CE - Sentencia 25000233600020190062901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312) Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandados: Municipio de Chía y otro

Referencia: Controversias contractuales

Temas: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – El fallo debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. Su vulneración difiere de la falta de motivación de la sentencia. / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL – Puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. La oficiosidad en esta materia habilita al juzgador para modular los efectos de dicha declaratoria, y no está normativamente condic ionada a que previamente se despoje de su presunción de legalidad al acto administrativo de adjudicación del proceso de selección que precedió al negocio jurídico. / CONDENA EN COSTAS – No procede cuando se ventilan asuntos de interés público.

1. La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S. y el municipio de Chía, sujetos demandados en este proceso, contra la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La Procuraduría General de la Nación1 solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del Contrato de Concesión nº 635 de 2018, celebrado entre el municipio de Chía y la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S., cuyo objeto consistió en la operación, administración, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público en dicha entidad territorial, con un valor de $14.766’934.737 y una duración de 30 años, alegando que en el proceso de escogencia del contratista se transgredieron los deberes de selección objetiva y planeación, lo que derivó en la configuración del vicio de desviación o abuso de poder.

ANTECEDENTES

La demanda

3. El 3 de septiembre de 2019 2, la Procuraduría 3 presentó demanda de controversias contractuales contra el municipio de Chía 4 e Iluminaciones de la

1 En adelante, la Procuraduría o la demandante. 2 Índice 001 del historial de SAMAI, en primera instancia. 3 Según se refirió en la demanda, actuando por intermedio del Procurador 200 Judicial I para Asuntos Administrativos de Zipaquirá, en ejercicio de la Agencia Especial nº 009 del 25 de enero de 2019, otorgada por el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. 4 En lo sucesivo, también, el Municipio, la entidad territorial o la contratante.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)

el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. 4 En lo sucesivo, también, el Municipio, la entidad territorial o la contratante.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312) Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandados: Municipio de Chía y otro

Referencia: Controversias contractuales

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Sabana S.A.S.5, elevando las siguientes pretensiones, que se transcriben con su propio énfasis y posibles errores:

“2.1 DECLARATIVA

Sírvanse señores magistrados declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión 635 del 28 de diciembre de 2018, por valor fiscal de CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($14.766’934.737) , celebrado entre el Municipio de Chía y la sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S., cuyo objeto es ‘CONTRATAR POR EL SISTEMA DE

CONCESIÓN LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO,

MODERNIZACIÓN, REPARACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA’.

2.2 CONDENATORIAS

2.2.1 Ordenar a la sociedad contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del contrato, dado que la nulidad absoluta del mismo implica volver las cosas al estado anterior en la medida de lo pos ible.

2.2.2 Ordenar a la sociedad contratista indexar los valores devueltos aplicando las fórmulas

absoluta del mismo implica volver las cosas al estado anterior en la medida de lo pos ible.

2.2.2 Ordenar a la sociedad contratista indexar los valores devueltos aplicando las fórmulas de matemática financiera que resulten adecuadas para lograr su equitativa actualización.

2.2.3 Ordenar a los demandados dar estricto y puntual cumplimiento a la sentencia conforme a los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.2.4 Condenar a la sociedad contratista a liquidar y pagar en favor del Municipio de Chía, a partir de la ejecutoria de la sentencia que acoja las pretensiones atrás formuladas, intereses comerciales moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley todas las sumas liquidadas y hasta que se produzca el pago efectivo de tales valores.

2.2.5 Condenar en costas a las partes demandadas”.

4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron los siguientes:

5. A través del Acuerdo nº 108 de 2016, se autorizó al alcalde municipal de Chía para celebrar un contrato de concesión para la reposición, operación, mantenimiento, expansión y administración del servicio de alumbrado público en dicha entidad territorial. La vigencia de tal autori zación se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018.

6. Por Resolución nº 4809 del 20 de noviembre de 2018, se dio apertura a la licitación pública nº 028 de 2018, con la finalidad antes anotada y, al cierre del proceso de selección, se presentaron tres oferentes: AGM Desarrollo S.A.S.,

licitación pública nº 028 de 2018, con la finalidad antes anotada y, al cierre del proceso de selección, se presentaron tres oferentes: AGM Desarrollo S.A.S., Distribuciones Eléctricas La Sabana S.A.S. y promesa de sociedad futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S.

