CE - Sentencia 25000233600020190073301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 250002336000 201900733 01 (69573)

Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Demandado: Distrito Capital de Bogotá Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO – es un término de carácter objetivo que se computa a partir de cuando el interesado conoció o debió conocer del hecho que da base a la acción / INTERVENTORÍA – constituye un medio dispuesto por el legislador para que las entidades públicas contratantes cumplan con su función de realizar la vigilancia técnica permanente del contrato, por tanto, los informes que presenten los interventores son aptos para que conozcan la ocurrencia de incumplimientos.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la demandante en contra de la sentencia mediante la cual se negaron sus pretensiones.

La controversia se refiere a la validez de las resoluciones por medio de las cuales se declaró la ocurrencia de un siniestro y se hizo efectiva la póliza que lo amparaba.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 23 de junio de 2022, por medio de l a

se declaró la ocurrencia de un siniestro y se hizo efectiva la póliza que lo amparaba.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 23 de junio de 2022, por medio de l a cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a La

Previsora S.A. Compañía de Seguros1.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 16 de octubre de 20192 por La Previsora S.A. Compañía de Seguros S.A. (en adelante, la aseguradora, La Previsora o la demandante) en contra del Distrito Capital – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (en adelante el Distrito, la Secretaría o el demandado) cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación.

Pretensiones

3. La demandante formuló las siguientes pretensiones:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 513 del 23 de noviembre de 2017, por medio de la cual el Distrito Capital, a través de la Secretaría Distrital de

1 Índice 36, SAMAI Tribunal. 2 Reverso folio 26. C. ppal.Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

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Seguridad, Convivencia y Justicia declaró el incumplimiento del contrato 730 del 19

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Seguridad, Convivencia y Justicia declaró el incumplimiento del contrato 730 del 19 de noviembre de 2010 3, así como la nulidad de la Resolución No. 569 del 20 de diciembre de 2017 que la confirmó.

(ii) Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene reintegrar a la aseguradora la suma que hubiere pagado en virtud de lo decidido en las resoluciones demandas, e indem nizar los perjuicios causados a la aseguradora.

Hechos

4. En apoyo de sus pretensiones, la demandante se refirió a los siguientes

hechos4:

5. El 19 de noviembre de 2010, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá

(en adelante el Fondo o el contratante) y la sociedad Constructora Castel Camell Ltda. (en adelante la constructora o la contratista) celebraron el contrato No. 730, cuyo objeto consi stió en la construcción de la nueva sede administrativa del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., por un valor de $43.794’257.360 y un plazo de ejecución inicial de 15 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

6. Con el objeto de garantizar el cumplimiento del contrato, La Previsora y Ace Seguros S.A. –hoy CHUBB S.A.–, en coaseguro, expidieron la póliza No. 3000314, la primera en un porcentaje del 55% del cubrimiento y la segunda en uno de 45%.

Seguros S.A. –hoy CHUBB S.A.–, en coaseguro, expidieron la póliza No. 3000314, la primera en un porcentaje del 55% del cubrimiento y la segunda en uno de 45%.

7. El Fondo entregó los planos, me morias y diseños de manera tardía y fragmentada, lo que afectó la ejecución del contrato. En noviembre de 2011, cuando la obra presentaba un porcentaje de avance del 70%, se remitieron al contratista nuevos planos arquitectónicos de los pisos 1 y 2.

8. Las partes suscribieron sendas prórrogas y suspensiones al contrato, con ocasión de: (i) el fenómeno de la niña5, (ii) el vencimiento del plazo pactado para el

3 El contrato 730 de 2010 lo suscribió el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá que era un establecimiento público con personería jurídica (art. 1, acuerdo 28 de 1992). A través del Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, se ordenó la supresión de esa enti dad (art. 6) y se creó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (art. 4) dentro del Sector de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito (arts. 1 y 3). En el artículo 7 de ese mismo acuerdo se dispuso, entre otras cosas, que a parti r de su entrada en vigencia “La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia subrogará al Fondo de Vigilancia y Seguridad en la titularidad de los derechos que a este corresponden y en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo ”. Posteriormente, a t ravés del artículo 29 del Decreto 409 del 30 de septiembre de 2016 –por medio del cual se hizo efectiva la supresión del

