CE - Sentencia 25000233600020190069701 de 2025

Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

Demandante: Consejo Comunitario de Paimadó

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN Radicación: 25000-23-36-000-2019-00697-01 (67948)

Demandante: CONSEJO COMUNITARIO DE PAIMADÓ

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TEMAS: MORA EN LA CONCLUSIÓN DE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO – parte de la premisa del incumplimiento de un plazo existente y puede comprometer la responsabilidad patrimonial, pero, en general, no tiene la vocación de viciar el acto administrativo. / TÉRMINO DE 10 D ÍAS PARA CADUCAR EL CONTRATO MINERO - Es perentorio y no preclusivo, pues el legislador no estableció que fenecido se perdería competencia para decidir. / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE DECLARAR LA CADUCIDAD DEL CONTRATO MINERO – El legislador no la previó en el Código de Minas, sin que proceda acudir a la caducidad de la potestad sancionatoria del CPACA, por ser incompatible con el régimen minero. / DECISIÓN QUE CORRE TRASLADO AL CONCESIONARIO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD MINERA - es un acto de trámite que se notifica por estado. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS SIN LICENCIA

CONCESIONARIO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD MINERA - es un acto de trámite que se notifica por estado. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS SIN LICENCIA AMBIENTAL - Justifica la procedencia de la circunstancia de caducidad del contrato del literal c) del artículo 112 de la Ley 685 de 2001.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Comunitario de Paimadó contra la sentencia anticipada del 19 de agosto de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería - Ingeominas y el Consejo Comunitario de Paimadó suscribieron el contrato de concesión No. JIG-15251 del 6 de abril de 2009, que tuvo por objeto la exploración y explotación de un yacimiento de minerales de oro, platino “y demás concesibles” y sus concentrados, por un término de 30 años, de los cuales 3 años se dedicarían a la exploración, 3 años a la construcción y montaje y 24 años a la fase de explotación, negocio jurídico que se registró el 2 de junio de 2010.Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

Demandante: Consejo Comunitario de Paimadó

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Durante la ejecución del contrato, particularmente en el per íodo de exploración, la autoridad minera se percató que sobre el áre a otorgada en concesión se estaban

Demandante: Consejo Comunitario de Paimadó

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Durante la ejecución del contrato, particularmente en el per íodo de exploración, la autoridad minera se percató que sobre el áre a otorgada en concesión se estaban efectuando labores extractivas, por lo que requirió al Consejo Comunitario de Paimadó para que diera las explicaciones del caso y, ante la persistencia de dicha situación, declaró la caducidad del título minero mediante l a Resolución No. VSC001068 del 10 de octubre de 2017.

Para el Consejo Comunitario de Paimadó, el acto administrativo anteriormente descrito fue irregular, por el hecho de que, en su criterio, se declaró la caducidad del contrato tardíamente y habiendo ca ducado la facultad sancionatoria de la autoridad minera; las labores extractivas presentadas en su área fueron efectuadas por terceros y; no se le notificó personalmente la apertura del trámite para aplicar la caducidad del contrato, todo lo cual llevó a q ue se incurriera en sendos vicios que deben llevar a la anulación de dicha decisión y al reconocimiento de los perjuicios que se hubieran ocasionado con aquella.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 26 de septiembre de 20191, el Consejo Comunitario de Paimadó, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda contra la Agencia Nacional de Minería, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, por medio d e la cual la demandada declaró la caducidad del contrato de concesión No. JIG-15251 del 6 de abril de 2009

No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, por medio d e la cual la demandada declaró la caducidad del contrato de concesión No. JIG-15251 del 6 de abril de 2009 y, consecuentemente, se ordene a la parte pasiva eliminar de sus registros o bases de datos cualquier anotación negativa con ocasión de tal decisión, así como reanudar el expediente del título minero y proseguir con el trámite del caso.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

1 Folios 1 a 10 del cuaderno 1.Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

Demandante: Consejo Comunitario de Paimadó

3 “PRIMERA: Declárese la nulidad del acto administrativo contractual – Resolución No. VSC 001068 del 10 de octubre de 2017 por la cual la Agencia Nacional de Minería – Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera declaró la caducidad del contrat o de concesión No. JIG-15251.

