CE - Sentencia 25000233600020200006101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00061-01 (71.588) Actor: Luis Eduardo Romero Morales Demandado: La Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura Medio de control: Reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Adecuación del título de imputación / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA – Le corresponde al operador judicial definir frente a cada caso concreto la construcción de una motivación que consulte razones fácticas, jurídicas y probatorias que den sustento a la decisión que habrá de adoptar – DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Se configura cuando el servicio de administración de justicia opera mal, no opera en absoluto o funciona de manera tardía causando un daño antijurídico a un ciudadano, que se origina en las actuaciones u omisiones de quienes participaron en el trámite del proceso judicial / PRESCRIPCIÓN de LA ACCIÓN DISCIPLINARIA - Es un instituto de orden público, por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva por el cumplimiento del término previsto en la ley - Busca garantizar la seguridad jurídica y evitar que las investigaciones y sanciones se prolonguen indefinidamente en el tiempo / DAÑO EMERGENTE / PAGO DE

en la ley - Busca garantizar la seguridad jurídica y evitar que las investigaciones y sanciones se prolonguen indefinidamente en el tiempo / DAÑO EMERGENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO - Esta Corporación unificó su jurisprudencia - Definió que para p robar este perjuicio se deberá aportar la respectiva factura o documento equivalente , en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a la gestión, acompañada de la prueba de l pago / LUCRO CESANTE / LIBROS QUE LA SOCIEDAD ESTÁ OBLIGADA A LLEVAR - De conformidad con el artículo 195 del Código de Comercio, las sociedades por acciones deben contar con un libro debidamente registrado en la Cámara de Comercio para inscribir las acciones.

Procede la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad por el supuesto error ju dicial en que incurrió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superi or de la Judicatura al confirmar la decisión por medio de la cual se sancionó al actor con la suspensión del ejercicio de su profesión como abogado.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 7 de marzo de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada el 12 de febrero de 2020 1 por el señor Luis Eduardo Romero Morales contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

demanda de reparación directa instaurada el 12 de febrero de 2020 1 por el señor Luis Eduardo Romero Morales contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1 SAMAI: Expediente digital “55ED_202000061zip(.zip) NroActua 41”, página 8.: Radicación: 25000-23-36-000-2020-00061-01 (71.588)

Actor: Luis Eduardo Romero Morales Demandado: La Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura Medio de control: Reparación directa

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2. Las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las que el Tribunal dictó la sentencia que ahora se cuestiona, se sintetizan a continuación.

Pretensiones

3. Solicitó se declarara patrimonialmente responsable a la entidad demandada por el error jurisdiccional en que incurrió al proferir el fallo disciplinario sancionatorio del 29 de junio de 2017, que ordenó inscribir la sanción de suspensión del ejercicio de la profesión en el Registro Nacional de Abogados por seis (6) meses . Como consecuencia, pidió el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente2 y lucro cesante3, así como perjuicios morales4.

Hechos

4. En el 2013 , la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá avocó conocimiento de la queja interpuesta por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá en contra de Juan Sebastián Niño Romero e n su condición de abogado. A ese proceso se vinculó al señor Luis Eduardo Romero

Judicatura de Bogotá avocó conocimiento de la queja interpuesta por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá en contra de Juan Sebastián Niño Romero e n su condición de abogado. A ese proceso se vinculó al señor Luis Eduardo Romero Morales, como representante legal de la firma de abogados para la cual trabajaba el investigado, contra quienes se adelantó el proceso por la presunta comisión de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, al haber emitido un concepto favorable para protocolizar un silencio administrativo positivo en el trámite de la solicitud de una licencia de construcción en la modalidad de demolición, pese a que meses atrás el Distrito de Bogotá había decretado una medida de amparo sobre el inmueble en cuestión.

5. Mediante sentencia del 30 de mayo de 2014, la referida Sala sancionó a Luis Eduardo Romero Morales y Juan Sebastián Niño Romero con la medida de suspensión del ejercicio de su profesión por el término de 6 meses. Esa decisión fue impugnada y, a través de fallo del 29 de junio de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción impuesta en primera instancia. Esta decisión se notificó hasta el 20 de noviembre del mismo año.