que a este corresponden y en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo ”. Posteriormente, a t ravés del artículo 29 del Decreto 409 del 30 de septiembre de 2016 –por medio del cual se hizo efectiva la supresión del Fondo y se ordenó su liquidación – se dispuso que “ Los contratos vigentes al momento de la suscripción del presente decreto, suscritos por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. D.C. se entenderán subrogados, en el estado en que se encuentren, a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en cumplimiento a lo ordenado en el inciso 2 del artículo 7 del Acuerdo Distrital 637 de 2016”. Este artículo fue modificado por el artículo 5 del Decreto 517 de 2017 que dispuso que “Los contratos que al inicio del proceso liquidatorio del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. D.C., esto es, al treinta (30) de septiembre de 20 16 estuvieren en ejecución, según el plazo pactado, se entenderán subrogados en el estado en que se encuentren, a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en cumplimiento a lo ordenado en el inciso 2 el artículo 7 del Acuerdo Distrital 637 de 2016”. En virtud de todo lo anterior, el Distrito, a través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, expidió los actos administrativos cuya legalidad se debate en este juicio. 4 Se referenciaron varios hechos generales y se transcribieron varias cláusulas del contrato, no se identificó cuál fue la causa que dio lugar a la expedición de las resoluciones demandadas. 5 El 12 de marzo de 2012, se suscribió una prórroga por 180 días siguientes al vencimiento de la fecha

fue la causa que dio lugar a la expedición de las resoluciones demandadas. 5 El 12 de marzo de 2012, se suscribió una prórroga por 180 días siguientes al vencimiento de la fecha inicialmente pactada. El 7 de septiembre siguiente se suscribió otra prórroga por el término de seis meses (no se especificó en la demanda a qué correspondió esta prórroga).Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

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contrato de interventoría6, (iii) las mesas de trabajo que se instalaron con el objeto de intentar un arreglo directo respecto de los inconvenientes que se habían presentado en la ejecución de las obras 7; (iv) la revalidación de la licencia de construcción8; y (v) el procedimiento administrativo sancionatorio que se inició en contra del contratista por el presunto incumplimiento de sus obligaciones9.

9. El 16 de diciembre de 2015 el Fondo citó a la constructora y a La Previsora para adelantar audiencia por el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato. La diligencia se reprogramó para el 18 de enero de 2016 para que se citara

a Ace Seguros S.A. – hoy CHUBB S.A.–.

10. A través del Acuerdo 637 de 2016, se ordenó la supresión del Fondo, orden que se ejecutó mediante el Decreto 409 del 30 de septiembre de 2016, en virtud de lo cual la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se subrogó en la posición de aquél en el contrato.

que se ejecutó mediante el Decreto 409 del 30 de septiembre de 2016, en virtud de lo cual la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se subrogó en la posición de aquél en el contrato.

11. El 23 de junio de 2017 la Secretaría citó a audiencia por el presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato, el cual declaró a través de Resolución No. 513 del 23 de noviembre de 2017. En contra de e ste acto administrativo las aseguradoras interpusieron recurso de reposición que fue decidido negativamente a través de Resolución No. 569 del 20 de diciembre de

2017.

Las normas violadas y el concepto de violación

12. La aseguradora manifestó que con la expedición de los actos administrativos demandados se vulneraron los artículos 2, 6, 29 y 229 constitucionales; 4 –núm. 8 y 9–, 24 –núm. 8– y 32 –núm. 2– de la Ley 80 de 1993; 20 del Decreto 1510 de 2013; 86 de la Ley 1474 de 2011; 1609 del Código Civil; 1602 , 1603 y 1609 del

Código de Comercio.

13. La Sala advierte que en la demanda no se hizo referencia a las razones que condujeron al Distrito a declarar el incumplimiento del contrato y a hacer efectiva la cláusula penal afectando la póliza de cumplimiento a través de las resoluciones demandadas, as pecto que resulta determinante para comprender los cargos de nulidad que en su contra se propusieron, por lo cual, en aras de ofrecer claridad al asunto, se precisa que el incumplimiento se fundamentó en el hecho de que las

demandadas, as pecto que resulta determinante para comprender los cargos de nulidad que en su contra se propusieron, por lo cual, en aras de ofrecer claridad al asunto, se precisa que el incumplimiento se fundamentó en el hecho de que las obras que se ejecutaron presenta ron defectos estructurales que impidieron su terminación e impusieron su reconstrucción parcial y el reforzamiento de sus estructuras, previa realización de nuevos diseños estructurales.

