CE - Sentencia 25000233600020190078801 de 2025

Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN Radicación: 25000-23-36-000-2019-00788-01 (67537)

Demandante: MONTENEGRO & LEROY COAL CO SAS

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TEMAS: SILENCIO ADMINISTRATIVO – Es una ficción jurídica según la cual se presupone que la falta de respuesta frente a una solicitud fue resuelta por la ausencia total de voluntad del Estado, creando un acto administrativo ficto o presunto – En general es negativo, pero excepcionalmente puede ser positivo si así lo dispone la ley y, en tal caso, debe protocolizarse. DEVOLUCIÓN DE ÁREAS MINERAS – está regulada en el artículo 82 de la Ley 685 de 2001 y para su procedencia se requiere contar con el plan de trabajos y obras aprobado. PLAN DE TRABAJOS Y OBRAS – allí se definen las labores a efectuar tras la fase exploratoria minera y debe contar con la delimitación definitiva del área a explotar. – Si no se emite pronunciamiento en torno aquel dentro de los 90 días siguientes a su radicación se entiende aprobado – Si se emite pronunciamiento frente a aquel dentro

definitiva del área a explotar. – Si no se emite pronunciamiento en torno aquel dentro de los 90 días siguientes a su radicación se entiende aprobado – Si se emite pronunciamiento frente a aquel dentro del plazo legal, incluso para pedir su corrección, no se configura el silencio administrativo positivo. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO - paraliza las obligaciones negociales y no se puede exigir el cómputo de ningún término derivado de aquel – No requiere ser inscrita en el Registro Minero Nacional, por no haberse añadido en el listado del artículo 333 de la Ley 685 de 2001. DECISIÓN DE PETICIONES – Pueden resolverse incluso tardíamente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S. contra la sentencia anticipada del 20 de mayo de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería – Ingeominas y la sociedad Montenegro & Leroy Coal Co LTDA1. -en lo sucesivo Montenegro - suscribieron el contrato de concesión minera No. FI2 -161, que tuvo por objeto la exploración y explotación de un yacimiento de carbón y demás minerales concesibles, entre los municipios de Vélez y Landázuri del departamento de Santander, por 30 años.

1 Posteriormente, la sociedad modificó su estructura societaria a la de una sociedad por acciones

explotación de un yacimiento de carbón y demás minerales concesibles, entre los municipios de Vélez y Landázuri del departamento de Santander, por 30 años.

1 Posteriormente, la sociedad modificó su estructura societaria a la de una sociedad por acciones simplificadas S.A.S., denominándose Montenegro & L eroy Coal Co SAS. // Folio 306 del archivo “F12-151_JURÍDICO_C2” del CD del folio 27 del cuaderno 1.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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Aunque el contrato se suspendió por solicitud de Montenegro entre el 15 de enero de 2009 y el 15 de enero de 2010, en el marco de la fase de exploración, el 8 de abril de 2009 , el titular minero presentó el plan de trabajos y obras -en adelante PTO-, frente al cual la autoridad minera formuló reparos mediante el concepto No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 que, no obstante, fueron ignorados.

Con todo, mediante escritura pública No. 00604 del 25 de marzo de 2010, Montenegro protocolizó el silencio administrativo de aprobación del PTO bajo la premisa de que la autoridad minera no emitió pronunciamiento definitivo en torno a aquel, tras lo cual, el 26 de febrero de 2015 se lo volvió a requerir para que lo ajustara, sin que hubiera procedido de esa forma.

En tal virtud, la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución No. 004409 del 28 de diciembre de 2016, mediante la cual rechazó una solicitud de devolución de

ajustara, sin que hubiera procedido de esa forma.

En tal virtud, la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución No. 004409 del 28 de diciembre de 2016, mediante la cual rechazó una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión minera No. FI2-161 por no haberse satisfecho la exigencia del PTO, decisión que fue conf irmada mediante la Resolución No. 001318 del 6 de diciembre de 2017.

