CE - Sentencia 25000233600020200011901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 25000233600020200011901 (72.578) Demandante: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro Medio de control: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD - El término de dos meses al que se refiere el ordinal (v) del artículo 164.2(j) debe tenerse en cuenta al fijar la fecha inicial del cómputo de la caducidad, siempre que se cumpla un presupuesto: que la entidad ostente la po testad legal para efectuar la liquidación mediante acto administrativo o, en su defecto, cuente con facultad convencional para hacerlo/ COSTAS – las agencias en derecho constituyen una partida destinada a reconocer a la parte vencedora los gastos por repre sentación judicial, no guardan una relación directa con los honorarios profesionales que se hubieran pactado con el apoderado, pues se determinan con base en las tarifas oficiales fijadas por el Consejo Superior de la

Judicatura

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de marzo de 2024, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de marzo de 2024, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

La con troversia versa sobre un «convenio interadministrativo» celebrado entre tres entidades públicas para garantizar la movilidad y seguridad de las personas responsables de las actividades de monitoreo y verificación del cese al fuego pactado entre el Gobierno nacional y un grupo armado al margen de la ley.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. El 21 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia mediante la cual declaró probada la “caducidad del presente medio de control” y condenó en costas a la parte demandante, fijando como agencias en derecho por la primera inst ancia la suma de $15’508.055 a favor de las entidades demandadas1.

2. La anterior providencia estudió la demanda presentada por la Unidad Nacional de Protección (en adelante, UNP) contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (en adelante, DAPRE) y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en adelante, Policía Nacional). Sus pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho se sintetizan a continuación2.

1 Samai Tribunal, Índice 49, p. 26. 2 Samai Tribunal, Índice 47 (Exp. Digitalizado), C001 Ppal., 002 demanda.Radicación 25000233600020200011901 (72.578) Actor: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

Referencia: Controversias contractuales

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Demanda

Actor: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

Referencia: Controversias contractuales

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Demanda

3. La UNP solicitó que se declare q ue el DAPRE y la Policía Nacional incumplieron parcialmente el convenio interadministrativo 305 de 2017 al no efectuar el pago de la cuenta de cobro 152 del mismo año y que, por esa razón, se les declare responsables de los perjuicios causados (pretensione s 1.1 y 1.2). También pidió que se liquide judicialmente el convenio, incluyendo en el balance financiero las sumas reclamadas en la demanda conforme al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 (pretensiones 1.3 y 1.4).

Como consecuencia de estas declaraciones, reclamó que se condene a las entidades demandadas al pago de la suma indicada en la cuenta de cobro 152 de 2017, equivalente a $516’935.170, que sea actualizada y se liquiden intereses moratorios (pretensiones 2.1 y 2.2). Por último, solicitó que se condene en costas a la parte demandada (pretensión 2.3).

4. Como sustento fáctico de sus pretensiones, señaló que el 10 de mayo de 2017, la UNP, el DAPRE y la Policía Nacional celebraron el convenio interadministrativo 305 de 2017. Este acuerdo tuvo por objeto aunar esfuerzos, recursos y capacidades para garantizar la seguridad de los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), en el marco de la implementación del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC. El valor

garantizar la seguridad de los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la implementación del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC. El valor del convenio se fijó en $2.202’413.982.

5. Las partes acordaron que la ejecución del convenio se extendería desde la fecha de suscripción hasta el 31 de agosto de 2017 o hasta que se agotaran los recursos, lo que ocurriera primero. El 22 de junio de 2017 se presentó esta última circunstancia, motivo por el cual el convenio se terminó.

6. El 11 de diciembre de 2017, la UNP presentó la cuenta de cobro 152 por $516’935.170, correspondiente a las actividades realizadas entre el 14 y el 22 de junio del mismo año. El DAPRE devolvió la cuenta por considerar que no era procedente efectuar pagos por encima del valor pactado en el convenio. Asimismo, puso a consideración de la UNP un proyecto de acta de liquidación, en la que las partes se declaraban a paz y salvo; sin embargo, su contenido fue objetado, habida cuenta de la existencia del saldo pendiente de pago.