SEGUNDA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores y para restablecer el derecho del demandante, ordénese a la Agencia Nacional de Minería – Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera eliminar de sus registros o bases de datos cualquier anotación, consecuencia, o inhabilidad derivada de la resolución No. VSC 00168 del 10 de octubre de 2017 por la cual declaró la caducidad del contrato de

concesión No. JIG-15251.

TERCERA: Que la Agencia Nacional de Mi nería – Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera reabra el expediente del

concesión No. JIG-15251.

TERCERA: Que la Agencia Nacional de Mi nería – Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera reabra el expediente del contrato de concesión No. JIG-15251 y continúe con el trámite que en él corresponda en orden a cumplir el objeto contratado.

CUARTA: De cualquier modo solicito re spetuosamente atender el principio de reparación integral establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

QUINTA: Condénese en costas a la entidad demandada”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que, el 6 de abril de 2009, el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS celebró con el Consejo Comunitario de Paimadó el contrato de concesión No. JIG-15251 para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados, minerales de platino y sus concentrados “y demás minerales concesibles” por un término de 30 años , distribuidos así: 3 años para la explo ración, 3 años para la construcción y montaje y 24 años para la explotación, acuerdo de voluntades que fue registrado el 2 de junio de 2010.

1.3.2. Aseveró que, posteriormente, el rol de autoridad minera y la gestión de dichos asuntos se trasladó a la Agencia Nacional de Minería, al tenor de lo establecido en el Decreto 4134 de 2011.

1.3.3. Argumentó que, durante la ejecución del contrato de concesión reseñado, la

asuntos se trasladó a la Agencia Nacional de Minería, al tenor de lo establecido en el Decreto 4134 de 2011.

1.3.3. Argumentó que, durante la ejecución del contrato de concesión reseñado, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM declaró la caducidad de dicho acuerdo de voluntades, mediante la Resolución No. VSC001068 del 10 de octubre de 2017.Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

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1.3.4. Anotó que, el 30 de noviembre de 2017, el Consejo Comunitario de Paimadó solicitó la revocatoria directa contra el acto administrativo referenciado, aunque, en su opinión, la petición “no ha tenido respuesta”.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que con la expedición de l acto ad ministrativo enjuiciado , la Agencia Nacional de Minería infringió los artículos 10 de la Declaración de Derechos Civiles y Políticos; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 13, 29 y 58 de la Constitución de 1991; 112, 265, 288, 293 y 297 del CPA CA “y demás normas concordantes” , incurriendo en una “falta de competencia, falsa motivación y violación del derecho de audiencia y de defensa”, pues no había lugar a declarar la caducidad del contrato No. JIG-15251 de 2009, dado que se venían cumpliendo las obligaciones derivadas del título minero en lo atinente a la fase exploratoria.

Primero, respecto al cargo de falta de competencia temporal , argumentó que el

No. JIG-15251 de 2009, dado que se venían cumpliendo las obligaciones derivadas del título minero en lo atinente a la fase exploratoria.

Primero, respecto al cargo de falta de competencia temporal , argumentó que el artículo 288 de la Ley 685 de 2001 dispuso que para declarar la caducidad del contrato se debía agotar el derecho de defensa y contradicción del concesionario, tras lo cual la autoridad minera contaba con un plazo máximo de 10 días para resolver lo pertinente, mandato que fue desatendido por la demandada, habida cuenta de que caducó el título minero No. JIG -15251 de 2009 después de dicho interregno, por lo que “carecía de competencia para ello, pues el plazo del cual gozaba había fenecido suficientemente hace más de tres años” , en desconocimiento de la competencia temporal o ratio temporis.

Al punto, adujo que los hechos que supuestamente originaron la sanción de caducidad ocurrieron antes del 8 de abril de 2014, fecha en la cual se le imputó la desatención obligacional; sin embargo, el acto administrativo demandado se expidió solo hasta el 10 de octubre de 2017, es decir, “más de tres años y medio después de ocurridos los hechos que originaron esa sanción” , por lo que “ya se había presentado el fenómeno jurídico de la caducidad de la facultad sancionatoria y, con ella, la pérdida de competencia de la autoridad administrativa para sancionar”.

En línea con lo anterior, manifestó que el artículo 52 del CPACA, aplicable a los asuntos mineros, “porque así lo establece el artículo 297 de la Ley 685 de 2001” ,Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

En línea con lo anterior, manifestó que el artículo 52 del CPACA, aplicable a los asuntos mineros, “porque así lo establece el artículo 297 de la Ley 685 de 2001” ,Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

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5 dispone que, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones, caduca a los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, lo cual a su juicio fue quebrantado por la autoridad minera, pues precisamente ejerció su potestad sancionatoria por fuera del término en cuestión.

