CE - Sentencia 25000233600020190075401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: MARÍA CONSTANZA TORRES HERRERA

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Mora judicial en la entrega de un título judicial. No se acreditó un daño antijurídico. Apelación de costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de abril de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 13 de mayo de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá dentro del marco de un proceso ordinario, ordenó a Avianca S.A. reintegrar a María Constanza Torres Herrera al cargo de auxiliar de vuelo internacional que desempeñaba para el momento de su despido o a otro igual o de superior categoría y a pagar los salarios dejados de percibir hasta el momento de su reintegro. En cumplimiento de la anterior decisión , el 3 de noviembre de 2017, Avianca S.A. constituyó un depósito judicial en el Banco Agrario a órdenes del Juzgado 22 Laboral de Bogotá y en favor de María Constanza Torres Herrera por la suma de

constituyó un depósito judicial en el Banco Agrario a órdenes del Juzgado 22 Laboral de Bogotá y en favor de María Constanza Torres Herrera por la suma de $223.016.903. Posteriormente, el 28 de noviembre y el 6 de diciembre de 2017, la señora Torres Herrera solicitó al Juzgado 22 Labora l de Bogotá entregarle el título judicial, no obstante, dicha entrega y pago efectivo se realizó el 2 de abril de 2018.

La parte accionante considera que la Nación - Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el retardo injustificado del Juzgado 22 Laboral de Bogotá enRadicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

2 entregar un depósito judicial constituido en favor de María Constanza Torres Herrera, pues dicha mora le causó perjuicios de orden moral y material.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 28 de octubre de 2019 1, María Constanza Torres Herrera , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra la Nación –Rama Judicial, para que fuer a declarada patrimonialmente responsable por el retardo injustificado del Juzgado 22 Laboral de Bogotá en entregar un depósito judicial constituido en favor de María Constanza Torres Herrera.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV ; y, por perjuicios materiales, la suma de $482.873.844

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV ; y, por perjuicios materiales, la suma de $482.873.844

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que , desde el 22 de enero de 1991, María Constanza Torres Herrera ingresó a trabajar como auxiliar de vuelo a la sociedad Aerovías Nacionales de Colombia “Avianca S.A.”,

Sostiene que, mediante oficio del 6 de mayo de 2009 , Avianca S.A. comunicó a María Constanza Torres Herrera que de forma unilateral y con justa causa daba por terminado el contrato de trabajo a término indefinido.

Refiere que, en virtud de lo anterior, María Constanza Torres Herrera presentó demanda ordinaria laboral contra Avianca S.A., con la pretensión de que se le reintegrara al mismo cargo desempeñado al momento del despido, que se le pagaran los salarios dejados de percibir y, subsidiariamente, se le reconociera el valor de la indemnización por despido.

1 Fl. 1 a 22, C.Ppal.Radicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

3 Destaca que, mediante sentencia del 30 de julio de 2010 el Juzgado 22 Laboral de Bogotá ordenó a Avianca S.A. reintegrar a María Constanza Torres Herrera al cargo que desempeñaba para el momento de su despido o a otro igual o de superior categoría y a pagar los salarios dejados de percibir hasta el momento de su reintegro.

que desempeñaba para el momento de su despido o a otro igual o de superior categoría y a pagar los salarios dejados de percibir hasta el momento de su reintegro.

Sostiene que, a través de sente ncia del 13 de mayo de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó “en todas sus partes” la providencia del 30 de julio de 2010 proferida por el Juzgado 22 Laboral de Bogotá.

Resalta que, mediante sentencia del 26 de julio de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia proferida el 13 de mayo de 2011 por el Tribunal Superior de Bogotá.

Manifiesta que , en virtud de lo ordenado por la justicia ordinaria laboral, el 2 de octubre de 2017 Avianca S.A. reintegró a María Constanza Torres Herrera y solicitó a la trabajadora tomar un curso de “actualización”.

Indica que el 3 de noviembre de 2017 Avianca S.A. constituyó un depósito judicial en el Banco Agrario a órdenes del Juzgado 22 Laboral de Bogotá y en favor de María Constanza Torres Herrera por la suma de $223.016.903.

Sostiene que el 7 de noviembre de 2017, la señora Torres Herrera solicitó al Juzgado 22 Laboral de Bogotá la entrega del depósito judicial que Avianca S.A. había efectuado, pues dicha suma de dinero eran los salarios dejados de percibir por el despido que realizó la referida compañía. Sin embargo, ese despacho judicial se negó a entregarle el dinero.

Refiere que, en varias oportunidades María Constanza Torres Herrera siguió

por el despido que realizó la referida compañía. Sin embargo, ese despacho judicial se negó a entregarle el dinero.