7. En los fundamentos jurídicos de sus pretensiones, la UNP citó jurisprudencia de esta Corporación para resalta r las finalidades públicas que se persiguen con la celebración de convenios interadministrativos. Afirmó que el impago de la cuenta de cobro 152 vulneró las disposiciones legales que consagran el principio de normatividad de los negocios jurídicos y el de buena fe en su ejecución. En este sentido, sostuvo que la supervisión del convenio estaba a cargo de las tres entidades que lo celebraron,

cobro 152 vulneró las disposiciones legales que consagran el principio de normatividad de los negocios jurídicos y el de buena fe en su ejecución. En este sentido, sostuvo que la supervisión del convenio estaba a cargo de las tres entidades que lo celebraron, por lo que las actividades desarrolladas entre el 14 y el 22 de junio de 2017 eran conocidas y, en consecuencia, el D APRE no podía alegar falta de disponibilidad presupuestal para efectuar su reconocimiento.

8. También indicó que la omisión de las entidades demandadas comportó una infracción de las disposiciones constitucionales y legales que consagran los principios de la función administrativa y de planeación en la gestión contractual de las entidadesRadicación 25000233600020200011901 (72.578) Actor: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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públicas. Finalmente, afirmó que el incumplimiento del DAPRE provocó un enriquecimiento sin justa causa y un correlativo empobrecimiento para la UNP. Contestaciones de la demanda

9. El DAPRE se opuso a la prosperidad de las pretensiones señalando que no incumplió los compromisos asumidos, pues la obligación de efectuar los giros estaba limitada al monto agotable y la suma incluida en la cuenta de cobro 152 lo superaba.

En c onsonancia con este planteamiento, sostuvo que, al efectuar el cobro de los servicios prestados entre el 1.º y el 13 de junio de 2017, la UNP reconoció que quedaba un saldo restante del monto disponible de solo $21’082.465. Por tal razón, no podía

servicios prestados entre el 1.º y el 13 de junio de 2017, la UNP reconoció que quedaba un saldo restante del monto disponible de solo $21’082.465. Por tal razón, no podía continuar ejecutando actividades ni recibir en contraprestación la suma pretendida en la demanda, máxime cuando no solicitó la adición del convenio3.

10. Indicó que, debido al agotamiento de los recursos, las mismas partes suscribieron el convenio 333 del 23 de junio de 2017, con un presupuesto de $2.474’405.801, para garantizar la continuidad de las actividades entre el 23 de junio y el 31 de julio del mismo año. Por último, sostuvo que la UNP incumplió sus obligaciones porque presentó con retrasos las cuentas de cobro y no acreditó en debida forma la prestación de los servicios que fundaban su reclamo.

11. El DAPRE formuló la excepción de “ indebida escogencia del medio de control ”, sosteniendo que, al haberse superado el valor agotable del convenio, las actividade s ejecutadas por la UNP entre el 14 y el 22 de junio de 2017 correspondían a “ hechos cumplidos”, por lo que las pretensiones debieron presentarse mediante el medio de control de reparación directa. A partir de esta consideración, afirmó que la acción había caducado, pues el término para demandar empezó a correr el 23 de junio y la solicitud de conciliación prejudicial se presentó más de dos años después, el 18 de diciembre de 2019. Asimismo, propuso la excepción de “ incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial”.

12. La Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la UNP, señalando

de 2019. Asimismo, propuso la excepción de “ incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial”.

12. La Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la UNP, señalando que no asumió obligaciones dinerarias en virtud del convenio interadministrativo. Por otra parte, formuló la excepción de “ ineptitud sustantiva de la demanda por falta de individualización del acto administrativo demandado ”; sin embargo, en la fundamentación de este medio de defensa hizo referencia a la oportunidad de su presentación4.

