CE - Sentencia 25000233600020190053302 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

Demandante: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Demandados: ALDEMAR BAUTISTA OTERO Y OTROS Medio de control: REPETICIÓN - CPACA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - AUSENCIA DE CULPA

GRAVE

Síntesis del caso: la demanda se dirige en contra de los señores Aldemar Bautista Otero, Ómar Augusto Silva Pinzón, Í ngrit Lineth Vásquez Cély y Raimundo Eulises Morales Pineda, quienes se desempeñaron como gerentes y jefes de la oficina jurídica del Hospital El Tunal Nivel III ESE -hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESEentre abril de 2007 y julio de 2013, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables, a título de culpa grave, con ocasión de la condena impuesta mediante laudo arbitral que declaró el incumplimiento parcial del contrato de concesión número 116 de 2007 celebrado entre la entidad pública y la Fundación Esensa. La Sala confirma la decisión que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 6

entre la entidad pública y la Fundación Esensa. La Sala confirma la decisión que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 6 SAMAI) en contra de la sentencia proferida el 23 de abril de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (índice 119 SAMAI primera instancia) que dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría archívese el expediente, previas las constancias de rigor .” (índice 119

SAMAI primera instancia - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).Expediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

Actor: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

Repetición Apelación sentencia

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I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 22 de julio de 2019 (índice 2 SAMAI)1 y corregido el 16 de agosto de 2019 (índice 2 SAMAI)2, la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, a través de apoderado judicial promovió demanda en ejercicio del medio de control judicial de repetición previsto en el artículo 142 del CPACA en contra de los señores Aldemar Bautista Otero, Ómar Augusto Silva Pinzón, Íngrit Lineth

Salud Sur, a través de apoderado judicial promovió demanda en ejercicio del medio de control judicial de repetición previsto en el artículo 142 del CPACA en contra de los señores Aldemar Bautista Otero, Ómar Augusto Silva Pinzón, Íngrit Lineth Vásquez Cély y Raimundo Eulises Morales Pineda (índice 2 SAMAI)3, en el cual se formularon las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsables a ALDEMAR BAUTISTA OTERO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 91.226.694., ÓMAR AUGUSTO SILVA PINZÓN, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.487.381, quienes se desempeñaron como Gerentes e ÍNGRIT LINETH VÁSQUEZ CÉLY, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.010.176.616 y RAIMUNDO EULISES MORALES PINEDA, identificado con la cedula de ciudadan ía No. 74.241.278, quienes se desempeñaron como Jefes de la Oficina Jurídica del Antiguo HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE, hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, durante el periodo comprendido entre abril de 2007 y julio de 2013, por el incumpl imiento al Contrato de Concesión No. 116 del 20 de abril de 2007, al no cumplir oportunamente con su obligación de entregar los espacios requeridos para la prestación integral de los servicios de UCI Coronaria y la Sala de Cirugía requerida para prestar el servicio de Cirugía Cardiovascular de conformidad con lo

con su obligación de entregar los espacios requeridos para la prestación integral de los servicios de UCI Coronaria y la Sala de Cirugía requerida para prestar el servicio de Cirugía Cardiovascular de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 17, 22, 24, 25 y 26 de la cláusula segunda del contrato, así como por la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato de julio de 2013, lo que con su conducta causó el detrimento patrimonial al HOSPITAL TUNAL III NIVEL ESE hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, como consecuencia de la condena al pago de la suma de DOCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Υ OCHO PESOS ($12.409.633.488) M/cte., que la entidad desembolsó así: 1. A favor de la FUNDACIÓN SAINT antes FUNDACIÓN ESENSA por concepto de la

condena DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($12.364.333.488) M/cte. 2. A favor del Perito Ingeniero JULIO BERNARDO DURAN GUTIÉRREZ por concepto de honorarios profesionales por peritaje técnico la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($20.300.000). 3. A favor de la sociedad JEGGA ACCOUNTING HOUSE. LTDA , la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000.) M/cte., por concepto del peritaje

TRESCIENTOS MIL PESOS ($20.300.000). 3. A favor de la sociedad JEGGA ACCOUNTING HOUSE. LTDA , la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000.) M/cte., por concepto del peritaje contable y financiero, en cumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 25 de febrero del año 2016, proferido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a través del Tribunal Arbitral de

FUNDACIÓN ESENSA contra HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE.