6 El 29 de diciembre de 2012 se suspendió el contrato por ese motivo. Esta suspensión fue objeto d e varias prórrogas hasta el 2 de septiembre de 2013, cuando se suscribió un nuevo contrato de interventoría. 7 El 14 de enero de 2014 se amplió el término de la segunda suspensión del contrato. En la demanda no se refirió cuándo se suscribió ni cuál fue e l motivo de la segunda suspensión. El 14 de marzo de 2014 se amplió por tercera vez la segunda suspensión y el 30 de mayo siguiente se amplió el plazo del contrato en 26 días contados desde el 1 de junio de 2014. 8 El 5 de septiembre de 2014 se suspendió e l contrato hasta que se obtuviera la revalidación de la licencia de construcción. El 10 de septiembre de 2014 se amplió el plazo del contrato en 6 meses contados desde la obtención de esa licencia. 9 Se refirió a las suspensiones que se suscribieron por ese motivo el 15 de marzo de 2016 y el 29 de noviembre de ese mismo año.Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

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de ese mismo año.Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

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14. La aseguradora señaló que los actos administrativos demandados están

viciados de nulidad porque:

15. (i) Se fundaron en una indebida valoración probatoria que condujo a concluir que las deflexiones que se presentaron se debieron a problemas de diseños y a la incorrecta ubicación de los refuerzos. Indicó que esta conclusión se basó exclusivamente en el informe rendido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, sin considerar: a) lo señalado en el dictamen pericial realizado por la firma Ingestructuras Ltda., según el cual las deflexiones se debieron a problemas de rigidez y no de resistencia, en la medida que se ocasionaron por la falta de grosor de la placa y no por la ubicación de los refuerzos; b) lo manifestado por los ingenieros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en audiencia del 27 de agosto de 2017, en la que expresar on que, incluso, de haberse colocado los refuerzos en la ubicación indicada en los diseños, las deflexiones se habrían presentado; y, c) la localización de los refuerzos no estaba identificada en los planos, por lo que no podía afirmarse que la constructor a los hubiese colocado en contra de lo definido en ellos.

16. (ii) Falsa motivación, en tanto el Distrito adujo durante la actuación administrativa que el contratista incumplió con la obligación de revisar los diseños consagrada en los numerales 7 y 18 de la cláusula quinta, cuando lo cierto es que:

administrativa que el contratista incumplió con la obligación de revisar los diseños consagrada en los numerales 7 y 18 de la cláusula quinta, cuando lo cierto es que: a) en tales estipulaciones no se estableció ese compromiso a cargo del constructor; además de que en las resoluciones demandadas no se indicó en qué parte de los pliegos de condiciones, o de los otrosíes aquélla se estableció; b) no es posible aceptar la afirmación del demandado en cuanto a que esa actividad hacía parte del AIU porque en los pliegos no se exigió que en la propuesta se discriminara ese concepto, por lo cual el constructor no lo hizo. De existir alg una comunicación en ese sentido, ésta no tendría la virtualidad de modificar el contrato; c) en contra de lo indicado en los actos administrativos demandados, en la matriz de riesgos se estipuló que el derivado de los errores de los diseños estaba en cabez a del contratante.

17. (iii) Falta de competencia temporal para declarar el incumplimiento. El plazo de treinta (30) meses con que contaba el demandado para hacer esa declaración10 empezó a computarse a partir del 13 de mayo de 2015, cuando finalizó el pla zo de ejecución del contrato, y venció el 13 de noviembre de 2017; sin embargo, la Resolución 513 se expidió el día 23 de ese mismo mes y año. El demandado no

podía tener en cuenta el otrosí No. 5 del 15 de septiembre de 2015 porque se suscribió con posterioridad a la fecha de terminación del plazo que se estableció en el otrosí No. 4 –13 de mayo de 2015–.

18. Proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal. El Distrito no aplicó

suscribió con posterioridad a la fecha de terminación del plazo que se estableció en el otrosí No. 4 –13 de mayo de 2015–.

18. Proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal. El Distrito no aplicó lo dispuesto en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, en concordancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en tanto el valor por el que hizo efectiva la cláusula penal no consideró que el constructor ejecutó el 87% del contrato.

