CE - Sentencia 25000233600020190051101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00511-01 (71978) Demandantes: Unión Temporal Procesos TCH 2019 y otros Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio y otro Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho - controversias contractuales

TEMAS: PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS – en el proceso contencioso administrativo el rØgimen de costas estÆ edificado sobre la base de un criterio objetivo que impone verificar el resultado del proceso, así como tambiØn que los gastos procesales efectivamente se hubieren causado. En ese orden, no resulta necesario abordar el estudio de la conducta procesal de las partes. ADICIÓN NORMATIVA INTRODUCIDA AL ART˝CULO 188

DEL CPACA – amplió la potestad del juez para condenar en costas, en el sentido de permitir adoptar determinaciones de este tipo aun en el proceso contencioso administrativo de carÆcter objetivo. AMPARO DE POBREZA – se erige como una institución procesal que opera, incluso, para las personas jurídicas, y que las exime de asumir las cargas procesales que comporta la comparecencia al proceso judicial. SIN CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Aunque el recurso de apelación se resolvió en contra de la parte recurrente, no se probó que la

comparecencia al proceso judicial. SIN CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Aunque el recurso de apelación se resolvió en contra de la parte recurrente, no se probó que la SIC ni Global Technology Services GTS S.A. incurrieran en expensas o agencias en derecho en la segunda instancia, pues sus apoderados no intervinieron en esa etapa, lo que impide la imposición de condena en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Procesos y Servicios S.A.S. contra la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida po r la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó en costas a la parte accionante.

I. S˝NTESIS DEL CASO

La Unión Temporal Procesos TCH 2019 y sus integrantes, quienes resultaron vencidos en el proceso licitatorio No. 051 de 2018 adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, promovieron demanda en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales, por medio de la cual solicitaron: (i) la declaratoria de nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato celebrado; (ii) la adjudicación del contrato en su favor; y (iii) en caso de que ello no fuere posible, la condena a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales que, en su criterio, le fueron irrogados por la indebida adjudicación del contrato.

En sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó

entidad demandada al pago de los perjuicios materiales que, en su criterio, le fueron irrogados por la indebida adjudicación del contrato.

En sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó en costas a la part e accionante por resultar vencida dentro del proceso. Una de las integrantes de la unión temporal —tambiØn demandante en el proceso de la referencia — cuestiona la sentencia de primera instancia œnicamente en lo relativo a la condena en costas.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00511-01 (71978)

Demandantes: Unión Temporal Procesos TCH 2019 y otros

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En su criterio, tal determinación no era procedente en la medida en que la demanda no fue presentada con una carencia manifiesta de fundamento legal, ni obró de mala fe.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 15 de julio de 2019 1, la Unión Temporal Procesos TCH 2019 y sus integrantes, Procesos y Servicios S.A.S. y TCHL Consultoría y Servicios S.A.S., mediante apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contra ctuales contra la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Global Technology Services GTS S.A., con el objeto de que (i) se declarara la nulidad de la Resolución No. 93336 del 26 de diciembre de 2018, por medio de la cual la ent idad accionada adjudicó el proceso de licitación pœblica SIC 051 de 2018; (ii) se declarara la nulidad

No. 93336 del 26 de diciembre de 2018, por medio de la cual la ent idad accionada adjudicó el proceso de licitación pœblica SIC 051 de 2018; (ii) se declarara la nulidad absoluta del contrato suscrito entre la entidad y Global Technology Services GTS S.A; (iii) se adjudicara el contrato a la Unión Temporal Procesos TCH 2019; (iv) en caso de que ello no fuere posible, se condenara a la entidad al pa go de la utilidad dejada de percibir, así como tambiØn al pago de los intereses se cau saran entre la fecha en que debió recibir el pago de la utilidad y el momento en qu e el mismo se haga efectivo; y (v) se condenara en costas a los demandados.

1.2. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

1.2.1. Mediante Resolución No. 83671 del 14 de noviembre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio —en adelante, SIC — dio apertura al procedimiento de licitación pœblica No. 051 de 2018, el cual tenía por ob jeto contratar la prestación de servicios de apoyo en la gestión documental de la entidad.