13. Adujo que el convenio había terminado por agotam iento de los recursos el 22 de junio de 2017. Con base en ello, indicó que el plazo para la liquidación bilateral venció el 22 de octubre, y el de la unilateral el 22 de diciembre del mismo año. Añadió que este último día no era hábil, por lo que el término para presentar la demanda vencía el 13 de enero de 2020. Finalmente, expuso que la audiencia en la que se declaró fracasado el trámite de conciliación se realizó el 5 de marzo de 2020, de modo que el

3 Samai CE, Índice 19 (acceso a documentos solicitados en auto del 29/08/2025): Índice 9, Doc. 6, pp. 1-21. 4 Samai CE, Índice 19 (acceso a documentos solicitados en auto del 29/08/2025): Índice 14, pp. 1-10.Radicación 25000233600020200011901 (72.578) Actor: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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término para demandar vencía al día siguiente. Dado que la demanda fue radicada el 9 de marzo de 2020, concluyó que operó la caducidad de la acción.

Trámite relevante en primera instancia

14. Mediante auto del 23 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo declaró no probada la excepción de caducidad de la acción. Indicó que el convenio terminó el 22 de junio de 2017, por lo que el plazo para su liquidación unilateral venció el 22 de diciembre del mismo año y el término de caducidad el 23 de diciembre de 2019. Añadió que el 18 de diciembre de 2019 se presentó la solicitud de conciliación prejudicial, cuya constancia de fracaso se expidió el 5 de marzo de 2020. En atención a la suspensión del término durante dicho trámite, señaló que la caducidad vencía el 10 de marzo siguiente. Dado que la dem anda se presentó un día antes, concluyó que no operó la caducidad. Contra este auto no se interpusieron recursos 5. En la misma providencia, que no fue impugnada, se declararon no probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y de “ incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial”.

15. En auto del 29 de agosto de 2022, debido a que las partes solicitaron tener como pruebas únicamente las documentales aportadas, el Tribunal resolvió dictar sentencia anticipada, para lo cual fijó el objeto del litigio 6. Posteriormente, mediante providencia

pruebas únicamente las documentales aportadas, el Tribunal resolvió dictar sentencia anticipada, para lo cual fijó el objeto del litigio 6. Posteriormente, mediante providencia del 9 de marzo de 2023, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, los cuales fueron radicados oportunamente7.

16. La UNP reiteró los argumentos expuestos en su demanda sobre la reunión de los elementos de la responsabilidad contractual y la procedencia de la liquidación judicial del convenio8. Afirmó que su reclamación no se fundaba en hechos cumplidos, porque el monto reclamado c orrespondía a las actividades ejecutadas entre el 14 y el 22 de junio de 2017, es decir, antes de que el convenio terminara. Sostuvo, además, que la entidad cumplió íntegramente sus compromisos, incluso durante el período comprendido en la reclamación. Por su parte, el DAPRE reiteró los argumentos que sustentaron las defensas y excepciones propuestas en su contestación 9. La Policía Nacional insistió en que no asumió obligaciones dinerarias en virtud del negocio jurídico, las cuales estaban radicadas en cabeza del DAPRE, por lo que no se le podía imputar responsabilidad contractual10.

Los fundamentos de la sentencia

17. Para sustentar su decisión de declarar probada la excepción de caducidad, el Tribunal indicó que, conforme a lo dispuesto en los Decretos 716 de 1994 y 2429 de 1997, el convenio no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), sino exclusivamente por las normas del derecho

5 Samai Tribunal, Índice 19. 6 Samai Tribunal, Índice 26.

1997, el convenio no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), sino exclusivamente por las normas del derecho

5 Samai Tribunal, Índice 19. 6 Samai Tribunal, Índice 26. 7 Samai Tribunal, Índice 33. 8 Samai Tribunal, Índice 43. 9 Samai Tribunal, Índices 40 y 41. 10 Samai Tribunal, Índice 38.Radicación 25000233600020200011901 (72.578) Actor: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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privado. Con base en esta premisa y en sentencias dictadas por esta Corporación 11, concluyó que las partes no estaban investidas de la potestad legal para liquidarlo unilateralmente. En consecuencia, determinó que el término de caducidad de las pretensiones debía computarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liqu idación de común acuerdo, sin incluir el término de dos meses legalmente previsto para los casos en que no se logre dicho acuerdo.