6. Contra las anteriores decisiones, los sancionados solicitaron la declaratoria de nulidad, petición que fue negada por el Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual se vieron compelidos a instaurar una acción de tutela. El 21 de mayo de 2018, el Consejo de Estado amparó el derecho fundamental a l debido proceso al

nulidad, petición que fue negada por el Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual se vieron compelidos a instaurar una acción de tutela. El 21 de mayo de 2018, el Consejo de Estado amparó el derecho fundamental a l debido proceso al considerar que la acción disciplinaria había prescrito para el momento en que el abogado fue sancionado, por lo que ordenó al Consejo Superior de la Judicatura expedir una nueva decisión, lo cual cumplió el 29 de mayo de 2019, providencia por

2 Pidió la suma de $26’595.000, correspondiente a los honorarios profesionales que tuvo que pagar para su defensa en sede de tutela contra el fallo disciplinario. 3 Solicitó el valor de $600’000.000, por los ingresos que dejó de percibir como consecuencia de la sanción impuesta de manera “ilegítima e injusta”. 4 Por este concepto pidió la suma equivalente a cien (100) SMLMV, debido al dolor, la angustia y la aflicción que soportó luego de que le fuera impuesta de manera injusta la sanción disciplinaria.: Radicación: 25000-23-36-000-2020-00061-01 (71.588)

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medio de la cual terminó el proceso sancionatorio por prescripción y ordenó su archivo.

Fundamentos de derecho

7. El demandante afirmó que el fallo proferido el 29 de junio de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en un error

archivo.

Fundamentos de derecho

7. El demandante afirmó que el fallo proferido el 29 de junio de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en un error jurisdiccional, por las siguientes razones: (i) no absolvió la solicitud de pruebas en segunda instancia; (ii) no agotó de manera integral los puntos propuestos en la apelación, específicamente, los reproches sobre la ausencia de antijuridicidad del comportamiento del sancionado y la inexistencia de uno de los criterios de agravación considerados para la sanción; (iii) varió el cargo formulado y reprobó el comportamiento de Luis Eduardo Romero Morales con base en hechos diferentes a los que se le habían imputado; (iv) sancionó a Luis Eduardo Romero por hechos sobre los cuales se configuró el fenómeno de la cosa juzgada; (v) hizo efectiva una sanción disciplinaria pese a la configuración de la prescripción de la acción5.

La defensa

8. La Nación – Rama judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que la sentencia contentiva de los presuntos errores fue dejada sin efectos, de manera que los yerros alegados fueron “corregidos”, en tanto que la decisión que se encontraba en firme era la proferida en cumplimiento del amparo de tutela.

9. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que los argumentos esgrimidos por la parte actora denotaban su intención de utilizar la figura del error judicial para revivir estadios procesales ya definidos6.

Alegatos de conclusión

10. Concluida la etapa probatoria 7, el demandante sostuvo que l os elementos de

actora denotaban su intención de utilizar la figura del error judicial para revivir estadios procesales ya definidos6.

Alegatos de conclusión

10. Concluida la etapa probatoria 7, el demandante sostuvo que l os elementos de juicio demostraban la ocurrencia de un error jurisdiccional (falla en el servicio), debido a la palmaria vulneración del derecho al debido proceso del aquí demandante, la negativa a atender las solicitudes y recur sos que presentó para

5 SAMAI: Expediente digital, “55ED_202000061zip(.zip) NroActua 41” - Demanda - Luis Eduardo Romero. 6 SAMAI: Expediente digital, “54ED_202000061pdf(.pdf) NroActua 41” – Actuación 9. 7 En la audiencia inicial celebrada el 27 de abril de 2022, el Tribunal de cretó las siguientes pruebas: documentales: 1. Piezas procesales del expediente disciplinario, incluida la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 20 de marzo de 2014. 2. Reporte de estado y avance del proceso contencioso administrativo surtido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por Alianza Fiduciaria S.A. en contra de la Secretaría Distrital de Planeación. 3. Certificado de antecedentes profesionales de Luis E duardo Romero Morales. 4. Fallo de tutela expedido por el Consejo de Estado bajo el radicado 11001031500020180044400. 5. Fallo de reemplazo del 29 de mayo de 2019. 6. Declaración de renta de Luis Eduardo Romero Morales correspondiente a las vigencias 2016, 2017, 2018. 7. La factura emitida por ABOGAR CONSULTORES S.A.S.