Segundo, en cuanto al cargo de falsa motivación, anotó que la Agencia Nacional de Minería concluyó erradamente que el titular minero, durante la etapa de exploración, adelantó actividades de explotación sin contar con la sustra cción del área de la reserva forestal del pacífico y sin el instrumento ambiental otorgado por la autoridad competente, dado que las labores extractivas en realidad fueron efectuadas por personas ajenas al Consejo Comunitario de Paimadó.

Por otro lado, ar guyó que, en el municipio de Río Quito, que es donde recayó el título minero, ha habido explotación minera desde hace décadas con altos impactos ambientales y dirigida por grupos criminales, lo cual no podía atribuírsele al Consejo Comunitario de Paimadó pues, contrario a hacer parte de dichas actividades, este Consejo las ha denunciado a través de mecanismos como la “acción de grupo” , denuncias penales, quejas y peticiones, sumado a lo cual , según adujo, sendas

Consejo las ha denunciado a través de mecanismos como la “acción de grupo” , denuncias penales, quejas y peticiones, sumado a lo cual , según adujo, sendas decisiones judiciales han declarado responsable a la autoridad minera por dicha situación.

Asimismo, afirmó que las entidades públicas tienen el deber legal para proscribir efectivamente la actividad minera cuando está coligada a un actuar ilícito, en virtud de normas como la s Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009 , que le s impusieron a distintas autoridades la obligación de prevenir el deterioro ambiental por la actividad extractiva, así como de sancionar las infracciones sobre la materia, lo cual no puede ser atribuido a la aquí demandante, máxime si se tiene en cuenta que, a su juicio, no existen pruebas que permitan determinar que los daños ambientales alrededor de Río Quito tengan por causa la ejecución del contrato de concesión, pues incluso se originaron “décadas anteriores a la celebración del contrato”.

Tercero, en relación con el cargo de “violación del derecho de audiencia y de defensa”, anotó que la decisión de la autoridad minera en torno a la declaración de la caducidad del contrato No. VSC -001068 se justificó en varias pruebas que noRadicado: 250002336000201900697-01 (67948)

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6 tuvo la oportunidad de conocer y/o controvertir, en desconocimiento del debido proceso consagrado en normas de rango nacional e internacional.

Sobre el particular, aseveró que “no puede decirse que con la notificación por estado que pretendió hacerse del auto PARQ -137 en abril de 2014 como requerimiento

proceso consagrado en normas de rango nacional e internacional.

Sobre el particular, aseveró que “no puede decirse que con la notificación por estado que pretendió hacerse del auto PARQ -137 en abril de 2014 como requerimiento previo a la declaratoria de caducidad, se haya garantizado el derecho de defensa y contradicción porque esa pretendida notificación no produce efecto en tanto que no fue conocida por el Consejo Comunitario”.

Lo anterior, por cuanto en su criterio, aunque dicha decisión no estaba enlistada en el artículo 269 del Código de Minas dentro de aquellas que debían notificarse personalmente, debía darse a conocer de esa manera por el hecho de que era la primera actuación dirigida a declarar la caducidad del título minero; empero, se notificó por estado y, en su opinión, ello le impidió ejercer su derecho de defensa.

Finalmente, indicó que la expedición del acto le generó perjuicios al Consejo Comunitario de Paimadó y a las comunidades negras asentadas en el municipio de Río Quito, pues se les impuso la caducidad y se les proscribió la explotación económica de yacimientos minerales en su pro piedad colectiva profundizando el estado de pobreza de la comunidad.

2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones

2.1. El 12 de diciembre de 2019 2, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada.

2.2. El 23 de julio de 20203, la Agencia Nacional de Minería contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que la declaratoria de caducidad del

notificada.

2.2. El 23 de julio de 20203, la Agencia Nacional de Minería contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que la declaratoria de caducidad del contrato No. JIG-15251 de 2009 se ajustó a derecho, pues los titulares mineros estaban enmarcados en la causal descrita en el literal c) del artículo 112 de la Ley 685 de 2001, consistente en “la no realización de los trabajos y obras dentro de los

2 Folios 16 a 17 del cuaderno 1. 3 Folio 27 del cuaderno 1.Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

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7 términos establecidos en e ste código”, por realizarse labores extractivas cuando apenas se estaba en la fase de exploración minera.