1.2.2. En el trÆmite del procedimiento de selección presentaron propuestas la Unión Temporal Procesos TCH 2019 —demandante en el proceso de la referencia —, InformÆtica Documental S.A.S., Servisoft S.A., Unió n Temporal AT-SIC, Consorcio JES 2018, Global Technology Services GTS S.A. —demandada en el presente asunto—, Unión Temporal CI CSA 2018 y UT Gestión Documental SIC.

JES 2018, Global Technology Services GTS S.A. —demandada en el presente asunto—, Unión Temporal CI CSA 2018 y UT Gestión Documental SIC.

1.2.3. El 19 de diciembre de 2018 la SIC emitió el informe definitivo de evaluaci ón de las propuestas, el cual determinó que Servisoft S.A. y la UT Gestión Documental SIC eran los œnicos participantes que cumplieron los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones. En el caso de la Unión Temporal Procesos TCH 2019 , aun cuando la entidad determinó que cumplía con los requisitos habilitantes exigidos en el procedimiento de selección, su propuesta fue rechazada por inconsistencias en el componente económico.

1.2.4. El 20 de diciembre de 2018, la SIC dio apertura a la audiencia de adjudicación del procedimiento licitatorio, en cuyo desarrollo s e formularon observaciones al informe definitivo de evaluación de las propuestas, por lo que la entidad suspendió la diligencia para estudiarlas y brindar respuesta a cada una de ellas. La diligencia fue reanudada el 21 de diciembre de 2018 y en su desarr ollo la SIC habilitó a la Unión Temporal Procesos TCH 2019, así como tambiØn efectuó el anÆlisis de comparaci ón

1 Fls 1 a 46, cuaderno principal.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00511-01 (71978)

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de las propuestas presentadas por los participantes que resultaron habilitados, ejercicio a partir del cual la unión temporal deman dante fue situada en el segundo

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de las propuestas presentadas por los participantes que resultaron habilitados, ejercicio a partir del cual la unión temporal deman dante fue situada en el segundo lugar del orden de elegibilidad, luego de la UT Gestión Documental SIC, quien ocupó el primer lugar.

1.2.5. Agotado lo anterior, la SIC otorgó una nueva oport unidad para presentar observaciones, espacio que fue utilizado por la uni ón temporal demandante para cuestionar la habilitación de la UT Gestión Documental SIC, en tanto el valor de su propuesta superaba el presupuesto oficial del proceso licitatorio, a propósito de lo cual reprochó que la SIC hubiere efectuado ajustes aritmØticos a su propuesta con el objeto de alterar los valores ofertados para el aæo 2021 y , con ello, beneficiarla en el curso del procedimiento administrativo. En el mismo senti do, cuestionó que la entidad demandada tambiØn hubiere realizado una corrección aritmØtica que alteró el valor de la propuesta de Global Technology Services GTS S.A., al margen de que hasta ese momento dicho participante no había sido habilitado en el procedimiento de selección.

1.2.6. La audiencia de adjudicación fue suspendida y posteriormente reanudada el 26 de diciembre de 2018. Pese a las irregularidades advertidas por la Unión Temporal Procesos TCH 2019, la entidad demandada confirmó la habilitación de la UT Gestión Documental SIC, al tiempo que habilitó a Global Technology Services GTS S.A. De este modo, ante la incorporación de un nuevo partic ipante en el anÆlisis de comparación de las propuestas, se produjo un nuevo orden de elegibilidad en el que

Documental SIC, al tiempo que habilitó a Global Technology Services GTS S.A. De este modo, ante la incorporación de un nuevo partic ipante en el anÆlisis de comparación de las propuestas, se produjo un nuevo orden de elegibilidad en el que Global Technology Services GTS S.A. resultó ubicada en el primer lugar, motivo por el cual la SIC le adjudicó el contrato de prestación de servicios mediante Resolución No. 93336 del 26 de diciembre de 2018; la cual, pes e a haber sido recurrida por la unión temporal demandante, fue confirmada en todas sus partes por la entidad.

