CE - Sentencia 25000233600020190063001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 25000233600020190063001 (70.671)

Demandante: Consorcio Infraestructura Usme

Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: NEXO ENTRE EL CONTRATO DE OBRA Y EL DE INTERVENTORÍA - En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista (Ley 80 de 1993, art. 3 2.1). En estos casos, si bien cada contrato conserva su individualidad jurídica, existe entre ellos un nexo funcional reconocido por el ordenamiento. / MODALIDAD DE REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO - La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio.

Según el esquema acordado, este puede corresponder a un precio fijo global, al reembolso de costos directos más una suma fija, o a un monto calculado con base en un factor multiplicador aplicado sobre los salarios del personal, incluyendo los costos de administración y la utilidad, entre otros. / INTENCIÓN DE LAS PARTES EN LA INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL - El punto de partida para determinar dicha intención es la declaración vertida en el documento contractual. En ausencia de elementos extratextuales que evidencien una discrepancia entre la

INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL - El punto de partida para determinar dicha intención es la declaración vertida en el documento contractual. En ausencia de elementos extratextuales que evidencien una discrepancia entre la intención real y su expresión, debe respetarse el contenido semántico de las cláusulas que no sean ambiguas, porque cabe suponer que los contrayentes buscaron reflejar su acuerdo de voluntades en las palabras con que lo expresaron.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación presentados contra la sentenc ia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La controversia se refiere a un contrato de interventoría celebrado para el seguimiento integral de la ejecución de una obra pública. El contrato se prorrogó por nueve meses, pero la obra no cul minó dentro del nuevo plazo, por lo cual la entidad estatal contratante no reconoció el valor total, aduciendo que la remuneración estaba supeditada al avance físico de la obra. El interventor demandó la liquidación judicial del contrato, solicitó el pago del saldo del precio convenido —incluido el valor de la adición—, la declaratoria de incumplimiento de la entidad estatal y el reconocimiento de perjuicios materiales. Por su parte, la entidad demandada se opuso a las pretensiones, alegando que el interven tor solo tenía derecho a un pago proporcional al porcentaje de avance de obra y que no procedía reconocerle la totalidad del precio.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. El 23 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la

siguiente decisión:

“PRIMERO: Liquidar judicialmente el contrato de interventoría No. 186-FDLU de 2015

1. El 23 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la

siguiente decisión:

“PRIMERO: Liquidar judicialmente el contrato de interventoría No. 186-FDLU de 2015 celebrado entre el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA USME y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, estableciendo que el FONDO DE DESARROLLORadicación: 25000233600020190063001 (70.671)

Actor: Consorcio Infraestructura Usme

Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme

Referencia: Controversias contractuales

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LOCAL DE USME debe pagar al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA USME, la suma de cuarenta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil novecientos veinticuatro pesos ($45.134.924), correspondiente al pago de la factura No. 21.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Sin condena en costas, conforme decantó en el anterior considerando.

CUARTO: Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos de proceso, y devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados dichos remanentes, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial.

QUINTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección ARCHÍVESE el expediente dejando las constancias del caso”1.

2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada por el Consorcio Infraestructura Usme2 en contra del Fondo de Desarrollo Local Usme 3 (en adelante,

expediente dejando las constancias del caso”1.

2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada por el Consorcio Infraestructura Usme2 en contra del Fondo de Desarrollo Local Usme 3 (en adelante, “FDL Usme”), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son

los siguientes: Pretensiones

3. El Consorcio Infraestructura Usme formuló dos pretensiones principales. En la primera (1ª), solicitó la liquidación judicial del Contrato de Interventoría con el reconocimiento de un saldo a su favor de $561’454.875, integrado por el valor de la factura No. 21, que no fue cancelada ($45’134.924), y el saldo restan te del contrato aún pendiente de pago ($516’319.951). Sobre esta suma, solicitó el reconocimiento de los intereses de mora (1.1) y la correspondiente indexación (1.2).

