CE - Sentencia 25000233600020200005601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760) Demandante: Jaime García Quijano Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - daños causados por la administración de justicia - defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO POR INCONSISTENCIAS EN SU IDENTIFICACIÓNdilación injustificada en la entrega del bien - la devolución de bienes descrita en el artículo 88 de la Ley 906 de 2004 corresponde a una obligación a cargo del ente acusador . CONCURRENCIA DE CULPAS. Se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 23 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de julio de 2007, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá D.C. ordenó el embargo y secuestro de una tractomula identificada con la placa SUK -210.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de julio de 2007, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá D.C. ordenó el embargo y secuestro de una tractomula identificada con la placa SUK -210. Posteriormente, e l 16 de mayo de 2008, la Unidad de Tránsito de la Policía Metropolitana de l Distrito Capital inmovilizó un bus identificado con idéntica placa, pues advirtió que sus características físicas no correspondían con las descritas en la orden de embargo. Por esta razón, la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. abrió una indagación en busca de los responsables d el delito de falsedad marcaria, y el 17 de mayo de 2008 el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías del Distrito Capital legalizó la incautación del automotor.

El 8 de septiembre de 2009, la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. solicitó a la DIJIN realizar un examen químico -metalográfico al vehículo aprehendido. Dicho análisis se llevó a cabo el 1 ° de diciembre de 2009 y permitió evidenciarRadicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

2 que el serial del chasis había sido regrabado. El 29 de septiembre de 2017 el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C. ordenó devolver el bien a sus propietarios, al advertir que la regrabación del chasis del autobús no se había realizado de forma fraudulenta. Finalmente, el 18

Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C. ordenó devolver el bien a sus propietarios, al advertir que la regrabación del chasis del autobús no se había realizado de forma fraudulenta. Finalmente, el 18 de octubre de 2017 la Dirección SeccionalPatio Único de la Fiscalía General de la Nación entregó el automotor a los accionantes , con un evidente deterioro mecánico y la ausencia de varias piezas.

Los demandantes consideran que la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio de Defensa - Policía Judicial son patrimonialmente responsables por haber retenido su vehículo durante 9 años, infringiendo el plazo establecido en el artículo 88 de la Ley 906 de 2004 ; así como por omitir su adecuada guarda y conservación.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 22 de mayo de 2019 1, Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque, mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Rama Judicial, para que fueran declarados patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con ocasión de la dilación en la entrega del bus que les fuera incautado, identificado con placa SUK-210, así como por la omisión en su adecuada guarda y conservación.

En consecuencia, solicitaron condenar a las entidades demandadas a pagar: i) por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los accionantes; ii) por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada demandante; iii) por daño

En consecuencia, solicitaron condenar a las entidades demandadas a pagar: i) por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los accionantes; ii) por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada demandante; iii) por daño emergente, la suma de $14.142.000 a Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque; y iv) por lucro cesante, la suma de $730.986.300 a Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque.

Como antecedentes fácticos la parte actora narró que, el 10 de julio de 2007, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá D.C. ordenó el embargo y secuestro de la tractomula identificada con placa SUK-210.

1 Fl. 207, C. Principal y Fl. 1 a 39, C. 1.Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

3 Señaló que, posteriormente, el 16 de mayo de 2008, la Unidad de Tránsito de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. inmovilizó en carretera un autobús identificado con idéntica placa , al advertir que sus características físicas no se acompasaban con las descritas en la orden de embargo emitida por el Juzgado referido.

Indicó que el 17 de mayo de 2008 el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó la incautación del automotor y que solo hasta el 18 de octubre de 2017 el vehículo le fue devuelto, en “muy malas condiciones”, porque no se halló mérito para continuar con la investigación penal.

de Control de Garantías legalizó la incautación del automotor y que solo hasta el 18 de octubre de 2017 el vehículo le fue devuelto, en “muy malas condiciones”, porque no se halló mérito para continuar con la investigación penal.

Por esta razón consider ó que la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Rama Judicial son patrimonialmente responsables, pues retuvieron su vehículo durante un lapso de 9 años, infringiendo lo dispuesto en el artículo 882 de la Ley 906 de 20043; y omitieron su adecuada guarda y conservación.

2. Contestaciones

2.1. La Fiscalía General de la Nación 4 advirtió que no ocasionó ningún daño a los demandantes, ya que la sola incautación de su automotor no implicó que hubiesen sufrido un rompimiento frente a las cargas públicas, pues se trataba de una medida cautelar proferida legalmente. Como excepción propuso la culpa de la víctima.