1 Fl. 14 del archivo “6ed_001cuadernono1demand”. 2 El 16 de agosto de 2019, la parte actora corrigió la demanda para precisar los hechos y la modalidad de la conducta atribuida a los demandados (fls. 14 y 19 del archivo “6ed_001cuadernono1demand”. 3 Fls. 1 a 14 y 23 a 28 del archivo “6ed_001cuadernono1demand”.Expediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

Actor: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

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2. Que como consecuencia de la anterior, solicito se sirva declarar que los

demandados ALDEMAR BAUTISTA OTERO, ÓMAR AUGUSTO SILVA PINZÓN, ÍNGRIT LINETH VÁSQUEZ CÉLY y RAIMUNDO EULISES MORALES PINEDA deben reconocer y pagar a favor del HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE, hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, la suma de DOCE MIL CUA TROCIENTOS NUEVE

MORALES PINEDA deben reconocer y pagar a favor del HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE, hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, la suma de DOCE MIL CUA TROCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($12.409.633.488) M/cte., que la entidad desembolsó a favor de la FUNDACIÓN ESENSA hoy FUNDACIÓN SAINT por concepto de la condena, a favor del Perito Ingeniero JULI O BERNARDO DURÁN GUTIÉRREZ por concepto de honorarios profesionales por peritaje técnico y a favor de la socie dad JEGGA ACCOUNTING HOUSE LTDA, por concepto del peritaje contable y financiero, en cumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 25 de febrero del año 2016, proferido por el Tribunal Arbitral de FUNDACIÓN ESENSA

contra HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL ESE (…).

3. Ordenar la actualización con IPC, del valor de la condena hasta la fecha de pago.

4. Que se condene en costas y agencias en derecho a los demandados (…).” (índice 2 SAMAI - mayúsculas fijas y negrillas del texto original)4.

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 20 de abril de 2007, entre el Hospital El Tunal Nivel III ESE -hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE5y la Fundación Leonor Goelkel -después

1. El 20 de abril de 2007, entre el Hospital El Tunal Nivel III ESE -hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE5y la Fundación Leonor Goelkel -después denominada Esensase suscribió el contrato de concesión número 116, cuyo objeto consistió en el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud a través de la entrega de espacios físicos y ejecución de obras necesarias para garantizar una atención integral.

1. El 12 de marzo de 2014, la Fundación Esensa convocó a un tribunal de arbitraje por estimar que el Hospital El Tunal Nivel III ESE incumplió sus obligaciones contractuales.

1. El 25 de febrero de 2016, el tribunal arbitral compuesto por Antonio Aljure Salame, Andrew Abela Maldonado y Jorge Enrique Ibáñez Najar profirió laudo mediante el cual declaró que el Hospital El Tunal Nivel III ESE incumplió el contrato de concesión, puesto que la entrega de la UCI coronaria y la sala de cirugía cardiovascular fueron entregadas de manera tardía a la concesionaria. 4 Fls. 3 a 4 del archivo “6ed_001cuadernono1demand”. 5 A través del Acuerdo número 641 de 2016, el Concejo de Bogotá fusionó unas Empresas Sociales del Estado, entre las que se encontraba El Hospital El Tunal Nivel III, en la ESE denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.Expediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

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4 En virtud de lo anterior, el hospital fue condenado al pago de las siguientes sumas

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4 En virtud de lo anterior, el hospital fue condenado al pago de las siguientes sumas de dinero: i) doce mil trescientos sesenta y cuatro millones trescientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos ($12.364.333.488) por concepto de perjuicios, ii) veinte millones trescientos mil pesos ($20.300.000) por concepto de honorarios de perito y, iii) veinticinco millones de pesos ($25.000.000) por razón del dictamen contable y financiero.

1. Contra la anterior decisión, el Hospital El Tunal Nivel III ESE interpuso recurso de anulación; no obstante, el 5 de diciembre de 2016 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado lo declaró infundado.