4. Como segunda pretensión principal, solicitó que se declare que el FDL Usme incumplió el Contrato de Interventoría (2ª). Consecuencialmente, pidió el reconocimiento de los siguientes perjuicios materiales: (i) $54’799.802 por el no pago de la factura No. 21 (2.1) y (ii) $516’319.951 correspondientes al valor de la Adición

No. 1 del contrato, que no fue pagado oportunamente debido a fallas en la planeación

1 SAMAI Tribunal, índice 35. 2 El Consorcio Infraestructura Usme estuvo integrado por las sociedades Orbe Consultoría en Arquitectura e Ingeniería (40%) y Arca Arquitectura e Ingeniería (60%). 3 Los Fondos de Desarrollo Local son entidades con patrimonio propio y personería jurídica, c uya

Ingeniería (40%) y Arca Arquitectura e Ingeniería (60%). 3 Los Fondos de Desarrollo Local son entidades con patrimonio propio y personería jurídica, c uya representación legal es ejercida por el Alcalde Mayor del Distrito Capital. El artículo 87 del Decreto 1421 de 1993 —“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá" — estableció que en cada localidad del Distrito Capital habría un fondo de desarrollo local, entes con personería jurídica y patrimonio propio destinados a la prestación de servicios y construcción de obras que fueran competencia de las juntas administradoras locales. La Sala Plena de esta Corporación confirmó la naturaleza de entidad pública de estos órganos e indicó que su existencia se ajusta al ordenamiento jurídico, en tanto “se entiende que a nivel territorial la rama ejecutiva también puede estar conformada por órganos diferentes a los previstos en las normas que regulan las entidades territoriales, pues estos constituyen simplemente un instrumento para el logro de los fines estatales”. No obstante, esa misma providencia declaró la nulidad de las normas del Decreto 1421 de 1993 que crearon los fon dos de desarrollo local, por estimar que el Gobierno Nacional, en su calidad de legislador especial, desconoció la autonomía territorial (C.P., art. 287) al invadir la competencia del Concejo de Bogotá para determinar la estructura de la Administración Dis trital. En relación con la declaratoria de nulidad, la providencia otorgó al Concejo de Bogotá D.C. un plazo de un año “para que adopte las medidas necesarias tendientes a proveer la estabilidad financiera y la organización administrativa de las

declaratoria de nulidad, la providencia otorgó al Concejo de Bogotá D.C. un plazo de un año “para que adopte las medidas necesarias tendientes a proveer la estabilidad financiera y la organización administrativa de las localidades” (C.E, Sala Plena, rad. 11001 -03-15-000-2008-01255-00, jun. 06/2018, C.P. Oswaldo Giraldo López). En concordancia con la decisión del Consejo de Estado, el Concejo del Distrito Capital, en el artículo 8 del Acuerdo 740 de 2019, estableció que “(e)n cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio”. Adicionalmente, el artículo 11 de dicho Acuerdo estableció que “el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., será el representante legal de los Fondos de Desarrollo Local”.Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)

Actor: Consorcio Infraestructura Usme

Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme

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e inconsistencias técnicas y jurídicas de los insumos entregados por la entidad al contratista de obra (2.2). En subsidio de esta última suma, solicitó el reconocimiento de $328’908.297 por concepto de daño emergente y lucro cesante (subsidiarias a 2.2). Frente a todos estos valores solicitó intereses moratorios (2.3) y su correspondiente indexación (2.4).

5. Como pretensión subsidiaria a la declaratoria de incumplimiento, el Consorcio solicitó que se declare el desequilibrio económico del contrato por causas imputables a la entidad contratante y, en consecuencia, se condene al FDL Usme a pagar

5. Como pretensión subsidiaria a la declaratoria de incumplimiento, el Consorcio solicitó que se declare el desequilibrio económico del contrato por causas imputables a la entidad contratante y, en consecuencia, se condene al FDL Usme a pagar $516’319.951, correspondientes a las condiciones inicialmente pactadas en la Adición

No. 1 (primera sub sidiaria a 2ª). En subsidio de esta última, pidió que se declare el desequilibrio económico del contrato por situaciones imprevistas no atribuibles a las partes y que, para restablecer el equilibrio, se le reconozcan $379’354.095, con el fin de llevar el c ontrato a su punto de no pérdida (segunda subsidiaria a 2ª). En ambos casos, solicitó el reconocimiento de los intereses de mora y la correspondiente indexación (pretensiones “secundarias” a la primera y segunda subsidiaria a 2ª). Hechos

6. En apoyo de sus pretensiones, el demandante expuso los siguientes hechos4:

7. El 28 de agosto de 2015, el FDL Usme suscribió con la Unión Temporal Sede Usme 2016 (en adelante, el “Constructor”) un contrato de obra pública con el objeto de construir la nueva sede administrativa de la Alcaldía de esa localidad (en adelante, el “Contrato de Obra”). Este contrato tuvo un plazo inicial de doce meses contados a partir del 24 de septiembre de 2015.