En efecto, el extremo pasivo de la litis aseveró que, durante la ejecución del contrato de concesión No. JIG-15251 de 2009, la autoridad minera vislumbró que los titulares mineros estaban efectuando labores extractivas sin encontrarse aún en dicha fase y con graves repercusiones ambientales, lo cual no podía excusarse en la “pobreza histórica” y en que la colectividad hace parte de un grupo de protección especial . Como consecuencia, requirió al concesionario para advertirle que se encontraba inmerso en la causal de caducidad del literal c) del artículo 112 de la Ley 685 de 2001, e indicarle que, si a bien lo tenía, presentara la justificación y las pruebas para desvirtuar dicha situación, otorgándole al efecto 10 días.

Enseguida sostuvo que, como persistía la actividad extractiva, mediante el auto No.

2001, e indicarle que, si a bien lo tenía, presentara la justificación y las pruebas para desvirtuar dicha situación, otorgándole al efecto 10 días.

Enseguida sostuvo que, como persistía la actividad extractiva, mediante el auto No. PARQ-092 del 16 de octubre de 2015 se advirtió al Consejo Comunitario de Paimadó que se abstuviera de “adelantar actividades de construcción y montaje y exploración […] toda vez que el título minero no se encuentra en la etapa de explotación y no cuenta con la respectiva licencia ambiental y el programa de trabajo y obras PTO aprobado”. A su vez, ante ese panorama, el 20 de noviembre de 2015 la autoridad minera expidió la Resolución CSC -000932, mediante la cual impuso una multa equivalente a 27 SMLMV “por no aportar la licencia ambiental o la constancia de su trámite”, decisión que fue confirmada mediante la Resolución No. VSC-000839 del 08 de agosto de 2017.

Por todo lo descrito, para la Agencia Nacional de Minería resulta palmario que el Consejo Comunitario de Paimadó incumplió las obligaciones del contrato No. JIG15251 de 2009 y la normat iva minera colombiana, incurriendo en la causal de caducidad del literal c) del artículo 112 de la Ley 685 de 2001 , de ahí que esta hubiera sido declarada mediante el acto administrativo enjuiciado.

Al punto, consideró que no se configuró una falta de competencia temporal, habida cuenta de que , aunque la normativa minera dispuso un plazo de 10 días para declarar la caducidad, el hecho de que ello se resolviera extemporáneamente no redundaba en que se perdiera competencia, sino, por mucho, implicaba una sanción

cuenta de que , aunque la normativa minera dispuso un plazo de 10 días para declarar la caducidad, el hecho de que ello se resolviera extemporáneamente no redundaba en que se perdiera competencia, sino, por mucho, implicaba una sanción disciplinaria a quien dejara vencer dicho término. A su vez, enfatizó en que laRadicado: 250002336000201900697-01 (67948)

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8 Agencia Nacional de Minería estaba investida para resolver la caducidad del contrato, por ser la máxima autoridad minera en el país.

Sobre ese mismo aspecto adujo que tampoco operó la caducidad de la facultad sancionatoria, debido a que , en realidad, “la caducidad de los contratos no tiene naturaleza sancionatoria” , de ahí que “no es aplicable el término de caducidad establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011”, aunado a lo cual la autoridad minera tiene competencia para declararla en cualquier tiempo mientras que el contrato se encuentre vigente.

También afirmó que, en su opinión, no se configuró una falsa motivación frente al acto administrativo impugnado, por el hecho de que la declaratoria de caducidad del título minero No. JIG-15251 se fundó en sendas evidencias que dieron cuenta que el concesionario realizó labores extractivas en la fase de exploración y sin el cumplimiento de requisitos como la licencia ambiental. Al punto, consideró que, de haber habido una ocupación de terceros, el titular minero bien habría podido hacer uso de figuras como el amparo administrativo, sin que ello hubiera sucedido porque fue aquel el que estaba realizando actividades de exploración sin las exigencias de ley.

haber habido una ocupación de terceros, el titular minero bien habría podido hacer uso de figuras como el amparo administrativo, sin que ello hubiera sucedido porque fue aquel el que estaba realizando actividades de exploración sin las exigencias de ley.