1. La entidad pública profirió las Resoluciones números 151 del 11 de junio de 2015, 881 del 23 de noviembre de 2016, 0173 del 16 de febrero de 2017, 1664 del 19 de junio de 2015, 0450 del 26 de abril de 2017, 1067 del 23 de agosto de 2017, 1509 del 29 de noviembre de 2017 y 0992 del 25 de julio de 2018 mediante las cuales reconoció en favor de l a beneficiaria de la condena las sumas ordenadas judicialmente, las cuales fueron pagadas en su totalidad.

1. Se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de los señores Aldemar Bautista Otero y Ómar Augusto Silva Pinzón porque en su condición de gerentes del Hospital El Tunal Nivel III ESE incurrieron en culpa grave, pues, no

1. Se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de los señores Aldemar Bautista Otero y Ómar Augusto Silva Pinzón porque en su condición de gerentes del Hospital El Tunal Nivel III ESE incurrieron en culpa grave, pues, no cumplieron de modo oportuno con la obligación de entregar los espacios requeridos para que la concesionaria prestara los servicios de UCI coronaria y cirugía cardiovascular.

Asimismo, se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de los señores Íngrit Lineth Vásquez Cély y Raimundo Eulises Morales Pineda, toda vez que, en su condición de jefes de la oficina jurídica del Hospital El Tunal Nivel III ESE incurrieron en culpa grave por el hecho de no haber realizado una adecuada interpretación del contrato de concesión (índice 2 SAMAI)6.

3. Contestaciones de la demanda

Por auto del 30 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C admitió la demanda (índice 2 SAMAI)7 y ordenó la notificación de los demandados. 6 Fls. 1 a 14 y 23 a 28 del archivo “6ed_001cuadernono1demand”. 7 Fls. 30 a 34 del archivo “6ed_001cuadernono1demand”.Expediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

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5 1) Mediante escrito radicado el 28 de abril de 2021, la señora Íngrit Lineth Vásquez

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5 1) Mediante escrito radicado el 28 de abril de 2021, la señora Íngrit Lineth Vásquez Cély se opuso a las pretensiones de la demanda por estimar que i) no tuvo a su cargo la verificación técnica, administrativa, financiera, contable ni jurídica del contrato de concesión número 116 de 2007; ii) se posesionó en el cargo de jefe de la oficina jurídica del Hospital El Tunal Nivel III ESE en mayo de 2013, esto es, cuando el negocio jurídico ya había sido terminado unilateralmente por parte del concesionario; iii) resulta incoherente atribuirle la responsabilidad de interpretar un contrato en cuya celebración, ejecución y terminación nunca participó; iv) las resoluciones que ordenaron el pago de honorarios por concepto de peritaje no cumplen con los presupuestos del medio de control judicial de repetición ya que, su naturaleza no fue indemnizatoria derivada de una condena sino de un pago decretado dentro del proceso arbitral en defensa de los intereses de la entidad (índice 2 SAMAI)8.

1. A través de memorial presentado el 28 de abril de 2021, el curador ad litem del señor Raimundo Eulises Morales solicitó negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en que los elementos probatorios obrantes en el expediente no permiten acreditar que su representado actuó de manera dolosa o culposa (índice

2 SAMAI)9.

1. El 14 de mayo de 2021, el señor Aldemar Bautista Otero se opuso a las súplicas

permiten acreditar que su representado actuó de manera dolosa o culposa (índice

2 SAMAI)9.

1. El 14 de mayo de 2021, el señor Aldemar Bautista Otero se opuso a las súplicas de la demanda por considerar que i) aunque suscribió el contrato de concesión, el 30 de octubre de 2007 fue suspendido del cargo de gerente del Hospital El Tunal ESE, razón por la cual desde esa fecha dejó de ejercer sus funciones y de intervenir en la relación contractual; ii) durante el tiempo en que se desempeñó como gerente de la entidad estatal cumplió con todas las obligaciones del contrato número 116 de 2007; iii) por los mismos hechos objeto del presente medio de control fue investigado disciplinariamente, proceso que culminó con una decisión que declaró la inexistencia de la falta atribuida; v) el laudo arbitral que declaró el incumplimiento del Hospital El Tunal Nivel III ESE no tuvo como fundamento ningún hecho u omisión ocurridos durante el período en que se desempeñó como representante legal y, vi) se debe declarar la caducidad del medio de control judicial porque la demanda fue presentada por fuera del término legal (índice 2 SAMAI)10.