8. El mismo día, el FDL Usme suscribió con el Consorcio Infraestructura Usm e (en adelante, el “Interventor”) el contrato de interventoría No. 186 -FDLU-2015 (en adelante, el “Contrato de Interventoría”), fuente de esta controversia, cuyo objeto fue:

adelante, el “Interventor”) el contrato de interventoría No. 186 -FDLU-2015 (en adelante, el “Contrato de Interventoría”), fuente de esta controversia, cuyo objeto fue: “realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra que tiene por objeto la ‘Construcción de la nueva sede administrativa de la Alcaldía Local de Usme en la ciudad de Bogotá D.C’”.

9. El plazo del Contrato de Interventoría se pactó en doce meses contados desde el acta de inicio, la cual se suscribió el 24 de septiembre de 2015. De este plazo, un mes correspondía a la etapa de preconstrucción —revisión de estudios, diseños y presupuesto— y los otros once a la etapa de construcción. Las partes acordaron un valor de $688’344.000 y la siguiente forma de pago: (i) 10% después del primer mes de ejecución; (ii) 80% mediante pagos parciales mensuales de conformidad con el porcentaje de avance de obra; y (iii) 10% a la finalización de la obra, previa suscripción del acta de recibo final y del acta de liquidación.

10. Durante la ejecución del Contrato de Obra, el Constructor dirigió múltiples requerimientos al FDL Usme con el fin de obtener respuestas sobre aspectos técnicos de los diseños entregados, en particular en lo relativo a componente s estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y arquitectónicos. Por su parte, el Interventor solicitó a la

4 Exp. digital, doc. 01, pp. 13-37.Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)

Actor: Consorcio Infraestructura Usme

4 Exp. digital, doc. 01, pp. 13-37.Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)

Actor: Consorcio Infraestructura Usme

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entidad la gestión de distintos trámites administrativos, entre ellos la obtención de la certificación de disponibilidad del servicio de acueducto.

11. Entre noviembre de 2015 y agosto de 2016, el Constructor solicitó en cuatro oportunidades la reprogramación, suspensión o prórroga del Contrato de Obra. En agosto de 2016, el Interventor emitió concepto favorable a una solicitud de prórroga y adición, con base en las siguientes circunstancias: (i) problemas jurídicos relacionados con la titularidad del predio destinado a la construcción; (ii) demoras de la entidad en la definición de aspectos técnicos del proyecto; (iii) restricciones que afectaban el desarrollo de las actividades constructivas; (iv) necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra debido a cambios en las especificaciones técnicas; (v) inconsistencias en los diseños eléctricos y de ventanería frente a las normas aplicables; y (vi) necesidad de incorporar ajustes que garantizaran el acceso de personas con discapacidad.

12. El 23 de septiembre de 2016, el FDL Usme y el Constructor suscribieron la

modificación y adición No. 1 al Contrato de Obra, mediante la cual extendieron su plazo por nueve me ses y adicionaron su valor en $3.057’417.704. Esta modificación obedeció a la necesidad de incorporar ítems no previstos inicialmente. En

modificación y adición No. 1 al Contrato de Obra, mediante la cual extendieron su plazo por nueve me ses y adicionaron su valor en $3.057’417.704. Esta modificación obedeció a la necesidad de incorporar ítems no previstos inicialmente. En consecuencia, ese mismo día, el FDL Usme y el Interventor acordaron una prórroga de nueve meses y una adición de $516’258.000 al Contrato de Interventoría.

13. Ante el escaso avance en la ejecución de la obra, el 20 de febrero de 2017, el Consorcio Infraestructura Usme solicitó al FDL Usme modificar la forma de pago del Contrato de Interventoría, proponiendo que los costos fijos se distribuyeran y pagaran en partes iguales durante los nueve meses de la prórroga, mientras que los costos variables continuaran supeditados al avance físico del proyecto. Sin embargo, la entidad no accedió a dicha solicitud.

14. El 9 de junio de 2017, el Interventor presentó al FDL Usme concepto favorable a una nueva solicitud de prórroga y adición al Contrato de Obra, con base en los siguientes motivos: (i) los diseños de acueducto y alcantarillado no fueron entregados oportunamente al Constructo r; (ii) el diseño de andenes carecía de detalles constructivos y requería la obtención de una licencia de intervención del espacio público para viabilizar la aprobación de disponibilidad de acueducto y alcantarillado;

(iii) los diseños de climatización y ventilación no se entregaron al Constructor; y (iv) los diseños entregados de audio, video, seguridad y control estaban obsoletos.