Refiere que, en varias oportunidades María Constanza Torres Herrera siguió solicitando la entrega del dinero o depósito judicial al Juzgado 22 Laboral de Bogotá, no obstante, ese despacho siguió negando tal solicitud, razón por la cual la señora Torres Herrera se vio en la necesidad de solicitar constantes permisos noRadicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

4 remunerados a Avianca S.A. para cuidar de su hijo menor de edad enfermo que necesitaba de compañía permanente, al padecer la enfermedad de “still”.

Advierte que, en virtud de la n egativa del Juzgado 22 Laboral de Bogotá para entregar el título judicial y de los cuidados especiales requeridos por su hijo enfermo, el 1 de marzo de 2018 María Constanza Torres Herrera renunció al cargo de auxiliar de vuelo en Avianca S.A. , lo cual le generó perjuicios materiales porque dejó de recibir sus salarios y prestaciones económicas a las que tenía derecho, tales como primas y bonificaciones.

Argumenta que el 2 de abril de 2018, el Juzgado 22 Laboral de Bogotá le entregó a la señora Torres Herrera el dinero del depósito judicial constituido por Avianca S.A. a su favor.

La parte demandante considera que la Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el retardo injustificado del Juzgado 22 Laboral de Bogotá en entregar un depósito judicial constituido en favor de María Constanza Torres Herrera, pues dicha mora le causó perjuicios de orden moral y material en tanto “la

responsable por el retardo injustificado del Juzgado 22 Laboral de Bogotá en entregar un depósito judicial constituido en favor de María Constanza Torres Herrera, pues dicha mora le causó perjuicios de orden moral y material en tanto “la negativa del Juzgado 22 Laboral de Bo gotá a entregarle oportunamente a mi representada los salarios depositados en esa oficina judicial constituyó un evidente, grave, defectuoso y nocivo funcionamiento de la administración de justicia”.

2. Contestación

El 18 de noviembre de 20202 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al ministerio público.

2.1. La Rama Judicial3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ,

2 Archivo “5_NOTIFICACIONPORCORREOELECTRONICO_ENVIO2019754.PDF”. Samai, expediente digital. 3 Índice 13, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai.Radicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

5 pues entre la solicitud de desembolso del depósito judicial y su entrega efectiva, transcurrieron 3 meses, entre los cuales, además, fue la vacancia judicial. Asimismo, destacó que no “podía desconocerse la congestión judicial imperante de años atrás, aunado a los trámites internos que deben surtirse al interior del Despacho Judicial, y entre éste y el Banco Agrario y la Oficina de Servicios

Asimismo, destacó que no “podía desconocerse la congestión judicial imperante de años atrás, aunado a los trámites internos que deben surtirse al interior del Despacho Judicial, y entre éste y el Banco Agrario y la Oficina de Servicios judiciales, y dada la responsabilidad que le asiste al Juez y Secretario del Despacho, en la custodia de títulos judiciales y las órdenes de pago que deben emitir sobre dichos títulos, no se observa que en el presente caso se haya pre sentado una demora injustificada o irracional por parte del Juzgado 22 Civil Laboral, quien como se manifiesta tan sólo tardó un aproximado de 3 meses y medio para dar la orden de pago correspondiente, no materializándose de su parte conductas constitutiva s de daños o perjuicios ocasionados a la convocante.”

3. Audiencia inicial

El 15 de junio de 2022 4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, no se pronunció acerca de las excepciones porque no se propusieron por la parte demandada , decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si ¿Debe declararse la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Rama Judicial con ocasión de los posibles perjuicios materiales e inmateriales padecidos por María Constanza Tor res Herrera por el presunto error

judicial contenido en el trámite del proceso ordinario laboral No. 11001 -31-05-0222009-00799-00 adelantado por el Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá, por la retención aparentemente injustificada del depósito judic ial constituido por A vianca S.A. por valor de $223.016.903,oo? Adicionalmente, en el evento en que se encuentren probados los elementos de la responsabilidad ¿si hay lugar a las condenas solicitadas y la tasación de las mismas conforme a las pruebas allega s (sic)?

4 Índice 24, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai.Radicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

6

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 13 de diciembre de 2023 5 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante6 y la Rama Judicial7 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 19 de abril de 2024 8, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la Rama Judicial no incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues los tres meses que tomó para entregar el depósito judicial constituido en favor de María Constanza Torres Herrera fue un término justo, teniendo en cuenta que tuvo que resolver primero un recurso interpuesto contra el auto que ordenó la entrega.

pues los tres meses que tomó para entregar el depósito judicial constituido en favor de María Constanza Torres Herrera fue un término justo, teniendo en cuenta que tuvo que resolver primero un recurso interpuesto contra el auto que ordenó la entrega.

