CE - Sentencia 25000233600020200033501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541)

Actor: JORGE HERNANDO BUITRAGO PÉREZ

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA ACTIVIDAD JUDICIALDefectuoso funcionamiento de la administración de justicia - Daños ocasionados por el deterioro de una máquina retroexcavadora mientras permaneció bajo custodia de la Fiscalía / CONDENA EN ABSTRACTO – resulta procedente cuando no se acreditan los parámetros para liquidar una condena en concreto – el valor total a reconocer por concepto de daño emergente no puede superar del valor comercial real del bien para el momento de su devolución, luego de ser debidamente actualizado / LUCRO CESANTE Y DAÑO MORALno procede su reconocimiento pues no se encuentran acreditados.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 16 de enero de 2015, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación

se negaron las pretensiones de la demanda1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 16 de enero de 2015, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación incautaron en Topaipí (Cundinamarca) la retroexcavadora Caterpillar 320CL, de propiedad del señor Jorge Hernando Buitrago Pérez, en el marco de una investigación por explotación ilícita de yacimientos mineros. El proceso penal concluyó con sentencia del 8 de marzo de 2018, confirmada el 21 de agosto del mismo año, que ordenó la devolución del bien al actor como tercero de buena fe, cuya entrega se hizo efectiva el 18 de diciembre de 2018. El demandante reclama la reparación de los perjuicios materiales ocasionados durante el tiempo que la retroexcavadora permaneció bajo custodia estatal.

1 índice 42, Samai del Tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

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II.ANTECEDENTES

1. Demanda

El 20 de octubre de 20202, el señor Jorge Hernando Buitrago presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial de las entidades con ocasión de la devolución del bien en grave estado de deterioro.

Por lo anterior, solicitó el pago de: (i) daño emergente, por $1.176.599.619,

Judicial. Solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial de las entidades con ocasión de la devolución del bien en grave estado de deterioro.

Por lo anterior, solicitó el pago de: (i) daño emergente, por $1.176.599.619, correspondiente al costo de los repuestos, según cotización anexa a la demanda; (ii) lucro cesante, por $1.029.199.619, por el valor del contrato de arrendamiento celebrado sobre la máquina retroexcavadora y iii) perjuicios morales3.

Como fundamento fáctico de la demanda, en resumen, se narró lo siguiente:

El 17 de julio de 2014, el señor Jorge Hernando Buitrago Pérez arrendó la retroexcavadora Caterpillar 320CL, modelo 2001, de su propiedad, al señor Abel Francisco Valbuena Barrios, representante legal de la empresa Constructores y Mineros Gravakoll S.A.S., para realizar labores de explotación minera en el municipio de Topaipí (Cundinamarca).

El 16 de enero de 2015, el señor Valbuena Barrios fue capturado junto con otras dos personas, en situación de flagrancia, mientras ejecutaban labores de explotación de hierro sin contar con los permisos de la autoridad competente; además, en la diligencia se incautaron tres retroexcavadoras que se encontraban en el lugar de los hechos, entre ellas, la del actor.

El 17 de enero de 2015 se legalizó la incautación de los bienes con fines de comiso dentro del proceso penal adelantado contra los capturados. Mediante sentencia del 8 de marzo de 2018, el Juzgado Promiscuo con función de conocimiento del Circuito

dentro del proceso penal adelantado contra los capturados. Mediante sentencia del 8 de marzo de 2018, el Juzgado Promiscuo con función de conocimiento del Circuito de Pacho condenó a los acusados por el delito de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos; además, reconoció al señor Buitrago Pérez como tercero de buena fe, dispuso el levantamiento de la medida cautelar y ordenó la devolución de su retroexcavadora, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, el 21 de agosto de 2018. La entrega se efectuó el 18 de diciembre de 2018, momento en el que se constató

2 índice 1, Samai del Tribunal. 3 Sin determinar la cuantía que solicita por este concepto.Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

3 que la máquina se encontraba totalmente deteriorada, desmantelada y sin posibilidad de funcionamiento.

2. El trámite de primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 22 de enero de 20214, el cual fue notificado en debida forma.