Fallo de reemplazo del 29 de mayo de 2019. 6. Declaración de renta de Luis Eduardo Romero Morales correspondiente a las vigencias 2016, 2017, 2018. 7. La factura emitida por ABOGAR CONSULTORES S.A.S. que acredita el pago de honorarios de representación por la formulación y trámite de la acción de tutela contra el fallo judicial expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 8. Copia del título profesional de Luis Eduardo Romero Morales. 9. Constancia de creación de la sociedad Consultores Unidos Asociados S.A. y su cambio a Asesores Legales Asociados “ALA”. 10. Certificado de asuntos atendidos durante la vigencia 2017. 11. Declaración extrajuicio rendida por Angie Karen Sánchez Esguerra. 12. Copia de la notificación de la sentencia disciplinaria de segunda instancia. Testimonios: 1. Juan Fernando Parra. 2. Gloria Morales Dávila. 3. Juan Sebastián Niño Romero. SAMAI: Tribunal: índice 13.: Radicación: 25000-23-36-000-2020-00061-01 (71.588)

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evitar la configuración de tales yerros y la imposición de una sanción por seis meses que no estaba llamado a soportar8. La Nación – Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

La decisión del Tribunal

11. Al resolver la controversia , el Tribunal negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que no se evidenció que la decisión judicial atacada fuera arbitraria o

guardaron silencio.

La decisión del Tribunal

11. Al resolver la controversia , el Tribunal negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que no se evidenció que la decisión judicial atacada fuera arbitraria o irrazonable, pues lo que denotaban los cargos formulados era un desacuerdo con la forma en que el o perador judicial interpretó y aplicó la ley , para lo cual se pronunció frente a cada uno de ellos , desvirtuando la vulneración del derecho al debido proceso. Sobre la argumentación que soportó la negativa de cada cargo, la Sala volverá más adelante en cuanto sea relevante para la decisión del recurso de apelación.

12. Agregó que la parte actora no había acreditado los perjuicios alegados, puesto que ninguna prueba era indicativa de cuáles y cuántos procesos judiciales tuvo que sustituir el señor Luis Eduardo Romero Morales, por lo que no era posible determinar el valor pactado como honorarios en cada uno de ellos; además, la sociedad Asesores Legales Asociados -ALA-9, cuyo objeto social era brindar asesoría y consultoría en todas las áreas del derecho, continuó con el ejercicio de dichas funciones. Respecto de los perjuicios morales sostuvo que , aunque los testigos se refirieron a un cambio de comportamiento del actor, no se pudo establecer que esa situación se generara con ocasión de la sanción disciplinaria impuesta10.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

13. La parte actora cuestionó los argumentos expuestos por el Tribunal. Partió por señalar que se demostró el daño alegado, en tanto que las pruebas aportadas acreditaban la afectación material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial

13. La parte actora cuestionó los argumentos expuestos por el Tribunal. Partió por señalar que se demostró el daño alegado, en tanto que las pruebas aportadas acreditaban la afectación material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial

(perjuicios morales) que ocasionó la imposición de la sanción disciplinaria.

14. Precisó que el medio de control de reparación directa se ejerció con fundamento en dos circunstancias que dieron lugar a un supuesto error judicial: (i) la vulneración del debido proceso por las omisiones y yerros en que incurrió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al proferir la sentencia del 29 de junio de 2017, para lo cual controvirtió los razonamientos ofrecidos por el Tribunal para negar cada uno de los cargos formulados en la demanda ( los argumentos puntuales serán desarrollados en la medida en que resulten necesarios para resolver el fondo del asunto) y, (ii) la ejecución de una sanción disciplinaria a pesar de la evidente prescripción de la acción, se soportó en un error que resultaba

8 SAMAI: Expediente digital, “54ED_202000061pdf(.pdf) NroActua 41” – Actuación 36. 9 En la demanda se indicó que el 13 de octubre de 2005, Luis Eduardo Romero Morales fundó la sociedad Consultores Unidos Asociados S.A., la cual, en el año 2015, se convi rtió en la firma Asesores Legales Asociados “ALA”. Sin embargo, en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá expedido el 6 de febrero de 2020, figura con el nombre Consultores Unidos Asociados S.A.