1. El señor Ómar Augusto Silva Pinzón no dio respuesta a la demanda.

8 Fls. 1 a 28 del archivo “10ed_00520200708contestac”. 9 Fls. 2 a 11 del archivo “31ed_02620210428contestad”. 10 Fls. 2 a 41 del archivo “32ed_02720210514contestad”.Expediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

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4. Fijación del litigio

El 15 de marzo de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la que el a quo determinó que el litigio se circunscribía a lo siguiente:

“¿Son responsables patrimonialmente i) los demandados Aldemar Bautista Otero y Ómar Augusto Silva Pinzón, en la calidad de exgerentes del Hospital Tunal, a título de culpa grave por el incumplimiento del contrato de concesión No. 116 de 20 de abril de 2007, al no cumplir oportunamente con su obligación de entregar los espacios requeri dos para la prestación integrar de los servicios de UCI coronaria y la Sala de cirugía requerida para prestar el servicio de cirugía cardiovascular y ii) los demandados Íngrit Lineth Vásquez Cély y Raimundo Eulises Morales Pineda, en calidad de ex jefes de la oficina Jurídica del mismo hospital a título de culpa grave por el incumplimiento del contrato de concesión No. 116 de 20 de abril de 2007, al no cumplir oportunamente con su obligación de realizar una correcta valoración e interpretación del referido contrato, lo cual trajo como consecuencia la condena impuesta a la entidad pública aquí demandante a través de laudo arbitral del 25 de febrero de 2016 proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá? Se agrega que también se e ndilga la responsabilidad por la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato. ” (índice 2

SAMAI)11.

5. Sentencia de primera instancia

Bogotá? Se agrega que también se e ndilga la responsabilidad por la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato. ” (índice 2

SAMAI)11.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en providencia del 23 de abril de 2025 negó las pretensiones de la demanda (índice 119 SAMAI primera instancia); como argumentos de la decisión expuso lo siguiente:

1. El laudo arbitral del 25 de febrero de 2016 declaró la responsabilidad del Hospital El Tunal Nivel III ESE -hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESEpor el incumplimiento parcial de su obligación de entregar oportunamente los espacios físicos necesarios para ejecutar el contrato de concesión número 116 de 2007.

Dicha decisión se sustentó, por un lado, en fallas de planeación, dado que el plazo de siete (7) años resultó insuficiente para disponer de las instalaciones adecuadas y, por otro, en deficiencias en la ejecución, puesto que no se garantizó la entrega oportuna de las áreas ni se hizo seguimiento a las obras temporales que permitirían liberar espacios.

1. No hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del señor Aldemar Bautista Otero en la etapa precontractual porque el proyecto se formuló en 2003 y fue 11 Archivo “65ed_060actaaudienciainic”.Expediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

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7 presentado nuevamente en 2004, antes de que el demandado asumiera la gerencia del Hospital El Tunal Nivel III ESE; además, la viabilidad del negocio jurídico dependía de la Secretaría Distrital de Salud, quien emitió concepto favorable el 25 de julio de 2006 tras verificar la sostenibilidad científica, técnica, administrativa y financiera del hospital.

En la etapa contractual se demostró que el señor Aldemar Bautista Otero suscribió el contrato de concesión el 20 de abril de 2007 con autorización de la junta directiva de la entidad contratante y participó en los comités de seguimiento donde se tomaron decisiones sobre su ejecución; durante el periodo que fue el gerente de la entidad gestionó el concepto favorable para la apertura del servicio y adelantó adecuaciones y traslados de áreas conforme con lo pactado, cumpliendo progresivamente con la entrega de los espacios.