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones 5, alegando que no era responsable del daño reclamado, toda vez que las decisiones adoptadas dentro del proceso penal que dio lugar a la incautación de la maquinaria fueron proferidas con sujeción a la ley, dentro de los límites de la competencia judicial y con respeto del debido

del daño reclamado, toda vez que las decisiones adoptadas dentro del proceso penal que dio lugar a la incautación de la maquinaria fueron proferidas con sujeción a la ley, dentro de los límites de la competencia judicial y con respeto del debido proceso. Refirió que la Rama Judicial no tuvo la custodia material de la retroexcavadora, ni intervino en su depósito o conservación y que, conforme a los artículos 82 a 86 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía es la entidad a la cual corresponde conservar, administrar y decidir sobre el destino de los bienes afectados con fines de comiso. En razón a lo anterior, insistió en que la pérdida o deterioro del bien no le es imputable teniendo en cuenta que se limitó a ejercer sus funciones j urisdiccionales de control de legalidad y decisión, sin haber asumido deberes de guarda o custodia.

Señaló que el daño alegado se originó en la conducta imprudente del propio demandante, quien arrendó su maquinaria para la ejecución de actividades mineras sin verificar la legalidad de dicha explotación. Tal negligencia permitió que el bien fuera empleado en la comisión de delitos ambientales y mineros y posteriormente incautado. De manera subsidiaria, la defensa alegó que, aun en el evento de considerarse configurado un daño, este sería imputable de manera exclusiva a terceros ajenos a la Rama Judicial, e specíficamente, a la Fiscalía General de la Nación y a los depositarios o secuestres encargados de la custodia del bien.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó llamar en garantía a la Sociedad Inmobiliaria de Servicios Sánchez y Portes L.T.D.A.,

Nación y a los depositarios o secuestres encargados de la custodia del bien.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó llamar en garantía a la Sociedad Inmobiliaria de Servicios Sánchez y Portes L.T.D.A., debido a que, según su dicho, habría sido designada como secuestre del vehículo de placas TLF-669.

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio durante el traslado de la demanda.

4 índice 3, Samai del Tribunal. 5 índice 13, Samai del Tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

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El 2 de diciembre de 2021 6 el A quo declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y negó el llamamiento en garantía efectuado por la Rama Judicial, toda vez que la solicitud no tenía relación alguna con el proceso de la referencia.

El 10 de febrero de 2022 7 se tuvo por no contestada la demanda por parte de la Fiscalía, se resolvieron las solicitudes probatorias de las partes, se fijó el litigio8, se corrió traslado a las partes de la cesión de derechos litigiosos9 y se adecuó el trámite del proceso a sentencia anticipada.

El 23 de enero de 2023 10 se tuvo al señor Manuel Buitrago González como litisconsorte cuasinecesario del demandante y se corrió traslado para alegar de conclusión.

del proceso a sentencia anticipada.

El 23 de enero de 2023 10 se tuvo al señor Manuel Buitrago González como litisconsorte cuasinecesario del demandante y se corrió traslado para alegar de conclusión.

En los alegatos11, la parte demandante y la Rama Judicial reiteraron los argumentos planteados en la demanda y en la contestación a la misma. El Ministerio Público guardó silencio.

Por su parte, la Fiscalía 12 solicitó negar las pretensiones de la demanda, debido a que su actuación se desarrolló dentro del marco legal y constitucional. Sostuvo que la incautación de la retroexcavadora fue legal y necesaria, toda vez que fue utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros y que el procedimiento de aprehensión y custodia fue avalado por el juez de control de garantías mediante audiencia de legalización de incautación.