Por otro lado, también se opuso a la prosperidad del cargo de violación del derecho de audiencia y de defensa, con base en que la autoridad minera cumplió a cabalidad los requisitos predispuestos por el legislador en materia de caducidad minera y, efectivamente, profirió un primer acto de trámite mediante el cual se le indicaron al titular minero las causales que darían lugar a caducar el contrato, decisión que por su naturaleza no debía notificarse personalmente, por lo que con ello no se incurrió en ninguna irregularidad

Finalmente, desvirtuó que la solicitud de revocatoria directa incoada por el Consejo Comunitario de Paimadó no hubiera sido resuelta, pues en realidad fue denegada mediante la Resolución No. VSCSM 000766 del 13 de septiembre de 2019.

2.3. El Consejo Comunitario de Paimadó descorrió el traslado de excepciones y manifestó que no tienen la vocación de prosperar, pues, en línea con lo indicado en la demanda, no incumplió el contrato No. JIG -15251 del 6 de abril de 2009, enRadicado: 250002336000201900697-01 (67948)

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9 especial porque las labores extractivas en el área del título minero correspondieron al hecho de un tercero4.

3. Auto de sentencia anticipada y alegatos de conclusión

Demandante: Consejo Comunitario de Paimadó

9 especial porque las labores extractivas en el área del título minero correspondieron al hecho de un tercero4.

3. Auto de sentencia anticipada y alegatos de conclusión

3.1. El 19 de mayo de 2021 5, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto mediante el cual dispuso dictar sentencia anticipada, en virtud del artículo 182A del CPACA, con apoyo en que solo se aportaron pruebas documentales, sin que frente a aquellas se hubiere formulado tacha o desconocimiento.

Así, fijó el litigio, en el sentido de determinar si con el acto administrativo enjuiciado se infringió el ordenamiento jurídico por declararse la caducidad del contrato No. JIG-15251 de 2009 con base en que, en cri terio de la demandante, el Consejo Comunitario de Paimadó no estaba realizando labores extractivas en la fase de exploración, por lo que no debió darse por finalizado el título minero. De proceder lo anterior, el a quo estableció que correspondería pronunc iarse sobre los eventuales perjuicios ocasionados.

Seguidamente el Tribunal de primera instancia se pronunció sobre las pruebas aportadas, decretando en tal sentido las documentales allegadas por ambos extremos procesales . F inalmente, corrió traslado a l as partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.

3.2. El Consejo Comunitario de Paimadó formuló alegaciones conclusivas, en las que ratificó que, en su criterio, la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de

3.2. El Consejo Comunitario de Paimadó formuló alegaciones conclusivas, en las que ratificó que, en su criterio, la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017 infringió el ordenamiento jurídico toda vez que: i) no era dable que se declarara la caducidad del contrato de concesión No. JIG-15251 de 2009 debido a que no se podía utilizar dicha figura después del plazo de ley ; ii) había operado la caducidad de la facultad sancionatoria ; iii) un tercero fue el que realizó las actividades extractivas en la zona concesionada; y iv) no se le notificó el acto de apertura para caducar el contrato en debida forma.

4 Archivo “04. Anexo memorial del 16 de septiembre de 2020” de la carpeta “OneDrive” del índice 37 del expediente digital de primera instancia en SAMAI. 5 Índice 22 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

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3.3. La Agencia Nac ional de Minería presentó alegatos de conclusión, en los cuales reafirmó que con la expedición de la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, por medio de la cual la demandada declaró la caducidad del contrato de concesión No. JIG -15251 de 2009 , no se incurrió en alguna irregularidad, pues existían pruebas claras y fehacientes que daban cuenta que el Consejo Comunitario de Paimadó se encontraba realizando labores extractivas cuando apenas se encontraba en la fase de exploración, de ahí que no contaba con exigencias como la licencia ambiental6.

Consejo Comunitario de Paimadó se encontraba realizando labores extractivas cuando apenas se encontraba en la fase de exploración, de ahí que no contaba con exigencias como la licencia ambiental6.

También reiteró que la autoridad minera podía declar ar la caducidad del título minero, aunque fuera en forma tardía y que dicha prerrogativa no constituye una facultad sancionatoria, así como que no hubo una indebida notificación de las decisiones previas a la finalización del contrato minero7.

3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4. Sentencia anticipada de primera instancia

Mediante sentencia anticipada del 19 de agosto de 2021 8, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017 se fundó en derecho, en tanto el Consejo Comunitario de Paimadó se encontraba realizando labores extractivas en la fase de exploración respecto al contrato de concesión No. JIG-15251 del 6 de abril de 2009.