Asociados “ALA”. Sin embargo, en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá expedido el 6 de febrero de 2020, figura con el nombre Consultores Unidos Asociados S.A. 10 SAMAI: Expediente digital, “54ED_202000061pdf(.pdf) NroActua 41” – Actuación 38.: Radicación: 25000-23-36-000-2020-00061-01 (71.588)

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inobjetable de cara a la expedición de un fallo de tutela que así lo declaró y que forzó la expedición de una decisión absolutoria después de haberse cumplido dicha sanción11.

15. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 201112. El Ministerio Público pidió revocar la decisión adoptada por el a quo, en tanto se acreditó que el actor estuvo inhabilitado en el ejercicio de su profesión durante seis meses . Descartó la existencia de un “error judicial”, para lo cual desvirtuó la s censuras realizadas contra el fallo atacado y afirmó que lo que realmente perseguía con tales reproches era reabrir un debate jurídico ya definido por el juez de la causa, propósito para el cual no estaba instituido el título de imputación del error judicial.

16. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que, aunque no se configuró un error judicial,

jurídico ya definido por el juez de la causa, propósito para el cual no estaba instituido el título de imputación del error judicial.

16. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que, aunque no se configuró un error judicial, debía imputarse el referido daño a un defectuoso funcionamiento del aparato judicial por la “mora injustificada” en la notificación de la sentencia contentiva de la sanción disciplinaria, que se efectuó luego de 4 meses y 22 días de haberse proferido dicho fallo, lo que conllevó a que se le impusiera el respectivo correctivo cuando ya había prescrito la potestad sancionadora del Estado13.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, y cumplidos los presupuestos procesales correspondientes, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.

Objeto de la apelación

18. El ámbito del recurso de apelación se circunscribe a determinar si se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la ejecución de la sanción de suspensión impuesta a Luis Eduardo Romero Morales , pese a estar prescrita la acción disciplinaria.

Cuestiones previas

19. En la demanda, uno de los cargos en que soportó el actor el supuesto error judicial consistió en que “LA AUTORIDAD HIZO EFECTIVA UNA SANCIÓN

DISCIPLINARIA PESE A LA CONFIGURACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA

11 SAMAI: Expediente digital, “54ED_202000061pdf(.pdf) NroActua 41” – Actuación 40.

DISCIPLINARIA PESE A LA CONFIGURACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA

11 SAMAI: Expediente digital, “54ED_202000061pdf(.pdf) NroActua 41” – Actuación 40. 12 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 30 de abril de 2024, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma. Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: “(…) “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”. 13 SAMAI: índices 19 y 20.: Radicación: 25000-23-36-000-2020-00061-01 (71.588)

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ACCIÓN Y, POR CONTERA, EL DECAIMIENTO DE COMPETENCIA PARA SANCIONAR”. Para sustentar este cargo, indicó que con la notificación del fallo

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ACCIÓN Y, POR CONTERA, EL DECAIMIENTO DE COMPETENCIA PARA SANCIONAR”. Para sustentar este cargo, indicó que con la notificación del fallo definitivo se en tendía concretada la potestad sancionatoria del Estado, pero con ocasión del transcurso del tiempo la acción disciplinaria se extinguió por cuenta del acaecimiento del fenómeno prescriptivo, toda vez que entre el momento en que ocurrió el hecho disciplinable y la notificación de la sanción transcurrieron 5 años y 14 días.

20. En ese sentido, aseguró que, para el momento en que se notificó el fallo disciplinario de segunda instancia (20 de noviembre de 2017) y se hizo efectiva la sanción (9 de noviembre de 201) , la potestad sancionadora del Estado había prescrito y, por ende, “materialmente, la autoridad disciplinaria accionada actuó sin competencia para adelantar el trámite de registro de sanción del fallo proferido el 29 de junio de 2017”.