1. Tampoco procede declarar la responsabilidad patrimonial de l señor Ómar Augusto Silva Pinzón, quien fue gerente del hospital entre el 16 de mayo de 2012 y el 31 de marzo de 2016, esto es, cuando el contrato de concesión ya había finalizado; por ello, no puede atribuírsele el incumplimiento de obligaciones surgidas en las etapas de planeación o ejecución.

Si bien suscribió el acta de liquidación del contrato, en la demanda no se explicó por qué esa actuación podría considerarse gravemente culposa; en todo caso, el laudo arbitral se basó únicamente en el incumplimiento parcial de la obligación contractual

Si bien suscribió el acta de liquidación del contrato, en la demanda no se explicó por qué esa actuación podría considerarse gravemente culposa; en todo caso, el laudo arbitral se basó únicamente en el incumplimiento parcial de la obligación contractual prevista en el numeral 2 de la cláusula tercera, relacionada con la entrega oportuna de los espacios físicos y no en aspectos relativos a la liquidación del contrato.

1. Tampoco se configuró responsabilidad de la señora Íngrid Lineth Vásquez Cély, quien fue jefe de la oficina asesora jurídica del Hospital El Tunal Nivel III ESE entre el 15 de mayo de 2013 y el 29 de diciembre de 2014, y nuevamente entre el 19 de mayo de 2015 y el 20 de enero de 2017, periodos en los cuales el contrato ya había concluido; por tanto, no puede atribuírsele una interpretación errónea del contrato.

De igual manera, no existe prueba de que aquella intervino en la elaboración del acta de liquidación; en todo caso, la condena arbitral se basó, exclusivamente, en el incumplimiento parcial de la obligación de entrega de los espacios físicos y no en actuaciones posteriores.

1. En cuanto al señor Raimundo Eulises Morales Pineda, está probado que se desempeñó como jefe de la Oficina Asesora Jurídica desde el 2 de abril de 2007 y participó en los comités de seguimiento del contrato, en calidad de asesor jurídico;Expediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

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8 sin embargo, según el acuerdo de voluntades, solo tenían voz y voto en dicho comité el gerente o su delegado, el subgerente administrativo y financiero, el coordinador del proyecto y el presidente del concesionario o su delegado, los demás asistentes carecían de poder decisorio.

En consecuencia, por el hecho de no ser miembro con derecho a voto, el demandado no tenía capacidad para incidir en las decisiones que derivaron en la condena arbitral; además, dentro de sus funciones no estaba la entrega de los espacios físicos.

Finalmente, frente al supuesto error en la interpretación del contrato, la demanda no precisó en qué consistió la supuesta equivocación ni cuál era la interpretación correcta.

6. Recurso de apelación

El 19 de mayo de 2025, la parte actora interpuso recurso de apelación (índice 2 SAMAI)12, las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1. Se debe declarar la responsabilidad patrimonial del señor Aldemar Bautista Otero porque i) incumplió la obligación contractual de entregar de modo oportuno los espacios requeridos para la prestación del servicio de cirugía cardiovascular; ii) no elaboró ni ejecutó un cronograma que garantizara la entrega, adecuación y habilitación de los espacios, a pesar de que su funcionamiento exigía licencias, permisos y autorizaciones; iii) omitió adoptar medidas correctivas frente a los problemas surgidos durante la ejecución del contrato; iv) no previó una cláusula de distribución de riesgos ante una eventual mora en el pago de facturas, aspecto que

permisos y autorizaciones; iii) omitió adoptar medidas correctivas frente a los problemas surgidos durante la ejecución del contrato; iv) no previó una cláusula de distribución de riesgos ante una eventual mora en el pago de facturas, aspecto que contribuyó al rompimiento del equilibrio económico del contrato; v) no ejerció control ni seguimiento sobre el avance de las obras ni verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos, licencias y permisos; vi) se debe tener en cuenta que el laudo fue enfático en señalar que el hospital “brilló por su ausencia” en la dirección contractual, reflejando una deficiente gestión administrativa; vii) vulneró el principio de eficiencia porque no coordinó con las áreas técnicas para garantizar que los espacios cumplieran los estándares exigidos, pues, el perito Julio Durán confirmó que las áreas no reunían las condiciones pactadas, generando una condena millonaria que afectó el patrimonio público; viii) no diseñó un plan realista para la 12 Archivo “109ed_11420250519recursode”.Expediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