Refirió que el demandante no aportó al proceso el acta de incautación de la máquina retroexcavadora, que demostrara las condiciones en las que se encontraba para el momento de la incautación y que, además, el proceso de custodia estuvo a cargo de la Policía Nacional-SIJÍN de Pacho. Manifestó, además, que la causa eficiente y determinante del daño fue la conducta del arrendatario del bien, el señor Abel

6 índices 16 y 17, Samai del Tribunal. 7 índice 26, Samai del Tribunal. La Fiscalía contestó la demanda de forma extemporánea. 8 El litigio se fijó así: “I.Si alguna de las entidades demandadas tenía la guarda de la retroexcavadora hidráulica de propiedad del señor Jorge Hernando Buitrago Pérez, que fue objeto de medida cautelar

8 El litigio se fijó así: “I.Si alguna de las entidades demandadas tenía la guarda de la retroexcavadora hidráulica de propiedad del señor Jorge Hernando Buitrago Pérez, que fue objeto de medida cautelar en el proceso penal No. 25513610801420158001900 tramitado por el Juzgado Promi scuo del Circuito de Pacho (Cundinamarca). II.Si la retroexcavadora hidráulica sufrió algún tipo de deterioro durante la ejecución de la medida cautelar. III.Si la parte demandante demostró el perjuicio derivado de los daños del vehículo atribuido al tiempo durante el que estuvo incautado.” 9 Efectuada entre el señor Jorge Hernando Buitrago Pérez y Manuel Buitrago González. 10 índice 33, Samai del Tribunal. 11 índices 39 y 40, Samai del Tribunal. 12 índice 38, Samai del TribunalRadicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

5 Francisco Valbuena Barrios, quien lo destinó a actividades mineras ilegales y que el contrato de arrendamiento de la maquinaria, celebrado el 17 de julio de 2014, se usó para encubrir una actividad ilícita de explotación, sin título minero, lo cual dio origen a la incautación del bien.

Por último, argumentó que el daño se produjo por culpa exclusiva de la víctima, al no ejercer un adecuado control sobre la destinación de su maquinaria ni verificar la legalidad de la actividad para la cual fue arrendada. Señaló que el señor Buitrago

Por último, argumentó que el daño se produjo por culpa exclusiva de la víctima, al no ejercer un adecuado control sobre la destinación de su maquinaria ni verificar la legalidad de la actividad para la cual fue arrendada. Señaló que el señor Buitrago Pérez debió prever los riesgos asociados a la explotación minera y cerciorarse de que el arrendatario contara con licencias ambientales y títulos mineros vigentes, omisión que contribuyó directamente al daño y excluye la responsabilidad estatal.

3. La sentencia de primera instancia

El 23 de mayo de 2024 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante, debido a que aunque encontró acreditada la existencia de un daño antijurídico, la causa adecuada del mismo fue el hecho de un tercero que de stinó el bien a la comisión de una conducta punible.

Para fundamentar su decisión expuso los siguientes argumentos:

Frente al daño reclamado -deterioro de la máquina retroexcavadora - refirió que se encontraba demostrado con el acta de entrega y el acta de inventario del 18 de diciembre de 2018, suscrita por los funcionarios de la Policía Judicial en los que se dejó cons tancia de las piezas que le faltaban a la máquina. Señaló que la sustracción de las piezas de la máquina es un daño que el actor no se encontraba en el deber jurídico de soportar y que los perjuicios derivados de ese daño eran susceptibles de ser indemnizados.

Sin embargo, concluyó que la causa adecuada del daño fue la conducta culposa del

en el deber jurídico de soportar y que los perjuicios derivados de ese daño eran susceptibles de ser indemnizados.

Sin embargo, concluyó que la causa adecuada del daño fue la conducta culposa del arrendatario, toda vez que la destinación de la máquina arrendada a una actividad ilícita fue determinante para que fuera incautada por la Policía Judicial. Al respecto señaló:

Ciertamente, ante la situación de flagrancia en la que fue encontrada la máquina retroexcavadora del demandante, las demandadas contaban con motivos fundados suficientes para inferir que el bien era utilizado para la comisión de los delitos investigados, p or lo que procedía su incautación preventiva hasta la definición de su situación jurídica.Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

6 Por lo expuesto, para la Sala es claro que la causa adecuada del daño reclamado fue la actuación ilícita del tercero, a quien el demandante le otorgó la tenencia de la máquina retroexcavadora de su propiedad, que con su comportamiento dio lugar a la incautación del bien con fines de comiso.