1.2.7. Como fundamento jurídico, la parte actora alegó, en síntesis, que el acto cuestionado desconoció los principios de transparencia e igualdad, por cuanto (i) la SIC realizó correcciones aritmØticas en manifiesta contravención de lo establecido en el pliego de condiciones, en la medida en que tales correcciones alt eraron el valor total de los ofrecimientos económicos presentados por la UT Gestión Documental SIC y Global Technology Services GTS S.A.; y (ii) la corrección de las propuestas no fue realizada de la misma forma frente a todos los participantes en el procedimiento de selección.

Para los demandantes, las propuestas de UT Gestión Documental SIC y de Global Technology Services GTS S.A. debieron ser rechazadas, por cuanto su va lor desbordó el presupuesto oficial del procedimiento de licitación pœblica No. 051 de

2018. Adicionalmente, en el caso de la oferente Global Technolog y Services GTS S.A., la parte accionante refirió que había participado en otro procedimiento de selección con documentos que presentaban inconsistencias, lo cual condujo a que la entidad directora del procedimiento administrativo revocara el acto de

S.A., la parte accionante refirió que había participado en otro procedimiento de selección con documentos que presentaban inconsistencias, lo cual condujo a que la entidad directora del procedimiento administrativo revocara el acto de adjudicación que estableció derechos en su favor. Aun cuando esta circuns tancia fue puesta en conocimiento de la SIC, la entidad no tomó medidas e n contra de Global Technology Services GTS S.A.; por el contrario, le adjudicó el contrato.

En estas condiciones, de cara a las irregularidades advertidas, el contrato d ebió haber sido adjudicado a la Unión Temporal Procesos TCH 2019, al ser la œ nica oferente que cumplió en su integridad los requisitos exigidos en el pliego deRadicado: 25000-23-36-000-2019-00511-01 (71978)

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condiciones. De allí que el principio de selección objetiva igualmente resulta ra lesionado por cuenta de la expedición del acto administrativo demandado.

2. Contestación de la demanda

2.1. La SIC2 se opuso a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, explicó que en el proceso licitatorio No. 051 de 2018 la mayoría de los oferentes desatendieron lo establecido en el pliego de condiciones en relación con la forma en que debía presentarse la información económica del proyecto, a saber, mediante la formulación de un valor mensual totalizado. En tal sentido, precisó que 7 de los 8 participantes presentaron sus propuestas económicas ofreciendo un valor anualizado, por lo que “[…] el criterio para efectuar el cotejo de las ofertas, fue la asimilación a periodos mensuales, […] de esta forma no se hizo ninguna

participantes presentaron sus propuestas económicas ofreciendo un valor anualizado, por lo que “[…] el criterio para efectuar el cotejo de las ofertas, fue la asimilación a periodos mensuales, […] de esta forma no se hizo ninguna modificación o corrección aritmØtica, la Entidad por el contrario se limitó a efectuar una expresión objetiva de la oferta económica, permitiØndose así apreciarla en los tØrminos en que había sido solicitada al efectuar la estructuración de los pliegos”.

De otra parte, frente a lo alegado en punto a la participación de la socied ad adjudicataria en otro procedimiento de selección con documentos que presentaban inconsistencias, la entidad refirió que sí tuvo en cuenta esta circunstancia. En efecto, seæaló que, una vez fue puesto en su conocimiento esa novedad, proce dió a efectuar una revisión detallada de los documentos que la adjudicataria a compaæó con su ofrecimiento, sin que advirtiera irregularidad alguna que comprometie ra la validez del procedimiento administrativo. Agregó que al momento en que se le notificó la demanda no le había sido comunicada decisión alguna que co mportara la configuración de alguna causal de inhabilidad, por lo que no resultaba inadmisible rechazar la propuesta de la citada sociedad por las razones ventiladas.