10 Se refiere al término de 6 meses para realizar la liquidación del contrato y al plazo de 24 meses para incoar la demanda de controversias contractuales, dentro del cual, en los tér minos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, también se puede realizar el balance final de cuentas de manera bilateral o unilateral.Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

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19. Prescripción de la acción derivada del contrato de seguro. La Resolución No. 513 del 23 de noviembre de 2017 se expidió después de vencidos los dos años contados a partir de la fecha en la que la entidad tuvo conocimiento de la ocurrencia del siniestro (art. 1081, Código de Comercio). El informe de interventoría del 10 de noviembre de 2015 –mencionado en la citación a audiencia del 16 de diciembre de 2015– estableció la presencia de fisuras en la construcción desde el 22 de agosto de 2012, fecha en la que ordenó hacerles un seguimiento a las presentadas en los

noviembre de 2015 –mencionado en la citación a audiencia del 16 de diciembre de 2015– estableció la presencia de fisuras en la construcción desde el 22 de agosto de 2012, fecha en la que ordenó hacerles un seguimiento a las presentadas en los voladizos, y en acta del 12 de octubre de 2012 se hizo un requerimiento al contratista sobre el comportamiento evidenciado en las placas de entrepisos sobre exposición de armadura y demarcación de panelas, que garantizaban el espesor del recubrimiento interior.

20. Violación del debido proceso por no dar aplicación a las normas sobre reconstrucción de expedientes (art. 126 del Código General del Proceso). En audiencia del 11 de enero de 2016, el contratista presentó sus descargos y allegó varias “AZ” con pruebas doc umentales tendientes a demostrar el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo, esta documentación, así como la grabación de la audiencia y el acta de la misma, se perdieron al momento en el que la Secretaría asumió la posición del Fondo en el contrato. El contratista solicitó la reconstrucción del expediente, petición que se negó sobre la base de que la información no era relevante, pese a ser el fundamento de defensa del constructor. Esta determinación condujo a que no se realizara el análisis de la ma triz de riesgos y a que, en virtud de ello, el demandado concluyera que el riesgo de diseños recaía en el constructor.

21. Responsabilidad de la aseguradora hasta el límite del valor asegurado. El máximo valor asegurado respecto del amparo de cumplimiento asc endió a $4.379’425.736, por tanto, la obligación de La Previsora no puede superar ese

21. Responsabilidad de la aseguradora hasta el límite del valor asegurado. El máximo valor asegurado respecto del amparo de cumplimiento asc endió a $4.379’425.736, por tanto, la obligación de La Previsora no puede superar ese monto. Dado que se trata de un seguro de carácter meramente indemnizatorio se debe establecer con precisión el monto de la cuantía a afectar deduciendo las sumas que se encuentren a favor del contratista.

22. Compensación. Solicitó que se compensen los saldos que resulten a favor del contratista, los cuales deben ser descontados del monto de la indemnización a cargo de la aseguradora.

La contestación de la demanda

23. El Distrito contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones. Como

fundamento expresó:

24. Falta de legitimación en la causa por activa. La póliza de cumplimiento la expidieron La Previsora y Ace Seguros S.A. – hoy CHUBB S.A.– en coaseguro, por tanto, la primera no podía pretender la nulidad total de los actos administrativos, pues, además, no estaba facultada para representar a CHUBB S.A.11.

11 La excepción se resolvió negativamente a través de proveído del 15 de marzo de 2021. El Tribunal concluyó que La Previsora sí tenía legitimación para pretender la nulidad de las resoluciones demandadas, en tanto en ellas se le impuso la obligación de pagar el monto de la indemnización en un porcentaje equivalente al 55% , según el amparo que ella asumió.Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

Demandante: La Previsora S.A.

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según el amparo que ella asumió.Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

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25. Los actos administrativos no están viciados de nulidad por falta de competencia, dado que el contrato no finalizó en la fecha señalada por la aseguradora. El plazo estipulado fue objeto de varias prórrogas, suspensiones y reanudaciones, todas bajo el entendimiento de las partes –que debe primar en la interpretación de las cláusulas convenidas – de que el negocio jurídico aún se encontraba vigente, tanto que en esos acuerdos se indicó el tiempo que faltaba para que finalizara el plazo de ejecución estipulado.