21. El Tribunal a quo al resolver el asunto que atañe a la prescripción de la acción, consideró que, si bien la decisión del 29 de junio de 2017 que confirmó la sanción disciplinaria fue dejada sin efectos por el juez de tutela, en tanto que evidenció que la acción disciplinaria había prescrito, lo cierto era que dicho error no se configuró en la sentencia respecto de la cual se alegaba un error jurisdiccional, ya que cuando la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la profirió, aún faltaban más de cuatro meses para que el Estado perdiera su potestad

en la sentencia respecto de la cual se alegaba un error jurisdiccional, ya que cuando la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la profirió, aún faltaban más de cuatro meses para que el Estado perdiera su potestad sancionadora y, por ende, concluyó que el yerro se presentó en una actuación posterior -notificaciónno relacionado con el contenido de la decisión atacada.

22. En línea con lo anteri or, e l título de imputación bajo el cual se d iscurrirá la definición de l recurso de apelación será el de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dado que al reproche de responsabilidad por error judicial le falta a uno de los presupuestos para su procedencia, esto es, la firmeza de la decisión cuestionada (artículo 67 de la Ley 270 de 199614).

23. De igual manera, aunque el actor alega una vulneración del debido proceso por supuestos yerros en que incurrió el fallo disciplinario , este fue removido del ordenamiento jurídico, de manera que el daño que invoca solo tiene como causa eficiente la notificación de una sentencia después de haber prescrito la potestad disciplinaria del Estado. Se precisa que la imputación por los yerros contenidos en la precitada sentencia, no s on los causantes del daño que alega, pues ésta fue removida del ordenamiento jurídico a causa de un control constitucional y por determinación del órgano competente, qui en consideró dar fin a la causa disciplinaria por haber acaecido el fenómeno prescriptivo.

24. De modo que en aplicación del principio iura novit curia , el análisis en esta instancia se circunscribe a determinar si la ejecución de la medida de suspensión

disciplinaria por haber acaecido el fenómeno prescriptivo.

24. De modo que en aplicación del principio iura novit curia , el análisis en esta instancia se circunscribe a determinar si la ejecución de la medida de suspensión soportada en una decisión adoptada sin competencia -por estar prescrita la potestad

14 Recuerda la Sala que el error jurisdiccional parte de dos claros supuestos: (i) la interposición de los recursos de ley por parte del afectado -excepto en los casos de privación injusta de la libertad -, y (ii) la firmeza de la providencia cuestionada. Artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996.: Radicación: 25000-23-36-000-2020-00061-01 (71.588)

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disciplinariapuede estar en la base de un ju icio de reproche de la conducta de la entidad demandada, lo que impone el deber de reparar el daño causado indemnizando los perjuicios que a causa del mismo estén acreditados.

25. Frente a la prueba del daño , no existe controversia . No solo el a quo sino también esta Sala lo constata, en la medida en que está acreditada la suspensión del ejercicio de la profesión como abogado del señor Luis Eduardo Romero Morales entre el 9 de noviembre de 2017 y el 8 de mayo de 2018, de conformidad con la certificación de antecedentes disciplinarios emitida por el Consejo Superior de la

Judicatura15.

26. Si bien en el recurso de alzada se alude a la acreditación del daño, lo que denota

certificación de antecedentes disciplinarios emitida por el Consejo Superior de la Judicatura15.

26. Si bien en el recurso de alzada se alude a la acreditación del daño, lo que denota la ratio decidendi del Tribunal 16 y su cuestionamiento , es un debate acerca de la ausencia o no de prueba de los perjuicios solicitados en la demanda (daño emergente, lucro cesante y perjuicio moral) , análisis que sólo se abordará en caso de encontrar que tal daño es imputable a la entidad demandada.

Análisis de imputación

27. Como lo devela el expediente, e l 30 de mayo de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá profirió el fallo de primera instancia 17, por medio del cual sancionó a los abogados Juan Sebastián Niño Romero y Luis Eduardo Romero Morales con la suspensión por seis (6) meses del ejercicio de su profesión. Sobre los motivos de esta decisión la Sala se remite al documento respectivo, con énfasis en que fueron declarados responsables por protocolizar un silencio administrativo positivo en el trámite de la solicitud de una licencia de construcción en la modalidad de demolición, pese a que meses atrás el Distrito de Bogotá había decretado una medida provisional de amparo sobre el inmueble en controversia y estaba pendiente la decisión acerca de si se declaraba o no como un bien de interés cultural.