2.2. Global Technology Services GTS S.A. 3 se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, refirió que las correcciones aritmØticas efectuadas por la SIC respecto de su propuesta y la de la UT Gestión Documental SIC no alteraron el valor total de los ofrecimientos económicos, por lo que la entidad no desconoció el pliego de condiciones, como pretendió hacerlo val er la parte accionante.

efectuadas por la SIC respecto de su propuesta y la de la UT Gestión Documental SIC no alteraron el valor total de los ofrecimientos económicos, por lo que la entidad no desconoció el pliego de condiciones, como pretendió hacerlo val er la parte accionante.

De otra parte, en cuanto a su participación en otro procedimiento de selección con documentos que presentaban inconsistencias, sostuvo que (i) participó en el procedimiento de licitación pœblica No. FTIC-LP-05-2017 en unión temporal con la sociedad Protech Ingeniría S.A.; (ii) dicha unión temporal resultó adjudicataria en el procedimiento de selección; y (iii) la entidad a cargo del procedimiento licitatorio revocó el acto de adjudicación porque la propuesta de la unión temporal fue acompaæada de documentos que presentaban inconsistencias. Con todo, a seguró que no tenía conocimiento de esta circunstancia, dado que los docu mentos cuestionados en el trÆmite administrativo fueron allegados por el representante legal de la unión temporal, al tiempo que precisó que, en cualquier caso, no se presen tó una causal de inhabilidad puesto que no existía una sentencia que h ubiere declarado la responsabilidad penal de su representante legal.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

2 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 23. 3 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 22.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00511-01 (71978)

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3.1. Procesos y Servicios S.A.S.4, integrante de la Unión Temporal Procesos TCH

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3.1. Procesos y Servicios S.A.S.4, integrante de la Unión Temporal Procesos TCH 2019 y demandante en el proceso de la referencia, insistió en las irregularida des advertidas en el libelo introductorio respecto del acto de adjudicación, al pa so que introdujo nuevos argumentos dirigidos a cuestionar la habilitación de Global Technology Services GTS S.A., los cuales concretó en el hecho de que l a adjudicataria hubiere sido habilitada en el curso de la audiencia de adj udicación, pese a que había sido excluida del procedimiento de selección en el informe definitivo de evaluación de las propuestas.

3.2. La SIC5 y Global Technology Services GTS S.A.6 reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

4. Sentencia de primera instancia

4.1. Mediante sentencia del 15 de marzo de 2024 7, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó en costas a la parte accionante, e n cuyo efecto expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:

4.1.1. El pliego de condiciones permitía la corrección aritmØtica de las cifras contenidas en las propuestas, siempre que no alteraran su valor total. Bajo este entendimiento, aun cuando la SIC efectuó correcciones aritmØticas respecto de los ofrecimientos económicos de la UT Gestión Documental SIC y de Global Technology Services GTS S.A., dichas correcciones no comportaron una modificación de los

entendimiento, aun cuando la SIC efectuó correcciones aritmØticas respecto de los ofrecimientos económicos de la UT Gestión Documental SIC y de Global Technology Services GTS S.A., dichas correcciones no comportaron una modificación de los valores ofrecidos por los proponentes, por lo que no era posible concluir que la entidad accionada hubiere desconocido las reglas contenidas en el pliego de condiciones.

4.1.2. De otra parte, en lo que respecta a los cuestionamientos efectuados alrededor de la participación de la sociedad adjudicataria en el procedimiento de licita ción pœblica No. FTIC-LP-05-2017, el Tribunal estimó que la entidad actuó co nforme a derecho al considerar que la adjudicataria estaba habilitada para participar e n el proceso licitatorio No. 051 de 2018. Al punto, indicó que las pruebas qu e fueron allegadas al proceso no daban cuenta de que contra la sociedad ad judicataria se hubiere adelantado un proceso disciplinario y/o penal con ocasión de las irregularidades que se presentaron en aquel procedimiento, ni mucho menos de un antecedente que impidiera su participación en el proceso licitatorio No. 051 de 2018.

