CE - Sentencia 25000233600020200022501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C. once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00225-01 (72.350) Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓNcaso miembros partido UP, ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA Sentencia del 27 de julio de 2022, caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica. COSA JUZGADA INTERNACIONALfalta de configuración-; AUTORIDAD FALLOS CIDHausencia de una postura pacífica-; DIVERGENCIAS NORMATIVAS DERECHO INTERNO Y CONVENCIONALrelación de complementariedad o compatibilidad, interpretación debe propender por armonizar ambos ordenamientos. HECHO NOTORIO - persecución, desaparición y asesinato de militantes del Partido Unión Patriótica – reiteración jurisprudencia-. DEBER DE PROTECCIÓNvaloración de la participación estatal atiende a las características específicas de cada casoCADUCIDADconfiguraciónsentencia de unificación del 29 de enero de 2020-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, contra la sentencia del

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, contra la sentencia del 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección TerceraSubsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de octubre de 2000, el señor Juan De La Rosa Mosquera presuntamente fue abordado por integrantes de un grupo paramilitar, quienes le causaron su muerte. Posteriormente, un postulado de las AUC aceptó su responsabilidad por ese homicidio, en versión libre dentro de un proceso de «Justicia y Paz». Según la demanda, el móvil de los hechos obedeció a la militancia política del señor De La Rosa Mosquera en la Unión Patriótica y su afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO. Por consiguiente, se arguyó que las demandadas no impidieron esa grave violación a los derechosRadicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

2 humanos, y por el contrario que actuaron en connivencia con los autores de esos delitos.

ANTECEDENTES La demanda

El 28 de julio de 20201, por intermedio de su apoderado judicial, los señores Cecilia

2 humanos, y por el contrario que actuaron en connivencia con los autores de esos delitos.

ANTECEDENTES La demanda

El 28 de julio de 20201, por intermedio de su apoderado judicial, los señores Cecilia Córdoba Ibarguen, Juan Carlos Mosquera Córdoba, Deicy Mosquera Córdoba, Carlos Alberto Mosquera Córdoba, Lina Marcela Mosquera Córdoba, Yuliana Mosquera Córdoba, Eider Enrique Mosquera Córdoba, Valentina Mosquera Duarte, Dariana Marcela Mosquera Córdoba, Juan Sebastián Mosquera Duarte y Thaliana Andrea Osorio Mosquera interpusieron el medio de control de reparación directa, con el fin de que se declare la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Policía Nacional por los daños ocasionados como consecuencia de fallas en el servicio, que derivaron en el fallecimiento del señor Juan De la Rosa Mosquera (Q.E.P.D.), en los siguientes términos:

«(…) PRIMERA: Honorables Magistrados, la cuantía total de las pretensiones solicitadas por reparación integral de los daños morales (inmateriales) y los daños materiales (lucro cesante y daño emergente) causados a mis representadas por la defunción del señor JUAN DE LA ROSA MOSQUERA MORENO (q.e.p.d.) identificado con cédula identificado con cédula(sic) 71.935.314 de Apartadó Antioquia, la estimo en DOS MIL DOCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C ($2.210.872.438), o conforme a lo que su

71.935.314 de Apartadó Antioquia, la estimo en DOS MIL DOCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C ($2.210.872.438), o conforme a lo que su despacho estime según lo que resulta probado dentro del proceso(…).

SEGUNDA: INTERESES, LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL EJÉRCITO NACIONAL Y LA POLICÍA NACIONAL -pagará a los demandantes la totalidad de los intereses MORATORIO que genere la sentencia desde la fecha de su ejecutoria hasta cuando se produzca su efectivo cumplimiento. (…) »

Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, se relató que el señor Juan De La Rosa Mosquera Moreno, pasó la mayor parte de su vida laboral, en las bananeras de la zona de Urabá, más precisamente en las fincas pertenecientes a la sociedad Agrícola Mayorga S.A.S. Se indicó en la demanda, que en dicha época

1SAMAI TA índice 00001, archivo «03-Constancai de Radicación». Ver demanda en SAMAI TA índice 00001, archivo: «01Demanda con anexos». pp. 87-142Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

3 el demandante estuvo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO, así como este militó en el partido político “Unión

Proceso: Reparación Directa

3 el demandante estuvo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO, así como este militó en el partido político “Unión Patriótica”, hasta el día de su muerte.