28. Contra esa decisión, los disciplinados interpusieron recurso de apelación 18. Al desatar la alzada, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -sentencia del 29 de junio de 201719confirmó la de primera instancia al

desatar la alzada, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -sentencia del 29 de junio de 201719confirmó la de primera instancia al considerar que no existía duda de que los disciplinados incurrieron en la fal ta prevista en el artículo 33-8 de la Ley 1123 de 2007 , a título de dolo, pues

15 SAMAI: Expediente digital, “55ED_202000061zip(.zip) NroActua 41” . Pruebas - Demanda Luis Eduardo Romero Morales – “7. Certificado antecedentes”. 16 Donde especificó que el demandante no había acreditado los perjuicios alegados, puesto que ninguna prueba era indicativa de cuáles y cuántos procesos judiciales tuvo que sustituir el señor Luis Eduardo Romero Morales, por lo que no era posible determinar el valor pactado como honorarios en cada uno de ellos; además, la sociedad Asesores Legales Asociados -ALA-, cuyo objeto social era brindar asesoría y consultoría en todas las áreas del derecho, continuó con el ejercicio de dichas funciones (perjuicio material). Respecto de los perjuicios morales sostuvo que, aunque los testigos se refirieron a u n cambio de comportamiento del actor, no se pudo establecer que esa situación se generara con ocasión a la sanción disciplinaria impuesta. 17 SAMAI: Expediente digital, “55ED_202000061zip(.zip) NroActua 41” - Pruebas - Demanda Luis Eduardo Romero Morales, “3. Sentencia de Primera Instancia C.S. Jud. Seccional”. 18 SAMAI: Expediente digital, “ 55ED_202000061zip(.zip) NroActua 41 ” - Pruebas - Demanda Luis Eduardo Romero Morales, “4. Recurso de Apelación - Luis Eduardo Romero”.

18 SAMAI: Expediente digital, “ 55ED_202000061zip(.zip) NroActua 41 ” - Pruebas - Demanda Luis Eduardo Romero Morales, “4. Recurso de Apelación - Luis Eduardo Romero”. 19 SAMAI: Expediente digital, “55ED_202000061zip(.zip) NroActua 41 ” - Pruebas - Demanda Luis Eduardo Romero Morales, “5. Sentencia de Segunda Instancia C.S. Jud.”.: Radicación: 25000-23-36-000-2020-00061-01 (71.588)

Actor: Luis Eduardo Romero Morales Demandado: La Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura Medio de control: Reparación directa

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protocolizaron un silencio administrativo positivo con el que obtuvieron la licencia de construcción en la modalidad de demolición , desconociendo la medida de amparo que recaía sobre el inmueble , al tiempo que utilizaron ese instrumento jurídico de manera contraria a las normas urbanísticas y de edificación, evidenciándose que se empleó para una finalidad ajena al derecho y a los fines del Estado20.

29. En cuanto a la dosificación de la sanción consideró que la suspensión por 6 meses obedeció a criterios legales (previstos en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007) razonados y razonables, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, el impacto negativo que generó en la sociedad el comportamiento de los investigados, la ausencia de antecedentes disciplinarios anteriores a la comisión de la falta y la modalidad dolosa de la conducta. Esta decisión fue notificada por estado poco menos de 5 meses después, el 20 de noviembre de 201721.

investigados, la ausencia de antecedentes disciplinarios anteriores a la comisión de la falta y la modalidad dolosa de la conducta. Esta decisión fue notificada por estado poco menos de 5 meses después, el 20 de noviembre de 201721.

30. De acuerdo con la certificación de antecedentes disciplinarios de abogados emitida el 6 de febrero de 2018 por el Consejo Superior de la Judicatura, la medida de suspensión de Luis Eduardo Romero Morales rigió entre el 9 de noviembre de 2017 y el 8 de mayo de 201822.

31. Mediante memorial radicado el 23 de noviembre de 201723, el apoderado de los sancionados solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura declarar la nulidad de la sentencia del 29 de junio de ese mismo año, toda vez que para el momento