir los procedimientos y etapas estrictamen te necesarias para asegurar la selección de la propuesta mÆs favorable para la

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procesos de contratación deben seguir los procedimientos y etapas estrictamen te necesarias para asegurar la selección de la propuesta mÆs favorable para la entidad. Sobre este particular, explicó que la entidad demandada adoptó decisiones equivocadas que configuraron un “iter desviatorio”, pues, en lugar de dar aplicación a las reglas de rechazo en relación con los proponentes que no cumplieron en su integridad con las exigencias contenidas en el pliego de condiciones, procedió a “revivir” el término u oportunidad para subsanar las propuestas, sin que mediara un acto administrativo de saneamiento del proceso expedido con sustento en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993.

3.1.3. Sumado a lo anterior, seæaló que la entidad accionada desconoció l a sustitución patronal en virtud de la cual uno de los integrantes del Consorcio Vial P&P se constituyó en el empleador de una persona en condición de d iscapacidad. En dicho contexto, explicó que la certificación presentada por el Consorcio Vial P&P con el objeto de acceder al incentivo por la vinculación de personas en condición de discapacidad, debía analizarse en armonía con los documentos que de mostraban la sustitución patronal, lo que omitió la entidad demandada y, por ello, incurrió en un yerro en la motivación del acto que, ademÆs, se encuentra reforzado p or el hecho de que no hubiere advertido que el consorciado –empleador de la persona en condición de discapacidad – sí cumplía con la participación exigida en el Decreto 392 de 2018 para efectos de obtener el incentivo.

de que no hubiere advertido que el consorciado –empleador de la persona en condición de discapacidad – sí cumplía con la participación exigida en el Decreto 392 de 2018 para efectos de obtener el incentivo.

3.1.4. En criterio de la parte accionante, lo expuesto en los anteriores tØrminos permitía la anulación del acto administrativo de adjudicación y, por contera, l a declaratoria de nulidad absoluta del contrato de obra No. 116 de 2018, suscrito entre el Fondo y la sociedad Concretos AsfÆlticos de Colombia S.A. Adicionalmente, la anulación del acto de adjudicación hacía procedente el restablecimiento del derecho, el cual fue concretado en una pØrdida de la oportunidad de resu ltar adjudicatario del contrato de obra, propiciada por la actuación irregu lar del Fondo. Este perjuicio fue valorado en $452.915.063, suma de dinero que se obtuvo de aplicar el 6% de las utilidades esperadas al costo directo estimado en la oferta económica.

3.2. El Distrito de BogotÆ – Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Barrios Unidos5 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

3.3. El Min