Se relató que, por orden del señor Raúl Emilio Hasbún, alias “Pedro Bonito”, exjefe paramilitar del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el señor Juan De la Rosa Mosquera Moreno (Q.E.P.D.) fue asesinado el 30 de octubre de 2000, en un atentado en el cual le fueron retirados sus documentos de identidad. En versión libre rendida el 15 de junio de 2017, el señor Hasbún aceptó su responsabilidad por la muerte del entonces sindicalista.

En la demanda se afirmó que, al momento de los hechos en que falleció el señor Mosquera Moreno, este tenía la calidad de persona protegida, debido a su pertenencia al comité obrero SINTRAINAGRO y a su militancia en el partido político Unión Patriótica. En ese sentido, se destacó que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad política frente al exterminio que padecieron los integrantes de dicho movimiento.

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, no contestaron la demanda.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 12 de julio de 2024 2, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Al abordar los presupuestos procesales, en particular la caducidad del medio de

Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Al abordar los presupuestos procesales, en particular la caducidad del medio de control, se examinó el alcance del precedente judicial colombiano y su relación con el principio de autonomía judicial, a fin de destacar la posibilidad de que los jueces se desvinculen de la jurisprudencia de unificación, con fundamento en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de esta corporación 4. Esta exposición tuvo como propósito

2 SAMAI TA índice 0042 3 Entre las sentencias citadas están: C-539 de 2011; C-355 de 2008 y SU 611 de 2017. 4 Rad. 170013331003201000205-01(AP), CP Mauricio Fajardo Gómez.Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

4 justificar la decisión del a quo de apartarse del precedente unificado del 29 de enero de 2020, que fijó la interpretación del término de caducidad en los casos de indemnización relacionados con delitos de lesa humanidad. A juicio de la Sala del Tribunal había lugar a efectuar un control de convencionalidad, pues «no es viable invocar el derecho interno para desconocer el derecho internacional»; en consecuencia, estimó que el caso de la referencia debía resolverse con apego en

Tribunal había lugar a efectuar un control de convencionalidad, pues «no es viable invocar el derecho interno para desconocer el derecho internacional»; en consecuencia, estimó que el caso de la referencia debía resolverse con apego en la sentencia del 27 de julio de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica.

Por consiguiente, consideró que en el presente caso no operó la caducidad del medio de control, invocando el numeral 26 de la referida decisión, en el cual se indicó que el Estado «(…) removerá todos los obstáculos de facto y de iure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso (…)». A partir de dicho fragmento, el a quo dedujo que la aplicación de la caducidad iría en contravía de la decisión de la CIDH, en tanto supone un «obstáculo de iure» para la determinación de la verdad de los hechos y la responsabilidad del Estado con relación a ellos.

En cuanto a la legitimación en la causa, la Sala consideró acreditada la calidad de compañera permanente de la víctima directa en cabeza de la señora Cecilia Ibarguen, así como la condición de familiares de los demás integrantes de la parte actora. Igualmente, se reconoció como parte legitimada a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Posteriormente, al abordar el fondo del caso, el tribunal describió el marco jurídico de la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión en contextos de violencia interna, en relación con el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica, y expuso los hechos del proceso. En cuanto al caso concreto, tuvo por

de la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión en contextos de violencia interna, en relación con el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica, y expuso los hechos del proceso. En cuanto al caso concreto, tuvo por acreditado el daño consistente en la muerte del señor Juan De la Rosa Mosquera Moreno, ocurrida el 30 de octubre de 2000. Respecto de la imputación, la Sala atribuyó la responsabilidad a la parte demandada, dada la conexión entre el homicidio perpetrado por grupos paramilitares y la tolerancia y colaboración estructurales del Estado colombiano frente a los actos de violencia dirigidos contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica.Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