7. Mediante comunicación n° 162409 del 13 de diciembre de 2018, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública remitió al Municipio observaciones respecto del proceso licitatorio, manifestando dudas frente a la propiedad de la infraestructura sobre la que recaería el contrato y la forma como operaría la cláusula de reversión al finalizar el plazo de la concesión. En respuesta a tales observaciones (mediante Oficio E -2018-633181 del 21 de diciembre de 2018), la entidad territorial señaló que el negocio jurídico a celebrar versaba sobre las luminarias y no sobre los postes de titularidad de terceros

(específicamente, ENEL - Codensa S.A.), y que desde los estudios previos se tuvo claridad sobre cuáles serían los bienes objeto de reversión.

5 En adelante, igualmente, la Sociedad, la contratista o la concesionaria.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312) Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandados: Municipio de Chía y otro

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8. Surtido el traslado del informe de evaluación, las observaciones presentadas al mismo y su correspondiente respuesta, se adjudicó el contrato a la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S., en audiencia celebrada el

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8. Surtido el traslado del informe de evaluación, las observaciones presentadas al mismo y su correspondiente respuesta, se adjudicó el contrato a la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S., en audiencia celebrada el 22 de diciembre de 2018, decisión que fue consignada en la Resolución nº 5402 de la misma fecha.

9. El 28 de diciembre de 2018, se celebró el respectivo Contrato de Concesión nº 635, por valor de $14.766’934.737 y un plazo de 30 años, contados a partir de la firma del acta de inicio, que se produjo el 1° de marzo de 2019.

Concepto de violación y fundamentos de derecho

10. Sostuvo la demandante que el contrato se encuentra viciado de nulidad absoluta por haber sido celebrado con abuso o desviación de poder, en los términos del artículo 44, numeral 3, de la Ley 80 de 1993, en tanto fue el resultado de un proceso de selección en el que se vulneraron los deberes de selección objetiva y planeación, afectando la libre concurrencia y la igualdad de los oferentes.

11. En lo atinente al deber de planeación, señaló que, al momento de dar apertura del proceso licitatorio, el Municipio no contaba con certeza respecto de la propiedad de los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contratado, en tanto la infraest ructura del alumbrado público sobre la que el mismo recae es de titularidad de terceros, como lo confirmó en la respuesta brindada a las observaciones presentadas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, lo que impl ica: (i) que el contratista

mismo recae es de titularidad de terceros, como lo confirmó en la respuesta brindada a las observaciones presentadas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, lo que impl ica: (i) que el contratista dependa de autorizaciones de terceros para cumplir sus obligaciones y (ii) la falta de claridad respecto de cómo operaría la reversión o devolución total de los bienes afectos al servicio, al finalizar el contrato.

12. Añadió que, de conformidad con los estudios previos, el servicio de alumbrado público se prestaba bajo la figura de convenio, suscrito con ENEL - Codensa S.A.6 y prorrogado hasta el 12 de enero de 2019, cuyo objeto consistió en “dar en arrendamiento -usode infraestructura de alumbrado público de CODENSA S.A. E.S.P.”, lo que, a juicio de la demandante, implicó que la entidad territorial reconociera a ENEL - Codensa S.A. como propietaria de la infraestructura requerida para la prestación del servicio público en comento en la entidad territorial.

13. De otro lado, frente al deber de selección objetiva, sostuvo que en la Licitación Pública nº 028 de 2018 no se garantizó la libre concurrencia de los interesados, pues, de un lado, se fijaron reglas de participación con condiciones restrictivas, en tanto se limitó la experiencia que se podía acreditar para participar en el proceso de selección a aquella adquirida en contratos de concesión; y, del otro, se adjudicó el proceso a un proponente que no cumplía con los requisitos de experiencia señalados en los pliegos de condiciones, dado que se tuvieron en

proceso de selección a aquella adquirida en contratos de concesión; y, del otro, se adjudicó el proceso a un proponente que no cumplía con los requisitos de experiencia señalados en los pliegos de condiciones, dado que se tuvieron en