26. La interpretación que señala la aseguradora es contraria a lo convenido por las partes. El 26 de junio de 2014 acordaron ampliar el plazo del contrato por un término de cuatro meses (4) que se cumplían e l 26 de octubre siguiente. Para el momento de suscripción de este otrosí el contrato estaba suspendido, pero se acordó reiniciarlo para que se realizaran obras de urbanismo y se terminaran otras no ejecutadas. El 5 de septiembre de 2014 se suspendió nuevamente el plazo hasta que se obtuviera la revalidación de la licencia de construcción que vencía al día siguiente. Estando en vigencia esta paralización del plazo, el 10 de septiembre de 2014 se estipuló ampliarlo por un término de seis (6) meses contados a partir de la renovación de dicha licencia de construcción, lo que tuvo lugar el 15 de septiembre

2014 se estipuló ampliarlo por un término de seis (6) meses contados a partir de la renovación de dicha licencia de construcción, lo que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2015; por tanto, el plazo feneció el 16 de marzo de 2016. Aunque el 15 de marzo de 2015 se acordó una reanudación, esta se suscribió exclusivamente para realizar trabajos de urbanismo.

27. En el caso de los contratos estatales no aplica lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio sobre la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, toda vez que: (i) esa norma está diseñada para los casos en los que se debe presentar reclamación ante la aseguradora, carga que no deben asumir las entidades públicas que, además, no están obligadas a acudir a la jurisdicción para obtener la declaración de ocurrencia de siniestro; (ii) las entida des públicas están facultadas para declarar el incumplimiento por vía de acto administrativo, para lo cual deben agotar un procedimiento en el que se vincule a la aseguradora; (iii) el término con el que cuentan para declarar el incumplimiento se deriva de las normas que regulan su contratación estatal, que conducen a que esa declaración se puede hacer hasta antes de que venza el plazo para la liquidación del contrato, no desde que tengan o debieran tener conocimiento del incumplimiento; (iv) la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el siniestro debe ocurrir dentro de la vigencia de la póliza, no que la declaración de incumplimiento se deba hacer dentro de los dos años siguientes a la materialización del riesgo.

28. No se vulneró el debido proceso, en tanto la actuación administrativa estuvo

vigencia de la póliza, no que la declaración de incumplimiento se deba hacer dentro de los dos años siguientes a la materialización del riesgo.

28. No se vulneró el debido proceso, en tanto la actuación administrativa estuvo soportada en las pruebas que demuestran el incumplimiento del contratista, se garantizaron las etapas del procedimiento y la participación de los vinculados en todas ellas.

29. En el procedimiento administra tivo se demostró el incumplimiento del contratista. La decisión demandada se basó en el dictamen pericial que rindió la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el que se arribó a las siguientes conclusiones: (i) los defectos que se presentaron en las obras e jecutadas eran de tal gravedad que impedían su ocupación e imponían la necesidad de reconstruir sus componentes esenciales, (ii) tales defectos se originaron en fallas de diseños que debieron ser advertidos por el constructor, y (iii) en defectos construct ivosExpediente 250002336000 201900733 01 (69573)

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imputables de manera exclusiva a él, particularmente, en la elaboración de los entrepisos que son independientes y adicionales a los defectos de diseños, en tanto están relacionados con la inadecuada colocación de los refuerzos.

Alegatos en primera instancia12

30. En el término para alegar de conclusión se pronunció la parte demandante para reiterar los argumentos que expuso en el libelo introductorio y en el traslado de las excepciones13, y agregó que en este caso se configuró la excepción de contrato

30. En el término para alegar de conclusión se pronunció la parte demandante para reiterar los argumentos que expuso en el libelo introductorio y en el traslado de las excepciones13, y agregó que en este caso se configuró la excepción de contrato no cumplido, por tanto, no podía exigirse el cumplimiento del contratista. Señaló que el Fondo incurrió en serias inobservancias de sus obligaciones que condujeron a que se generaran sobrecostos para el contratista y se afectara el plazo pactado14.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