(iii) los diseños de climatización y ventilación no se entregaron al Constructor; y (iv) los diseños entregados de audio, video, seguridad y control estaban obsoletos.

15. A raíz de esta solicitud, el 23 de junio de 2017, el FDL Usme y el Constructor pactaron una segunda prórroga por siete meses y adicionaron nuevos ítems al Contrato de Obra. Sin embargo, el FDL Usme no aprobó la solicitud del Interventor para prorrogar y adicionar el Contrato de Interventoría. En su lugar, abrió un nuevo concurso de méritos y contrató a otro consultor para ejercer dicha labor. Por lo anterior, el Contrato de Interventoría terminó el 23 de junio de 2017 por expiración del plazo.

16. El Interventor remitió al FDL Usme el informe final de interventoría junto con la factura No. 20. Sin embargo, la entidad le solicitó expedir una nota crédito y ajustar su valor, reduciéndolo de $84’900.000 a $45’134.924. En respuesta, el Interventor remitió la factura No. 21 con el valor modificado, pero esta no fue pagada por la entidad.Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)

Actor: Consorcio Infraestructura Usme

Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme

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17. El Contrato de Interventoría no fue liquidado de común acuerdo entre las partes ni fue objeto de liquidación unilateral por parte del FDL Usme.

Fundamentos de derecho

18. El demandante argumentó que el Contrato de Interventoría es un negocio jurídico principal, autónomo e independiente respecto del Contrato de Obra, por lo que las

fue objeto de liquidación unilateral por parte del FDL Usme. Fundamentos de derecho

18. El demandante argumentó que el Contrato de Interventoría es un negocio jurídico principal, autónomo e independiente respecto del Contrato de Obra, por lo que las obligaciones del primero subsisten y deben cumplirse al margen del porcentaje de ejecución, del incumplimiento o de la terminación anticipada del segundo. Indicó que durante el plazo inicial y la prórroga mantuvo la totalidad del personal y asumió todos los costos administrativos derivados de ello. Además, señaló que se debe diferenciar el precio del contrato de su forma de pago. Por tanto, concluyó que tiene derecho a que se le pague el 100 % del precio pactado —incluyendo la adición —, aunque la forma de pago se haya establecido en función del avance del Contrato de Obra.

19. En cuanto a la liquidación, afirmó que el valor total del contrato ascendía a $1.204’602.000, de los cuales $688’344.000 corres pondían al valor original y $516’258.000 a la adición. Sin embargo, al momento de interponer la demanda, únicamente se le habían pagado $643’147.125. Es decir, aún le adeudaban (i) $45’134.924 —correspondientes a la factura No. 21 — para completar el valor inicial

del contrato y (ii) $516’258.000, que correspondían a la totalidad de la adición No. 1.

20. En línea con lo anterior, indicó que el FDL Usme incumplió el Contrato de Interventoría por no haber pagado oportunamente la factura No. 21 y el valor

correspondiente a la adición No. 1. Argumentó que dicho incumplimiento era imputable a la entidad, en la medida en que se originó en su falta de planeación y en las

Interventoría por no haber pagado oportunamente la factura No. 21 y el valor correspondiente a la adición No. 1. Argumentó que dicho incumplimiento era imputable a la entidad, en la medida en que se originó en su falta de planeación y en las inconsistencias técnicas y jurídicas de los diseños y la información entregada al Constructor, lo q ue impidió el adecuado avance de la obra vigilada. Por lo anterior, sostuvo que el FDL Usme debía indemnizar los perjuicios causados o, en subsidio, compensar el desequilibrio económico generado por su conducta. Finalmente, precisó que si se consideraba qu e el impago del valor de la adición No. 1 no era imputable a la entidad debía restablecerse el equilibrio económico del contrato, llevando al Interventor a punto de no pérdida, en atención a que ese impago obedeció a una circunstancia no prevista por las p artes —el reducido avance de obra —, que no fue incorporada en la matriz de riesgos. Contestación de la demanda

21. El FDL Usme se opuso a las pretensiones e interpuso la excepción “cobro de lo no debido”5. Argumentó que la liquidación del Contrato de Interventoría debía realizarse con base en el porcentaje de avance del Contrato de Obra, que solo alcanzó el 54.54%, dado que así se estableció en los estudios previos y en el pliego de condiciones — frente a l os cuales el Consorcio Infraestructura Usme no formuló observaciones —.