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9 entrega de los espacios; ix) no asignó recursos técnicos ni humanos suficientes; x) no implementó mecanismos de control y monitoreo; xi) no coordinó la habilitación oportuna de las áreas; xii) incumplió sus deberes funcionales contenidos en el Acuerdo 003 de 2006 y, xiii) delegó indebidamente sus responsabilidades en el comité de seguimiento, en contravía del numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

Acuerdo 003 de 2006 y, xiii) delegó indebidamente sus responsabilidades en el comité de seguimiento, en contravía del numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

1. Igualmente, se debe declarar la responsabilidad patrimonial del señor Ómar Augusto Silva Pinzón porque i) tenía el deber de velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de concesión número 116 de 2007; ii) suscribió la liquidación del contrato sin garantizar previamente el cumplimiento de las obligaciones pendientes del hospital; además, en ella declaró que los pagos pendientes debían ser solicitados ante el tribunal arbitral, aspecto que permitió que el concesionario mantuviera pretensiones por más de once mil millones de pesos; iii) aceptó reclamaciones económicas sin exigir respaldo probatorio ni establecer contraprestaciones que mitigaran el riesgo financiero y, iv) desatendió las funciones esenciales previstas en el Acuerdo 003 de 2006 expedido por la junta directiva del Hospital El Tunal Nivel III ESE, que le imponían la obligación de preservar la sostenibilidad financiera del hospital.

1. Hay lugar a acceder a las súplicas de la demanda respecto del señor Raimundo Eulises Morales Pineda dado que i) tenía a su cargo la adecuada estructuración, interpretación y asesoría jurídica del contrato de concesión número 116 del 20 de abril de 2007, así como también la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos; ii) incumplió su deber de realizar una correcta interpretación contractual porque no advirtió ni alertó a la gerencia sobre el incumplimiento en la entrega de los espacios físicos; iii) no previó que el

contractuales dentro de los plazos establecidos; ii) incumplió su deber de realizar una correcta interpretación contractual porque no advirtió ni alertó a la gerencia sobre el incumplimiento en la entrega de los espacios físicos; iii) no previó que el negocio jurídico carecía de una cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, omisión que debió advertir y corregir; iv) incumplió las funciones esenciales previstas en el Acuerdo 003 de 2006 por el hecho de no asesorar de manera eficaz a la gerencia sobre las consecuencias jurídicas del incumplimiento ni proponer ajustes contractuales para restablecer el equilibrio del negocio y, v) no hizo seguimiento al cumplimiento contractual; asimismo, ignoró las reclamaciones reiteradas de la Fundación Esensa y no impulsó medidas correctivas para exigir la entrega oportuna de los espacios.

1. Lo propio ocurre con la señora Íngrit Lineth Vásquez Cély quien i) avaló la liquidación unilateral del contrato de concesión número 116 de 2007 en condiciones desfavorables para la entidad; ii) su intervención influyó en que el h ospitalExpediente 25000-23-36-000-2019-00533-02 (73.262)

Actor: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

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10 renunciara a toda reclamación futura, permitiendo que el concesionario mantuviera pretensiones por once mil millones de pesos; iii) vulneró el principio de equilibrio contractual al aceptar un acuerdo desproporcionado que favoreció exclusivamente al concesionario y, iv) incumplió su deber de asesoría jurídica por el hecho de no

pretensiones por once mil millones de pesos; iii) vulneró el principio de equilibrio contractual al aceptar un acuerdo desproporcionado que favoreció exclusivamente al concesionario y, iv) incumplió su deber de asesoría jurídica por el hecho de no advertir al gerente sobre los riesgos legales y patrimoniales de incumplir con las obligaciones contractuales.

7. Actuación surtida en segunda instancia

En providencia del 4 de septiembre de 2025 (índice 6 SAMAI) se admitió el recurso de apelación y el 7 de octubre de 2025 (índice 18 SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 247 numeral quinto de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también

términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”13, 13 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alter arse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o