4.1.3. En estas condiciones, el Tribunal consideró que la parte accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto de adjudicación, por lo que concluyó que debían negarse las pretensiones de la demanda. En el anterior orden, dado que la parte actora resultó vencida, el Tribunal la condenó en costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —en adelante, CPACA —, en concordancia con lo

la parte actora resultó vencida, el Tribunal la condenó en costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —en adelante, CPACA —, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso —en adelante, CGP—. Adicionalmente, el tribunal estimó que “teniendo que el reconocimiento de las agencias en derecho es de carÆcter objetivo, se condenarÆ en costas por concepto

4 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 40. 5 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 39. 6 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 37. 7 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 43.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00511-01 (71978)

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de agencias en derecho de primera instancia, a favor de la parte dema ndada y en contra del extremo activo, el equivalente al 0.5% de lo pretendido, suma qu e serÆ tenida en cuenta al liquidar las costas procesales".

5. El recurso de apelación

5.1. Procesos y Servicios S.A.S.8, integrante de la Unión Temporal Procesos TCH 2019 y demandante en el proceso de la referencia, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida el 15 de marzo de 20 24, el cual estuvo dirigido a cuestionar œnicamente la condena en costas impuesta en su contra

2019 y demandante en el proceso de la referencia, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida el 15 de marzo de 20 24, el cual estuvo dirigido a cuestionar œnicamente la condena en costas impuesta en su contra por considerarla una decisión excesiva 9. Para fundamentar la alzada, la recurrente expuso los siguientes argumentos:

5.1.1. Afirmó que la condena en costas no procedía por el simple hecho de que hubiere resultado vencida en el proceso, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, su procedencia estaba supeditada a que la dema nda se hubiere prestado con manifiesta carencia de fundamento legal, lo cual no ocurrió en el proceso de la referencia. En el mismo sentido, indicó que la condena en costas desatendió lo establecido en el numeral 810 del artículo 365 del CGP, a propósito de lo cual destacó que en el fallo impugnado no se indicó que los de mandantes hubieren obrado con mala fe. Lo que estaba demostrado era que acu dieron a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acceso a la administración de justicia y en aplicación del principio de gratuidad de la justicia, motivados por la plena convicción de la procedencia del derecho y de las pretensiones de la demanda.

5.1.2. Sumado a lo anterior, la recurrente llamó la atención sobre el hecho de que “[…] la activación de la segunda instancia se hace solo con la intención de revocar la condena en costas, esto, ante la falta de recursos para el pago de la co ndena impuesta, pues, aun cuando estuvimos de acuerdo con el planteamiento del Tribunal luego del estudio probatorio en la decisión de fondo, no s e puede aceptar

la condena en costas, esto, ante la falta de recursos para el pago de la co ndena impuesta, pues, aun cuando estuvimos de acuerdo con el planteamiento del Tribunal luego del estudio probatorio en la decisión de fondo, no s e puede aceptar la condena de costas habida cuenta que, la misma procede no solo por el hecho de ser vencida una parte en el proceso sino cuando de la valoración de los aspecto s objetivos, haya lugar a su imposición, aspecto que ya ha sido tratado de ma nera Uniforme por parte del Consejo de Estado; así pues, considera este apoderado que, al analizar el presente caso, encuentra que del anÆlisis de los aspectos o bjetivos del proceso, no se dan los motivos para imponer dicha condena, razón por l a cual no se debió acceder a su reconocimiento”.

5.1.3. Por œltimo, solicitó que, en caso de que se confirmara la sentencia de primera instancia, no se le condenara en costas en sede de segunda instancia, pu es “[…] esto conllevaría a hacer mÆs perjudicial la situación del apelante œnico ”.

6. TrÆmite en segunda instancia

8 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 47. 9 En este particular, la Sala destaca que en el recurso de apelación la parte acc ionante manifestó expresamente lo siguiente: “Sea lo primero manifestar que, no se realizarÆ objeción alguna a las razones expuestas en la sentencia y que sirvieron de sustento para negar l as pretensiones, esto, teniendo en cuenta que estas resultaron ser suficientes, adecuadas y ajustadas a der echo, conclusión a la que se pudo llegar solo al momento de conocer la sentencia […]”.