5

Dichos argumentos fueron extraídos de la sentencia del 27 de julio de 2022 de la CIDH y se sustentaron probatoriamente mediante el certificado de militancia en la Unión Patriótica del señor De La Rosa, aportado al plenario, así como con el reconocimiento en versión libre del señor Raúl Emilio Hasbún —comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia y promotor de las Convivir en Urabá—, frente al homicidio de la víctima directa. Este último elemento se acreditó en el proceso con la constancia expedida por la Fiscalía 17 Delegada ante los Tribunales de Justicia y Paz, adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional

Convivir en Urabá—, frente al homicidio de la víctima directa. Este último elemento se acreditó en el proceso con la constancia expedida por la Fiscalía 17 Delegada ante los Tribunales de Justicia y Paz, adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, la cual, por tener el carácter de documento público en los términos del artículo 257 del Código General del Proceso, tiene mérito suficiente para respaldar las declaraciones contenidas en él.

En relación con el reconocimiento de perjuicios, la decisión de primera instancia otorgó a cada uno de los integrantes de la parte actora una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), por concepto de daños inmateriales, en la modalidad de daño moral. Asimismo, negó los perjuicios materiales por daño emergente, debido a la falta de prueba. Finalmente, reconoció como lucro cesante consolidado 5 la suma total de $836.824.930,51 a favor de los integrantes de la parte demandante.

Recurso de apelación

Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional 6 interpuso recurso de apelación, mediante el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Según lo expuesto en el recurso, la sentencia se basó en una valoración probatoria indebida, indicando que las pruebas obrantes en el expediente resultaban insuficientes para establecer que el homicidio del señor Juan De la Rosa Mosquera tuviera como móvil su militancia en el partido Unión Patriótica.

En este sentido, el recurrente reprochó que, con base en los documentos aportados,

expediente resultaban insuficientes para establecer que el homicidio del señor Juan De la Rosa Mosquera tuviera como móvil su militancia en el partido Unión Patriótica.

En este sentido, el recurrente reprochó que, con base en los documentos aportados, no era posible verificar la vinculación de la víctima directa con el sindicato

5 Estimó que, al momento de proferirse la sentencia, ya se había superado la expectativa de vida del señor Mosquera. 6 SAMAI TA índices 00046 y 00047.Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

6 SINTRAINAGRO ni con el partido Unión Patriótica al momento de los hechos. Asimismo, sostuvo que dicha afiliación no podía inferirse de la certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación relacionada con la confesión del señor Emilio Hasbún Mendoza, pues el documento no fue allegado junto con la declaración correspondiente, y de su contenido no se desprende que el asesinato del señor Juan De la Rosa Mosquera haya estado motivado por su militancia política. Por el contrario, hizo énfasis en que en el expediente obra el testimonio de la señora Cecilia Córdoba Ibarguen, quien manifestó que el occiso nunca quiso “pagar una vacuna”; sin embargo, dicha declaración no fue valorada por el juez de primera instancia.

El recurrente objetó que la decisión de primera instancia se sustentara en un criterio sistemático, aplicando por analogía la jurisprudencia de la Corte Interamericana de

vacuna”; sin embargo, dicha declaración no fue valorada por el juez de primera instancia.

El recurrente objetó que la decisión de primera instancia se sustentara en un criterio sistemático, aplicando por analogía la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin considerar las circunstancias concretas del caso, especialmente si se configuró una omisión imputable a la Policía Nacional. Sobre este punto, recalcó que no existía prueba de que el señor Juan De la Rosa Mosquera hubiera acudido ante dicha entidad ni que ostentara una condición política que implicara, por su sola naturaleza, una obligación de protección por parte del Estado sin requerimiento expreso.

Además, señaló que en el expediente obra certificación expedida por la UARIV el 5 de febrero de 2020, conforme a la cual el grupo familiar del señor Mosquera ya había sido indemnizado por el hecho victimizante relacionado con su homicidio. Asimismo, indicó que los demandantes no fueron identificados como víctimas en el proceso adelantado ante la CIDH.