6 Las partes demandante y demandada hicieron uso indistinto de las expresiones “Codensa S.A.”, “ENEL” y “ENEL - Codensa S.A.” para referirse a la misma persona jurídica. En la medida que no se trata de un sujeto procesal vinculado a la presente causa (y en todo caso la Sala no aprecia que ostente la condición de litisconsorte necesario que hubiese ameritado su vinculación), la Sala no estima necesario detenerse en analizar la naturaleza jurídica que corresponde a dicho organismo y la denominación precisa que de ella se deriva, de modo que, en lo sucesivo, se referirá al mismo como “ENEL - Codensa S.A.”.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312) Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandados: Municipio de Chía y otro

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cuenta, como parte de la experiencia de una de sus sociedades integrantesIluminaciones Especializadas del Norte S.A. -, actividades previas a la fecha de constitución de esta última.

Contestación del municipio de Chía

14. La entidad contratante se opuso a las pretensiones 7 y propuso como excepciones previas las de inepta demanda y caducidad 8. Como medios exceptivos de fondo formuló los denominados “ pleno respeto del principio de planeación dentro del proceso licitatorio LP -028 de 2018 ” y “ respeto y debida aplicación del deber de selección objetiva dentro del proceso de licitación LPexceptivos de fondo formuló los denominados “ pleno respeto del principio de planeación dentro del proceso licitatorio LP -028 de 2018 ” y “ respeto y debida aplicación del deber de selección objetiva dentro del proceso de licitación LP028 de 2018”.

15. Manifestó que, desde 2003, ENEL - Codensa S.A.9 venía operando el sistema de alumbrado público en el Municipio, beneficiándose de un modelo de explotación monopólico derivado de la propiedad que detenta sobre la infraestructura del alumbrado público, sin garantizar la libre concurrencia de otros agente s del mercado. Esa circunstancia, añadió, fue la que intentó remediarse con la Licitación Pública nº 028 de 2018 y el contrato que se derivó de ella. Precisó que lo relativo a la propiedad de la infraestructura sí fue tenido en cuenta en el modelo negocial (contrario a lo sostenido por la parte demandante), a tal punto que el proceso de selección se estructuró para permitir la participación de una pluralidad de oferentes y no solamente de quien ostentaba la titularidad de la infraestructura eléctrica.

16. De otro lado, argumentó que el deber de selección objetiva fue plenamente observado, porque tanto en el análisis de mercado como en los estudios previos y en los pliegos de condiciones se emplearon indicadores suficientes, ponderados y adecuados para selec cionar a quien acreditó mayor aptitud para dispensar el servicio de reposición, operación, mantenimiento, expansión y administración del servicio de alumbrado público, bajo el modelo de concesión.

Contestación de Iluminaciones de la Sabana S.A.S.

17. Se opuso a las pretensiones10 y formuló como las excepciones previas de inepta

administración del servicio de alumbrado público, bajo el modelo de concesión.

Contestación de Iluminaciones de la Sabana S.A.S.

17. Se opuso a las pretensiones10 y formuló como las excepciones previas de inepta demanda y caducidad11. Señaló que la falta de propiedad del Municipio sobre la totalidad de los elementos en los que recaería el contrato cuestionado fue un aspecto suficiente y oportunamente informado a los interesados en participar en el proceso de selección, a través de los estudios previos, el pliego de condiciones y en el modelo financiero que lo sustentó. Añadió que el hecho de que la propiedad de la infraestructura eléctrica recaiga en terceros no impide la ejecución del contrato, y que aceptar la tesis de la demandante implicaría admitir que el único autorizado para celebrar contratos de alumbrado público es ENEL -Codensa S.A. por ser el dueño de dicha infraestructura.