Indicó, además, que este criterio fue incorporado expresamente en la cláusula séptima del Contrato de Interventoría, lo que implica que el Interventor asumió el riesgo derivado de una eventual ejecución parcial de la obra.

Indicó, además, que este criterio fue incorporado expresamente en la cláusula séptima del Contrato de Interventoría, lo que implica que el Interventor asumió el riesgo derivado de una eventual ejecución parcial de la obra.

5 Exp. digital, doc. 25.Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)

Actor: Consorcio Infraestructura Usme

Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme

Referencia: Controversias contractuales

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22. Sostuvo que el Interventor no prestó su labor de verificación y control hasta la culminación del Contrato de Obra, pues el Contrato de Interventoría finalizó en junio de 2017 tras la negativa de la entidad a prorroga rlo y adicionarlo por segunda vez.

Señaló que esa decisión obedeció a que los costos asociados al seguimiento del contrato hasta su culminación ya estaban comprendidos en el valor de la primera adición, y el Interventor se rehusó a firmar una nueva prórrog a sin adición presupuestal. En consecuencia, la entidad concluyó que no era procedente reconocer el valor total del Contrato de Interventoría, dado que al momento de su terminación solo se había ejecutado el 54,54% de la obra.

23. Por otra parte, el FDL Usme manifestó que cumplió con las obligaciones dinerarias derivadas del Contrato de Interventoría conforme al avance físico de la obra. Sostuvo que, durante su ejecución, no se presentaron hechos que alteraran las condiciones inicialmente pactadas, las cuales se mantuvieron constantes. Finalmente, indicó que el no pago del valor total no afectó el equilibrio económico, en tanto el Interventor no

que, durante su ejecución, no se presentaron hechos que alteraran las condiciones inicialmente pactadas, las cuales se mantuvieron constantes. Finalmente, indicó que el no pago del valor total no afectó el equilibrio económico, en tanto el Interventor no prestó los servicios de vigilancia y seguimiento hasta la culminación de la obra. Traslado de las excepciones

24. El demandante se pronunció frente a las excepciones de mérito propuestas en la contestación6. Señaló que la oferta económica presentada por el Interventor fue estructurada con base en los parámetros definidos en los pliegos de condiciones — como los gastos de operación, la dedicación mínima del personal, los sueldos básicos y las obligaciones contractuales, calculadas conforme a un factor multiplicador —, y

que estos mismos criterios sustentaron el valor pactado en la adición No. 1 del Contrato de Interventoría ($516’319.951). En consecuencia, afirmó tener derecho al pago de dicha suma, por haber cumplido de manera continua sus obligaciones durante el plazo del contrato, independientemente de que no hubiera acompañado el 100% de la ejecución del Contrato de Obra. Por último, adujo que la entidad reconoció adeudar el valor de la factura No. 21, suma que también fue incluida como pendiente de pago en el borrador del acta de liquidación elaborado por el FDL Usme. Alegatos en primera instancia

25. En la audiencia inicial, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto 7. El demandante presentó alegatos y reiteró los argumentos planteados en la demanda y en el traslado a las excepciones8. Por su parte, la entidad demandada reiteró en sus alegatos lo expuesto

alegatos y reiteró los argumentos planteados en la demanda y en el traslado a las excepciones8. Por su parte, la entidad demandada reiteró en sus alegatos lo expuesto en la contestación de la demanda9. El Ministerio Público guardó silencio.

6 Exp. digital, doc. 27. 7 Mediante auto proferido en audiencia inicial del 31 de agosto de 2021, el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas por las partes. Precisó que tambi én tomaría como prueba el dictamen pericial aportado por el demandante, frente al cual el FDL Usme no solicitó la comparecencia del perito y el Despacho tampoco lo estimó necesario. Por otra parte, negó el decreto de la prueba testimonial solicitada por el FDL Usme por considerarla inconducente frente al objeto del litigio. Por último, solicitó a la entidad aportar las pruebas documentales faltantes. Ninguna parte interpuso recursos (Exp. digital, docs. 38 y 39). 8 Exp. digital, doc. 41. 9 Exp. digital, doc. 42.Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)

Actor: Consorcio Infraestructura Usme

Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme

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Los fundamentos de la sentencia impugnada

26. El Tribunal Administrativo liquidó el contrato, estableciendo un saldo de $45’134.924 a favor del Interventor, y negó las demás pretensiones. Señaló que el FDL Usme debía pagar la suma correspondiente a la factura No. 21, toda vez que esa obligación no había sido satisfecha y la entidad había aceptado a deudar la suma