En lo que respecta a la caducidad del medio de control, el recurrente enfatizó que el precedente unificado del Consejo de Estado, adoptado mediante sentencia del 29 de enero de 2020 7. con el propósito de brindar estabilidad jurídica, delimitó los casos y condiciones específicas en los que no procede el cómputo de caducidad. Estos criterios fueron reiterados por la Corte Constitucional en la sentencia del 13 de agosto de 2020. En esa línea, sostuvo que, aunque el hecho dañoso no fue plenamente identificado, tampoco se acreditó una situación de debilidad material que le hubiera impedido a la actora acudir oportunamente ante la jurisdicción

de agosto de 2020. En esa línea, sostuvo que, aunque el hecho dañoso no fue plenamente identificado, tampoco se acreditó una situación de debilidad material que le hubiera impedido a la actora acudir oportunamente ante la jurisdicción

7 Sentencia SU 312/20Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

7 contencioso-administrativa. Asimismo, indicó que la demandante cuenta con otros mecanismos jurídicos para solicitar la indemnización pretendida en este proceso, conforme a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, el proceso penal o el sistema de justicia transicional.

Por último, en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se sostuvo que la Policía Nacional no era la entidad llamada a prestar seguridad a los miembros de la Unión Patriótica, dado que se estableció que el origen de dicho partido político se remonta a los denominados “Acuerdos de la Uribe” del 24 de mayo de 1984, en los cuales el Estado colombiano asumió el compromiso de garantizar su seguridad. En ese sentido, se adujo en el recurso de apelación que, para la fecha de los hechos —30 de octubre de 2000—, la entidad competente para brindar dicha protección era el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Trámite en la segunda instancia

El 27 de septiembre de 2024, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada Nación-Ministerio de Defensa-Policía

el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Trámite en la segunda instancia

El 27 de septiembre de 2024, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional8, el cual fue admitido en esta corporación en providencia del 7 de abril

20259. En el término de ejecutoria de la anterior providencia10, las partes guardaron silencio; sin embargo, en la oportunidad de la que trata el numeral 6 del artículo 247 del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), el ministerio público presentó su concepto11.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa rindió concepto en el sentido de que debía confirmarse el fallo de primera instancia. Expuso su argumentación por ejes temáticos, siendo el primero de ellos la caducidad del medio de control. En este punto, hizo referencia al Anexo III de la sentencia del 27 de julio de 2022 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”,

8 SAMAI TA 00049 9 SAMAI índice 0004. 10 Se notificó por estado del 13 de mayo de 2025. 11 SAMAI índice 00010.Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

8

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

8 en la cual se declaró expresamente la imprescriptibilidad de los hechos en el marco de acciones de reparación directa derivadas de graves violaciones a derechos humanos. Del mismo modo, invocó la ratificación por parte del Estado colombiano de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra (Ley 10 de 1980), así como los principios pro damnato y pro homine , como criterios interpretativos para delimitar el alcance de las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en este tipo de casos.

Lo anterior, con el fin de sostener que el término de caducidad debía contarse a partir del 14 de junio de 2019, fecha en la que la señora Cecilia Córdoba tuvo conocimiento de que el homicidio de su compañero había sido ordenado y perpetrado por el exjefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito”.

En el segundo eje temático, se refirió a la legitimidad en la causa, punto donde recalcó que la sentencia del 27 de julio de 2022 de la CIDH reconoció que las víctimas que no estuvieran enunciadas en las mismas lo podrían hacer conforme a la normativa interna. De igual forma, consideró que la Policía Nacional contaba con legitimidad en la causa por activa, en virtud de los deberes de protección frente a personas le corresponde a la Policía Nacional (art. 2 y 218 CP y la Ley 62 de 1993).

En cuanto el tercer eje temático, esto es la imputación del daño a la demandada, a

personas le corresponde a la Policía Nacional (art. 2 y 218 CP y la Ley 62 de 1993).

En cuanto el tercer eje temático, esto es la imputación del daño a la demandada, a partir de la sentencia de la CIDH concluyó que el contexto en el que ocurrió el deceso del señor Mosquera, permitía inferir que este fue perseguido por su antigua militancia política, lo que resultaba previsible para la entidad demanda quien no desplegó medidas de protección frente al mismo.