7 Índice 007 del historial de SAMAI, en primera instancia. 8 Declaradas no probadas en providencia del 29 de enero de 2021, índice 022 del historial de SAMAI, en primera instancia. 9 Así denominado por el municipio demandado. 10 Índice 009 del historial de SAMAI, en primera instancia. 11 Declaradas no probadas en providencia del 29 de enero de 2021, índice 022 del historial de SAMAI, en primera instancia.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312) Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandados: Municipio de Chía y otro

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18. Sostuvo que las figuras asociativas como consorcio, unión temporal y promesa

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18. Sostuvo que las figuras asociativas como consorcio, unión temporal y promesa de sociedad futura permiten la sumatoria de conocimientos y experiencias para participar en los procesos de selección con el Estado, como manifestación de la libertad de empresa, y que dicha posibilidad no fue limitada o proscrita en la Licitación Pública nº 028 de 2018. Agregó que su oferta satisfizo la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego, justamente, por razón de la acumulación de experiencia permitida.

La sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, profirió sentencia de primera instancia el 1 de septiembre de 202312, efectuando las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe con su propio énfasis y

eventuales errores):

“PRIMERO: Declarar la nulidad del contrato No. 635 del 28 de diciembre de 2018, suscrito por el Municipio de Chía y la Sociedad Iluminaciones de la Sabana SAS cuyo objeto fue “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, R EPARACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA,

CUNDINAMARCA”

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la Sala modula la decisión adoptada en el numeral anterior, a fin de que la entidad en un plazo máximo de 10 meses efectúe la contratación para que se garantice con la prestación del servicio de operación,

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la Sala modula la decisión adoptada en el numeral anterior, a fin de que la entidad en un plazo máximo de 10 meses efectúe la contratación para que se garantice con la prestación del servicio de operación, administración, mantenimiento, modernización, reparación y expansión del sistema de alumbrado público en el municipio de chía, Cundinamarca.

TERCERO. Se condena en abstracto el reconocimiento y pago de las prestaciones debe efectuar mediante incidente conforme a lo previsto por el artículo 193 del CPACA y a lo expresado en la presente decisión.

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS de esta instancia a las demandadas. Se fijan como agencias en derecho de esta instancia la suma de suma equivalente al 3% de las pretensiones que se acrediten en el incidente de la condena en abstracto. (…)”

20. Como sustento de sus decisiones, el a quo señaló que: (i) la limitación que se impuso en el proceso licitatorio para la acreditación de la experiencia de quienes pretendían participar del mismo, consistente en que solo sería válida la adquirida en la ejecución de contratos de concesión, impidió la libre concurrencia de oferentes, fue contraria a los principios de la contratación estatal, restringió la recepción de potenciales mejores ofertas y resultó desproporcionada frente a las realidades y necesidades del Municipio; (ii) la promesa de sociedad futura adjudicataria del proceso de selección no cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, pues parte de la experiencia aducida por una de sus integrantes (Iluminaciones Especializadas del Norte S.A.) correspondió a un periodo previo a su constitución como persona jurídica, y uno

establecidos en el pliego de condiciones, pues parte de la experiencia aducida por una de sus integrantes (Iluminaciones Especializadas del Norte S.A.) correspondió a un periodo previo a su constitución como persona jurídica, y uno de los contratos a los que tal experiencia se refería no fue ejecutado integralmente por aquella (experiencia que no era endosable), razones por las cuales su oferta debió ser rechazada; y (iii) lo anterior, en consecuencia, supuso la elusión del deber de selección objetiva por parte de la entidad territorial y configuró la causal de nulidad absoluta del contrato celebrado, por abuso o desviación de poder, en los términos del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

12 Índice 067 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312) Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandados: Municipio de Chía y otro

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21. Asimismo, el Tribunal sostuvo que no contaba con elementos probatorios que le permitieran establecer qué prestaciones habían sido ejecutadas y, con ello, calcular su monto en punto de las restituciones mutuas derivadas de la anulación del negocio jurídico. Por esta razón, dispuso condenar en abstracto en lo que a tales rubros corresponde.

22. Frente a tal determinación, la concesionaria presentó solicitud de aclaración, para que se precisara el alcance de la modulación prevista en el punto resolutivo segundo del fallo 13 (afirmando, además, que se trató de una orden que no fue motivada). El a quo resolvió negativamente tal petición, bajo el argumento de

para que se precisara el alcance de la modulación prevista en el punto resolutivo segundo del fallo 13 (afirmando, además, que se trató de una orden que no fue motivada). El a quo resolvió negativamente tal petición, bajo el argumento de que la orden allí contenida se apoyó debidamente en los considerandos de la sentencia14.