18. Señaló que el convenio terminó el 22 de junio de 2017 por agotamiento de los recursos. Indicó que el plazo para la liquidación de común acuerdo se extendió entre el 23 de junio y el 22 de octubre del mismo año. En consecuencia, estableció que el término de caducidad empezó a correr el 23 de octubre de 2017 y venció el 23 de octubre de 2019. Destacó que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó apenas el 18 de diciembre de 2019 y la demanda en marzo de 2020. Con fundamento

octubre de 2019. Destacó que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó apenas el 18 de diciembre de 2019 y la demanda en marzo de 2020. Con fundamento en lo anterior, declaró probada la excepción de caducidad.

19. El Tribunal sostuvo que, si bien en el auto del 23 de septiembre de 2021 se declaró no probada esta misma excepción, resultaba procedente declararla en la sentencia, porque: (i) la defensa propuesta por la Policía Nacional no se formuló considerando las implicaciones del régimen jurídico aplicable al convenio en el cómputo del término de caducidad; (ii) dicha providencia se dictó antes de la incorporación de las pruebas documentales, determinantes para establecer la integración normativa del convenio; y

(iii) la oportunidad de la demanda constituye un presupuesto procesal regulado por normas de orden público, cuyo examen no puede omitirse en la sentencia. Por último, afirmó que la condena en costas no depende de la valoración de la conducta de la parte vencida, sino que responde a un criterio objetivo. En consecuencia, condenó a la parte demandante y fijó como agencias en derecho por la primera instancia la suma de $15’508.05512.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

20. La UNP solicitó que se revoque la sentencia y se acojan sus pretensiones 13. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal desconoció que el ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA no hace ninguna distinción respecto del régimen jurídico aplicable al contrato. Por lo tanto, adujo que, si el negocio estaba sometido a liquidación y esta no se lograba por el acuerdo de las partes ni se efectuaba unilateralmente, el término de

del CPACA no hace ninguna distinción respecto del régimen jurídico aplicable al contrato. Por lo tanto, adujo que, si el negocio estaba sometido a liquidación y esta no se lograba por el acuerdo de las partes ni se efectuaba unilateralmente, el término de caducidad empezaba a correr una vez cumplido el plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del término convenido para efectuar la liquidación de mutuo acuerdo. Además, agregó que, debido a su “ carácter conmutativo”, sí era procedente la liquidación unilateral del convenio.

21. En segundo lugar, indicó que era improcedente declarar la caducidad en la sentencia, dado que el Tribunal había desestimado esa exce pción mediante auto del

11 C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 63.998, nov. 20/2023. M.P. José Roberto Sáchica Méndez; Subsecc. C, Sent. 41.063, dic. 16/2022. M.P. Guillermo Sánchez Luque; Subsecc. A, Sent. 65.978, oct. 22/2021. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 12 El magistrado Juan Carlos Garzón Martínez salvó su voto. Expuso que no resultaba procedente reevaluar la decisión que declaró no probada la excepción de caducidad, porque entre la emisión del auto y la sentencia no se presentó ninguna variación en “la situación fáctico-probatoria”. Samai Tribunal, Índice 51. 13 Samai Tribunal, Índice 53.Radicación 25000233600020200011901 (72.578) Actor: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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23 de septiembre de 2021, el cual cobró ejecutoria e impedía reabrir la discusión. Precisó que solo podía revisarse nuevamente este asunto en caso de existir pruebas pendientes por practicar que incidieran en el análisis, y no por u n cambio de criterio jurídico. Añadió que las razones aducidas por el Tribunal para reevaluar su decisión no eran atendibles, porque, si bien al momento de emitir el auto que resolvió la excepción no se habían decretado las pruebas, los documentos en que s e fundó la sentencia ya reposaban en el expediente y debieron valorarse para adoptar aquella determinación.