Por lo tanto, quien debe responder por los perjuicios derivados de la consecuencia de la incautación de la máquina retroexcavadora del demandante es el arrendatario ya sea mediante la acción civil o en el incidente de reparación integral del proceso penal.

De otra parte, no se demostró que el deterioro de la máquina retroexcavadora del demandante fuese consecuencia directa de la ejecución de la medida

es el arrendatario ya sea mediante la acción civil o en el incidente de reparación integral del proceso penal.

De otra parte, no se demostró que el deterioro de la máquina retroexcavadora del demandante fuese consecuencia directa de la ejecución de la medida cautelar de incautación. El demandante no aportó al proceso el acta de incautación o cualquier otro medio de prueba que acreditara el estado en que fue aprehendida la máquina.

Si bien en los medios de prueba aportados al proceso, consta que el demandante ejerció actos de señor y dueño en procura del mantenimiento y la conservación del bien de su propiedad, tales como la suscripción de una póliza de seguros contra todo riesgo, contrato de servicios de mantenimiento periódico y compras de repuestos, estos fueron anteriores al contrato de arrendamiento con el señor Abel Francisco Valbuena Barrios y en el expediente no obra prueba que acredite en qué condiciones fue operada la máquina durante la vigencia de ese contrato.

Aunado a lo anterior, aunque la máquina retroexcavadora fue incautada en condiciones de funcionamiento, pues así se infiere, de manera razonable, de la situación de flagrancia en la que fueron sorprendidos los procesados penales, esa circunstancia, por sí misma, no da cuenta de que el vehículo tuviera las piezas completas al momento de su aprehensión.

Por este motivo, a pesar de que con el acta de entrega definitiva y el inventario del 18 de diciembre de 2018 se demostró que la máquina retroexcavadora del demandante estaba incompleta, no hay certeza de que las piezas faltantes estaban en el momento de la incautación.

Tampoco suple el vacío probatorio la manifestación abstracta de la señora Flor

demandante estaba incompleta, no hay certeza de que las piezas faltantes estaban en el momento de la incautación.

Tampoco suple el vacío probatorio la manifestación abstracta de la señora Flor María Mahecha durante la diligencia de entrega del vehículo incautado, según la cual ‘fue testigo’ del hurto de los elementos de la máquina retroexcavadora del demandante, pues no expresó las razones de su dicho, ni dio cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el aludido hurto, por lo que no ofrece convencimiento a la sala sobre su ocurrencia.

Así las cosas, se concluye que en el presente caso obra prueba de la causal de exoneración del hecho de un tercero, como causa exclusiva y determinante del deterioro de la máquina retroexcavadora del demandante. En consecuencia se impone la absolución de l a responsabilidad de las demandadas por ausencia de nexo causal.

4. El recurso de apelación

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria13.

13 índice 45, Samai del Tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

7 En primer lugar, sostuvo que el Tribunal incurrió en un error de hecho y de derecho al atribuir la causa del daño al hecho exclusivo de un tercero, desconociendo que el daño se produjo por la omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento del deber de custodia, guarda y conservación de la maquinaria incautada, quienes,

al atribuir la causa del daño al hecho exclusivo de un tercero, desconociendo que el daño se produjo por la omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento del deber de custodia, guarda y conservación de la maquinaria incautada, quienes, además, omitieron darle una destinación específica a los bienes objeto de comiso. Indicó que el daño -consistente en el deterioro de la retroexcavadora Caterpillar 320CLocurrió mientras el bien se encontraba bajo poder y control del Estado y no por la conducta ilícita del arrendatario.

Adujo que la decisión del A quo fue contradictoria, porque reconoció la existencia de un daño antijurídico, pero negó su imputación a las demandadas, desconociendo los artículos 6, 29, 90, y 121 de la Constitución Política y el deber legal de las autoridades de responder por sus actuaci ones u omisiones. A su juicio, si la máquina fue objeto de comiso, el Estado a través de sus autoridades tenía la obligación de garantizar su custodia y, al momento de la entrega, realizarla en las mismas condiciones en que fue decomisada, situación que acá no se predica, toda vez que, por omisiones y fallas en el servicio, la máquina retroexcavadora, sufrió un deterioro ostensible, que el demandante no estaba en el deber de soportar por el simple hecho de ser propietario del bien.