Inconforme con lo anterior, Montenegro cuestionó judicialmente los anteriores actos administrativos, por considerar que infringieron el ordenamiento jurídico por haberse fundado en que no corrigió el PTO, cuando en realidad este fue avalado tácitamente por la autoridad minera al omitir aprobar o improbar dicho documento tras su presentación. Como consecuencia, pidió que dichas decisiones fueran revocadas y, adicionalmente, se le indemnizaran los perjuicios causados.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda y la solicitud de medida cautelar

1.1. El 11 de julio de 20182, Montenegro presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra la Agencia Nacional de Minería,

2 Folios 1 a 6 del cuaderno 1.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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3 con el fin de que : i) se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, en virtud de las cuales se rechazó una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión

de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, en virtud de las cuales se rechazó una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión minera No. FI2-161; ii) se le ordene a la demandada cumplir el acto ficto o presunto protocolizado en la escritura No. 00604 del 25 de marzo de 2010 mediante el cual supuestamente se aprobó el plan de trabajo y obras; y iii) se pida a la Agencia Nacional de Minería r establecer la suma de $257’897.498 por varios cánones superficiarios pagados.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

“PRIMERA: Se declare la nulidad de la Resolución 004409 de 28 de diciembre de 2016 así como la Resolución 001318 de fecha 5 de diciembre de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería, por las causales de nulidad: falsa motivación e irregularidad de forma.

SEGUNDA: Se ordene a la ANM dar cumplimiento al acto administrativo ficto positivo, protocolizado mediante escritura N° 00604 del 25 de marzo de 2010, según lo previsto en el artículo 284 de la Ley 685 de 2001, por el cual quedó aprobado fictamente el Programa de T rabajos y Obras

(PTO) para la realización de las actividades mineras dentro del Contrato de Concesión N° FI2-161.

TERCERA: Se ordene a la Agencia Nacional de Minería, restablecer las

sumas de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

TERCERA: Se ordene a la Agencia Nacional de Minería, restablecer las

sumas de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($257.897.498), por concepto de pago de canon superficiarios correspondientes a la segunda y tercera anualidad de la etapa de Construcción y Montaje, su corrección monetaria más los intereses corrientes hasta la fecha en que sea cancelado”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Argumentó que, el 20 de octubre de 2005, el Ingeominas y la sociedad Montenegro suscribieron el contrato de concesión minera No. FI2-161, que tuvo por objeto la exploración y explotación de un yacimiento de carbón y demás minerales concesibles, entre los m unicipios de Vélez y Landázuri del departamento de Santander, con un plazo de 30 años.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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4 1.3.2. Afirmó que, mediante la Resolución No. 004409 del 18 de diciembre de 2016, la Agencia Nacional de Minería rechazó una solicitud de devolución de área presentada, con el radicado 2009 -6-451 el 13 de marzo de 2009, en el marco del contrato de concesión No. F I2-161, por no contar con el PTO debidamente aprobado.

presentada, con el radicado 2009 -6-451 el 13 de marzo de 2009, en el marco del contrato de concesión No. F I2-161, por no contar con el PTO debidamente aprobado.

1.3.3. Aseveró que presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, apoyada en una falsa motivación y una irregularidad de forma , debido a que : i) la autoridad minera no tuvo en cuenta el PTO donde obraba la delimitación definitiva del área de explotación, aprobado mediante la figura del silencio administrativo positivo; y ii) la autoridad minera profirió un supuesto auto No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 cuando en realidad era un concepto técnico que, además, no le fue notificado.

1.3.4. Anotó que, mediante la Resolución No. 001318 del 5 de diciembre de 2017, la Agencia Nacional de Minería denegó el recurso de reposición presentado , para lo cual reafirmó que el concepto técnico No. GTRB-401 sí es un acto administrativo.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que las Resoluciones Nos. 004409 del 18 de diciembre de 2016 y 001318 del 5 de diciembre de 2017 , mediante las cuales se rechazó la solicitud de devolución de área presentada incurrieron en una falsa motivación y en una irregularidad de forma, por: i) desconocer que sí se presentó el PTO aprobado mediante la figura del silencio administrativo positivo ante la falta de respuesta de la autoridad minera tras su radicación; ii) el concepto técnico No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 no

administrativo positivo ante la falta de respuesta de la autoridad minera tras su radicación; ii) el concepto técnico No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 no era un acto administrativo como se sostuvo en esas decisiones y, además, no se le notificó en los términos del artículo 269 de la Ley 685 de 2001.