22. En tercer lugar, sostuvo que el Tribunal aplicó de manera retroactiva sentencias de esta Corporación que adoptaron la tesis según la cual, tratán dose de negocios jurídicos no sometidos al EGCAP, el término de caducidad debe empezar a correr sin tener en cuenta el plazo previsto para la liquidación unilateral si dicha facultad no fue pactada. Indicó que las decisiones judiciales que introducen un criterio jurisprudencial con incidencia en el derecho de acceso a la administración de justicia no pueden aplicarse a situaciones jurídicas anteriores a su emisión. Por tanto, concluyó que no era procedente declarar probada la excepción de caducidad.

23. Por último, señaló que no era procedente imponer la condena en costas ni fijar las agencias en derecho, porque no se acreditó su causación y su imposición dependía

era procedente declarar probada la excepción de caducidad.

23. Por último, señaló que no era procedente imponer la condena en costas ni fijar las agencias en derecho, porque no se acreditó su causación y su imposición dependía de una valoración subjetiva de la conducta de la parte vencida para establecer si actuó con temeridad o mala fe14.

Trámite en segunda instancia

24. En el término previsto en el artículo 247.4 del CPACA, el DAPRE presentó un escrito pronunciándose sobre el recurso de apelación de la UNP. Solicitó confirmar la sentencia impugnada, argumentando que la decisión sobre la excepción de caducidad adoptada en el auto del 23 de septiembre de 2021 no producía efectos de cosa juzgada. Añadió que, por tratarse de un presupuesto procesal, dicho aspecto podía evaluarse nuevamente al dictar sentencia15.

III. CONSIDERACIONES

25. La Sala debe determinar si, por las razones señaladas por la UNP, era improcedente declarar probada la excepción de caducidad y, en consecuencia, correspondía estudiar de fondo las pretensiones de la demanda. Asimismo, se debe establecer si era imp rocedente la condena en costas por no haberse acreditado su causación y por ausencia de temeridad o mala fe en la conducta de la parte demandante.

14 Samai Tribunal, Índice 69. 15 Samai CE, Índice 17. La sentencia de primera instancia se dictó el 21 de marzo de 2024. Aunque no fue notificada regularmente, dentro de los diez días siguientes a su comunicación electrónica la UNP interpuso

15 Samai CE, Índice 17. La sentencia de primera instancia se dictó el 21 de marzo de 2024. Aunque no fue notificada regularmente, dentro de los diez días siguientes a su comunicación electrónica la UNP interpuso recurso de apelación con el contenido sintetizado en los párrafos 21 a 23. Mediante auto del 11 de abril de 2025, el despacho del Consejero Ponente dispuso devolver el expediente al Tribunal para que notificara la providencia en debida forma, antes de resolver sobre la admisión del recurso (Samai CE, Índice 3). Cumplida la notificación y dentro de la oportunidad legal, la UNP presentó nuevamente el recurso de apelació n, incluyendo el reparo descrito en el párrafo 23. En auto del 13 de agosto de 2025 se admitió tanto el recurso inicial como su complementación (Samai CE, Índice 11).Radicación 25000233600020200011901 (72.578) Actor: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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26. La Sala confirmará la sentencia impugnada en lo relativo a la decisión de declarar probada la excepción de caducidad, porque (i) este término debía computarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación de común acuerdo del convenio; (ii) la decisión adoptada en el auto expedido antes de la audiencia inicial, que desestimó esta defen sa, no impedía su declaración en la sentencia de primera instancia; y (iii) no se aplicó retroactivamente una nueva regla jurisprudencial que afectara el derecho de acceso a la administración de justicia de la UNP. Asimismo, se

que desestimó esta defen sa, no impedía su declaración en la sentencia de primera instancia; y (iii) no se aplicó retroactivamente una nueva regla jurisprudencial que afectara el derecho de acceso a la administración de justicia de la UNP. Asimismo, se confirmará la condena en cos tas, porque su imposición no depende de la valoración de la conducta de la parte vencida y la fijación de las agencias en derecho no está condicionada a la comprobación de los honorarios pactados por representación judicial. La oportunidad de la demanda y su vinculación con la liquidación del negocio jurídico