Agregó que el propietario tenía el debido cuidado con la retroexcavadora y realizaba el mantenimiento de la misma, para lo cual había suscrito contrato de mantenimiento preventivo con General Equipos de Colombia S.A. GECOLSA, único distribuidor autorizado de Caterpillar® en el país, que brindaba servicios de mantenimientos y reparaciones de equipos y componentes en talleres certificados, circunstancia que,

preventivo con General Equipos de Colombia S.A. GECOLSA, único distribuidor autorizado de Caterpillar® en el país, que brindaba servicios de mantenimientos y reparaciones de equipos y componentes en talleres certificados, circunstancia que, asegura, evidencia con claridad meridiana que la máquina se encontraba en óptimas condiciones operativas.

Cuestionó la interpretación efectuada por el Tribunal respecto a que “aunque la máquina retroexcavadora fue incautada en condiciones de funcionamiento, pues así se infiere, de manera razonable, de la situación de flagrancia en la que fueron sorprendidos los procesados penales, esa circunstancia, por sí misma, no da cuenta de que el vehículo tuviera las piezas completas al momento de su aprehensión.” , puesto que tales piezas resultaban esenciales para la operatividad del equipo, ya que sin estas no se podría llevar a cabo las labores de extracción de hierro en las que fue retenida la retroexcavadora.Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

8 Asimismo, expresó su inconformidad con el análisis que el Tribunal hizo de los perjuicios materiales, pues omitió valorar las pruebas aportadas para acreditar el daño emergente y el lucro cesante. Señaló que se allegó una cotización de reparación emitida p or GECOLSA por valor de $1.176.599.619, que acredita la magnitud del deterioro y el costo de recuperación de la máquina. De igual manera, sostuvo que la retroexcavadora se encontraba arrendada y generaba ingresos

reparación emitida p or GECOLSA por valor de $1.176.599.619, que acredita la magnitud del deterioro y el costo de recuperación de la máquina. De igual manera, sostuvo que la retroexcavadora se encontraba arrendada y generaba ingresos mensuales, lo que demuestra la existencia d e un lucro cesante derivado de su inmovilización y posterior inoperancia.

Concluyó que la responsabilidad patrimonial del Estado se encontraba plenamente configurada, pues las entidades demandadas incumplieron sus deberes legales y que el demandante, reconocido como tercero de buena fe dentro del proceso penal, no estaba obligado a soportar el daño derivado del deterioro del bien.

El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de septiembre de 202214.

5. Trámite en segunda instancia

En proveído del 27 de septiembre de 2024 15, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia. Dado que no se consideró necesario decretar pruebas adicionales, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión y el proceso ingresó al Despacho para proferir la respectiva sentencia.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

En los términos del artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación».

A su vez, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA establece que los tribunales

sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación».

A su vez, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA establece que los tribunales administrativos conocerán, en primera instancia «de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales,

14 índice 46, Samai del Tribunal. 15 índice 11, SAMAI.Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

9 cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

En el presente caso, la pretensión mayor supera la cuantía señalada en la norma citada16, por lo que esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Legitimación

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del señor Jorge Hernando Buitrago Pérez, en tanto demostró ser el propietario de la máquina retroexcavadora hidráulica marca Caterpillar -CAT, modelo 320 CL, CT0320CKANB01432, serie ANB014 32, para la época en que se produjo la incautación. Tal circunstancia se probó con la declaración de importación 902010000023918-4 del 18 de marzo de 2010 y con la tarjeta de registro de maquinaria 6400117.

incautación. Tal circunstancia se probó con la declaración de importación 902010000023918-4 del 18 de marzo de 2010 y con la tarjeta de registro de maquinaria 6400117.