2.2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional5 señaló que no ocasionó ningún daño a los demandantes, pues dentro de sus funciones no estaba la de adelantar la indagación por el delito de falsedad marcaria ni ordenar la incautación de vehículos automotores. Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y cumplimiento de un deber legal.

2 “Artículo 88. Devolución de bienes . Además de lo previsto en otras disposiciones de este código, antes de formularse la acusación y por orden del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien

código, antes de formularse la acusación y por orden del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a re cibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fin…” 3 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 4 Exp. 2020-00056-00, índice No. 8 de SAMAI. 5 Exp. 2020-00056-00, índice No. 10 de SAMAI.Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

4 2.3. La Rama Judicial6 indicó que la incautación del bus de los demandantes fue ordenada por la Fiscalía, entidad a la que, además, le corresponde solicitar su devolución. En consecuencia, sostuvo que era dicha entidad la responsable de los perjuicios ocasionados a los accionantes. Planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y hecho de un tercero.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte demandante 7, la Fiscalía General de la Nación 8 y el Ministerio de Defensa - Policía Nacional9 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

3.2. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Defensa - Policía Nacional9 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

3.2. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de febrero de 2022 10 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. ocasionó un daño antijurídico a los demandantes , por incumplir el plazo previsto en el artículo 88 de la Ley 906 de 2004 para devolver el vehículo incautado, así como por omitir su deber de custodia frente al automotor y regresarlo con un deterioro superior al que habría presentado por el solo paso del tiempo. Igualmente, indicó que la Rama Judicial y el Ministerio de Defensa - Policía Nacional no eran patrimonialmente responsables del daño alegado , pues su conducta no fue determinante en su causación.

En la parte resolutiva condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar: i) por perjuicios morales, 10 SMLMV para cada uno de los demandantes; ii) por daño emergente, la suma de $413.692 a Jaime García Quijano; y iii) por lucro cesante, la suma de $660.489.368 a Jaime García Quijano. No se reconoció suma alguna por concepto del deterioro del vehículo, habida cuenta que no se acreditó el perjuicio reclamado por tal concepto.

6 Exp. 2020-00056-00, índice No. 11 de SAMAI.

por concepto del deterioro del vehículo, habida cuenta que no se acreditó el perjuicio reclamado por tal concepto.

6 Exp. 2020-00056-00, índice No. 11 de SAMAI. 7 Exp. 2020-00056-00, índice No. 35 de SAMAI. 8 Exp. 2020-00056-00, índice No. 34 de SAMAI. 9 Exp. 2020-00056-00, índice No. 33 de SAMAI. 10 Exp. 2020-00056-00, índice No. 39 de SAMAI.Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

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5. Apelación

5.1. La Fiscalía General de la Nación11 interpuso recurso de apelación en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda. Adujo que la demora en devolver el automotor a sus propietarios fue justificada, porque durante la investigación penal surgieron varias pruebas que indicaban la posible comisión del delito.

Asimismo, indicó que la Rama Judicial era quien debía responder patrimonialmente por el daño ocasionado, habida cuenta que el Juez de Control de Garantías era el competente para decretar la devolución del autobús.

Finalmente, señaló que el daño también se produjo por el hecho exclusivo de los demandantes, pues no solicitaron al ente competente la pronta devolución del bien.

Es de precisar que e n la alzada la Fiscalía General de la Nación no manifestó ningún reparo relacionado con el incumplimiento del deber de custodia y el deterioro del vehículo alegado por la parte demandante, porque el a quo solo

Es de precisar que e n la alzada la Fiscalía General de la Nación no manifestó ningún reparo relacionado con el incumplimiento del deber de custodia y el deterioro del vehículo alegado por la parte demandante, porque el a quo solo reconoció indemnización por la demora en su devolución.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 12, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) defectuoso funcionamiento por demora en la devolución del vehículo a los demandantes, (6) análisis del hecho de las víctimas, (7) liquidación de perjuicios, (8) conclusión, y (9) costas.

11 Exp. 2020-00056-00, índice No. 42 de SAMAI. 12 Artículo 247. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sente ncia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

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1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 13 del CPACA, porque se demanda la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Rama Judicial. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 23 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocació n de doble instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió los 500 14 SMLMV, en concordancia con los artículos 15015 y 15216 del CPACA.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier

para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los términos del artículo 14017 de la Ley 1437 de 2011.

13 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios ori ginados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]” 14 La pretensión mayor de la demanda se estima en $ 730.986.300 por concepto de perjuicios materiales, lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó. 15 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 16 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte

susceptibles de este medio de impugnación […]”. 16 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”. 17 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o p ermanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma…”.Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

7 En el presente caso el medio de control de reparación directa ejercido por la parte actora es adecuado , por cuanto se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Rama Judicial.