27. El ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA establece lo siguiente: “En los

[contratos] que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la admin istración unilateralmente, [el término de caducidad empieza a correr] una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga” . Este enunciado no sufrió modificaciones durante el trámite del proyecto de ley 198 de 2009 16. En la exposición de motivos de este proyecto, que dio origen al CPACA, no se incluyeron consideraciones particulares sobre esta disposición ni en las memorias de la Comisión Redactora se registraron debates acerca de su contenido17.

28. La disposición no señala literalmente que, así la entidad pública no esté in vestida de la potestad para expedir un acto administrativo de liquidación unilateral ni cuente

debates acerca de su contenido17.

28. La disposición no señala literalmente que, así la entidad pública no esté in vestida de la potestad para expedir un acto administrativo de liquidación unilateral ni cuente con una facultad de origen negocial para hacerlo, el término de caducidad empieza a correr una vez vencido el plazo de dos meses. Por ende, la interpretación gra matical

(C.C., art. 27) no es suficiente para establecer el significado del enunciado.

29. La interpretación sistemática de la disposición permite concluir que su significado es distinto al señalado por el apelante. El término de dos meses al que se refiere el enunciado debe tenerse en cuenta al fijar la fecha inicial del cómputo de la caducidad, siempre que se cumpla un presupuesto: que la entidad ostente la potestad legal para efectuar la liquidación mediante acto administrativo o, en su defecto, cuente con facultad convencional para hacerlo.

16 Gaceta del Congreso, Senado y Cámara, Año XVIII, N.º 1173, Bogotá D.C., 17 de noviemb re de 2009, Imprenta Nacional de Colombia. El texto del ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA corresponde exactamente al del ordinal (v) del artículo 160(h) del proyecto de ley. 17 Ministerio de Justicia y del Derecho, Colombia. Consejo de Estado. Sa la de Consulta y Servicio Civil, & Colombia. Consejo Superior de la Judicatura (2014). Memorias de la Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, Vol. III, pp. 132-135.Radicación 25000233600020200011901 (72.578)

Actor: Unidad Nacional de Protección

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, Vol. III, pp. 132-135.Radicación 25000233600020200011901 (72.578) Actor: Unidad Nacional de Protección Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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30. Según el artículo 30 del Código Civil, los pasajes de una ley “pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”. El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 constituye una disposición que trata sobre estas mismas materias: la liquidación del contrato y su relación con la institución de la caducidad. En consecuencia, debe considerarse para precisar el significado del ordinal (v) del artículo

164.2(j) del CPACA. Su texto es el siguiente:

“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma

contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A”.

31. La interpretación sistemática de estos dos enunciados revela la coherencia existente entre las reglas sustantivas sobre la liquidación de los contratos estatales y el diseño legislativo de las reglas que regulan la oportunidad para formular pretensiones del medio de control de controversias contractuales:

(i) El artículo 11 de la Ley 1150 establece que las partes son las llamadas a pactar el plazo para liquidar de común acuerdo el contrato, cuando este lo requiera. Sin embargo, dicho precepto establece un término supletivo de cuatro meses. En coherencia con ello, el ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA dispone que, para determinar la fecha en que inicia el cómputo del término de caducidad, lo primero que debe considerarse es el plazo pactado para la liquidación o, en su defecto, el de cuatro meses. La intención de armonizar las reglas de la caducidad con las sustantivas sobre la liquidación se patentiza en que el legislador procesal empleó casi la misma redacción de la Ley 1150 de 2007: “plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses s iguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”.

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