CE - Sentencia 25000233600020200014901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020200014901 (71520)

Demandante: CLAUDIA XIMENA BOHORQUEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL Y OTROS

Tema: Secuestro perpetrado por las F ARC. Omisión en el deber de seguridad y protección. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado por omisión en el deber de seguridad y protección . Hecho de un tercero. Remisión a l a JEP. Condena en costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de diciembre de 2017 , en el municipio de Ocaña , miembros de las F ARC secuestraron a Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis. Después de una negociación directa por parte de las familias de las víctimas con los secuestradores , el 21 de diciembre de 2017 , fue liberado Jesús Salvador Bohórquez Duarte. Luego, el 12 de enero de 2018 fue liberado Leonardo Ramón

con los secuestradores , el 21 de diciembre de 2017 , fue liberado Jesús Salvador Bohórquez Duarte. Luego, el 12 de enero de 2018 fue liberado Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.

Los demandantes consideran que la Nación – Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y el municipio de Ocaña son patrimonialmente responsables por el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez2

Radicado: 25000233600020200014901 (71520)

Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, toda vez que omitieron sus deberes de brindar seguridad y protección a las víctimas.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 1º de ju lio de 20 201, Jesús Salvador Bohórquez Duarte, Carmen Ilva Galvis Gerardino, Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, Jesús Al veiro Bohórquez Galvis y Claudia Ximena Bohórquez Galvis mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presenta ron demanda en contra de la Nación – Presidencia de la República - Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y el municipio de Ocaña , para que se les declarara patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios causados con ocasión del secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.

Como pretensiones de la demanda , los accionantes solicitan condenar a las entidades demandadas a pagar por perjuicios morales , a cada uno, la suma

secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.

Como pretensiones de la demanda , los accionantes solicitan condenar a las entidades demandadas a pagar por perjuicios morales , a cada uno, la suma equivalente a 50 SMLMV a Jesús Salvador Bohórquez, Leonardo Ramón Bohórquez Galvis y Carmen Ilva Galvis Gerardino, 32.5 SMLMV a Jesús Al veiro Bohórquez Galvis y Claudia Ximena Bohórquez Galvis; por concepto de “ daño a derechos constituci onalmente amparados” 100 SMLMV a Jesús Salvador Bohórquez y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis; a título de daño a la salud, 100 SMLMV a Jesús Salvador Bohórquez y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis; y, por daño emergente, la suma de $1.630.565.880 a Carmen Ilva Galvis Gerardino. Por último, como medidas de reparación no pecuniarias, solicitaron “ decretar las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probado”.

1 Índice 1. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.3

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Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que a las 4:00 am del 10 de diciembre de 2017, Jesús Salvador Bohórquez Duarte y su hijo Leonardo Ramón Bohórquez Galvis residentes en el municipio de Ocaña (Norte de Santander) , se dirigían en un campero de propiedad del primero a las “fincas ganaderas” ubicadas

Bohórquez Galvis residentes en el municipio de Ocaña (Norte de Santander) , se dirigían en un campero de propiedad del primero a las “fincas ganaderas” ubicadas en zona rural de Aguachica (Cesar) también propiedad del señor Bohórquez Duarte.

Destaca que aproximadamente a las 5:00 am, cuando hacían el recorrido habitual para ir a las fincas, se encontraron con un retén en el que hacían presencia unas personas con indumentaria “ de la fuerza pública” , con gorras , pasamontañas y armas de fuego que los detuvieron , le solicitaron descender del vehículo , los vendaron, los golpearon y los hicieron subir a una camioneta “ de placas venezolanas”.

Aduce que en esas condiciones iniciaron un trayecto hacía el municipio de Convención “ posteriormente encontraron un retén del ejército, situación que el señor Jesús Salvador pudo advertir porque su vendaje dejaba un espacio para ver. Al evidenciar a los miembros de la fuerz a pública, el señor Jesús Salvador Bohórquez golpeó fuertemente el vidrio de la camioneta, recibiendo como consecuencia unos golpes propinados con las armas que portaban los secuestradores y una amenaza de muerte. Su acto fue en vano puesto que los militares no atendieron al llamado de ayuda dejando continuar a los delincuentes sin problema alguno”.

Señala que luego de un largo recorrido en el vehículo, pasaron la noche en “ un laboratorio de procesamiento de cocaína” , luego, aproximadamente a las 5:00 am del día siguiente, los secuestradores dirigieron a las víctimas a un cambuche y finalmente a una finca donde permanecieron en cautiverio.

laboratorio de procesamiento de cocaína” , luego, aproximadamente a las 5:00 am del día siguiente, los secuestradores dirigieron a las víctimas a un cambuche y finalmente a una finca donde permanecieron en cautiverio.

Manifiesta que a las 7:00 am del 11 de diciembre de 2017, Jesús Alveiro Bohórquez Galvis se enteró del secuestro de su padre y hermano, respectivamente, por lo que informó al grupo Gaula de la Policía Nacional y denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación . Sin embargo, “ no obtuvo mayor colaboración ni ayuda por parte de las fuerzas estatales, se escudaron en tecnicismos como conflictos en4

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Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

materia de jurisdicción y competencia, para así no lidiar con la responsabilidad ni tener que desplegar acciones ante la grave situación de la que estaba siendo víctimas (sic) la familia Bohórquez.