En desarrollo de lo anterior, aseveró que con el PTO presentado se delimitó el área definitiva y, con todo, la ANM solo tuvo en consideración el área solicitada en devolución, desconociendo así el artículo 84 de la Ley 685 de 2001. También anotó que en dicho documento también renunció al tiempo restante de la etapa de construcción y montaje, lo cual tampoco fue resuelto por la autoridad minera, lo queRadicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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5 a su juicio la llevó a pagar injustificadamente la sumas de $162’320.732 y $95’576.766, correspondientes a dicha fase que se realizó innecesariamente.

Al punto, advirtió que al desconocerse el P TO aprobado mediante silencio administrativo positivo, se transgredió el artículo 97 del CPACA que reguló el trámite de la revocatoria directa y que exig e el consentimiento expreso y escrito del titular del acto administrativo para desconocer dicha decisión , de ahí que como no se procedió de esa forma, es claro que la actuación en comento goza de ejecutividad, ejecutoriedad y presunción de legalidad.

Finalmente anotó que como el concepto técnico No. GTRB -401 no fue concretado

procedió de esa forma, es claro que la actuación en comento goza de ejecutividad, ejecutoriedad y presunción de legalidad.

Finalmente anotó que como el concepto técnico No. GTRB -401 no fue concretado en un acto administrativo, ni se le dio a conocer, no pudo ejercer el derecho de defensa y contradicción frente a aquel.

1.5. Adicionalmente, Montenegro solicitó la suspensión provisional de las resoluciones cuestionadas por los mismos reproches del escrito inicial.

1.6. Por último, se estimó la cuantía en $257’897.498 “por concepto de los cánones superficiarios correspondientes a la segunda y tercera anualidad de la etapa de construcción y montaje pagados por la renuencia de la autoridad minera”.

2. Admisión de la demanda, decisión de medidas cautelares, contestación y traslado de excepciones

2.1. El 30 de marzo de 2020 3, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada.

2.2. El 28 de septiembre de 2020 4 se negó la medida cautelar solicitada, por encontrarse que no se pro baron siquiera sumariamente los elementos esenciales

3 Folios 36 del cuaderno 1 y 82 a 83 del cuaderno 2. 4 Archivo No. 006 de la carpeta “Cuaderno Medidas Cautelares” del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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cuaderno 2.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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6 para su decreto, decisión que fue confirmada mediante proveído del 17 de diciembre de 20205.

2.3. El 13 de octubre de 2020 6, la Agencia Nacional de Minería contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017 se ajustaron a derecho. Como consecuencia, formuló las excepciones de procedencia de los actos administrativos demandados, inexistencia de prueba de daño y de perjuicios económicos, falta de acreditación de un daño cierto, no configuración del silencio administrativo positivo por no reunirse las condiciones para ello y la genérica.

Para el efecto, comenzó por señalar que no era cierto que la autoridad minera no se hubiera pronunciado frente al PTO presentado por Montenegro, pues mediante proveídos del 16 de septiembre de 2009 y el 26 de febrero de 2015 requirió al titular minero para que lo corrigiera, ante inconsistencias en cuanto al área que pretendía dejar después del recorte correspondiente , sin que aquel hubiera enmendado dichas falencias, lo que llevó a que no se aprobara el documento en cuestión y, a la postre, tampoco se configurara ningún silencio administrativo.

Por otra parte, argumentó que el “concepto” GBRB-401 del 16 de septiembre de 2009 fue un auténtico acto administrativo pasible de crear efectos jurídicos, consistentes en la obligación que se instituyó en cabeza del concesionario para que

Por otra parte, argumentó que el “concepto” GBRB-401 del 16 de septiembre de 2009 fue un auténtico acto administrativo pasible de crear efectos jurídicos, consistentes en la obligación que se instituyó en cabeza del concesionario para que corrigiera el PTO, así como que la decisión fue puesta en conocimiento del titular minero, tanto así que el 14 de abril de 2010 presentó reproches contra aquel.

Respecto a la solicitud de devolución de los valores cancelados por concepto de cánones superficiarios correspondientes a la segunda y tercera anualidad de la etapa de construcción y montaje, señaló que la presentación del P TO y/o su eventual aprobación no merman ese derecho pecuniario en favor del Estado pues, en los términos del artículo 230 del Código de minas, son emolumentos que se causan durante la exploración, construcción e incluso respecto a las áreas que se

5 Archivo No. 21 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2. 6 Archivo No. 12 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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7 retengan con fines de exploración durante la etapa de explotación , de suerte que Montenegro estaba obligado a pagar los saldos en cuestión.