razones expuestas en la sentencia y que sirvieron de sustento para negar l as pretensiones, esto, teniendo en cuenta que estas resultaron ser suficientes, adecuadas y ajustadas a der echo, conclusión a la que se pudo llegar solo al momento de conocer la sentencia […]”. 10 “ART˝CULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetarÆ a las siguien tes reglas: […] 8. Solo habrÆ lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en l a medida de su comprobación. […]”.Radicado: 25000-23-36-000-2019-00511-01 (71978)

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6.1. El recurso de apelación presentado por la sociedad demandante fue ad mitido mediante auto del 11 de septiembre de 2025 11. De conformidad con el numeral 4 del artículo 24712 del CPACA, los sujetos procesales tenían hasta la ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación para pronunciarse sobre el mismo, tØrmino que se cumplió sin pronunciamiento alguno.

6.2. En el tØrmino dispuesto en el numeral 6 del citado artículo 247 13 del CPACA, el Ministerio Pœblico presentó concepto14 en el sentido de sugerir la revocatoria de la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso la condena en costas, en la medida en que no estaba probado que la demanda hubiere sido p resentada con manifiesta carencia de fundamento legal, aspecto que, en su criterio, de bía estar demostrado para que aquella resultara procedente.

medida en que no estaba probado que la demanda hubiere sido p resentada con manifiesta carencia de fundamento legal, aspecto que, en su criterio, de bía estar demostrado para que aquella resultara procedente.

Sostuvo, igualmente, que la demanda tuvo sustento en razones fÆcticas y jurídicas que contaban con respaldo en la interpretación normativa efectuada por la parte accionante, lo que de suyo excluía toda posibilidad de que el a quo estimara que la demanda careciera de fundamento legal. De hecho, destacó que, ante lo s argumentos planteados por la parte accionante, el Tribunal se vio obligado a efectuar un anÆlisis extenso y completo del proceso de selección, lo que confirmaba aœn mÆs que la demanda estuvo fundamentada en derecho.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala analizarÆ los siguientes aspectos: (1) objeto del recurso de apelación y problema jurídico a resolver; (2) costas procesales en el proceso contencioso administrativo; (3) caso concreto; y (4) costas en sede de segunda instancia.

1. Objeto del recurso de apelación y problema jurídico a resolver

Estando reunidos los presupuestos procesales de jurisdicción15 y competencia16,

11 SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 6. 12 “ART˝CULO 247. TR`MITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitarÆ de acuerdo con el

modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitarÆ de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrÆn pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demÆs intervinientes. […]”. 13 “ART˝CULO 247. TR`MITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitarÆ de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 6. El Ministerio Pœblico podrÆ emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia .” 14 SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 15. 15 De acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo con tencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, porque el objeto del litigio giró en torno al anÆlisis de legalidad del acto administrativo de adjudicación proferido por l a SIC en el marco del proceso licitatorio No. 051 de 2018, así como tambiØn del contrato estatal suscrito como consecuencia de la terminación del procedimiento de selección; el cual quedó ag otado con la decisión proferida en sede de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 16 El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte

consecuencia de la terminación del procedimiento de selección; el cual quedó ag otado con la decisión proferida en sede de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 16 El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 15 de marzo de 2024 , conforme con lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA —sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 — dada la vocación de doble instancia del proceso, y en razón de que la pretensión económica formulada en la demandaRadicado: 25000-23-36-000-2019-00511-01 (71978)

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acción procedente17, caducidad18 y legitimación en la causa19, la Sala advierte que, de acuerdo con los cargos de la apelación formulados en el recurso de apelación, los cuales constituyen el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia conforme lo dispuesto por los artículos 32020 y 32821 del CGP, el problema jurídico que debe ser resuelto gira en torno a la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en concreto, a la procedencia de dicha determinación.

Al punto, cabe recordar que en sede de primera instancia el Tribunal co ndenó en costas a la parte accionante por resultar vencida dentro del proceso, determinación que fue cuestionada por la sociedad recurrente, al considerar que, de ac uerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, la condena en costas solo resultaba procedente en tanto estuviera demostrado que la demanda fue presentada con

que fue cuestionada por la sociedad recurrente, al considerar que, de ac uerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, la condena en costas solo resultaba procedente en tanto estuviera demos