1.3. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que cuando el daño

hechos imputables a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Rama Judicial.

1.3. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que cuando el daño alegado proviene de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante18.

En el sub lite la demanda fue ejercida en tiempo, según el término previsto en el artículo 16419 del CPACA, con ocasión de la presunta mora en la que incurrieron las demandadas, así como por el daño ocasionado al automotor identificado con placa SUK-210, teniendo en cuenta que: (i) la parte actora tuvo conocimiento del daño el 18 de octubre de 2017 , cuando el vehículo incautado les fue devuelto (hecho probado 3.17.); (ii) el 14 de febrero de 2019 los accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 10 de abril de 201920; y (iii) la demanda se presentó el 22 de mayo de 201921.

1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es, de un lado, Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque, y de otro, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Rama Judicial,, se advierte lo siguiente:

Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque están legitimados en la causa por activa, pues acreditaron ser los propietarios del bus de placa SUK-210

Nacional y la Rama Judicial,, se advierte lo siguiente:

Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque están legitimados en la causa por activa, pues acreditaron ser los propietarios del bus de placa SUK-210 - según consta en su correspondiente certificado de tradición 22 - y alegan que sufrieron perjuicios por la demora de la Administración en devolverles el vehículo, así como por el deterioro que sufrió el bien durante su incautación.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C . Sentencia del 4 de abril de 2018, Rad: 48089. 19 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” 20 Fl. 202 a 206, C. Principal. 21 Fl. 207, C. Principal. 22 Certificado de tradición del bus de placa SUK-210. Fl. 42, C. 1.Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

8 De otro lado, los intereses de la Nación están debidamente representados por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la Rama Judicial, quienes están legitimados en la causa por pasiva, pues se advierte que cada una de estas entidades participó, en el marco de sus

Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la Rama Judicial, quienes están legitimados en la causa por pasiva, pues se advierte que cada una de estas entidades participó, en el marco de sus competencias, en el proceso de incautación del vehículo de los demandantes.

De hecho, se tiene: i) que la Fiscalía General de la Nación fue la entidad que ordenó la incautación del mencionado bus (hecho probado 3.4.) , adelantó la investigación por el delito de falsedad marcaria (hechos probados 3.9., 3.10. y 3.12.) y solicitó su devolución ante el juez competente (hecho probado 3.15.); ii) que el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional fue quien, a través de la Unidad de Tránsito de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. , detuvo el autobús de los demandantes y procedió a su inmovilización (hecho probado 3.4.); y iii) que la Rama Judicial fue la entidad que legalizó la aprehensión del automotor (hecho probado 3.5.), así como la que presidió la audiencia preliminar, en la que la Fiscalía solicitó su devolución a Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque (hecho probado 3.16.).

2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a la Sala verificar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial ocasionaron un daño antijurídico a los demandantes, por la demora en la devolución del bus identificado con placa SUK-210, incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 906 de

Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial ocasionaron un daño antijurídico a los demandantes, por la demora en la devolución del bus identificado con placa SUK-210, incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 906 de 2004, o si, por el contrario, esta lesión se produjo por el hecho exclusivo de los accionantes.

3. Hechos probados

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema jurídico planteado en el presente asunto:

3.1. Está demostrado que el 27 de agosto de 2005, Danilo Amaya Agudelo, como vendedor, y Jaime García Quijano, en calidad de comprador, suscribieron un contrato de compraventa del bus, marca Chevrolet, de placa SUK-21023.

3.2. Asimismo, se probó que el 6 de septiembre de 2005 se suscribió el Formulario Único de Traspaso No. 553602, mediante el cual Danilo Amaya

23 Contrato de compraventa celebrado entre Danilo Amaya Agudelo y Jaime García Quijano. Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 93 a 94.Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

9 Agudelo transfirió la propiedad del automotor a Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque24.

3.3. A su turno , está demostrado que, en el curso de un proceso ejecutivo prendario adelantado contra el señor Julio Andrade Mejía, el 10 de julio de 2007

Marcela García Duque24.

3.3. A su turno , está demostrado que, en el curso de un proceso ejecutivo prendario adelantado contra el señor Julio Andrade Mejía, el 10 de julio de 2007 el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá D.C. decretó el embargo y secuestro de una tractomula, marca Kenworth, de placa SUK-21025.

3.4. Consta que el 16 de mayo de 2008 la Unidad de Tránsito de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. detuvo el bus, marca Chevrolet, de placa SUK-210 y, al verificar los datos del automotor , advirtió la existencia de una orden de aprehensión por embargo para un vehículo de idéntica placa, pero con características distintas26, razón por la que procedió a inmovilizarlo y dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación27.