Finalmente, destacó que, dado que no se subsanó el PTO y que hubo un impago de cánones superficiarios, emitió la Resolución No. 004409 del 28 de diciembre de 2016, rechazando la solicitud de devolución de área presentada , decisión que se confirmó mediante la Resolución No, 001318 del 5 de diciembre de 2017, sin que,

2016, rechazando la solicitud de devolución de área presentada , decisión que se confirmó mediante la Resolución No, 001318 del 5 de diciembre de 2017, sin que, entonces, exista alguna irregularidad por la expedición de esas actuaciones, ni mucho menos perjuicios causados.

2.4. El 23 de octubre de 20207, Montenegro descorrió el traslado de excepciones y reafirmó que: i) frente al PTO aportado no hubo pronunciamiento de fondo de la autoridad minera, sin que el concepto técnico emitido en torno a dicho documento tuviera la vocación de interrumpir el plazo para la configuración del silencio administrativo positivo; ii) no se tuvo en cuenta su renuncia al tiempo restante de la etapa de construcción y montaje; y iii) el concepto técnico No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 no era un acto administrativo, ni fue notificado.

También destacó que, como mediante el PTO se delimitó el área definitiva de sus labores extractivas, la autoridad minera debió abstenerse de tramitar la “solicitud de devolución arrimada con el radicado 2009 -6-451 del 13 de marzo de 2009”. A su vez, como dicha exigencia fue avalada mediante silencio administrativo, consideró que el “auto PARB N° 1298 del 9 de diciembre de 2016” mediante el cual se declaró la improcedencia del silencio administrativo adoleció de una nulidad por falta de competencia temporal.

Finalmente, aseveró que las afectaciones económicas que padeció consistieron en: i) el pago de varios cánones superficiarios pese a que se renunció al tiempo restante

competencia temporal.

Finalmente, aseveró que las afectaciones económicas que padeció consistieron en: i) el pago de varios cánones superficiarios pese a que se renunció al tiempo restante de la etapa de construcción y montaje, ii) la falta de recaudo de utilidades económicas de la concesión ante la imposibilidad de desempeñar labores de explotación minera.

7 Archivos Nos. 18 y 19 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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3. Auto de sentencia anticipada y alegatos de conclusión

3.1. El 1° de marzo de 2021 8, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto mediante el cual dispuso dictar sentencia anticipada, en virtud del artículo 182A del CPACA, con apoyo en que solo se aportaron pruebas documentales, sin que frente a aquellas se hubiere formulado tacha o desconocimiento9. En esa línea, decretó los medios probatorios aportados con la demanda y su contestación y ordenó que, una vez finalizara su traslado, las partes podrían alegar de conclusión y el Ministerio Público rendiría concepto si a bien lo tenía.

3.2. Montenegro formuló alegaciones conclusivas, en las que ratificó que, en su criterio, las resoluciones cuestionadas incurrieron en una falsa motivación y en irregularidades de forma pues, entre otros : i) la comunicación No. GTRB -401, emitida por la autoridad minera el 16 de septiembre de 2009 respecto del PTO

criterio, las resoluciones cuestionadas incurrieron en una falsa motivación y en irregularidades de forma pues, entre otros : i) la comunicación No. GTRB -401, emitida por la autoridad minera el 16 de septiembre de 2009 respecto del PTO presentado no podía entenderse como un acto administrativo10; y ii) en tal medida, el PTO allegado se aprobó mediante la figura del silencio administrativo positivo.

También puntualizó que las decisiones cuestionadas le causaron perjuicios económicos, pues junto con el PTO había renunciado al tiempo restante de la etapa de construcción y montaje y, no obstante, la autoridad minera no se pronunció y/o se negó a la devolución del área que no se utilizaría en la fase extractiva, lo que la sometió a asumir dicha fase, e implicó tanto el pago de cánones superficiarios, como la pérdida de la expectativa de recaudo que tenía por la fase de explotación.