Textualmente, el a quo sostuvo: “en el presenta (sic) caso, no se estructuran los elementos constitutivos de responsabilidad frente a la demandada, quedó establecido que la autoridad judicial no incurrió en tardanza en la entrega del depósito judicial constituido en favor de la demandante, por el contrario, consi dera la Sala que los 3 meses que demoró el Juzgado en dejar a disposición el mismo, obedecen a un término justo y pertinente, máxime cuando la apoderada de la actora formuló recurso contra el auto que ordenó la entrega, conllevando que hasta tanto no se resolviera el mismo y quedara aprobada la liquidación de costas y agencias con la ejecutoria de dicha providencia no se podía proceder con aquella.”

5 Índice 44, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai. 6 Índice 49, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai. 7 Índice 50, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai. 8 Índice 53, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai.Radicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

7 En la parte resolutiva el tribunal condenó a la parte demandante al pago de costas en primera instancia y fijó como agencias en derecho el equivalente al 3% de las pretensiones.

6. El recurso de apelación

7 En la parte resolutiva el tribunal condenó a la parte demandante al pago de costas en primera instancia y fijó como agencias en derecho el equivalente al 3% de las pretensiones.

6. El recurso de apelación

El 31 de julio de 20249, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 26 de septiembre de 202410 y admitido el 25 de octubre de 202411.

6.1. La parte accionante12 reiteró los argumentos de su demanda , esto es, que en el plenario se encuentran acreditados los elementos que estructuran el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial . Adicionalmente, alegó que la demora en entregar el título judicial por la suma de $223.016.903, no se debió a la presentación del recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto del 16 de enero de 2018 que aprobó las costas y ordenó el pago de los títulos judiciales, pues estos se debían entregar estuviera en firme o no esa decisión. Asimismo, refirió que el tiempo que tardó el Juzgado 22 Laboral de Bogotá en entregarle a María Constanza Torres Herrera “sus salarios ” no era razonable ni justificable en comparación con otras decisiones tomadas por ese mismo despacho, pues “la entrega del título judicial correspondiente a los salarios de la demandante no conllevaba gran complejidad y ese trámite administrativo no implicaba mayor desgaste de los funcionarios del Juzgado 22 Laboral de Bogotá”. Por último, solicitó revocar la condena en costas porque no se demostró su causació n conforme lo dispone el artículo 365 del C.G.P.

desgaste de los funcionarios del Juzgado 22 Laboral de Bogotá”. Por último, solicitó revocar la condena en costas porque no se demostró su causació n conforme lo dispone el artículo 365 del C.G.P.

7. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el

9 Índice 56, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai. 10 Índice 58, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai. También ver Fl. 30 a 31, C. Ppal. 11 Índice 4, expediente digital, Samai. También ver Fl. 35 a 36, C. Ppal. 12 Índice 56, expediente digital, actuación en otros despachos. Samai.Radicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

8 numeral 5° del artículo 247 del CPACA 13, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia14. En esta etapa procesal el ministerio público15 solicitó confirmar la decisión del a quo, aduciendo que no se probó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dado que “ la supuesta demora en la entrega del título judicial de la condena impuesta a Avianca, derivó del recurso de reposición interpuesto, puesto que ya se había librado mandamiento de pago de todos los dineros recibidos en el depósito judicial y al haber inconformidad con la condena en

judicial de la condena impuesta a Avianca, derivó del recurso de reposición interpuesto, puesto que ya se había librado mandamiento de pago de todos los dineros recibidos en el depósito judicial y al haber inconformidad con la condena en costas y agencias en derecho, al despacho judicial le correspondió revisar la orden de pago que era totalizada de los dos títulos judiciales, y en consecuencia volver a realizar una orden de pago por el valor exclusivo de la condena.”

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda 17, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta

13 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dicta r sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”

secretario pasará el expediente al despacho para dicta r sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 14 Índice 6, expediente digital, Samai. También ver Fl. 35 a 36, C. Ppal. 15 Índice 13, expediente digital, Samai. 16 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por l os tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 17 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor […]”.Radicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

9 Corporación18.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto ad ministrativo, según lo dispone el artículo 140 19 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia.

Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal20.

18 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $482.873.844, lo cual es superior a 500 SMLMV ($414.058.000) del año en que ésta se presentó (2019) 19 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 20 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.

20 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto e xtintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de laRadicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

10 Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evita r la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 21, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 22, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la c aducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que exp lica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justi cia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racional izar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.Radicado: 250002336000201900754 01 (71973)

Demandante: María Constanza Torres Herrera

11 La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que m enos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de

Demandante: María Constanza Torres Herrera

11 La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que m enos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure23 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 24, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues i mplica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro

el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de

23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerl o en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,

representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de