Usme debía pagar la suma correspondiente a la factura No. 21, toda vez que esa obligación no había sido satisfecha y la entidad había aceptado a deudar la suma incorporada en ella. No obstante, precisó que tal circunstancia no configuraba un incumplimiento imputable a la entidad, en la medida en que el Interventor no acreditó haber radicado, durante la ejecución del Contrato de Interventoría, todos los documentos exigidos para el desembolso: (i) la factura correspondiente; (ii) el informe de actividades; (iii) la certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social expedida por el supervisor; y (iv) la certificación del revisor fiscal sobre el pago de aportes parafiscales. En consecuencia, aunque se reconoció el saldo del capital, no se accedió al pago de intereses moratorios.

27. Por otra parte, el Tribunal sostuvo que el FDL Usme no estaba obligado a pagar el

saldo de $516’319 .951 correspondiente al valor de la adición No. 1, dado que el Contrato de Interventoría preveía expresamente que el 80% de la remuneración se pagaría conforme al porcentaje de avance del Contrato de Obra. En esa línea, precisó que la obra cuya ejecución era objeto de seguimiento técnico no se completó y que los pagos realizados al Interventor correspondieron al avance físico alcanzado. Con base en lo anterior, concluyó que la entidad no incurrió en incumplimiento por no haber pagado dicho saldo.

28. Por último, el Tribunal indicó que no se acreditó la configuración de un desequilibrio económico imputable a la entidad. Señaló que el Interventor no demostró la existencia de fallas de planeación atribuibles al FDL Usme en la estructuración del Contrato de

económico imputable a la entidad. Señaló que el Interventor no demostró la existencia de fallas de planeación atribuibles al FDL Usme en la estructuración del Contrato de Obra q ue le hubiesen generado sobrecostos extraordinarios, imprevisibles y que excedieran los riesgos que debía asumir. Además, consideró que la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico fue extemporánea, ya que no se presentó cuando acaecieron las circunstancias que presuntamente lo alteraron ni cuando se introdujeron modificaciones al Contrato de Obra, sino únicamente después del vencimiento del plazo del Contrato de Interventoría.

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

29. El demandante solicitó que se modifique la sentencia y se condene al FDL Usme

a pagar la totalidad del valor del Contrato de Interventoría, incluida la adición No. 1 10. Cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual la remuneración debía pagarse conforme al porcentaje de avance del Contrato de Obra. En este sentido, señaló que condicionar la forma de pago al progreso de la obra vigilada afectaba el flujo de caja del Interventor; sin embargo, de no haberse completado la construcción, al momento de la terminación del contrato o en su liquidación, la entidad está obligada a reconocer y pagar al Interventor el saldo pendiente, puesto que una cosa es el precio convenido y otra distinta la forma de pago.

10 SAMAI Tribunal, índice 39.Radicación: 25000233600020190063001 (70.671)

Actor: Consorcio Infraestructura Usme

Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme

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Actor: Consorcio Infraestructura Usme

Demandado: Fondo de Desarrollo Local Usme

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30. Por otra parte, argumentó que las pruebas del expediente acreditan el incumplimiento de la entidad estatal. En particular, afirmó que las fallas en la ejecución del Contrato de Obra por parte del FDL Usme generaron una mayor permanencia del Interventor, quien mantuvo la totalidad del personal y asumió todos los costos administrativos durante el plazo inicial, así como durante la adición y la prórroga No.

1. Por esta razón, sostuvo que tiene derecho a recibir el pago del cien por ciento (100 %) del precio convenido. En respaldo de su posición, señaló que se presentaron múltiples inconvenien tes no atendidos oportunamente por la entidad, los cuales generaron retrasos en la obra y estuvieron relacionados con: (i) el acceso al lote; (ii) la titularidad de los predios; (iii) las licencias de construcción y urbanismo; (iv) los diseños

(geotécnicos, estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos); (v) el sistema constructivo; (vi) la presencia de árboles; (vii) rocas de gran tamaño; (viii) el manejo de taludes; (ix) redes de acueducto; (x) redes de alcantarillado; (xi) conexiones eléctricas; (xii) sistemas hidrosanitarios; (xiii) ventilación; (xiv) accesibilidad para personas en situación de discapacidad; (xv) climatización; y (xvi) seguridad y tecnología.

31. Finalmente, manifestó que el desequilibrio económico se configuró porque debió incurrir en gastos de operación y administración para poder permanecer en el proyecto

situación de discapacidad; (xv) climatización; y (xvi)