3.3. La Agencia Nacional de Minería presentó alegatos de conclusión, en los cuales reafirmó que , a su juicio, las resoluciones demandadas se ajustaron a derecho pues se basaron, entre otros, en el acto administrativo No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 , mediante el cual se requirió a Montenegro para que

8 Archivo No. 25 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2. 9 En efecto, la Agencia Nacional de Minería se restringió a indicar que “el demandante no aportó pruebas que lograran demostrar que el PTO se hubiere presentado en debida forma” y “Por parte de la Agencia Nacional de Minería se aportó todo el expediente minero, donde se puede observar todos

pruebas que lograran demostrar que el PTO se hubiere presentado en debida forma” y “Por parte de la Agencia Nacional de Minería se aportó todo el expediente minero, donde se puede observar todos los conceptos técnicos con base en los cuales se tomó la decisión de no aceptar ni el PTO ni aceptar la devolución de área”. Archivo No. 28 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2. 10 Archivo No. 29 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

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9 subsanara el PTO presentado, sin que hubiera procedido en tal sentido , aunado a lo cual, por estarse en la fase de exploración minera, el titular del contrato de concesión homónimo debía pagar los cánones superficiarios que se causaran 11 y, por lo tanto, no se le causó ningún menoscabo por el cobro de esas sumas.

A lo anterior sumó que, tras la presentación de la demanda, Montenegro presentó ante la ANM una comunicación del 20 de octubre de 2020 en la que solicitó una prórroga de 6 meses para presentar el complemento del PTO “comunicación en la cual reconoce y confirma una vez más que el PTO presentado con la solicitud de devolución de área presentaba inconsistencias”.

3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4. Sentencia anticipada de primera instancia

Mediante sentencia anticipada del 20 de mayo de 2021 12, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, por considerar que las Resoluciones Nos. 004409 de

Mediante sentencia anticipada del 20 de mayo de 2021 12, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, por considerar que las Resoluciones Nos. 004409 de 2016 y 001318 de 2017 se ajustaron a derecho.

Previo al estudio de los cargos, se advirtió que el concesionario no debió solicitar la cesión de parte del área que le fue entregada para luego desistir de aquella y, en su lugar, solicitar la disminución del área concedida, pues no había finalizado la etapa de exploración técnica que habría de concluir con el PTO.

Ahora bien, en cuanto a los cuestionamientos de la demanda estimó que, contrario a lo sostenido por la parte demandante, no se configuró ningún silencio administrativo positivo tras la presentación del PTO por parte de Montenegro el 8 de abril de 2009 , por cuanto, una vez radicado, el 16 de septiembre de 2009 la autoridad minera se pronunció en el sentido de solicitar su subsanación por una imprecisión en el área total que el titular pretendía dejar después del recorte solicitado y frente a la ejecución o no de la etapa de construcción y montaje y, ante

11 Archivo No. 30 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2. 12 Folios 95 a 113 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

10 la falta de corrección, hizo un nuevo requerimiento so pena de multa, sin que, una vez más, se hubieran enmendado los yerros puestos de presente.

Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

10 la falta de corrección, hizo un nuevo requerimiento so pena de multa, sin que, una vez más, se hubieran enmendado los yerros puestos de presente.

Entretanto adujo que, si bien el artículo 86 de la Ley 685 de 20 01 previó un plazo de 30 días para formular observaciones frente al PTO, lo cierto es que para la fecha en que este se presentó “el contrato de concesión estaba suspendido por solicitud del concesionario”, desde el 15 de enero de 2009 y hasta el 15 de enero de 2010, de suerte que no podía predicarse un término en particular para ese fin cuando el procedimiento administrativo estaba paralizado.

A lo anterior sumó que, en todo caso, la autoridad minera se pronunció frente al PTO “antes de que el contratista decidiera protocolizar lo que en su criterio era un silencio administrativo positivo” e incluso después, ya que formuló nuevos reparos el 20 de marzo de 2014 y, de todos modos , el mismo concesionario reconoció el pronunciamiento de la entidad al dar respuesta a l primero de ellos mediante memorial del 14 de mayo de 2010 manifestando “no aceptar el concepto técnico”.