Los recursos de apelación

23. La Sociedad interpuso recurso de alzada15, bajo los siguientes argumentos.

24. El Tribunal violó el principio de congruencia, pues el litigio fijado en la audiencia inicial, el problema jurídico establecido en la sentencia y la decisión adoptada no guardaron coherencia con lo pretendido en la demanda, aunado al hecho de que se incluyó en la parte resolutiva de la decisión del a quo una modulación de los efectos de la decisión que no fue motivada y se impuso al contratista una condena en costas que no procedería en caso de que la liquidación del contrato arrojara un saldo a su favor.

25. La transgresión del deber de planeación no comporta un vicio de nulidad del contrato, y además dicha vulneración no se demostró, en tanto la limitación de la experiencia en contratos de concesión, dispuesta en el proceso de selección, obedeció a las necesidades que debía satisfacer imperiosamente el Municipio y a las dificultades experimentadas en un contrato previamente celebrado por la entidad territorial con ENEL -Codensa S.A., empresa que solo se limitó a prestar el servicio de operación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público.

26. No se acreditó la vulneración del deber de selección objetiva, dado que el pliego de condiciones incluyó indicadores menos exigentes que los calculados en las

el servicio de operación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público.

26. No se acreditó la vulneración del deber de selección objetiva, dado que el pliego de condiciones incluyó indicadores menos exigentes que los calculados en las muestras de oferta y demanda, lo que generó mayores posibilidades de participación de potenciales interesados, y la contratista satisfizo los requisitos del pliego de condiciones, merced a la acumulación de experiencia adquirida por sus socios en negocios jurídicos anteriores.

27. El tipo de experiencia específica solicitada por el municipio, en torno a la ejecución de contratos de concesión de alumbrado público, atendió a las necesidades de la entidad territorial y las características del servicio que se pretendía satisfacer, circunstancia que no fue del agrado de ENEL -Codensa S.A., quien pretendía (en las observacione s que presentó al proyecto de pliego de condiciones) que dicha experiencia solo se limitara a la adquirida en actividades de operación y mantenimiento.

13 Índice 070 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia. 14 Índice 081 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia. 15 Índice 071 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312) Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandados: Municipio de Chía y otro

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28. El a quo no tuvo en cuenta la diferencia que existe entre el servicio de suministro de energía eléctrica (prestado por ENEL -Codensa S.A.) y el servicio de

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28. El a quo no tuvo en cuenta la diferencia que existe entre el servicio de suministro de energía eléctrica (prestado por ENEL -Codensa S.A.) y el servicio de alumbrado público (a cargo de la entidad territorial), y que, en los términos del Decreto Reglamentario 943 de 2018, la infraestructura para ambas actividades puede ser compartida, de manera que su titularidad no es un elemento que condicione la prestación del servicio de alumbrado.

29. La demandante pretendió la nulidad del negocio jurídico, exclusivamente, por irregularidades ocurridas durante el proceso de selección, lo que obligaba a la Procuraduría a perseguir, en su lugar, la nulidad del acto administrativo de adjudicación y no del contrato mismo, circunstancia frente a la cual ya había operado el fenómeno de la caducidad.

30. La propiedad de la infraestructura eléctrica no es un elemento determinante para la prestación del servicio de alumbrado público, en tanto esta se encuentra a cargo de los municipios, y, en todo caso, el inventario que obra en el expediente

(anexo 7) no ac redita la titularidad sobre ningún elemento asociado al sistema de alumbrado público, sino que tiene por finalidad fungir como criterio para la determinación del valor de la facturación del servicio de energía prestado por ENEL -Codensa S.A.