Frente a la falta de competencia de la Agencia Nacional de Minería para expedir el acto enjuiciado, manifestó que esta no se configuró debido a que, aunque el artículo 288 de la Ley 685 de 2001 previó un término de 10 días para declarar la caducidad del contrato minero, contados desde que se permite al concesionario justificar o subsanar la circunstancia que configura esa figura, aquel es perentorio y n o preclusivo, de ahí que su inobservancia no mermaba la competencia de la autoridad

6 Índice 26 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.

subsanar la circunstancia que configura esa figura, aquel es perentorio y n o preclusivo, de ahí que su inobservancia no mermaba la competencia de la autoridad

6 Índice 26 del expediente digital de primera instancia en SAMAI. 7 Índice 25 del expediente digital de primera instancia en SAMAI. 8 Índice 27 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.Radicado: 250002336000201900697-01 (67948)

Demandante: Consejo Comunitario de Paimadó

11 minera para resolver, sino que, eventualmente, hubiera podido llevar a configura r una responsabilidad disciplinaria frente a quien dejó vencer los términos.

Seguidamente, señaló que, al margen de si la facultad de declaratoria de caducidad es sancionatoria o no, el término consagrado en el artículo 52 del CPACA referido a la caducidad en materia de sanciones no se habría visto infringido, habida cuenta de que la actividad extractiva en fase de exploración fue continuada, sucesiva y se extendió hasta 2017, inclusive, de ahí que no fuera dable establecer el cómputo para la finalización forzosa del contrato desde 2014.

A lo anterior se sumó que, en todo caso, la caducidad es una potestad con la cual cuenta la autoridad minera para ser ejercida durante la vigencia del contrato y, como el plazo del título minero No. JIG -15251 era de 30 años, la Agencia Nacional de Minería estaba plenamente facultada para ejercer tal figura.

Ahora bien, en lo que respecta a la falsa motivación, argumentó que tampoco se configuró, ya que, aunque es cierto que en la zona del título minero se vienen

Minería estaba plenamente facultada para ejercer tal figura.

Ahora bien, en lo que respecta a la falsa motivación, argumentó que tampoco se configuró, ya que, aunque es cierto que en la zona del título minero se vienen desarrollando actividades de explotac ión minera en forma ilegal durante décadas, se acreditó que en el asunto de estudio era el Consejo Comunitario de Paimadó el que se encontraba realizando labores extractivas a través de sus contratistas, teniendo en cuenta que varias de las personas jurídicas con las que aquella celebró contratos informaron a la autoridad minera que iniciaron labores inclusive con dragas durante la fase de exploración del contrato No. JIG-15251 de 2009.

Al respecto, precisó que si bien el Consejo Comunitario de Paimadó ha denunciado la minería ilegal en el municipio de Río Quito por muchos años, “durante la ejecución del contrato de concesión minera JIG -15251 no se evidencia cuáles fueron las medidas adoptadas […] para que no persistiera el fenómeno de la minería ilegal en el título minero” , como pudieron ser eventuales solicitudes de amparo minero, sumado a lo cual se comprobó que aquella avaló actividades directas “a partir de la suscripción de contratos de concesión minera celebrados con mineros que ya venían explotando el título con anterioridad”.

Por otro lado, respecto de la causal de violación del debido proceso y del derecho de audiencia y de defensa, aseveró que tal vulneración no se configuró, d ebido aRadicado: 250002336000201900697-01 (67948)

Demandante: Consejo Comunitario de Paimadó

12 que la decisión mediante la cual se le puso de presente al titular minero la causal

Demandante: Consejo Comunitario de Paimadó

12 que la decisión mediante la cual se le puso de presente al titular minero la causal de caducidad configurada era de trámite, aunado a lo cual, en virtud del artículo 269 de la Ley 685 de 2001 debía notificarse por estado y así se dio a conocer al t itular minero, sin que por ello exista ninguna irregularidad.

Asimismo, anotó que, aunque la decisión que declaró la caducidad tampoco requería ser notificada personalmente, aquella fue dada a conocer de ese modo sin que ello constituyera alguna irregularidad, pues en cualquier caso fue dada a conocer integralmente al destinatario.

5. Recurso de apelación

El 7 de septiembre de 20219, el Cons