Igualmente, el 26 de febrero de 2015 se volvió a requerir al concesionario para que aclarara el PTO “confirme a los conceptos técnicos emitidos desde septiembre de 2009”, aspecto que con mayor razón refuerza que durante el trámite minero no hubo ningún silencio de la Agencia Nacional de Minería tras la presentación de dicho documento. Incluso destacó que, el desconocimiento de las exigencias del PTO por

2009”, aspecto que con mayor razón refuerza que durante el trámite minero no hubo ningún silencio de la Agencia Nacional de Minería tras la presentación de dicho documento. Incluso destacó que, el desconocimiento de las exigencias del PTO por el titular minero fue tan evidente, que el 16 de octubre de 2020, tras la presentación de la demanda, la parte actora solicitó a la autoridad concedente un plazo adicional para presentarlo con ajustes.

A partir de lo expuesto, argumentó que la escritura pública mediante la cual Montenegro protocolizó un supuesto silencio administrativo positivo no podía ser considerada como un acto ficto o presunto, por cuanto la autoridad minera sí se pronunció sobre el PTO allegado.

Finalmente concluyó que, ante la inexistencia de un silencio administrativo positivo, era plenamente válido que la Agencia Nacional de Minería hubiera emitido las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembreRadicado: 250002336000201900788-01 (67537)

Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

11 de 2017, pues no se evidenció irregularidad alguna frente aquellas y se dictaron en el marco de las facultades en materia minera de la entidad en comento.

5. Recurso de apelación

El 1° de junio de 2021 13, Montenegro interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 19 de julio de 202114 y admitido el 19 de noviembre de 202115.

En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo

En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo concluido por el a quo, se acreditó que las Resoluciones Nos. 004409 del 18 de diciembre de 2016 y 001318 del 5 de diciembre de 2017 incurrieron en falsa motivación y en irregularidades de forma por haber rechazado la solicitud de devolución de área presentada con sustento en la falta de un PTO , aunque aquel se había presentado y/o aprobado tácitamente por el silencio de la Administración.

Efectivamente, la parte activa de la contienda afirmó que el a quo confundió la “formulación de las objeciones que debe hacer la Agencia dentro de los 30 días siguientes a la presentación del PTO a que se refiere el art. 281, ibidem con el pronunciamiento expreso y claro de aprobación o improbación del PTO a que se refiere el art. 284 de la citada Ley 685/2001”, incurriendo así en un error in iudicando o de derecho porque fundó su decisión en una norma que no aplicaba al asunto.

Bajo la anterior senda argumentativa , consideró que el silencio administrativo positivo frente al PTO presentado sí se configuró, por cuanto para que se hubiera visto interrumpido y mermado se requería un pronunciamiento expreso y claro de su aprobación o improbación dentro de los 90 días siguientes a su radicación y, con todo, la autoridad minera se limitó a formular reparos frente a dicho documento, aspecto que no resultaba suficiente para impedir que se configurara el acto administrativo ficto o presunto positivo.

todo, la autoridad minera se limitó a formular reparos frente a dicho documento, aspecto que no resultaba suficiente para impedir que se configurara el acto administrativo ficto o presunto positivo.

13 Archivo No. 34 del CD obrante en el folio 93 del cuaderno 2. 14 Folio 122 del cuaderno del Consejo de Estado. 15 Folio 128 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicado: 250002336000201900788-01 (67537)

Demandante: Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.

12 Al punto, indicó que el término para la aprobación definitiva del PTO de 90 días del artículo 284 de la Ley 685 de 2001 no puede equipararse con el de 30 días previsto para formular objeciones a dicho documento en el artículo 281 ejusdem, pues ello implicaría, en la práctica, una reducción del plazo para la configuración del silencio administrativo positivo previsto por el legislador para el evento en que la autoridad minera no emite un pronunciamiento definitivo y de fondo frente al PTO, de suerte que ambas figuras sean incompatibles sobre la premisa de una aplicación conjunta.

Por el contrario, la apelante estimó que una interpretación armónica de los mandatos de los artículos 281 y 284 de la Ley 685 de 2001 lleva a sostener que “la formulación de las objeciones que debe hacer la Agencia dentro de los 30 días siguientes a la presentación del PTO a que se refiere el art. 281, ibidem no puede equipararse al pronunciamiento expreso y claro de aprobación o improbación del PTO a que se refiere el art. 284 de la citada ley 685/2001”.

equipararse al pronunciamiento expreso y claro de aprobación o improbación del PTO a que se refiere el art. 284