3.5. Se encuentra acreditado que el 17 de mayo de 2008, el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C legalizó la aprehensión del autobús28.

3.6. A su turno, se probó que el 29 de mayo de 2008, Jaime García Quijano se presentó ante la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. y declaró ser el propietario del bus incautado. Como prueba de su afirmación aportó, entre otros documentos, los siguientes : i) Formulario Único Nacional No. 553602 del Ministerio de Transporte con el que Danilo Amaya Agudelo transfirió la propiedad del vehículo a Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque 29; y ii) Copia

documentos, los siguientes : i) Formulario Único Nacional No. 553602 del Ministerio de Transporte con el que Danilo Amaya Agudelo transfirió la propiedad del vehículo a Jaime García Quijano y Lina Marcela García Duque 29; y ii) Copia de las improntas del bus, emitidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia -SETTA, en las que se observa que el número del chasis del automotor es PHD8690430.

3.7. Asimismo, se comprobó que, el 17 de julio de 2008, Jaime García Quijano solicitó a la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. la devolución del bus, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 906 de 2004. Como anexo

24 Formulario Único de traspaso No. 553602. Exp. 2020 -00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 97. 25 Oficio No. 1578 emitido por el Juzgado 26 Civil del Circuito. Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 16. 26 Formato de informe ejecutivo FPJ2. Fl. 46 a 48, C. 1. 27 Acta de inmovilización del bus SUK-210. Fl. 49 a 50, C. 1. 28 Acta de la audiencia celebrada el 17 de mayo de 2008. Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 82. 29 Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 97.

SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 82. 29 Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 97. 30 Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 99 a 100.Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

10 a su solicitud, allegó: i) un certificado otorgado por General Motors - Colmotores S.A., en el que se pone de manifiesto que el 11 de marzo de 1994 fue importado, bajo la declaración No. 08014010038063, el bus marca Chevrolet, con serial de chasis PHD86904 31; y ii) la factura comercial No. 0370405 del Centro de Automotores Diesel S.A. – Centrodiesel, mediante la cual se evidencia que el 15 de diciembre de 1994 dicho automotor fue vendido a Carlos Julio Díaz Cubillos32.

3.8. Está demostrado que, el 8 de septiembre de 2009, la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. solicitó a la DIJIN la designación de un perito para realizar un examen químico-metalográfico al automotor incautado33.

3.9. Del mismo modo, se encuentra probado que el 1° de diciembre de 2009 un perito técnico de la DIJIN suscribió el informe de laboratorio FPJ13, en el que consignó los resultados del examen químico-metalográfico practicado al referido bus, así: “en esta imagen se aprecia cómo el químico penetra en el metal, pero no logra que las moléculas comprimidas afloren y muestren el resultado

consignó los resultados del examen químico-metalográfico practicado al referido bus, así: “en esta imagen se aprecia cómo el químico penetra en el metal, pero no logra que las moléculas comprimidas afloren y muestren el resultado completo, ya que el producto revenido químico se observa los cuatro primeros guarismos del prefijo PHD6 original de fábrica, pero no arroja l a totalidad de su numeración ya que esa parte de la superficie fue borrada con más profundidad, por el cual no se logró la identificación del CHASIS y por ende su procedencia”34.

3.10. Se acreditó en el proceso que, el 27 de octubre de 2016, la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. ordenó el archivo de las diligencias adelantadas por el delito de falsedad marcaría del bus identificado con la placa SUK-210, dado que la documentación allegada a la actuación procesal no permitía identificar ni individualizar al sujeto activo de la conducta investigada35.

3.11. Del mismo modo , consta que el 30 de enero de 2017, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá D.C. solicitó a la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. informar si se había resuelto la situación jurídica del bus incautado el 16 de mayo de 2008, dado que se evaluaba la posibilidad de ordenar su destrucción36.

31 Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 141.

32 Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 142 a 143. 33 Oficio No. 503/177/2009. Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 del indicativo SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 169. 34 Informe investigativo FPJ13. Exp. 2020 -00056-00, índice No. 12 de SAMAI . Cuaderno de pruebas 1 Fl. 173 a 177. 35 Solicitud de archivo de diligencias. Expediente digital 2020-00056-00, visible en el índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 201 a 209. 36 Oficio 703 del 30 de enero de 2017. Exp. 2020-00056-00, índice No. 12 de SAMAI. Cuaderno de pruebas 1 Fl. 211.Radicado: 25000-23-36-000-2020-00056-01 (69760)

Demandante: Jaime García Quijano

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3.12. Está comprobado que, el 8 de febrero de 2017, la Fiscalía 177 Seccional de Bogotá D.C. desarchivó la in