31. Por último, indicó que no se demostró la configuración de la causal de nulidad del contrato invocada, prevista en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, argumentando que las pruebas recaudadas en el proceso no indicaron que se hubiesen presenta do irregularidades a las que pueda atribuirse una

del contrato invocada, prevista en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, argumentando que las pruebas recaudadas en el proceso no indicaron que se hubiesen presenta do irregularidades a las que pueda atribuirse una desviación de poder y, por el contrario, la licitación pública y la escogencia del contratista producida en el marco de la misma se adelantó con estricto apego a lo definido en el pliego de condiciones.

32. El Municipio 16, por su parte, solamente censuró la decisión de condenar en costas, afirmando que no se evidenció que se hubiese incurrido en gastos, expensas u otros conceptos que justifiquen su imposición, y sostuvo que la Procuraduría actuó por medio de un servidor pú blico vinculado a su planta de personal, lo que impide entender que se causaron agencias en derecho. Añadió que, en los términos del artículo 188 del CPACA, la condena en costas no procede cuando se ventila un interés público, y en el sub lite la Procuraduría actuó en defensa del mismo.

Trámite relevante en segunda instancia

33. Los recursos fueron admitidos mediante auto del 8 de julio de 202417.

34. El Ministerio Público rindió concepto, solicitando que se confirme el fallo impugnado18, en la medida que la sociedad demandada no podía ser adjudicataria del proceso de selección y, con ello, tampoco suscribir el contrato cuestionado, pues no cumplió con los requisitos de experiencia contenidos en el pliego de condiciones.

16 Índice 072 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia. 17 Índice 003 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.

cuestionado, pues no cumplió con los requisitos de experiencia contenidos en el pliego de condiciones.

16 Índice 072 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia. 17 Índice 003 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia. 18 Índice 011 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312) Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandados: Municipio de Chía y otro

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35. Por auto del 13 de septiembre de 202419, la Sala decretó, como prueba de oficio, copia de todos los expedientes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación adelantados por ese organismo en contra de cualquier sujeto, con ocasión de la licitación pública nº 028 de 2018.

36. La documentación correspondiente fue allegada el 21 de marzo de 202520, fecha en la que la Sala de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular allegó copia de las actuaciones del proceso IUS -E-2018-567943 IUC -D-2019-1232624, surtida contra quienes fungieron como alcalde y secretario de obras públicas de Chía durante el pro cedimiento de selección, en la que se incluyó el fallo de segunda instancia por el que se sancionó a esos funcionarios. Este acervo fue puesto en conocimiento de las partes mediante traslado secretarial surtido entre el 9 y el 11 de abril de 202521.

37. Al respecto, Iluminaciones de la Sabana S.A.S. señaló que, pese a la existencia de esa causa disciplinaria, la Procuraduría omitió cuestionar la legalidad del acto

el 9 y el 11 de abril de 202521.

37. Al respecto, Iluminaciones de la Sabana S.A.S. señaló que, pese a la existencia de esa causa disciplinaria, la Procuraduría omitió cuestionar la legalidad del acto de adjudicación, lo cual, a su juicio, era necesario para anular el contrato demandado. Reit eró que el a quo no valoró que dicha sociedad venía cumpliendo con las obligaciones del contrato, para lo cual allegó copia de una certificación emitida por la interventoría del negocio en tal sentido22.

38. Por su parte, el municipio recalcó que el fallo de la Procuraduría actualmente se encuentra en sede de revisión automática ante esta Corporación23, y detalló las razones por las que dicho procedimiento estaría viciado de irregularidades 24.

Cuestionó que la sentencia de primer grado no haya tenido en cuenta el señalado expediente disciplinario, e insistió en que “ el contrato se ha ejecutado en todas sus inversiones y se está en el plazo de retorno o recuperación de la inversión del contratista, sin que se haya demostrado incumplimiento alguno ”, además de recalcar que la demandante no solicitó la anulación del acto de adjudicación. Adujo que el trámite disciplinario contiene pruebas que demuestran que esa causa fue orquestada por “intereses económicos” que buscaban impedir que se licitara y se otorgara la concesión de alumbrado, para lo cual trajo a colación un proceso de acción popular surtido ante el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá en contra de ENEL -Codensa S.A. por el presunto abuso de su posición dominante25. Con el escrito, aportó una serie de pruebas y solicitó el decreto de otras.

Administrativo de Bogot