En relación con la cuantía de la indemnización, se adujo que debía incrementarse el monto reconocido por daño inmaterial, en su modalidad de perjuicio moral, aplicando la regla excepcional prevista para los casos de graves violaciones a los derechos humanos. No obstante, se advirtió que, con el fin de evitar una doble indemnización, debían descontarse de dicha suma los valores previamente reconocidos a los actores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011.

CONSIDERACIONESRadicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

9

1. Como la demanda se presentó el 28 de julio de 2020, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA.

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual, conoce los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $438’901. 500.oo millones de pesos12.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

esto es, $438’901. 500.oo millones de pesos12.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo.

12 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2020], [$877,803. oo], por 500 y la demanda estimó la cuantía en $ 2.210.872.438Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

10

En este caso, procede la acción de reparación directa, dado que en la demanda se atribuye el fallecimiento del señor Juan De la Rosa Mosquera Moreno (Q. E. P. D.) a una presunta omisión en el cumplimiento de los deberes de protección por parte de la Nación —Ministerio de DefensaEjército Nacional y Policía Nacional—, considerando su condición de ex militante del partido Unión Patriótica y antiguo miembro del sindicato «SINTRAINAGRO»."

Demanda en tiempo

4. Tras analizar los argumentos de la sentencia de primera instancia, el recurso de apelación y el concepto del Ministerio Público, la Sala observa que uno de los principales cuestionamientos de este proceso consiste en determinar si, a partir de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022

de apelación y el concepto del Ministerio Público, la Sala observa que uno de los principales cuestionamientos de este proceso consiste en determinar si, a partir de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022 en el «Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia», debía inaplicarse el término de caducidad o iniciarse su cómputo desde el instante en que los demandantes conocieron que el homicidio de Rosa Mosquera fue perpetrado por grupos paramilitares.

Consideradas las observaciones del tribunal de instancia anterior sobre la unificación dictada por la Sección Tercera el 29 de enero de 2020 13, esta Sala estima necesario abordar y esclarecer el alcance de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022 en el caso referido. Lo anterior, en atención a la necesidad de identificar el marco jurídico aplicable al presente asunto, establecer el alcance de las normas pertinentes y, con base en ello, analizar la configuración de los presupuestos procesales en el caso concreto, particularmente en lo relacionado con la caducidad del medio de control.

Por consiguiente, para abordar el análisis relativo a la posible configuración de la caducidad del medio de control, esta Sala procederá a: (i) aclarar, de manera general, el alcance de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022, en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”; (ii) verificar, en el caso concreto, la configuración de la cosa juzgada

del 27 de julio de 2022, en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”; (ii) verificar, en el caso concreto, la configuración de la cosa juzgada

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de 2020, rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033) A, CP Marta Nubia Velásquez Rico.Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)

Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

11 internacional en virtud de dicha providencia; (iii) identificar la existencia o ausencia de mandatos normativos convencionales y/o internos dirigidos a exceptuar la configuración de la caducidad del medio de control, en el presente caso; y, por último, (iv) determinar si, conforme al derecho aplicable, el derecho de acción fue ejercido de manera oportuna.

I. Consideraciones generales frente al alcance de la decisión Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022, en el “Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”,

5. Lo primero que cabe subrayar es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos se incorpora al orden constitucional colombiano en virtud del mandato del artículo 93 de la Constitución Política14, disposición que es armonizada con el principio de supremacía constitucional (art.4) con referencia a la doctrina del

Derechos Humanos se incorpora al orden constitucional colombiano en virtud del mandato del artículo 93 de la Constitución Política14, disposición que es armonizada con el principio de supremacía constitucional (art.4) con referencia a la doctrina del bloque de constitucionalidad, como lo ha indicado la Corte Constitucional 15.

En esta medida y de acuerdo con los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, el texto del «Pacto de San José» forma parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto (o stricto sensu 16), lo que implica que sus disposiciones jurídicas ostentan el mismo valor normativo y jerárquico que las normas de la Constitución formal colombiana. En otras palabras, gozan de supremacía constitucional (art. 4 C.P.) y conforman el parámetro de control de constitucionalidad, condicionando la validez del resto del ordenamiento jurídico.

14 Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los dere