31. Como soporte de su decisión, el Tribunal desarrolló las siguientes razones15:

32. No se configuró el vicio de nulidad por falta de competencia temporal. La

prórroga No. 4 se celebró el 27 de junio de 2014 y en ella se acordó ampliar el plazo por un término de cuatro (4) meses, esto es, hasta el 27 de octubre de 2014. Antes del vencimiento de este término, el 5 de septiembre de 2014 las partes convinieron suspender el plazo hasta que se obtuviera la revalidación de la li cencia de construcción. Posteriormente, el 10 de septiembre de ese mismo año (prórroga 5) acordaron extender el plazo del contrato en seis (6) meses después de que se obtuviera tal documento, lo que ocurrió el 28 de septiembre de 2015; por tanto, el plazo establecido en este último acuerdo finalizó el 28 de marzo de 2016; de manera que, incluso, sin contar con las posteriores suspensiones y prórrogas que se estipularon, se concluye que la Resolución 513 se profirió dentro del término de dos años siguientes, pues se expidió el 23 de noviembre de 2017.

que, incluso, sin contar con las posteriores suspensiones y prórrogas que se estipularon, se concluye que la Resolución 513 se profirió dentro del término de dos años siguientes, pues se expidió el 23 de noviembre de 2017.

33. La prórroga No. 5 se suscribió en vigencia del contrato, en tanto se celebró el 10 de septiembre de 2014 y no el 15 de septiembre de 2015 como se afirmó en la demanda, por lo cual, incluso si se tomara como ci erta la fecha de terminación

12 Con base en lo d ispuesto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 2020 –dado que no había excepciones previas ni mixtas pendientes de resolver y las partes solo solicitaron pruebas documentales –, en auto del 15 de diciembre de 2021, el Tribunal prescindió de la audiencia inicial, fijó el litigio, decretó como pruebas las aportadas con la demanda y la contestación, así como los antecedentes administrativos aportados por las partes por medios electrónicos, y corrió traslado para alegar de conclusión. (cd 1, archivo 17). 13 Índice 32, SAMAI Tribunal. 14 Hizo un recuento de los incumplimientos que atribuye al contratante, que la Sala sintetiza en: (i) entrega tardía del predio en el que se debían construir las obras, porque el acta de inicio se suscribió el 13 de diciem bre de 2010 y el inmueble se entregó el 20 de enero de 2011; (ii) entrega tardía, incompleta e inidónea de los

documentos técnicos del contrato (se refirió, entre otros, a planos -arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, gas incendio–, estudios, diseños, levantamiento topográfico, memorias de cálculo, guía ambiental, disponibilidad manual de supervisión), indicó que algunos documentos se entregaron en medio magnético sin sello de Curaduría ni firma de los especialistas, que los planos y diseños contenían e rrores que fueron observados por el constructor los cuales, incluso, implicaron el cambio de planos previamente entregados, que las respuestas a estas observaciones fueron incompletas, lo que denota los problemas de calidad de los planos estructurales entregados; (iii) falta de aprobación de diseños de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial; (iv) vencimiento de licencia urbanística y de construcción; (v) cambio de los planos de los pisos 2 y 3 después de un año de suscrita el acta de inicio y cuando la obra tenía un avance del 70%; (vi) la interventoría suspendió la actividad de las pantallas en concreto visto blanco –lo que impedía realizar las placas de entrepiso– y se negó a reconocer lo ejecutado en contra del precio señalado en la oferta, conducta que fue avalada por el Fondo que tiempo después pagó solo algunas de estas actividades; (vii) no dispuso de interventoría durante toda la ejecución del contrato, lo que condujo a la necesidad de suspenderlo, con la consecuente generación de efectos adversos para el contratista y la obra, y (viii) las mayores cantidades de obra reconocidas en un documento de arreglo directo en mesas de trabajo no le fueron pagadas al constructor. 15 Ver folios 1258 a 1277, cuaderno del Consejo de Estado.Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

arreglo directo en mesas de trabajo no le fueron pagadas al constructor. 15 Ver folios 1258 a 1277, cuaderno del Consejo de Estado.Expediente 250002336000 201900733 01 (69573)

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del contrato indicada por la aseguradora –13 de mayo de 2015 – se arribaría a la misma conclusión.

34. La reanudación del 25 de marzo de 2015 tuvo por objeto realizar algunas actividades previas a que empezara a computarse la ampliación del plazo estipulada

en la prórroga No. 5, por tanto, no afectó el término de seis (6) que las partes acordaron que se computaría a partir de que se obtuviera la revalidación de la licencia de construcción. Así lo expresaron al suscribir ese acuerdo y lo ratificó el contratista en comunicación de esa misma fecha.

35. No operó la prescripción de la