Igualmente, el señor Manuel Buitrago González está legitimado, toda vez que fue reconocido por el A quo como litisconsorte cuasinecesario, en virtud de la cesión de derechos litigiosos efectuada con el demandante. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente precisar que el señor Manuel Buitrago González no es el propietario original de la retroexcavadora, ni la demanda lo identifica como tal. Su intervención procesal obedece exclusivamente a la cesión de derechos litigiosos efectuada por el señor Jorge Hern ando Buitrago Pérez, motivo por el cual fue reconocido como litisconsorte cuasinecesario por el A quo mediante auto de 23 de enero de 2023.

Las referencias documentales en las que aparece como contratante del convenio de mantenimiento preventivo con GECOLSA (2013), como adquirente de repuestos (2014) o como cliente registrado ante dicha compañía no implican titularidad sobre el bien; únicamente evidencian que, probablemente por delegación del propietario, era la persona que gestionaba operativamente el mantenimiento y abastecimiento técnico de la maquinaria. Aunque la coincidencia de apellidos sugiere la posible existencia de un vínculo familiar con el demandante, ello no tiene relevancia jurídica para efectos de legitimación, la cual se sustenta exclusivamente en la cesión de derechos litigiosos reconocida en el proceso.

16 Por concepto de daño emergente se pidió la suma de $1.176.599.619, y para la fecha de

para efectos de legitimación, la cual se sustenta exclusivamente en la cesión de derechos litigiosos reconocida en el proceso.

16 Por concepto de daño emergente se pidió la suma de $1.176.599.619, y para la fecha de presentación de la demanda -20 de octubre de 2020-, 500 SMLMV equivalían a $438.901.500. 17 índice 1, Samai del Tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

10 En cuanto a la legitimación por pasiva, la Sala observa que aunque la demanda fue dirigida contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, el contenido fáctico y jurídico del libelo permite concluir que la imputación concreta recae exclusivamente sobre la Fiscalía.

En efecto, el actor atribuye el deterioro de la retroexcavadora a supuestas omisiones en el deber de custodia, conservación, vigilancia y administración del bien durante el tiempo que permaneció incautado dentro del proceso penal; reproches que, de acuerdo con el relato de la demanda, se asocian exclusivamente a la entidad que dispuso la incautación y administró materialmente el bien.

Por su parte, la demanda no formula cargo alguno contra la Rama Judicial relacionado con el daño reclamado. Si bien en el expediente se mencionan las decisiones adoptadas por los jueces de control de garantías y de conocimiento dentro del trámite penal, di chas referencias cumplen únicamente una función descriptiva de antecedentes procesales y no contienen reproche alguno relacionado con la función jurisdiccional.

decisiones adoptadas por los jueces de control de garantías y de conocimiento dentro del trámite penal, di chas referencias cumplen únicamente una función descriptiva de antecedentes procesales y no contienen reproche alguno relacionado con la función jurisdiccional.

En consecuencia, la legitimación por pasiva de la Rama Judicial es meramente formal, derivada de su vinculación en la demanda, pero no existe imputación fáctica capaz de comprometer su responsabilidad. Esta precisión no prejuzga sobre el análisis posterior de imputación, en el cual se examinará si, a partir del material probatorio, la Fiscalía asumió efectivamente la custodia material del bien y si el daño es atribuible o no a dicha entidad.

De este modo, el juicio de responsabilidad se concentrará en la entidad respecto de la cual existe imputación concreta —la Fiscalía General de la Nación— sin perjuicio de reiterar que la Rama Judicial no fue objeto de imputación material por parte del actor en ninguna etapa del proceso.

3. Oportunidad

De conformidad con lo previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o desde el momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, si ello ocurrió con posterioridadRadicación: 25000-23-36-000-2020-00335-01 (71541) Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

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Actor: Jorge Hernando Buitrago Pérez Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Reparación Directa

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En el presente caso, la demanda se fundamenta en los presuntos perjuicios ocasionados por el deterioro de la máquina retroexcavadora Caterpillar, que habría sufrido durante el tiempo que permaneció incautada. En el expediente está acreditado que la entrega material del bien se hizo efectiva el 18 de diciembre de 2018, según consta en el Acta de