Relata que el 14 de diciembre de 2017, Jesús Alveiro Bohórquez Galvis recibió una llamada de una persona que se identificó como “alias comandante Albeiro del frente primero de las Farc” y quien le solicitó el pago de $3.000.000.000 por la liberación de sus familiares, Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis. Frente al particular, indicó que “ los funcionarios públicos” le recomendaron al señor Jesús Alveiro Bohórquez Galvis continuar negociando con el grupo delictivo porque no era posible realizar una “intervención”.

Refiere que en virtud de las negociaciones, el 21 de diciembre de 2017 Jesús

al señor Jesús Alveiro Bohórquez Galvis continuar negociando con el grupo delictivo porque no era posible realizar una “intervención”.

Refiere que en virtud de las negociaciones, el 21 de diciembre de 2017 Jesús Salvador Bohórquez Duarte fue liberado. No obstante, su hijo Leonardo R amón Bohórquez Galvis siguió en cautiverio siendo víctima de acciones y tratos crueles por parte de las F ARC, quienes en un video enviado a la familia del secuestrado simularon cortarle un dedo de la mano izquierda para presionar el pago de la extorsión y la liberación.

Con fundamento en las presiones ejercidas por los secuestradores, la parte demandante afirma que tuvo que vender un predio por la suma de $1.142.634.141 para pagar por la liberación de Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, quien finalmente fue liberado por sus captores el “11 de enero de 2018”.

Los demandantes consideran que la Nación – Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y el municipio de Ocaña son patrimonialmente responsables por el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis , toda vez que omitieron sus deberes de brindar seguridad y protección a las víctimas . De hecho, textualmente refieren que “es evidente que el Estado no cumple con dicho fines, pues al ‘permitir’ que existan grupos armados al margen de la Ley, fuertemente constituidos, que operan en determinadas zonas del país conocidas por las autoridades, demuestra que no existe una integridad en el territorio, a lo que debe añadirse que la constancia en los5

en determinadas zonas del país conocidas por las autoridades, demuestra que no existe una integridad en el territorio, a lo que debe añadirse que la constancia en los5

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Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

ilícitos que estos grupos cometen en contra de la población civil dan cuenta que las autoridades públicas no están cumpliendo con su labor de proteger a las personas residentes en el territorio”.

2. Contestaciones

El 19 de noviembre de 20202-3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al ministerio público.

2.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE-4 argumentó que “no es la autoridad llamada a resarcir los presuntos perjuicios alegados” en la demanda, pues entre sus funciones legales no está la de “intervenir en asuntos como el planteado”, toda vez que no tuvo injerencia por acción u omisión en los hechos planteados en el libelo introductorio . Por ello, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y hecho de un tercero.

2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional5 manifestó que no estaba llamada a responder patrimonialmente por los daños y perjuicios alegados en la demanda, en tanto no tuvo ninguna injerencia en el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis , de hecho, refirió que sus obligaciones eran de medio y no de resultado. Destacó que quedó demostrado que

demanda, en tanto no tuvo ninguna injerencia en el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis , de hecho, refirió que sus obligaciones eran de medio y no de resultado. Destacó que quedó demostrado que fueron las FARC los que perpetraron el secuestro, por lo que se configuró la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero. Finalmente, propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de un tercero, tasación excesiva de perjuicios extrapatrimoniales, daño no imputable al Estado y ausencia de material probatorio.

2 Archivo “020ED_Cuaderno P_15AUTOADMITEDEMANDAP.pdf”, expediente digital, Samai. 3 Archivo “008ED_Cuaderno P_3AUTOQUERESUELVEPDF.pdf”, expediente digital, Samai. Mediante auto del 19 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió l a demanda. Posteriormente, a través de memorial del 26 de agosto de 2020, la parte demandante subsanó la demanda, ver archivo “010ED_Cuaderno P_5RECIBEMEMORIALES_00.pdf”, expediente digital, Samai. 4 Archivo “029ED_Cuaderno P_24_RECIBEMEMORIALES_.pdf”, expediente digital, Samai. 5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 12.6

Radicado: 25000233600020200014901 (71520)

Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

2.3. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el municipio de Ocaña no contestaron la demanda6.

Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

2.3. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el municipio de Ocaña no contestaron la demanda6.

3. De las excepciones previas

3.1. Mediante auto del 28 de febrero de 2002 7, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió “Declarar probada” la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPREy, en consecuencia, ordenó “desvincular” a dicha entidad del proceso de reparación directa.

4. Audiencia inicial

El 26 de octubre de 2022 8 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “1. Si La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, la Policía Nacional y el municipio de Ocaña (Norte de Santander) omitieron algún deber funcional que produjera el secuestro de los señores Leonardo Bohórquez Galvis y Jesús Salvador Bohó rquez Duarte, así como el acompañamiento a sus familiares para la liberación. 2. La causación de los perjuicios pretendidos por los demandantes.”

5. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 13 de febrero de 20239 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22.

El 13 de febrero de 20239 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 22. 7 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 17. 8 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 34. 9 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 48.7

Radicado: 25000233600020200014901 (71520)

Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

5.1. La parte demandante 10 y La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional11, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional12, alegó de conclusión y solicitó negar las pretensiones de la demanda por ausencia de prueba que le permita endilgar algún tipo de responsabilidad . Al respecto, sostuvo que la parte demandante nunca puso en conocimiento amenazas o alguna situación de riesgo que activara el deber de protección. Finalmente , sostuvo que el secuestro de las víctimas fue perpetrado por las FARC y por ello se configuró la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.

5.3. El municipio de Ocaña 13 solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues quedó demostrado que las víctimas no solicitaron protección ni pusieron en conocimiento de las autoridades alguna situación de amenaza o peligro contra sus

5.3. El municipio de Ocaña 13 solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues quedó demostrado que las víctimas no solicitaron protección ni pusieron en conocimiento de las autoridades alguna situación de amenaza o peligro contra sus vidas. Por último, sostuvo que se configuró el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de mayo de 2024 14 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que las entidades demandadas no omitieron ningún deber que ocasionara el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis, pues no s e demostró que con antelación al hecho delictivo informaron o alertaron a las autoridades de una situación de amenaza o peligro contra su integridad.

10 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 54. 11 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 52. 12 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 53. 13 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 55. 14 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 59.8

Radicado: 25000233600020200014901 (71520)

Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

Textualmente, el a quo sostuvo: “Las pruebas recaudadas son insuficientes para establecer que las demandadas tenían conocimiento de la materialización de la amenaza que llevó al secuestro de los señores Bohórquez Galvis y Bohórquez

Textualmente, el a quo sostuvo: “Las pruebas recaudadas son insuficientes para establecer que las demandadas tenían conocimiento de la materialización de la amenaza que llevó al secuestro de los señores Bohórquez Galvis y Bohórquez Duarte y que no hubiesen desplegado las actuaciones tendi entes a preservar su integridad física o evitar la consumación del delito del que fueron víctimas. En efecto, debe tenerse en cuenta que, en relación con la responsabilidad del Estado por la alegada omisión de los deberes de seguridad, la jurisprudencia ha señalado que se trata de una obligación de medios y no de resultados, la cual debe estudiarse a partir de las circunstancias particulares del caso concreto.”

En la parte resolutiva el Tribunal condenó a la parte demandante a pagar 1 SMLMV a favor de los accionados, por concepto de agencias en derecho.

7. Recurso de apelación

El 7 de junio de 202415, la parte demandante interpuso recurso de apelación que fue concedido el 11 de “mayo” de 202416 y admitido el 26 de julio de 202417.

7.1. El extremo activo18 argumentó que en el caso bajo examen se reclama un daño antijurídico derivado de una “ privación injusta de la libertad” y en ese escenario debía darse aplicación a la “carga dinámica de la prueba ”, por lo que debió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretar pruebas de oficio para establecer la verdad de lo ocurrido, esto es , la falla del servicio de las demandadas que derivaron en el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.

la verdad de lo ocurrido, esto es , la falla del servicio de las demandadas que derivaron en el secuestro de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.

Adicionalmente, la parte accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó una deficiente valoración probatoria, comoquiera que el material suasorio daba cuenta que el municipio de Ocaña -donde residían las

15 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índices 62 y 63. 16 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índices 64. Se deja constancia que el auto que concedió el recurso de apelación quedó mal fechado, pues dice mes de mayo y en la actuación de Samai se advierte que la actuación fue el 11 de junio de 2024. 17 Samai, expediente digital, índice 4. 18 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índices 62 y 63.9

Radicado: 25000233600020200014901 (71520)

Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

víctimasera zona de presencia de grupos al margen de la ley, y por lo tanto existía un “riesgo potencial ” para la familia demandante de ser víctima de los actores ilegales, en tanto en el pasado habían sido víctima de otro secuestro.

Finalmente, destacó que las pruebas acreditaron que las autoridades demandadas no realizaron un acompañamiento efectivo a los familiares de las víctimas durante el secuestro, pues la familia se vio obligada a negociar directamente con las FARC para lograr la libertad de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.

el secuestro, pues la familia se vio obligada a negociar directamente con las FARC para lograr la libertad de Jesús Salvador Bohórquez Duarte y Leonardo Ramón Bohórquez Galvis.

8. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 19 y habida cuenta que no se decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

19 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la pre sentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar

alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”.10

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Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor 20 de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño atribuido por hechos imputables a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional, y al municipio d e Ocaña.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se

20 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta

oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se

20 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”. 21 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $581’741.040 por daño emergente y para el año 2020 cuando se presentó la demanda, 500 SMLMV equivalían a $ 438.901.000. 22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.11

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teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.11

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Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal23.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 24, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pr etende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 25, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requ ieran solución por

23 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguie nte: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y

Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguie nte: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, co mo se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dent ro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la es tabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos12

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Demandante: Claudia Ximena Bohórquez y otros

los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones , es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho d